(Emitido a las 7.41)

EMILIANO COTELO:
La población carcelaria había bajado, pero ahora aumenta y, por lo visto, a un ritmo que vuelve a generar preocupación. Este tema es título en la portada del diario El País hoy. La nota dice que, si bien después de la aplicación de la `ley de cárceles´ fueron liberados 900 reclusos, en lo que va del año, las cárceles uruguayas registraron un ingreso de 500 nuevos presos. La población carcelaria, que había bajado de 7.200 a 6.300 reclusos, volvió a ascender y hoy está en 6.800, según datos que maneja el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé.

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EC - Estamos en diálogo con el doctor Álvaro Garcé.

Concretamente, ¿por qué da a conocer estos números ahora? ¿Cómo forma parte este relevamiento de las tareas que usted tiene encomendadas?

ÁLVARO GARCÉ:
Esto fue por una consulta específica que se me hizo en el día de ayer. Lo que estamos haciendo en el Parlamento -en forma permanente- es un seguimiento de todo lo que es la evolución del sistema penitenciario. Y uno de los temas que más preocupación genera es el aumento sostenido y constante de la población carcelaria. Teníamos la percepción (a raíz de las últimas visitas) de que la población venía aumentando. Y esto ha generado ya en algunas cárceles del interior situaciones parecidas a las que se estaban viviendo previo a la `ley de humanización´. Concretamente, en algunos puntos del interior existen situaciones de hacinamiento, con pabellones donde los reclusos están durmiendo nuevamente en el suelo, es decir, la situación tiende a parecerse a lo que sucedía antes de la aplicación de la `ley de humanización´.

EC - Esta variación en las cifras de reclusos tiene distintas interpretaciones en cuanto a su origen. ¿De qué estamos hablando? ¿De una mayor delincuencia y al mismo tiempo una mayor eficiencia en el accionar policial en conjunción con la Justicia? ¿Cómo tenemos que leer estos datos?

AG - Hay un número constante de ingresos. Los factores pueden ser cualquiera de los que usted menciona. Es muy claro que hubo un punto en el cual, a partir de la aplicación del capítulo I de la `ley de humanización´, efectivamente ocurrió una descompresión, que era el efecto buscado...De modo un poco asimétrico en algunas cárceles, en forma más visible en unas, en otras menos, pero ocurrió un cierto alivio desde el punto de vista locativo en los distintos centros penitenciarios. En la medida en que se continúan registrando procesamientos y nuevos ingresos, la cifra comienza nuevamente a aproximarse al panorama previo a la aplicación de la `ley de humanización´.

EC - ¿Era lo previsto cuando se impulsó la "Ley de humanización y Modernización del Sistema Carcelario"?

AG - No.

EC - ¿Estaba previsto que el efecto iba a durar tan poco?

AG - Creo que no.

EC - Porque su impresión es que -en pocos meses más- estaremos en las mismas cifras de comienzo de la administración Vázquez.

AG - Podría llegar a darse una situación de ese tipo. El efecto buscado se logró en el plano de la descompresión del sistema. Quizás existía la confianza de que ese efecto iba a tener una acción más prolongada en el tiempo y evidentemente no ha sido así. Yo creo que es el momento oportuno para plantear algunas alternativas. Porque, naturalmente, otorgar una serie de libertades como un mecanismo excepcional para generar una cierta descompresión puede ser una medida coyuntural pero no se puede estar ensayando todos los años. Allí es donde es importante plantear algunas alternativas que son posibles y viables en este momento.

EC - ¿A cuáles se refiere concretamente?

AG - Muy concretamente a seguir fortaleciendo lo que es una línea de trabajo interesante que comenzó en el año 2005 y que tiene que ver con el fortalecimiento de la penitenciaría rural. En todos los departamentos existen chacras, existen distintas extensiones de tierra donde, en forma variable –dependiendo de la conducción de las respectivas jefaturas de Policía– hay una cantidad que puede estar en el entorno del 8 al 10 por ciento o hasta el 30 por ciento de los reclusos del departamento, que están trabajando la tierra en un régimen abierto, realizando tareas rurales pero también haciendo construcción de bloques, de baldosas, en fin... En régimen abierto y con muy buen resultado desde el punto de vista de la seguridad. Porque en general no ocurren fugas de este tipo de establecimientos abiertos.

¿Qué se requiere para esto? Se necesita en primer lugar un buen examen. No se puede enviar a cualquier interno a un régimen de esta naturaleza. Hay que ser muy responsable al momento de la elección, pero en el permanente relevamiento que estamos haciendo de las distintas cárceles, tengo la percepción muy clara de que en este momento existe una buena cantidad de internos que tiene el perfil necesario y adecuado como para estar en estas chacras.

EC - ¿Y a su vez en esas chacras policiales hay lugar para albergarlos?

AG - En muchos departamentos sí. En otros posiblemente no lo haya todavía...Pero me consta que hay jefaturas que están trabajando para generar esas plazas. Vamos a explicar el caso del departamento de Lavalleja. Allí, en muy poco tiempo, se construyó una barraca muy sencilla, humilde, pero muy bien pensada. Se construyó con fondos de la propia Jefatura a lo largo de 2005, con el aporte de instituciones públicas y privadas del departamento. Y el resultado fue que donde había alrededor de seis o siete internos en una población de 80 o 90 reclusos, hoy hay 20 que están trabajando en la chacra. Es decir que con una inversión mínima, simplemente porque la Jefatura tuvo la decisión de apostar a esa línea de trabajo, se logró -en muy poco tiempo- que prácticamente el 25 por ciento de la población carcelaria del departamento esté en ese régimen abierto.

EC - Pero usted ya lo dijo al pasar: se necesita realizar algún tipo de inversiones en esas chacras. Incluso, supongo, aumentarles el personal, por la cuestión nada más que de la custodia...

AG - No necesariamente. Cuando se selecciona bien, se selecciona adecuadamente a los candidatos para ir a estar chacras, quizás sea necesario aumentar en algo la dotación de vigilancia, pero lo fundamental allí es apostar a una línea de trabajo de confianza en determinados internos. Repito: esto no es para cualquier recluso. Hay que analizar muy bien quiénes pueden acceder a ese régimen abierto.

EC - Y sin duda que para esos reclusos pasar sus penas en esas condiciones es algo mucho más sano, mucho más educativo, mucho más capaz de transformarlos y devolverlos en mejores condiciones a la sociedad que las cárceles comunes y corrientes...

AG - No tenga ninguna duda. Los resultados están a la vista. Si usted va y conversa con los reclusos que están en un régimen abierto va a notar que son personas que no tienen interés en cometer el error de intentar fugarse, o lo que sea. Porque saben que les puede significar un paso atrás, volver a un celdario, perder los beneficios que tiene estar trabajando al aire libre. Y, sobre todo, tener ahora, con la aplicación del instituto de la redención de la pena, la chance concreta de estar accediendo a un beneficio procesal muy importante. Ese es el otro tema sobre el que me parece oportuno hablar con relación a la `ley de humanización´. En el segundo capítulo, en la parte de la ley que fue votada por unanimidad en el Parlamento, se dispone, entre otras cosas, que quienes estudien o trabajen a razón de dos jornadas completas van descontando una tercera jornada del saldo pendiente de la pena. Esto requiere una reglamentación, así lo estudió y lo propuso el Ministerio del Interior.

EC - Esa reglamentación está pendiente. Veía que según la doctora María Noel Rodríguez, asesora en materia carcelaria del Ministerio del Interior, la reglamentación se elaboró, está en la órbita de la Presidencia para que los asesores del doctor Tabaré Vázquez la aprueben, pero eso todavía no ha ocurrido, se estima que podría darse en el correr de este mes.

AG – Sí. La información que tengo es coincidente: que sería inminente la aprobación de esta reglamentación. Agrego además que en cada una de las visitas a los centros penitenciarios, una de las primeras preguntas es cuándo se aprueba lo que en la jerga carcelaria se llama el `dos por uno´, es decir, la posibilidad de bonificar, cada dos jornadas, una tercera. Es un estímulo bien pensado por la ley. Es un beneficio que formalmente está vigente pero que no se está aplicando.

Entonces, en la medida que se haga un cuidadoso análisis de quiénes serían los candidatos para ir a estas chacras y que se estén dando los pasos necesarios para tomar la decisión de llevar un cierto número de reclusos a trabajar la tierra y hacer otras tareas, también se estará favoreciendo la aplicación de este instituto. Porque no es sencillo...Sobre todo en las cárceles más numerosas, las que tienen una población más numerosa, como Santiago Vázquez o Libertad, generar puestos de trabajo suficientes para todos.
Por allí, apostando a generar algunas plazas más de trabajo, tanto en Libertad como en Santiago Vázquez, en las cárceles donde hay una población mayor, en Canelones también, y fortaleciendo además la cantidad de internos que están en las chacras, se estaría dando una respuesta adecuada a la expectativa que tienen los internos de poder trabajar y acceder a ese beneficio que formalmente está vigente.

EC - Yo no tengo conmigo el texto de la "Ley de humanización y modernización del sistema carcelario", pero recuerdo que además de las disposiciones que usted ha mencionado, también se incluyeron otras en las que se modifican las penas para determinados delitos, para atenuar la recurrencia a la prisión como sanción. ¿Qué ha pasado con la aplicación de esas modificaciones en esos delitos?

AG - Se revertían las pautas legales que habían fijado las leyes de emergencia, cuando se habían formado en inexcarcelables determinados delitos que antes eran excarcelables. Eso se está aplicando como fue propuesto por la ley.

EC - La pregunta era qué efecto estaba teniendo desde el punto de la descompresión del sistema.

AG - Podemos suponer razonablemente que, si no se hubiese modificado esa figura, el aumento de la población carcelaria sería aun mayor que el que se está verificando.

EC - Usted iba a agregar algo más.

AG - Respecto de una línea interesante que está fijada por el artículo 14 de la `ley de humanización´, que tiene que ver con la contratación preceptiva de por lo menos 5 por ciento de personas que hayan sido liberadas para todos los casos de adjudicación de obra pública.

EC - ¿Qué está ocurriendo con esa disposición?

AG - Lamentablemente no se está aplicando todavía. La idea es que se coordinen los esfuerzos entre las secretarías de Estado competentes en el tema. Porque aquí tiene que ver el Ministerio del Interior, pero también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es un beneficio que se preveía que no iba a tener un efecto inmediato, que no iba a ser de un mes para otro, pero ya a esta altura, y habiendo pasado unos cuantos meses desde el momento de aplicación de la ley, es tiempo oportuno para que se comience a aplicar eso para facilitar la buena tarea que vienen llevando a cabo los patronatos.

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Edición: María Eugenia Martínez