(Emitido a las 08.30)

Los hechos del viernes de tarde en la Ciudad Vieja tienen preocupados a muchos uruguayos. Yo soy uno de ellos.

Lo más inmediato, lo primero que nos golpeó, fue la eclosión de violencia: ese tendal de vidrieras rotas, autos agarrados a fierrazos, "miguelitos" sembrados por la calle y bombas de alquitrán lanzadas contra comercios e instituciones del Estado. 
¿Por qué un grupo de aquellos manifestantes eligió los destrozos como forma de protestar contra el presidente de EEUU, contra el ALCA y contra este gobierno? ¿Quiénes son esos jóvenes que suelen actuar con sus rostros cubiertos? 

Varios antecedentes

Hay varios antecedentes en los últimos años de situaciones como la del viernes, cuando, aparentemente de golpe, surge un puñado de personas que se expresan de esta manera.  ¿Fueron realmente "unos loquitos" que se colaron en una marcha cuyos organizadores querían que fuera pacífica?  ¿O son algo así como "el grupo de acción directa" de los otros movimientos que sí tienen nombre y dan la cara, como algunos partidos de ultra-izquierda o, el caso más notorio, Plenaria, Memoria y Justicia?
¿Los personajes violentos son un "problema" que se les va de la mano a esos otros grupos? ¿O, en realidad, todos ellos son engranajes de una sola maquinaria que se monta para cada una de estas ocasiones, unos los "ultras" buenos y otros los "ultras" malos?

Plenaria Memoria y Justicia dice que las primeras agresiones partieron de empleados de algunos locales de la Ciudad Vieja molestos con las pintadas que la marcha iba dejando a su paso, y que los manifestantes que recurrieron a la violencia tuvieron que hacerlo para defenderse de aquellos golpes.  No es la primera vez que esta organización esgrime ese tipo de argumentos.  Ya lo hizo, por ejemplo, en julio pasado, luego del escrache a Juan Carlos Blanco, cuando la señora Irma Leites sostuvo –aquí mismo- que la violencia se desató porque algunos policías cometieron la osadía de tratar de pasar el vallado que, como fuerza del orden que son, habían instalado.  En aquella entrevista la señora Leites también reconoció que varios de sus militantes habían concurrido al escrache munidos de palos, piedras y otros elementos contundentes; eso sí, aclaró que no los llevaban para agredir sino para defenderse en caso de ser ellos los agredidos.  Esas explicaciones, suponiendo que uno las crea, muestran a una organización que, en el mejor de los casos, se mueve en el borde mismo del sistema democrático.

El fallo judicial

Y en esa dirección apunta, casualmente, la sentencia dictada el domingo por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, cuando decide procesar a cuatro de los detenidos del viernes por el delito de sedición.  Siendo enormemente polémica como lo es -entre otras cosas porque no hay antecedentes de esa tipificación en la era democrática-  ese pronunciamiento del magistrado tiene el mérito de disparar un debate a propósito de qué cosa son estos movimientos de protesta, cómo se comportan y qué actitud debe tener frente a ellos la sociedad uruguaya.

Nadie pretende cercenar la posibilidad de expresión de quienes están ubicados más a la izquierda que la izquierda ni de quienes muchas veces coinciden con ellos desde el otro extremo, el de la ultraderecha.  El toro que hay que tomar por las astas y sin más vueltas es si estos grupos o individuos pueden manifestar esas opiniones por la vía de la violencia y la agresión a otras personas, bienes o instituciones.

¿Acá no pasa?

Hasta ahora la sociedad uruguaya y sus autoridades han tendido a mostrarse más bien tolerantes con estos desbordes cuando han ocurrido. Y así hemos visto acumularse episodios que provocaban polémica durante dos o tres días pero que después olvidábamos.  El antecedente más lejano se encuentra en el Hospital Filtro, en agosto de 1994. Pero más cerca en el tiempo están algunas marchas estudiantiles del 14 de agosto, por ejemplo aquella en la que un grupo de exaltados intentó ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo, o cuando algunos manifestantes apedrearon a policías que, sin protección especial, vigilaban la sede del Codicen.  Pasó asimismo este año mismo, en julio, en algunos de los piquetes que unos pocos intentaron armar sin mayor éxito en protesta por la lentitud del plan de emergencia.
Ocurrió hace tan solo una semana, el lunes 31 de madrugada, cuando se realizaron atentados incendiarios contra dos cajeros automáticos y se lanzó bombas de alquitrán contra la fachada de la Alianza Uruguay-Estados Unidos, mientras se quemaban sin ninguna explicación razonable cinco automóviles en diferentes puntos de la zona céntrica de  Montevideo.

En cada una de esas situaciones tendíamos a conformarnos pensando que lo sucedido era la excepción que confirmaba la regla: "nosotros somos un pueblo pacífico y acá no pasan las cosas que ocurren en otros lados", nos repetíamos y nos convencíamos a nosotros mismos.

Medidas de fondo

Tal vez después de los sucesos del viernes convenga plantearnos si no es hora de revisar ese razonamiento y comenzar a adoptar algunas medidas de fondo.

No quiero agitar cucos.  No estoy hablando de riegos institucionales ni nada que se le parezca. 
Lo que tenemos por delante son grupos muy pero muy minoritarios que, eso sí, pese a su escasa representatividad, pueden ocasionar mucho daño si se reiteran en sus desbordes.
Simplemente eso.

No estoy pensando en la instalación de ningún autoritarismo.  Tan solo hablo de poner en práctica los límites que la sociedad uruguaya ha fijado de mutuo acuerdo.

Eso requiere, por un lado, de jueces y fiscales atentos a un fenómeno más o menos novedoso. 
Requiere, paralelamente, de un entrenamiento especial de la Policía, para que pueda manejar esos episodios con celeridad y firmeza, pero sin caer en la brutalidad o los excesos.
Y requiere, sobre todo, de algunas decisiones políticas nítidas que rompan con la ambigüedad.

Algunos pasos en esta dirección parecen insinuarse al comienzo de esta semana.