La idea del gobierno es eliminar el abuso de mano de obra barata y los sobornos para los trámites para obtener los papeles. "En las últimas décadas pasó en la Argentina y en otros países y lamentablemente todavía pasa, que [los inmigrantes ilegales] se convirtieron en mercancía barata. Se cometieron actos vejatorios y empresarios sin escrúpulos lo usaron como mano de obra barata", criticó Kirchner.

El presidente argentino explicó que como gobernador le tocó ver en Santa Cruz a "empresas que los tenían guardados en tráilers y los hacían entrar en forma clandestina para obtener beneficios y rentabilidades, violando todo tipo de derecho humano, en forma inaceptable", informó La Nación.

Además, Kirchner reclamó cierto autocontrol por parte del Estado nacional para "terminar definitivamente con los procedimientos de coimas por los trámites" de regularización por parte de funcionarios públicos y para que las fuerzas de seguridad "estén a la altura de las circunstancias. "Si estas cosas pasaron fue porque nuestro Estado lo permitió y hubo funcionarios desleales", advirtió.

Están incluidos en el programa para facilitar la legalización de inmigrantes ciudadanos nacidos en Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Países desde donde procede el mayor flujo que ingresa al país.

Aníbal Fernández, ministro del Interior, estimó que entre 700.000 y un millón de extranjeros viven en forma ilegal en argentina y advirtió que "en ningún país serio pueden existir pobladores indocumentados".

El titular del Ministerio del Interior reconoció que hay zonas, como algunos municipios del conurbano bonaerense, con "situaciones complejas" en relación a la cantidad de ilegales y advirtió que con las medidas más flexibles anunciadas "en la Argentina, sólo será irregular quien quiera serlo".