En la reunión, que asistieron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León, y el secretario general de la cancillería uruguaya, José Luis Cancela, se decidió que Uruguay se comprometía a contabilizar el número de uruguayos indocumentados residentes en España.

Por su parte, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a "estudiar caso a caso", según comentó Cancela y ver cómo se podía facilitar la regularización del mayor número de inmigrantes uruguayos, según informó la Asociación de Uruguayos en Catalunya en base a un cable de EFE.

"Encontré una gran voluntad a ayudar, buena disposición, amplitud de miras, fue una reunión muy positiva", comentó el diplomático uruguayo. Además, durante el encuentro se habló de la vigencia del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre España y Uruguay, firmado en 1870, en el que se dispone que los ciudadanos de uno y otro país "podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles", explicó.

Según indicó Cancela, la delegación española expuso que no pone en duda que el Tratado de 1870 está vigente, pero que no pueden aplicarlo dado que choca con legislación posterior, en especial de la Unión Europea, que lo supera.

No obstante, Cancela añadió que cinco tribunales superiores de comunidades autónomas españolas habían dado la razón a Uruguay y por eso el Gobierno español había interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y agregó que España se ha comprometido a acatar el fallo del Tribunal Supremo "sea cual sea el resultado".