(Emitido a las 7.35)

JOSÉ IRAZÁBAL:
El tema de la seguridad o de la inseguridad se ha instalado en el cierre de este primer mes del año con el hecho más fuerte, el asesinato de un chofer de Raincoop en el barrio Casabó al cierre de la semana pasada. Pero no es el único episodio que se ha dado con respecto a la seguridad como episodio público, estuvo también la protesta de los comerciantes del barrio Colón en el día de ayer, que dicen que jóvenes, sobre todo menores de edad, están asolando el barrio y están pidiendo una serie de cambio profundos.

ANDRÉS GIL:
Lo cierto es que se le abrieron diferentes frentes al Ministerio del Interior pero, según se ha señalado, la cartera no tiene los recursos humanos para responder a estas necesidades crecientes de seguridad por parte de la población y está buscando alternativas para agilizar el proceso de incorporación de policías, de modo de satisfacer esas necesidades.

JI – La lupa parece estar puesta sobre la delincuencia juvenil, sobre todo, por lo que sucedió en Casabó, que en realidad el asesino es un joven de 19 años, ya es mayor de edad, pero en el caso de Colón y los que acompañaban al muchacho que mató al chofer eran todos menores de edad.

Ayer hubo algunos anuncios en ese sentido que nos gustaría profundizar en diálogo con Juan Faroppa, ministro interino del Interior.

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Faroppa, hablemos de uno de los planteos que usted hizo en el día de ayer, que el gobierno está pensando en introducirle algunos cambios al Código de la Niñez.

JUAN FAROPPA:
Antes que nada me gustaría darle un encuadre al tema. Evidentemente se está produciendo en estos días un pico en la percepción de inseguridad, en la sensación de inseguridad en la gente motivado por varios hechos que se dieron acumulativamente. Sin perjuicio de ello, tenemos que dimensionar correctamente la situación. Este tipo de picos se da cada tanto tiempo, dependiendo de la situación que se pueda ir acumulando, y si uno tuviera tiempo de estudiar detenidamente la prensa varios años para atrás observaría que las quejas, las demandas y los reclamos de la gente respecto de los hechos delictivos que cometen menores de edad o los delitos que se cometen en algunos sectores de la actividad de nuestro país, aparecen recurrentemente cada determinado tiempo.

JI – Usted no cree que se trate de un aumento de la cantidad de delitos.

JF – No, no estoy diciendo eso, le estoy planteando que muchas veces el número de delitos reales no tiene directa relación con los aspectos subjetivos de la seguridad. El número de delitos puede estar estable o puede bajar pero algún hecho en particular o una acumulación de hechos sucesivos pueden generar una sensación de alarma pública. No estamos ante una situación de desborde ni de caos en materia de seguridad.

AG – Pero usted reconoció ayer mismo que en Montevideo la Policía cuenta con 300 policías menos y que ustedes están preocupados por la lentitud con que se están cubriendo esas vacantes. ¿Qué significa ese déficit? ¿Menos que antes, menos de lo que ustedes precisan, menos de lo que se necesitaría para la estrategia que se plantea el ministerio?

JF – Menos de las plazas que están previstas presupuestalmente. No estamos hablando de un incremento del número de policías que tenemos previsto en el presupuesto sino de que específicamente en el caso de Montevideo hay 300 puestos policiales que han quedado vacantes y aún no se han llenado.

Permítame continuar con los dos temas. El tema del marco jurídico, que usted planteó al principio, tiene que ver, entre otros, con el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no sólo, hay otro tipo de mecanismos jurídicos en los que se ha estado trabajando y que ya están listos, falta solamente que los asesores del ministerio terminen su trabajo, como es el caso del manual de operaciones policiales o código de procedimientos policiales. Es una herramienta que la Policía Nacional hace mucho tiempo que viene demandando, que es una norma que le permite al funcionario policial tener certeza en cuanto a su actuación, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo lo puede hacer.

Pero tenemos que mirar integralmente la cosa, en este momento hay un déficit de personal policial en Montevideo y en otras jefaturas de Policía del país, que se está llenando, hay un marco jurídico que es necesario ajustar –como siempre, como pasa con cualquier obra humana, no hay nada perfecto, todo es perfectible, todo puede mejorar, fundamentalmente en tiempos tan dinámicos como los que estamos manejando en estos días–, evidentemente el que regula cualquier tipo de actividad del Estado, pero fundamentalmente la que tiene que ver con la seguridad ciudadana, tiene que ser revisado permanentemente porque aparecen nuevas formas delictivas, porque los problemas del delito se van trasladando de un área a otra y es necesario estar permanentemente atento a eso.

Y hay otros temas que tienen que ver con eso, que son las formas de prevenir la actividad delictiva. Ahí tenemos la prevención policial, que es un elemento insustituible, por supuesto, que es un elemento central en la estrategia del Estado, pero que no es suficiente. No se resuelven en nuestro país los problemas de inseguridad ciudadana exclusivamente con más policías o con un marco jurídico diferente. No solamente, repito, y quiero ser muy claro, porque si no le estaríamos mintiendo a la gente, le estaríamos vendiendo gato por liebre y le estaríamos generando una sensación falsa de seguridad que, como un castillo de naipes, se cae en cualquier momento.

La intención del gobierno –es lo que han planteado el ministro Díaz y el ministerio y ayer se conversó en el Consejo de Ministros– es que los problemas de la seguridad ciudadana se enfoquen desde un punto de vista integral, atacando los diferentes factores o las diferentes causas que inciden en esto, sean las causas de tipo social, las causas vinculadas con el marco normativo o sean los factores que tienen que ver con la eficacia de los servicios policiales. Estamos frente a un prisma que, si no lo miramos en su conjunto, nos puede crear una visión distorsionada de la realidad.

AG – Para terminar de poner en números esto, ¿qué proporción representan 300 policías del total de policías de Montevideo?

JF – No estamos hablando de una proporción muy alta, no es tampoco la panacea.

AG - ¿Pero cuántos policías tiene Montevideo?

JF – En este momento Montevideo tiene un promedio de un policía cada 200 habitantes. Pero ahí también debemos tener en cuenta la fuerza efectiva, no solamente el policía que puede estar revistando en el ministerio en este momento, sino fundamentalmente el policía que ejecuta las funciones específicas de seguridad. Debemos tener en cuenta también que del personal asignado en números absolutos tenemos licencias anuales, licencias por enfermedad, no permanentemente estamos con todo el plantel en la calle. Además debe recordarse que los servicios policiales en las seccionales funcionan por turnos y por lo tanto si hablamos de 12 policías no significa que en este momento tengamos 12 policías en la calle; es probable que de esos 12 estén cumpliendo el turno cuatro y es posible que uno de los cuatro esté de licencia, lo que nos genera un déficit grande.

AG – Se lo preguntaba porque de la mano de este déficit de 300 policías y la lentitud con que se vienen cubriendo esas vacantes viene una propuesta que en alguna medida puede llegar a poner nervioso a más de uno, que es bajar las exigencias para el ingreso de policías al plantel en Montevideo. ¿Eso es razonable? Porque en algún momento ha habido problemas con los policías también. ¿No va contra aquel postulado de tener mejores policías?

JF – Claro, sin duda, por supuesto. Hemos recibido muchas presiones y hemos oído de algunos sectores –incluso de sectores de la misma Policía– planteos respecto de que no se puede exigir una calidad tan alta porque no tendríamos el número de aspirantes suficiente. Es posible que algún integrante de la Policía haya sostenido otra cosa, como también algunos sectores de la oposición y algunos vecinos de Montevideo, que nos plantean que estamos pretendiendo tener un cuerpo de intelectuales y que no vamos a tener personal suficiente nunca. El gobierno a mitad del año pasado dispuso un nuevo reglamento de ingreso a la Policía que exige, entre otras cosas, un mínimo de tercer año de Secundaria culminado, que entendemos que es un piso de exigencia para cualquier tipo de trabajo, porque no se trata solamente de tener más policías sino mejores policías.

No obstante entendemos que se pueda haber producido algunas dificultades en el caso de Montevideo en la aplicación de esta normativa y es por eso que se ha dispuesto con el señor director de la Policía Nacional y con el Comando de la Jefatura de Montevideo tener en cuenta cuáles son esas dificultades para superarlas. Lo que no implica –pueden estar seguros los vecinos de Montevideo– bajar los requisitos, de ninguna manera. Queremos tener buenos policías que puedan resolver situaciones puntuales, que le den una atención adecuada a la población, que le den un buen trato a la población. No estamos pretendiendo sostener que la Policía va a resolver todos los problemas, pero la Policía no puede dejar de dar una respuesta adecuada al vecino o la vecina que solicitan la presencia policial, la orientación cuando no se trata de una demanda que deba satisfacer la Policía y fundamentalmente una capacidad adecuada para prevenir y en el caso que sea necesario reprimir las situaciones de delito que se puedan dar.

JI – Volvamos sobre algunos de los planteos que va a hacer el gobierno, concretamente los cambios en el Código de la Niñez. Usted decía que estamos en un momento pico de los que suelen darse en el tema delictivo. Sin embargo en el caso del barrio Casabó, más allá de la muerte del trabajador, los integrantes del gremio dicen que ya durante la semana anterior le habían disparado a un chofer de Cutcsa, habían tirado contra dos o tres unidades más y en el barrio Colón se habla de una situación permanente, aparece siempre el tema de los menores relacionados con la delincuencia y –usted lo ha planteado también– la aparición de la pasta base, todo lo cual hace pensar en un escenario diferente y no en un pico.

JF – Yo estoy hablando de un pico en la sensación de inseguridad, en la percepción de inseguridad. Justamente, estamos hablando ahora de estos temas porque evidentemente la prensa entiende que está reflejando una sensación específica que se da en la población.

JI – Basada en hechos reales, no es simplemente una sensación.

JF – No; a ver si nos entendemos, porque si no va a ser difícil que podamos seguir conversando: una cosa son los delitos que efectivamente se producen, otra cosa son los delitos que efectivamente se denuncian y otra cosa es la sensación de inseguridad que se produce, muchas veces por diferentes factores que se van acumulando, entre otros porque se dan hechos delictivos puntuales, como en este caso la muerte de un trabajador del transporte, la fuga de menores de la Colonia Berro del INAU, algún tipo de delito que genera gran alarma en la población, como puede ser un delito aberrante, una violación, el homicidio de un menor, etcétera. Son situaciones que además de ser objetivamente demostrativas de una determinada realidad, afectan la percepción de inseguridad porque los medios se preocupan más por los hechos, la gente comenta más el tema y eso desde el punto de vista subjetivo va generando picos. Pero no necesariamente eso está directamente vinculado con los datos objetivos. Desde la recuperación democrática en 1985 hasta hoy la masa global de delitos se ha venido incrementando en forma acumulativa, todos los años tenemos más delitos, algunos –como el hurto y la rapiña– vienen creciendo, otros –como el homicidio, que es un delito que genera, entre otras cosas, la situación que estamos viviendo hoy– permanecen en una tasa estable, Uruguay y Chile son los dos países de América Latina que tienen la tasa de homicidios más baja de toda la región.

Frente a situaciones de esta naturaleza tenemos que plantear soluciones concretas, no sólo realistas sino que apunten a resolver el problema, no a llenar el ojo, a vender bolsas de humo tratando de disminuir esta sensación de inseguridad que tiene la gente haciendo promesas fáciles, rápidas, como muchas veces se han hecho en nuestro país, salir a decir: "vamos a duplicar el número de policías", "vamos a duplicar las penas", "vamos a aplicar una política de mano dura"... Se ha demostrado históricamente que tampoco esa es la solución. Si las políticas represivas en materia de seguridad ciudadana hubieran tenido éxito en Uruguay en los últimos 20, 25 años, hoy, ahora con usted, no estaríamos hablando de esto, ayer no nos hubiéramos reunido con los trabajadores del transporte ni con los vecinos de Casabó y los vecinos de Colón como todos los vecinos de Montevideo y gran parte del país no estarían preocupados. Ha quedado demostrado que las respuestas fáciles, que implican tomar la calculadora e incrementar las penas o pedir más policías, no sirven. Entonces vamos a respuestas inteligentes.

JI – Hablemos de los cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

JF – Un tema que preocupa mucho. Evidentemente se trata de una norma relativamente nueva, tiene un poco más de un año de vigencia y ha quedado demostrado por la evaluación que se ha venido haciendo –no ahora, durante todo el año pasado estuvimos evaluando con el Poder Judicial, con el INAU, con la Policía cómo venía funcionando la aplicación del Código– que se trata de una norma que debe ser ajustada, como cualquier norma, lo que no implica que vayamos bajar la edad de imputabilidad o apelar exclusivamente a la privación de libertad o a la represión. Lo que no puede suceder es que ninguna conducta que afecte la convivencia democrática, la convivencia social y la seguridad de la gente quede impune. Es posible que los diferentes operadores del sistema de administración de justicia tengan alguna dificultad para aplicar adecuadamente una norma que pretende que las conductas ilícitas de los menores de 18 años sean tratadas en el marco del respeto de los derechos humanos, como corresponde.

JI - ¿Qué ejemplo podemos poner?

JF – Hay algunas conductas que generan preocupación en la gente que las sufre, como es el hurto en grado de tentativa, la tentativa de hurto, que no se penalizan y para los cuales tal vez sea necesario tener una mayor batería de respuestas judiciales. Una de las alternativas que se propone, como es la entrega a los padres de los adolescentes o los niños que cometen infracciones, reclama que en primer lugar se tenga claramente definido si existe capacidad de esos padres de hacerse responsables por las infracciones que cometan los hijos o si por diferentes factores eso puede ser una muy buena idea pero que en la realidad lamentablemente no se da. Necesitamos para la Policía normas de actuación más claras, que tengan específicamente reguladas las distintas modalidades de intervención policial.

En definitiva, no estamos pensando cambiar el Código de pies a cabeza, nuestro país tiene obligaciones internacionales con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sobre eso está la Constitución de la República. Vamos a actuar en el estricto marco de los derechos establecidos en la Constitución, teniendo en cuenta que se trata de defender los derechos de todos los uruguayos y todas las uruguayas, el derecho de aquellos que cometen una infracción a ser sometidos al debido proceso con todas las garantías de la ley, pero fundamentalmente el derecho de los habitantes del país que sufren la agresión, que son víctimas de algún tipo de delito o de infracción, porque hay que tener en cuenta que la seguridad es un derecho humano y el Estado debe garantizarlo como debe garantizar cualquiera de los otros.

AG – Usted mencionó al principio de la entrevista el código de actuación policial. Y dijo ayer: "para que los policías no tengan las manos tan atadas". ¿Qué significa esto?

JF – Tal vez no se me entendió muy bien, dije que muchas veces uno escucha a sectores policiales decir: "Tenemos las manos atadas, no podemos hacer nada". Eso es inaceptable, el Estado no puede sostener que no puede actuar y la Policía es la fuerza pública, es la parte más visible de la actuación del Estado. Es posible que desde el punto de vista de los procedimientos policiales se requiera un manual específico para que el funcionario policial tenga más seguridad en su actuación, pero esto no es solamente crear la norma, es además implementar un proceso de capacitación para los nuevos policías y para los que están trabajando ahora, que permita una adecuada actuación policial.

Hemos realizado durante el año pasado un amplio proceso de consulta con las organizaciones sociales policiales, con técnicos, con expertos, que nos dio como resultado un texto que el doctor Díaz, el ministro del Interior, antes de salir de vacaciones puso a consideración de la Junta Asesora de Servicios Policiales.

JI - ¿Puede dar algún ejemplo del tipo de recomendaciones que se les va a dar a los policías en el trato con los menores?

JF – No son recomendaciones. El trato que la Policía le debe dar a un menor es el mismo que le debe dar a cualquier ser humano, no hay diferencias entre el trato a un menor y el trato a un adulto. Le pongo un ejemplo, se dice que un policía no puede tocar a un menor porque va preso, para decirlo clarito, con todas las letras.

JI – Eso se manejó mucho en el tema de Colón, que los menores les decían a los policías que si los tocaban o les hacían cualquier cosa, los denunciaban y terminaban perdiendo los policías.

JF – Yo respeto mucho a los vecinos de Colón, pero los problemas de Colón son los de todo Montevideo, entonces vamos a mirar el bosque y no el árbol. En este caso la Policía tiene normas de funcionamiento absolutamente definidas que determinan su obligación de dar un trato correcto, un trato humano, pero un trato firme, cuando debe hacerlo, a cualquier persona frente a la que deba intervenir. No quiere decir que a los menores la Policía no los puede tocar y a los adultos –para hablar claro– los puede moler a palos. La Policía no puede excederse en el uso de la fuerza legítima en ningún caso, ni con mayores ni con menores, pero tampoco por tratarse de menores va a decir: "Yo no puedo intervenir porque se trata de un menor". Hoy es así, está claramente definido, está claramente establecido en la Ley Orgánica Policial con referencia al código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas cuáles son las modalidades del uso legítimo de la fuerza.

Sin perjuicio de ello, para darle un instrumento mejor a la Policía y para que el policía que cumple una función tan delicada y tan sacrificada tenga certeza en el momento de actuar, eso se va a regular claramente en el código de actuación, que también va a definir cuándo se puede realizar una detención y de qué manera, cómo se realizan un cacheo o un registro personal, cuándo se puede realizar un allanamiento, cómo realizar un corte de tránsito para proceder a la revisación de un vehículo, cómo actuar en un caso de violencia doméstica, cómo actuar en un caso de violación. El funcionario policial va a tener una norma que viene reclamando desde hace mucho tiempo y al vecino y la vecina de Montevideo y de cualquier lugar del país cuando deban acudir a un servicio policial en ningún caso un funcionario policial va a tener argumento para decirles: "Mire, lamentablemente no podemos hacer nada".

AG – Sería interesante que ese código de actuación policial fuera de conocimiento público.

JF – Por supuesto, la idea es darle la mayor difusión. Le digo más, tenemos la intención de que esta norma se aplique por vía legal, lo que puede levar un proceso de aprobación un poco más largo pero va a permitir dos cosas: en primer lugar un amplio debate democrático sobre la actuación de la Policía, porque los problemas de la Policía no son problemas del color del partido de gobierno, son problemas del Estado y de la sociedad; y en segundo lugar tener una legitimidad mucho mayor desde el punto de vista jurídico y de esa manera tener aun más certeza en la actuación policial.

JI – Cuéntenos qué datos reales, concretos se tienen sobre ese grupo barrial que se hace llamar Águilas Justicieras que dice que va a hacer justicia por mano propia en el barrio Casabó y que presentó un volante que ayer publicaron algunos medios de prensa.

JF – Se está investigando como cualquier organización que amenaza con cometer delitos. Aquí también tenemos que hablar con absoluta claridad y no huir a las palabras: quien actúa haciendo justicia por mano propia está cometiendo un delito y las órdenes que tiene la Policía son que todo delito se prevenga y se reprima. Cualquier persona que trate de hacer justicia por mano propia estará cometiendo un delito con todas las letras y va a ser sometida a la justicia y sancionada de acuerdo con lo que establecen las normas vigentes. La Policía tiene instrucciones de dar seguimiento, de investigar cualquier tipo de persona o grupo de personas que violen el ordenamiento jurídico vigente o amenacen con violarlo. Ese es el marco en el que nos vamos a mover.

Entendemos las urgencias de la gente, entendemos que la gente se siente desamparada, que está muy preocupada por algunos problemas de seguridad, pero eso no nos tiene que llevar a ningún tipo de extremismo ni de salida de libreto. Hemos dicho varias veces que en esto es como con las reglas de boxeo: por abajo del cinturón no se puede pegar, y el que lo hace queda afuera del juego y será sancionado como corresponde. Nuestra obligación como gobierno, como fuerza política a cargo del gobierno del Estado en este momento es hacer todos los esfuerzos para brindar esa protección a los derechos humanos que toda la población requiere. No se arregla con soluciones fáciles, no vamos a mentirle a la gente ni a prometerle la panacea en dos o tres días, pero vamos a ir tomando medidas muy firmes para poder aplicar en toda su dimensión los recursos que tenemos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe