Ex clientes del Grupo Velox:

Al cumplirse casi cuatro años de la intervención del Banco Montevideo, y con la perspectiva que dan el tiempo y las dolorosas experiencias vividas, nos dirigimos a Ustedes con el deseo de brindarles por primera vez nuestra versión de los hechos. Debido a la extrema politización y exposición mediática de este asunto desde su inicio, sentimos que fuimos elegidos como el "chivo expiatorio" de la crisis uruguaya. Sin embargo, en aquel momento optamos por llamarnos a silencio. Hoy, advertimos que esa decisión pudo ser equivocada, razón por la cual hemos resuelto comunicar públicamente nuestra posición.
 
Comprendemos y nos unimos sinceramente al dolor de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de la peor crisis económico-financiera de la historia de nuestro país, originada en la crisis argentina del 2001. Prestigiosos investigadores y analistas consideran que se trató de la mayor crisis financiera a nivel mundial desde que existe información confiable. 

A la luz del desarrollo de aquellos acontecimientos, consideramos que la intervención del Banco Montevideo/Caja Obrera con desplazamiento de autoridades y sin suspensión de actividades, dispuesta el viernes 21 de junio de 2002 por el Banco Central del Uruguay (BCU),  fue inoportuna, inconveniente, discriminatoria e ilegal, entre otras, por las siguientes razones:

1. El Banco Montevideo gozaba de un altísimo grado de confianza por parte de sus clientes, que se mantuvo durante la crisis. Y es obvio que la confianza era el activo por excelencia a preservar en medio de una crisis sistémica como la del 2002. Mientras el resto del sistema bancario privado sufrió retiros de depósitos de aproximadamente un 40%, el Banco Montevideo, en cambio, sufrió un flujo de retiros del orden del 25%. Ello demuestra que la corrida fue mucho menor en el Banco Montevideo que en las demás instituciones bancarias.

2. La solidez y prestigio de nuestra institución era notoria y  bien conocida en el sistema financiero. En diciembre de 2001 el Banco Montevideo/Caja Obrera se asoció con la CFI (Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial). Luego la calificadora de riesgo Moody´s le otorgó al banco el Grado de Inversión (Investment Grade). Finalmente, el 31 de mayo de 2002, veintiún días antes de la intervención, con la presencia y conformidad del Banco Central, se realizaron las Asambleas Extraordinarias que aprobaron la fusión del Banco Montevideo con el Banco Caja Obrera.

3. Durante la crisis y pese a la magnitud de la corrida bancaria, aportamos nuestro patrimonio personal para respaldar al Banco Montevideo.  Con esta acción voluntaria,  avalamos con hechos el  compromiso real de los dueños con la institución, e hicimos explícita nuestra convicción en que se sortearía la crisis por el elevado grado de confianza que existía en plaza hacia el Banco Montevideo y el Grupo Velox. También ofrecimos las acciones del Grupo Velox en la sociedad DAIH (Disco Ahold International Holding) ofrecimiento que fue rechazado por el Banco Central.

4. Al día de la intervención, el Grupo Velox no le costó un solo peso al Estado uruguayo. Es así que mientras dirigimos los Bancos, no le costamos un solo peso al país, porque el Banco Central del Uruguay cobró íntegramente la asistencia que  otorgó al Banco Montevideo. Hemos administrado empresas generando empleo y  creando valor, volcado a lo largo de los años en salarios y beneficios sociales, pagando impuestos al Estado y dividendos a los accionistas, a la par que destinábamos recursos para reinvertir anualmente en cada emprendimiento, garantizando su desarrollo futuro.

5. Hasta el momento en que los Bancos Montevideo/Caja Obrera fueron intervenidos y nos desplazaron de su dirección, habíamos pagado a los ahorristas del Grupo Velox, honrando sus depósitos. Esta política de honrar las obligaciones - consecuencia de la decisión de preservar la confianza del Grupo Velox y del sistema bancario uruguayo - mediante la asistencia (legal y reglamentaria) del Banco Montevideo al TCB, no fue una decisión oculta ni encubierta. La misma fue explicada y comunicada al Banco Central del Uruguay, por carta dirigida al Superintendente de Instituciones Financieras el 22 de febrero de 2002.

6. La actitud del BCU fue discriminatoria para con el Banco de Montevideo/Caja Obrera. Así, en los mismos días de marzo, abril y mayo de 2002 en que el Banco Central del Uruguay apoyaba al Banco Comercial para que honrara los depósitos del Comercial Investment (Sociedad off shore del Banco Comercial), impedía al Banco Montevideo que pagara a los clientes del TCB (Banco off shore del Banco Montevideo) y pudiera así honrar sus depósitos. A su vez, el BCU otorgó amplios plazos al Banco Comercial (5 años) y al Banco de Crédito (10 años) para regularizar sus respectivas situaciones, negando tal posibilidad al Banco Montevideo/Caja Obrera.

7. Contra nuestra expresa voluntad, la Intervención dejó de pagar a determinada categoría de ahorristas e inversores, disponiendo otra política de manejo de la crisis, notoriamente equivocada, ya que profundizó la corrida bancaria, decretándose el feriado bancario, y provocando la quiebra técnica del BROU y el BHU y la reprogramación de sus depósitos, hecho inédito en la historia del país. Al mismo tiempo, se produjo la liquidación del Banco Montevideo/Caja Obrera, Banco Comercial y Banco de Crédito.

8. Como hemos señalado, la intervención fue inoportuna, inconveniente e ilegal.

9. Fue inoportuna ya que se hizo un día después que el gobierno modificara su política cambiaria. En medio de la crisis sistémica económico-financiera más importante de la historia del Uruguay, el gobierno modificó la política cambiaria seguida desde hacía veinte años, abandonándose el régimen programado y adoptándose en su lugar el de flotación cambiaria. Y al día siguiente, en un clima de gran incertidumbre, provocado por un cambio tan radical en su política monetaria, el Banco Central del Uruguay intervino el Banco Montevideo/Caja Obrera desplazando a sus autoridades y sin suspender sus actividades.

10. Fue inconveniente porque – como nosotros mismos advertimos al Banco Central del Uruguay – provocó el colapso del Banco Montevideo/Caja Obrera y de todo el Grupo Velox en la región. En efecto, a partir de la intervención, se precipitó y profundizó la corrida bancaria en el Banco de Montevideo, así como en todo el sistema bancario uruguayo. La conducta del Banco Central del Uruguay, que resolvió no hacerse cargo del pago de clientes que tenían certificados de participación de TCB, determinó la pérdida de confianza de los clientes y la caída de las instituciones intervenidas, cuyo cese de actividades se dispuso el 30 de julio de 2002, cuarenta días después de la intervención. Dicho proceso culminó con la resolución de liquidación de ambos Bancos el 31 de diciembre de 2002. Asimismo, el colapso de las instituciones del Grupo Velox nos impidió cumplir con nuestros compromisos financieros en DAIH (Disco Ahold Internacional Holding), haciendo caer el contrato de asociación a largo plazo (hasta el año 2013) que teníamos con Royal Ahold, tercer operador supermercadista del mundo. Dicho acuerdo era un valor patrimonial que nos permitía compensar el eventual riesgo regional del Grupo Velox. Como consecuencia de la intervención, perdimos nuestra participación en este emprendimiento  en América Latina, importante inversión conjunta y respaldo último del TCB.

11. Fue ilegal por contravenir la obligación que impone la ley al Banco Central, de velar por la estabilidad e integridad del sistema financiero. Las medidas adoptadas por el Banco Central, antes y durante los cuarenta días de la intervención, contravinieron expresas normas legales que regulan la actuación de dicha institución.

Desde el inicio de la crisis en los comienzos del 2002 hasta el presente, el 95% de los ahorristas e inversores del ex Grupo Velox han cobrado el 100% de sus ahorros e inversiones. En términos económicos, ello implica la recuperación del 70% de los fondos invertidos.

Durante más de cien años, miembros de nuestra familia estuvieron en el negocio financiero y en todo ese período nunca dejaron de honrar sus obligaciones. Así sucedió en el pasado con el BANCO MERCANTIL, propiedad de miembros de nuestra familia,  liquidado por el Estado, donde no existió un solo damnificado y los ahorristas cobraron todos sus depósitos e inversiones con recursos propios del Banco.  

Por las razones expuestas, iniciaremos un juicio al Banco Central del Uruguay con el objetivo de hacer efectiva la responsabilidad que le cabe por su actuación durante la crisis. En caso de resultar gananciosos, habremos de destinar el producido correspondiente a honrar los depósitos e inversiones de los clientes del ex Grupo Velox que aún no han cobrado o tienen saldos pendientes como consecuencia de la crisis del 2002; y subsidiariamente, para preservar los derechos de los accionistas. A tales efectos, declaramos públicamente que cedemos nuestros derechos en dicho juicio –en su instancia nacional o eventualmente internacional- a un fideicomiso que será administrado por una institución de reconocido prestigio.

Finalmente, queremos expresar que, en el acierto o en el error, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar, desde los inicios, los efectos dañosos de la crisis del 2002; y para paliar después, las consecuencias perjudiciales que dicha situación trajo aparejadas.
 
Somos uruguayos, queremos a nuestro país y estamos enormemente agradecidos porque nuestra familia pudo trabajar en Uruguay y en la región por generaciones y lo seguiremos haciendo porque somos de aquí.

Queremos terminar estas líneas agradeciendo todas las manifestaciones de afecto recibidas durante estos años.

Sin ellas, ni nosotros ni nuestras familias, hubiéramos podido sobrellevar una situación tan difícil. 

Jorge, José y Dante Peirano Basso