"Las autoridades italianas regularizaron a 700.000 trabajadores clandestinos, con la base de un contrato de trabajo en 2002, y los españoles han regularizado a 600.000 este año", explicó Sarkozy según informó elmundo.es.

Además, el ministro aseguró haber transmitido sus reticencias a sus "socios" español e italiano y señaló que la amplitud de ambas regularizaciones demuestra el peso del trabajo clandestino en Europa.

Cuando el gobierno español abrió el proceso para la regularización de inmigrantes, el ministro del Interior no era Sarkozy, sino el actual primer ministro, Dominique de Villepin, quien también expreso públicamente sus reservas acerca de la medida.

El ministro del Interior francés anunció que el objetivo de Francia es llegar a las 25.000 expulsiones de inmigrantes en situación irregular en 2006, tras las en torno a 20.000 que espera lograr este año. En 2002, fueron 10.000 los sin papeles repatriados a sus países de origen.

Asimismo, Sarkozy estimó "entre 80.000 y 100.000" el número de inmigrantes irregulares que entran cada año en Francia. Y el total de indocumentados ascendería a entre 200.000 y 400.000.

Demostrando el duro discurso en materia de inmigración, el ministro aseguró que las prestaciones sociales de Francia actúan como un imán para la inmigración clandestina.

"Estos derechos no deben ser superiores en Francia a lo que está previsto en otros lugares de Europa", añadió Sarkozy, que considera contraproducente que el inmigrante irregular goce de "acceso a la ayuda médica del estado, a la escolarización de sus hijos y al alojamiento de urgencia".

En una demostración de la política de severidad en materia de inmigración y seguridad por la que ha optado el gobierno galo, el primer ministro, Dominique de Villepin, anunció una batería de medidas para endurecer la política de inmigración y el acceso a la nacionalidad gala y a la obtención de permisos de residencia.