Gargano arribó a España el pasado 23 de febrero, con el objetivo de reunirse con las autoridades migratorias locales para definir el inicio de las negociaciones en torno a la aplicación del acuerdo firmado a fines del siglo XIX, por el cual se establece la igualdad de derechos de residencia y trabajo para uruguayos y españoles en ambas naciones, según informó La República.

Este miércoles, el canciller recibió a representantes de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Uruguayos en España, quienes desde hace varios años reivindican la vigencia del tratado, ya que permitiría evitar las deportaciones de emigrantes uruguayos del territorio español como consecuencia de carecer de la documentación requerida para que los extranjeros residan en ese país.

EL presidente de la Asociación de Uruguayos en Catalunya y vocero de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Uruguayos en España, Rómulo Correa, calificó el encuentro como "muy bueno" e informó que el canciller les comunicó de manera oficial que en abril próximo comenzará a funcionar la Comisión Binacional de Alto Nivel que resolverá en torno a la vigencia del acuerdo, y que, en caso de que la conclusión sea afirmativa a la solicitud de Uruguay, buscará un punto de aplicación medio, que no viole las normas de la Comunidad Europea que obligan a España en materia migratoria.

Gargano también aseguró que "no se producirán nuevos incidentes" relacionados con deportaciones de uruguayos en los próximos meses, como consecuencia de la puesta en marcha de esa discusión diplomática. Esta afirmación fue relativizada por Correa en base a las presiones que los acuerdos de la Comunidad Europea significan para España. Sin embargo, afirmó que la instalación de la comisión representa "un avance enorme que va a mejorar sustancialmente la situación de los uruguayos cuando se concluya el acuerdo".
Por otra parte, el último censo realizado por del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español determinó que unos 73.000 compatriotas viven y trabajan en la península.