(Emitido a las 9.09)

JOSÉ IRAZÁBAL: ¿Cómo se combate la corrupción en los organismos internacionales? ¿Estamos realmente preparados aquí en Uruguay para hacerlo? Fomentar la transparencia y combatir la corrupción: ese es el objetivo que se trazó desde el comienzo la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado, más conocida como Junta Anticorrupción. Pese al noble cometido que se ha trazado esta junta, el organismo ha sido desoído muchas veces en sus reclamos. Hoy cuenta con seis miembros, carece básicamente de un sistema informático y prácticamente ninguno de sus pedidos ha sido tomado en cuento en el próximo Presupuesto. La semana pasada, el Parlamento aprobó la venia para designar sus nuevas autoridades y hoy vamos a recibir aquí al abogado Adolfo Pérez Piera.

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JI – Además de ser abogado, Pérez Piera fue director general del Departamento Jurídico de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y durante la administración de Arana, fue intendente en los últimos meses. Tras una cuestionada decisión en el Parlamento, Pérez Piera ha sido designado para integrar la Junta Anticorrupción.

¿Cómo asume el cometido de velar por la transparencia del Estado, que parece un título rimbombante, con mucho peso? ¿Cómo lo toma usted personalmente?

ADOLFO PÉREZ PIERA: Primero quería señalar que me siento muy honrado por la designación de la que he sido objeto, por la propuesta del Poder Ejecutivo y la venia concedida por 23 de los 25 senadores en sala. Como es público, sólo no fue apoyada por los senadores colorados: el doctor Sanguinetti y el contador Alfie. El resto del espectro político respaldó esa decisión, que me confiere una responsabilidad muy grande.

Yo no tenía previsto dentro de mis planes trabajar en esta materia. No es una materia que me haya sido ajena, porque a lo largo de mis 46 años de función pública en la Intendencia de Montevideo (IMM), sobre todo en los últimos 15, ocupando cargos de responsabilidad jerárquica y política, en especial en el Departamento Jurídico, el tema de la corrupción no ha dejado de estar presente en mi actuación. En ese sentido, he integrado la Comisión de Transparencia que creó el intendente Arana en la administración pública municipal, he promovido la aprobación del proyecto de normas sobre la conducta de los funcionarios públicos municipales, he trabajado especialmente en el tema de los derechos de los vecinos, de los derechos y las obligaciones de los funcionarios municipales, he impulsado el proyecto de creación del defensor del vecino, que finalmente fue aprobado...Todos instrumentos que a mi juicio tienden a resguardar el buen funcionamiento de la administración y tratar de erradicar los vicios de funcionamiento.

JI – Antes de profundizar en las tareas que le van a tocar en la Junta Anticorrupción, una pregunta: ¿usted cree que Uruguay es un país con poca corrupción en el Estado o un país que no tiene los mecanismos de investigación, de seguimiento para poder detectar los casos?

APP – Es difícil dar una respuesta terminante. Hay algún dato más o menos objetivo. Por ejemplo, hace poco tiempo trascendió una especie de ranking que hizo la Comisión de Transparencia Internacional, que ubicaba a todos los países en orden según el grado de corrupción. Por supuesto que es relativo porque la corrupción no es fácil de medir en todos los casos, pero se tomaban en cuenta las propias opiniones de los sectores involucrados, el número de delitos que se cometía, etcétera, y Uruguay aparece en el puesto 35 de menos a más corrupción sobre 159 países. En ese ranking, es el segundo en América Latina, primero está Chile, segundo Uruguay y tercero Costa Rica. Si nos atenemos a eso, no es un país que se pueda decir que esté libre de la corrupción –creo que ningún país lo está–, pero tampoco parecería ser de los países donde la corrupción está instalada con más fuerza. Esto se vincula en parte con la propia afirmación de la democracia en los países. No es casualidad que Chile, Uruguay y Costa Rica sean los tres con menor índice de corrupción. Hay una vinculación directa muy fuerte entre la afirmación de los valores democráticos, el funcionamiento de un sistema democrático con independencia de poderes, contrapesos, controles y la existencia de menor corrupción.

JI – Usted va a encabezar una junta que se creó en 1998, que es la primera vez que cambia autoridades. Los cometidos son muchos. Voy a repasar algunos que me parecen los centrales. Recabar, cuando lo considere conveniente, información sobre las condiciones de regularidad e imparcialidad con las cuales se preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes, obras y servicios –estamos hablando de miles de contratos–. Recibir las declaraciones juradas de que tratan los artículos 10 y siguientes de la ley –se trata de una declaración jurada que se les pide a los funcionarios públicos; son más de 3.000 los comprendidos por esa declaración; tienen que entregarla a los 30 días y luego cada dos años–. Determinar, a requerimiento del interesado, si debe presentar la declaración jurada de bienes e ingresos a la que refiere el capítulo anterior. Proponer las modificaciones de normas sobre la materia de su competencia; y elaborar un informe anual que será elevado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esas serían, grosso modo, las grandes tareas.

Mencionábamos la cantidad de contratos que hoy tiene el Estado, y dábamos en el arranque el dato del número de funcionarios con los que cuenta la junta, ¿son seis exactamente?

APP – No lo sé exactamente. Sé que son menos de nueve, que es lo que se me ha dicho. No he tomado contacto con las actuales autoridades porque, como es público, la venia fue votada sobre el fin de semana pasado. Entonces recién hoy estaría en condiciones de poder conversar algo. Porque tampoco he sido designado aún. El trámite continúa, la decisión debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo...Hay que instalar la comisión, todo lo cual seguramente lleve algunas semanas más. Pero tengo un conocimiento primario de cómo ha trabajado la Junta a través de la información que la propia Junta ha emitido y que he estado leyendo.

Leí también –y es interesante– toda la discusión parlamentaria cuando se crea, por la ley 17.060, la Junta, con ese nombre tan particular, Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado. Y allí se ven las posiciones respecto de qué fuerza tendría esta comisión en definitiva... si para empezar se le acotaban las funciones y después se iban ampliando o si de entrada se le daba una cantidad de competencias. Da la impresión de que primó la primera posición, la Junta tiene hoy cometidos bastante acotados.

JI – Sobre todo, no tiene capacidad de investigar, por ejemplo.

APP – Por supuesto. Tiene, como usted dice, la tarea de llevar adelante el registro de todas las declaraciones juradas. Es un paso importante hacerlo obligatorio, ya existía en algunas administraciones.

JI – Pero ahora se entregan en sobre cerrado.

APP – En sobre cerrado, no se ven. Salvo que haya un requerimiento del Poder Judicial o del propio interesado o que la Junta entienda que hay fundamentos suficientes para abrirlo.

En segundo lugar, también asesora al Poder Judicial, a requerimiento del Poder Judicial. Cuando hay casos de delitos contra la administración pública, se solicita a la Junta colaboración y ésta hace una especie de informe técnico, casi pericial, sobre los temas que estén sobre la mesa del Poder Judicial.

JI – De cualquier manera, no estamos hablando de que la Junta vaya a investigar. ¿Qué tipo de elementos puede incluir en ese informe si no puede investigar?

APP – Sobre la base de la información que le remite el Poder Judicial, da su interpretación o su opinión a partir de informes técnicos que pueda recabar.

Y tercero, asesora en materia de corrupción en lo que tiene que ver, por ejemplo, con iniciativas de proyectos de ley, de reglamentaciones, normativa en general que apunte a establecer frenos, mecanismos de control para evitar la corrupción, es decir, una tarea preventiva.

También tiene un contacto internacional fluido con otros organismos que están trabajando en la materia en la OEA, las Naciones Unidas, el propio Mercosur, en una tarea preventiva y muy importante desde el punto de vista de que haya alguien que esté específicamente pensando el tema. Sin duda que el tema de la corrupción es también materia de otros organismos; sobre todo del Poder Judicial, que es el que entiende en las denuncias de delitos contra la administración pública. Y ahí no sería bueno que se estuvieran duplicando las competencias. Es el Poder Judicial y la Junta Económica Asesora ayuda, asesora, apuntala la tarea. Pero de por sí no tiene iniciativa para poder investigar.

Sé que también ha habido un proyecto de ley que ha elaborado el propio equipo que hoy integra la junta.

JI – En el que se piden mayores potestades...

APP – Sí, se piden mayores potestades y competencias para poder actuar. No conozco en detalle ese proyecto de ley. Habrá que estudiar. Porque es posible que a esta altura se justifique ampliar esos cometidos en función de la experiencia habida durante estos años.

JI – Como señal del sistema político, del Parlamento, del gobierno hacia la opinión pública, ¿no es una señal muy débil crear una comisión, "llenar el ojo" de que hay alguien que está supervisando, que está vigilando el tema de la corrupción en el Estado, y cuando vamos a los hechos vemos que es un organismo que tiene seis o siete funcionarios para trabajar, que no puede investigar, que tiene una sala llena de declaraciones juradas que nadie abre?

APP – Aparentemente es así. Yo todavía no estoy en conocimiento cabal como para dar juicios definitivos. Pero me da la impresión de que por lo menos la infraestructura de recursos humanos, materiales y técnicos que tiene no la ubica en la condición de poder llevar adelante una función con el ritmo y la intensidad que serían deseables. Eso me gustaría estudiarlo una vez que esté instalada la nueva junta, podamos tomar contacto con quienes la integraron hasta este momento, ver cuáles son las carencias y luego conversar con el ministro de Educación y Cultura, que es la autoridad jerárquica de la cual depende la junta, más allá de su relación técnica con el Ministerio Público.

JI – Leí alguna información por ahí que dice que Brovetto no ha ido todavía a la Junta Corrupción, que en todos los meses que lleva de gobierno prácticamente no ha tomado contacto. ¿eso no es también una señal preocupante?

APP – No le podría decir si efectivamente fue así o no. No he conversado con el ministro Brovetto.

JI – Usted arranca con un problema en puerta: prácticamente no se aprobó nada del Presupuesto que pidió la actual junta. Ningún artículo fue incorporado en el Presupuesto. ¿Sabe con qué dinero va a contar, cómo se va a manejar?

APP – No, le reitero que no conozco los detalles porque hace tres días que se confirmó la venia y no he tenido posibilidades de adentrarme en el tema. Tengo esa primera impresión general que usted planteaba: que los recursos de los que hoy se dispone son insuficientes y va a haber que trabajar para dotar a la Junta de apoyatura técnica y de recursos humanos y financieros, que en definitiva son indispensables para poder cumplir esta labor con la mayor fuerza y la mayor intensidad posibles...Me da la impresión de que es así. ¿Cuánto se precisa?, ¿qué se planteó en el Presupuesto?, ¿qué quedó pendiente o no?... Sobre eso no voy a emitir juicio porque no tengo elementos suficientes.

JI – Hablemos de las sanciones para aquellos funcionarios, primero que no cumplan con el requisito básico de presentar una declaración jurada. Si entramos a la página de la junta, hay más de 800 que no han presentado esa declaración jurada. ¿Qué pasa?

APP – Esa es una de las tareas que la junta tiene, controlar si todos los funcionarios abarcados por la ley han cumplido o no con la obligación de presentar su declaración jurada. En caso de que no sea así, se intima a los funcionarios a que efectivamente la presenten. Se entiende que la no presentación es una falta grave y se acomete a las autoridades respectivas la aplicación de las sanciones del caso. Creo que hasta ahora el procedimiento ha operado de esa manera.

JI – La información que tenemos es que las sanciones para esos funcionarios prácticamente no han existido; cosa que no tampoco le hace bien al sistema.

APP – No le hace nada bien. Si hay una obligación estricta y precisa, como es la de presentar las declaraciones juradas, también deberían ser estrictos la observancia, el cumplimiento de la norma y la sanción a recaer, que debería ser muy nítida. Porque es una forma de dar una señal frente al resto de los funcionarios públicos y de la opinión pública en general. Sin duda que el tema de la corrupción también está instalado en la opinión pública, preocupa, todos queremos ver un Estado eficiente, libre de manejos personalistas que puedan ocasionar problemas de todo tipo. Las señales también importan en esta materia.

JI - ¿Con qué respaldo llega del gobierno? ¿Cómo se siente usted?

APP – Me siento muy tranquilo. Le decía que me siento honrado por esta designación...No estaba en mis planes. Desde que dejé la Intendencia estaba trabajando en actividades académicas, asesorando intendencias del interior, pero no podía negarme al ofrecimiento que se me hizo del gobierno al que he respaldado desde su inicio y con el cual me siento íntimamente comprometido. También le decía que me siento honrado por el apoyo que tuve en el Senado por parte de todos, menos los representantes del Partido Colorado (PC). No me corresponde a mí juzgar. En lo personal, no me quita el sueño que ni Sanguinetti ni Alfie me hayan apoyado. En lo institucional, hubiera sido bueno contar con un respaldo general.

JI – Yo le hablaba del respaldo más allá de lo político, el respaldo para decir: entro a esta Junta, que ha funcionado de esta forma –todo lo que veníamos repasando recién–, y puedo hacer cambios, puedo hacer algo desde aquí y no ser una figura decorativa durante estos años.

APP – Claro. Pero si me permite, quiero hacer referencia a ese punto porque a veces tiene más resonancia en la prensa que dos senadores del Partido Colorado hayan cuestionado mi nombramiento que (el hecho de ) que 23 senadores, todo el Partido Nacional (PN) y el Frente, lo hayan respaldado. No me corresponde juzgar, pero quiero dejar en claro que políticamente me siento ampliamente respaldado y tengo detrás una trayectoria de muchos años. Llevo 46 años de funcionario público –no lo soy desde hace unos meses–, más de 30 años de militancia política y los últimos 15 años estuve en puestos públicos de primera exposición. Hay toda una trayectoria que me respalda.

Respecto de lo que usted me planteaba, en general el presidente de la República y la propia fuerza política han planteado que el tema de la ética, de la transparencia en el funcionamiento del gobierno es fundamental, como lo ha planteado la izquierda desde hace mucho tiempo. Ese compromiso político manifestado por el presidente y por la fuerza política nos da fuerza para plantear que se implementen los mecanismos necesarios para asegurar que esa transparencia sea realmente efectiva.

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JI – Le traslado una pregunta que nos hace llegar un oyente; Miguel, de Villa Dolores, quiere saber quiénes más van a integrar la junta –son tres las personas que están al frente de la misma– y pide algunos detalles de sus currículum o antecedentes. ¿Quiénes más van a estar en la Junta Anticorrupción?

APP – El contador Lafitte, una persona vinculada con el Partido Nacional que ha desempeñado varios cargos públicos, una persona con una trayectoria muy reconocida, que sin duda va a hacer un aporte importante para el funcionamiento de la Junta. Y la escribana Beatriz Pereira, que ha trabajado desde hace 10 años en el Tribunal de Cuentas, fue representante en su momento del Nuevo Espacio, del sector de Michelini, y viene trabajando desde que se inició la función del actual Tribunal de Cuentas que, como ustedes saben, lamentablemente no se ha renovado, por lo cual sus integrantes están desde hace más de 11 años funcionando. Esto le da a la escribana una experiencia importante para integrarse en este cargo.

JI – Hablábamos del cuestionamiento que le hizo a usted el Partido Colorado, que también venía de algunos ediles blancos, cuando su nombre se puso sobre la mesa para integrar esta junta. El edil Álvaro Viviano dijo que usted, cuando era intendente, había prometido al Tribunal de Cuentas que presentaría los avales financieros de Carmitel, la empresa que tenía la concesión del hotel Casino Carrasco, antes del 31 de julio y que en esa fecha se firmaría el nuevo contrato. Sin embargo, resolvió firmarlo el 1 de julio, a pocos días de la asunción de Ehrlich, y no se explica por qué lo habría hecho. La edila Cristina Ferro, colorada, aseguró que: "debe haber tipo de incentivo o estímulo, que no conocemos, para firmar una modificación del contrato seis días antes de que asumiera Ricardo Ehrlich".

APP – Son dos órdenes de comentarios. En el caso del edil Viviano se puede aclarar cuál fue la circunstancia que se dio. En el caso de la edila Cristina Ferro he dicho que es una canallada insinuar que pueda haber habido una motivación espuria para firmar un contrato.

Quiero hacer dos o tres aclaraciones a mi juicio contundentes. En primer lugar, la modificación del contrato con Carmitel no fue un invento mío. Había sido aprobada por la administración Arana hacía bastante tiempo, se había presentado a la Junta Departamental. El texto había sido aprobado hasta la última coma. Después fue aprobado por el Tribunal de Cuentas y quedó condicionada a que Carmitel obtuviera financiamiento a través de un fideicomiso que estaba gestionando. O sea que simplemente di cumplimiento a lo que se había acordado con la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas. Cuando la empresa dio cuenta de que tenía el financiamiento solicitado, se firmó el contrato.

En segundo lugar, se firmó pocos días antes de que yo terminara porque era un tema que estaba íntimamente vinculado con la gestión Arana, y uno de mis propósitos era dejarle al nuevo intendente el camino despejado en todo lo que fuera materia trabajada por el equipo de gobierno, que estaba finalizando en esos días. Pero naturalmente se hizo con conocimiento de la administración entrante, siendo además que los dos titulares de los departamentos que tenían que ver con el contrato, Recursos Financieros y Desarrollo Económico, continuaban en sus cargos. O sea que no hubo nada oculto.

En tercer lugar, no debilitó la posición de la Intendencia. Ya habíamos evaluado antes la modificación de este contrato. Simplemente se modificaron algunos criterios de procedimiento e implicó responsabilidades para la firma, cuyo incumplimiento daría lugar a las sanciones correspondientes, como efectivamente se hizo posteriormente. En la medida en que nuevamente la empresa incumplió se ha aplicado por parte de la nueva administración las sanciones que estaban previstas y posibilitadas. Es decir que la firma de ese contrato primero estaba prevista y segundo no significó ninguna debilidad para la administración. No la perjudicó en absoluto. La dejó en pleno derecho de sus obligaciones y de su capacidad de exigir a la empresa el cumplimiento de lo convenido.

En cuarto lugar, yo lo he aclarado, hubo un problema con la fecha. Fue un error tipográfico: el día que se estaba firmando el contrato, el 1 de julio, por un error se puso 31. Pero era público y notorio que era el 1. Todos los actos de la administración son públicos. No tenía ningún sentido poner una fecha cuando a los pocos días se estaría firmando el contrato. Además, yo no podía comprometer al intendente Ehrlich a firmar el 31 de julio...Yo no sería más intendente, era absurdo que lo estuviera comprometiendo. Además el 31 de julio caía domingo. Todo eso demuestra que fue un simple error tipográfico que, además, no tuvo consecuencia alguna.

O sea que se han agarrado de aspectos formales menores para hacer un juego político, que puedo entender que lleven adelante los ediles que están buscando un cierto posicionamiento y protagonismo, pero que quede claro para la opinión pública que en esto no hay nada escondido. Volvería a hacer lo que hice en este momento, que fue cumplir con lo que se había planteado con la Junta Departamental, con el Tribunal de Cuentas, que no perjudicó a la Intendencia y no fue un acto personal mío, porque es cierto que yo era el intendente, pero fue un equipo de gobierno que llevó adelante la iniciativa.

O sea que a varios meses de haber dejado yo el cargo y sin tener conocimiento –nadie nunca me planteó nada– aparezca ahora este trascendido me parece realmente lamentable, propio de la vida política. Llevo muchos años en la política, sé que cada uno hace su juego y que los partidos tradicionales, sobre todo en Montevideo, tienen que aprovechar cualquier rendija para hacer política y lo han hecho. Lo que lamento es que el doctor Sanguinetti no haya sabido separar los planos, lo que podía ser un cuestionamiento formal por un aspecto político menor de lo que era una decisión de respaldar un organismo, tomando en cuenta mi trayectoria de más de 40 años de vida pública. Porque soy conocido en el medio y me parece que también ahí hubo una actitud mezquina. Pero cada uno es dueño de sus actos y le cabrá la responsabilidad que la opinión pública determine.

Reitero que quizás todavía no tenga opiniones muy definitivas sobre el nuevo cargo a asumir. Lo asumo con entusiasmo, con la responsabilidad de colaborar con este gobierno con el cual estoy comprometido, y con el Estado, porque en el caso de esta Junta Anticorrupción el trabajo no se hace sólo para el gobierno, sino para el Estado uruguayo, y espero que efectivamente podamos luchar porque el Estado uruguayo sea cada vez más transparente y libre de corrupción.

JI – Queda por allí la pregunta de por qué una Junta de estas características tiene representantes políticos; tiene que controlar al gobierno al que de alguna forma defiende.

APP – Es una pregunta que también tendríamos que hacer para el caso del Tribunal de Cuentas. Yo lo he dicho varias veces: el Tribunal de Cuentas es un organismo de contralor y tiene una integración política, con el agravante en este momento de que ni siquiera se ha renovado para atender, como la Constitución pide, la nueva correlación de fuerzas.

Quizás en otro momento haya que pensar en otro tipo de organismos que no tengan representación, algo que tiene lo bueno y lo malo. Porque cuando los organismos son estrictamente técnicos a veces no tienen el perfil y el peso que puede tener un organismo con integración política que represente al conjunto del sistema, no sólo al partido de gobierno.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: María Eugenia Martínez