La suscripción del documento por parte de la ministra española de Cooperación Internacional, Leire Fajín, y de Carlos Viera, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República constituyó un acto de continuidad en el relacionamiento entre ambos países, según informó La República.

Cerca de cumplir 20 años los programas de cooperación con España han llevado a que actualmente Uruguay sea considerado por la madre patria como "un país de atención preferente" en los próximos cuatro años.

El acuerdo incluye acciones que apuntan a temas de carácter institucional, económico y de bienestar social, que siguen los lineamientos establecidos como prioritarios por el gobierno uruguayo.

En ese sentido, se establece el apoyo a programas que incentiven la participación ciudadana y el desarrollo institucional a través de la cooperación en las reformas previstas en materia tributaria, de justicia y descentralización del gobierno.

En lo relacionado al bienestar social, el acuerdo refiere a los grupos especialmente vulnerables, como los niños y niñas con discapacidad, así como las tareas que favorezcan el crecimiento económico de los sectores sumergidos de la sociedad.

A través del acta, también se acordaron acciones para mantener bienes culturales de interés de ambas naciones y el patrocinio de actividades como catalizadoras del desarrollo social. En igual sentido se ofrecen beneficios para "iniciativas transformadoras, como el recién creado Instituto de las Mujeres de Uruguay".

Para poner en marcha estos postulados el acuerdo contempla nuevas formas e instrumentos de colaboración, como la cooperación triangular y el co-desarrollo. Todo ello potenciado en la práctica con la utilización de la nueva Secretaría de Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Gobierno como oficina centralizados de un multilateralismo activo.