El acuerdo, firmado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo de Cabo Verde, Víctor Borges, determina que ambos países dicen ser "conscientes" de que el fenómeno migratorio y los desafíos que comporta exigen una acción concertada de la comunidad internacional basada en la "globalidad y la corresponsabilidad".

En ese sentido, destacan que gestionadas adecuadamente", tienen "efectos positivos" tanto para los países de origen como los de destino, y de que los flujos migratorios irregulares deben ser "combatidos" eficazmente en un espíritu de partenariado sólido dentro del respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de los inmigrantes, según informó Europa Press.

Ambos países se comprometieron a impulsar las negociaciones bilaterales en curso para alcanzar a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de fin de 2006, un acuerdo migratorio de los denominados de segunda generación por parte del Ejecutivo español.

El fomento de la migración legal es el primer punto de la declaración; según indica el texto: "se facilitarán los procedimientos de migración legal y la contratación de trabajadores de la otra parte firmante, de acuerdo con las necesidades de sus respectivos mercados de trabajo y de su complementariedad". En ese sentido, "previa consulta a asociaciones profesionales, sindicales y empresariales, se fijarán cupos estimativos anuales de inmigración por sectores y se favorecerán los contactos entre empleadores y trabajadores para canalizar y formalizar las ofertas de empleo".

La inmigración de carácter irregular es el segundo punto que aborda el acuerdo. Para ello ambos países llevarán a cabo un "intercambio regular" de información entre las autoridades competentes sobre trata de personas, redes de tráfico de personas e individuos implicados en las mismas, así como sobre el crimen organizado.

Además, ambos ministros acordaron que se impulsen programas y acciones de asistencia técnica en materia de inmigración. "En particular, se organizarán cursos de formación para personal consular y de inmigración, en materias como el refuerzo de los controles fronterizos o la detección de documentos falsos", indica el texto.