La nueva ley concede la nacionalidad a niños nacidos en Portugal de padres extranjeros y que, pese a no haber conocido otro país, no hablan otra lengua más que el portugués y han estudiado en escuelas nacionales, tenían vedada la ciudadanía.

Antiguamente el régimen no consideraba el lugar de nacimiento de los niños, sino sólo el origen de sus padres, y establecía ciertas ventajas para los inmigrantes procedentes de países que fueron colonias portuguesas. La obtención de la nacionalidad requería 6 años de residencia legal en el país para los ciudadanos de los lusófonos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, así como para los nacidos durante la administración lusa (hasta 1961) de los territorios indios de Goa, Diu y Damão y del enclave de Macao, que pasó a manos de China en 1999. Para el resto de los extranjeros, se requería una permanencia legal de 10 años en Portugal.

En tanto, la nueva ley termina con esas diferencias, y ahora cualquier inmigrante podrá pedir la nacionalidad luego de residir durante 6 años en el país, lo que es considerado un acto de justicia, en especial para los más de 100.000 trabajadores ucranianos, la segunda comunidad extranjera después de los brasileños, estimados en 120.000, números muy altos en proporción a los 10.200.000 de portugueses.

En cuanto a lo que refiere a los emigrantes, la ley concede la ciudadanía a los individuos nacidos en el extranjero con por lo menos un ascendiente de segundo grado de línea directa de nacionalidad portuguesa y que no hayan perdido esa nacionalidad, un antiguo anhelo de las comunidades lusas en el resto del mundo.

Hasta la vigencia de esta nueva ley sólo podían adquirir la nacionalidad los hijos de los emigrantes. Al contemplar también la tercera generación, la ley favorecerá más que nada a los nietos de la vasta comunidad de portugueses que viven en Brasil y en otros países de América Latina, en especial en Venezuela y Argentina, donde la emigración es más antigua.