Mónica Tabárez vive en el asentamiento "17 metros", es la secretaria de actas de la comisión barrial y describe la historia del barrio surgido a finales de los  años 70: "Son generaciones, son gurises que se crían en la cuadra. Se casan entre ellos y forman otra vez, al lado, al frente. La persona del almacén es hija de la vecina de allá que a la vez el esposa es hijo de Nilda... Es como que sigue creciendo. Esto empezó muy campo, muy baldío, se hablaba de seis, siete integrantes con ranchos, chapa, madera, sin luz, sin agua, sin calle y ahí empezaron de a poco", contó.

Ese empezar de a poco terminó en un barrio donde hoy viven 108 familias, unas 400 personas. Y la historia que describe Mónica bien puede reflejar las de los otros 676 barrios irregulares del país.

La clave al hablar de este problema es la integración. Y para integrar hay que conocer. Ahí aparece la investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y divulgada por el coordinador general del PIAI, Ricardo Muttoni, el 15 de junio. Como decíamos 196.000 uruguayos viven en asentamientos irregulares, aproximadamente el 6% de la población del país. Son 676 barrios con un total de 53.700 viviendas. En Montevideo, el total es de 402 asentamientos. El 11% de los habitantes de la capital uruguaya vive en estos barrios.

Esa es la foto de hoy. Una foto que muestra un crecimiento de esta realidad y políticas públicas ineficientes en este tema.

El PIAI, que funciona desde 1999 y tuvo su origen en una polémica política, fue el producto de una polémica entre el entonces presidente Julio María Sanguinetti y quien lo sucedería, Jorge Batlle, a propósito de la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones, se creó el PIAI con un préstamo del BID. Un tiempo antes, Batlle se opuso fuertemente a que se gastaran 100 millones de dólares en la nueva sede de Antel y no se destinara ese dinero para atender a los barrios pobres. Sanguinetti defendía la obra. Esa polémica se zanjó con la creación del PIAI. De ahí el monto que inicialmente se le asignó. Cien millones para la Torre de Antel, 100 millones de dólares para los asentamientos. La Torre se terminó. Los asentamientos, no.

El primer período del PIAI, entre 2000 y 2005, logró "terminar", como dicen quienes trabajan allí, con 10 de los casi 100 asentamientos que se proponía atender. Terminar quiere decir que se realicen las obras de infraestructura física que sean necesarias y se haga el seguimiento social de pos-obra de unos seis meses, además de la regularización de los terrenos. Luego vendrá la etapa de determinar cómo los vecinos pagan los terrenos donde levantan sus casas.

Ricardo Muttoni, coordinador del PIAI, dijo que tras un año de gestión hoy hay 22 asentamientos "terminados". Y para diciembre de 2007 piensan terminar los 60 que restan "en carpeta", es decir, en los que están trabajando.

Muttoni afirmó que la idea de su gestión es revertir esta realidad y acelerar los procesos de integración: "La idea es reformular este proceso, este nuevo programa. Ya tuvimos una misión con el BID (y el programa) cambia totalmente de encuadre. Antes era: ‘tomemos algunos y mejorémoslos’. Y ahora es: ‘bueno, veamos el problema en general y a ver cómo lo podemos resolver’. (...) Se está llegando a incorporar un factor nuevo desde el punto de vista de la política donde el protagonista de estas situaciones, es decir la población, forme parte de la solución. Es decir, que nosotros no vamos a venir y dejar llave en mano por alguna empresa la solución del problema sino que lo vamos a hacer en conjunto con la población, donde la población en general tiene reclamos muy sensatos, mucho más económicos de lo que nos imaginamos los técnicos desde un escritorio en el centro de la ciudad y, además, con un pragmatismo muy grande y ese es un poco el encuadre de la gestión del nuevo programa. Trabajar con la población, fundamentalmente bajo los planes municipales y con el apoyo del gobierno nacional en la salida de este problema".

Este problema tiene tantos matices como asentamientos existen. Están los que se levantan en terrenos privados y por tanto no pueden ser regularizados, al menos rápidamente. Esto sucede en poco menos de la mitad de los asentamientos del país, según estimó Muttoni. Luego, hay un 20% que debería ser realojado ya que su emplazamiento no es viable por tratarse de zonas inundables, directamente estar en predios en los que no están previstas las urbanizaciones o en zonas carentes de servicios mínimos. Queda así un 30% de los asentamientos en los que se puede comenzar a trabajar ya, en palabras del coordinador del PIAI, quien también estableció plazos y metas.

"La población ha buscado sus formas de hacerse su vivienda y con muy pocos recursos construye mucho más barato que el Estado, sin duda y además progresivamente de acuerdo a sus necesidades. La idea es apoyar esa progresividad, asesorar esa progresividad de la construcción popular del hábitat y tratar de que sea en zonas urbanas viables. (...) Nosotros sabemos que este problema no se resuelve en cinco años. Se resuelve por lo menos en 10. Pero en cinco años nosotros podemos dejar a gran cantidad de barrios trabajando en el mejoramiento y generando la costumbre de una nueva forma de gestión. Es decir, no esperando todo del Estado sino que estableciendo un diálogo entre población, gobiernos locales y gobierno nacional", señaló Muttoni.

Los 100 millones de dólares que debía ejecutar el PIAI, se transformaron en 81 tras las restricciones impuestas en la crisis de 2002. Al asumir el nuevo gobierno se habían gastado 26 millones. Del préstamo original, entonces, quedan 55 millones de dólares que Muttoni afirma cubrirían esos 60 asentamientos que quedan "en carpeta". Integrar a cada asentamiento cuesta entre 700.000 y 800.000 dólares, aproximadamente.

Después de tanto número es bueno conocer una experiencia concreta, nos acerquemos al asentamiento "17 metros", ubicado en la calle Clemente Rugia, a pocas cuadras de José Belloni, en el barrio de Piedras Blancas.

El origen del asentamiento fue a finales de los 70. Unas cinco o seis familias comenzaron a levantar sus casas en terrenos que entonces eran privados, ubicados sobre la calle llamada "17 metros". De ahí el nombre del barrio. Hoy la calle se llama Clemente Rugia y el asentamiento se extiende a ambos lados de esa arteria, entre César Batlle Pacheco y Francisco Barros, a pocas cuadras de Belloni.

Aquel afincamiento de cinco o seis familias fue creciendo. Y las casas de chapa y madera, lentamente dejaron paso a las de material. Hoy viven 108 familias.

La historia es larga y los primeros recuerdos de reuniones de comisiones vecinales se remontan a 1981. Desde entonces con mayor o menor ímpetu, este grupo de familias está buscando regularizar su situación. Los vecinos recuerdan con orgullo cómo lograron evitar dos lanzamientos hasta que finalmente los terrenos fueron adquiridos por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda en los años noventa.

El barrio tuvo alumbrado público pero lo perdió y tiene una conexión provisoria a la red de agua potable. Las casas sí tienen electricidad pero con conexiones informales. De noche, en la calle, la oscuridad es total. Sin embargo, Mónica afirma que no se siente insegura. Al menos no más insegura que en otro barrio: "La inseguridad existe como en toditos lados pero manejada, me entendés, entre nosotros. Capaz que te puedo decir inseguridad para el que viene de afuera pero inseguridad entre nosotros... No podemos descuidar la casa, salir y que se quede todo solo porque es cuestión de provocar la situación pero yo tengo mi hija con 11 años, ella conoce a toda la cuadra, conoce a todos los vecinos y si me voy a otra cuadra sé que hay inseguridad pero acá es como que la manejás, ¿me entendés? (...) Es como que entre nosotros no. Nosotros sabemos quién es quién, ellos no se meten con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos", contó.

Las distintas historias de las familias del barrio son conocidas por todos y de 35 años a esta parte las casas han ido mejorando. Comenzaron con chapas y maderas y hoy la mayoría son de material. Sin embargo, pese a ese lavado de cara que ve Mónica, hay carencias básicas que permanecen: "Ha tenido un lavado de cara impresionante porque si cada vecino por cada predio se preocupa por lo de él y mejora su espacio, se junta todo, se hace una cadena y mejora total el barrio. Porque cada vecino se tiene que preocupar por su cuadrado, su espacio. Eso es una fachada que le entrega a la casa y da mejoría a nivel general. Se junta ese vecino, él hace todo y el del al lado dice yo hago y vos mirás todo eso y para mi es mucha mejora. Mejora en eso, mejora en que pasan los años y viste que criás a los chiquilines en el entorno de ellos y son conocidos de chicos, al tener primos, es hermano, agarran el código de ellos y van juntos a la escuela que es bien cerca. (...) Así como te digo una cosa, te digo otra. Hay varios integrantes del barrio  que no tienen un baño y te estoy diciendo de manejar situación desde hace 35 años pero es así. Si bien pueden y no lo hacen o directamente no pueden porque no hay dinero para comprar algo para hacer un baño".

Los reclamos en este barrio son los de cualquier otro. Y para conseguirlos  están trabajando en el marco del PIAI. En este asentamiento y en todos los demás en los que trabaja, el programa contrata a un equipo multidisciplinario que es el encargado de liderar el proceso junto a los vecinos.  Los equipos  están integrados por técnicos físicos, sociales y jurídicos. Hay ingenieros de vialidad, sanitario-ambientales y eléctricos, arquitectos y agrimensores. Del área social y jurídica, se incorpora a asistentes sociales, sociólogos y escribanos.

Las intendencias, los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, que son los co-ejecutores del PIAI, son los que proponen los asentamientos a regularizar. Luego se hace un llamado a equipos de profesionales para que presenten propuestas para esos barrios. Se selecciona a uno que será el encargado del trabajo. En "17 metros" el que trabaja es el equipo Ruétalo.

Flor de Lis, una de las vecinas del barrio que también integra la comisión, comentó qué mejoras les traerá el programa: "El programa es el colector del saneamiento, que es una cosa importantísima que ya está, que se va a conseguir. La red de agua potable porque ahora tenemos agua pero es una cosa provisoria, de emergencia, el alumbrado público que no lo tenemos y después todo lo que es el mejoramiento de calles, arbolado, espacios libres y después también el salón comunitario que hoy día está ocupado por una familia que hasta que no se empiecen a hacer las obras, se realoje a esa familia no lo vamos a poder adquirir nuevamente".

El trabajo del Equipo Ruétalo en este barrio comenzó en agosto de 2005. Lo primero es hacer un relevamiento físico y social a partir del cual se presenta un diagnóstico. Entonces se puede trabajar en el proyecto concreto. Todas las etapas del trabajo se realizan junto a los vecinos.

La arquitecta Patricia Ruétalo, una de las integrantes de este equipo técnico, dijo que la tarea en cada asentamiento es distinta y nunca es lineal: "Desde el principio se busca hacer un contacto lo más fluido posible con los vecinos, con una comisión vecinal, si no la hay se busca que se constituya. Ya desde el principio con un diagnóstico se va detectando, buscando que los vecinos expresen las necesidades del barrio, las carencias y las expectativas. (...) No es un proceso lineal sino que hay que ir buscándolo y llevándolo y buscándolo entre todos en base a la comunidad que tenemos con la cual estamos trabajando que no es siempre igual. De un asentamiento a otro hay mucha variación tanto en lo físico como en lo social, en las vivencias de los vecinos, de la población. Hay más interés, hay menos interés, hay indiferencia, hay aceptación, hay adhesión o no, es cambiante".

En "17 metros" se está en la etapa del proyecto y se estima que en marzo comenzarán las obras. El tiempo que insumirá el trabajo es de unos 10 meses luego de iniciadas las obras.

Las expectativas en el barrio son grandes. En reuniones semanales, los integrantes de la Comisión Vecinal están al tanto de lo que se va avanzando ya sea en el proyecto concreto como en las distintas gestiones con diversas oficinas del Estado. Por ejemplo, varias de las familias son beneficiarias del Ingreso  Ciudadano del Plan de Emergencia y muchas de las mujeres jefas de hogar integran "Trabajo por Uruguay". Sin embargo, otros vecinos no participan tanto. Mónica lo atribuye, entre otras cosas, al cansancio por no ver resultados: "Capaz que es cansancio porque esto tiene 35 años. 35 años y que vienen y que hablan y que van a arreglarlo y que van a regularizar y se va a otorgar algo y, sin embargo, pasa el tiempo y puras habladurías".

Ahora la historia sería distinta, según comentó la arquitecta Ruétalo, porque existe financiación.

La titularidad de los terrenos será otra etapa del trabajo. Ahora, estas 108 familias son adjudicatarias de los terrenos por 20 años porque el predio es municipal. Las líneas del PIAI no incluyen ceder los lotes sin una contraprestación, es decir, sin un pago. Esto, afirman los técnicos, es importante para evitar que la imitación haga de los asentamientos una realidad inacabable. "Como regularizaron aquel predio, ocupo este otro y espero a que vengan a regularizarme", podría ser y de hecho es el razonamiento que ha operado en esta realidad.

Patricia Ruétalo nos dio su perspectiva respecto a este tema: "Esto es un fenómeno, una modalidad que se extiende. Regularizar los asentamientos de repente tiene un disparador hacia todavía aumentar más el hecho que se ocupe terreno por parte de familias que no tienen vivienda. Porque al ver que hay un organismo que los regulariza y al no conocerse de repente mucho los detalles de cómo se regulariza puede llevar y, de hecho creo que no es obviamente la razón principal pero la realidad es que están aumentando. El programa tiene un abordaje de la prevención que no se ha desarrollado mucho y yo no la conozco como para desarrollarla tampoco pero es un aspecto que se debe desarrollar en este momento en que se encara lo de regularizar pero tiene sus opiniones en contra por parte de algunos círculos profesionales o académico el hecho de regularizar. Es como ir siempre atrás del hecho. Solucionando cosas que no deberían suceder pero es la realidad".

Ruétalo hablaba de la prevención y este es un componente importante del PIAI, según su coordinador general, Muttoni. Se está trabajando con las distintas intendencias sobre los criterios que se debe cuidar en los orígenes de un asentamiento para que no se den en zonas no aptas para la urbanización.

Además, Muttoni explicó cuáles serán los criterios para establecer la titularidad de los lotes: "Este año vamos a empezar con el tema de la titularidad. Prometer en venta como cualquier otro que compra en cuotas. Hacer un compromiso de compra-venta en cuotas, donde figure el valor real de la tierra bien tasado y una financiación en cuotas. Cuotas que deben adecuarse a la capacidad de pago de la familia y en todo caso deberían subsidiarse cuotas de aquellas familias que no pudieran hacerlo. Pero subsidiar la cuota, no el monto total, y revisar cada dos años la capacidad de pago de la familia. Nuestra expectativa es que la población salga de la situación de pobreza (...) La idea es entrar en un proceso de mejoramiento de barrios, que no se termina, hay etapas. Se puede llegar a la titulación, se puede llegar a que haya saneamiento en todos los barrios. Pero es un proceso continuo, nosotros entendemos que la gestión del territorio es un proceso continuo y tiene que crearse capacidades en la propia población, en los gobiernos locales en el gobierno central de cómo se empieza a dar una gestión diferente. La idea de este programa es dejar a la gran mayoría de estos barrios trabajando para mejorar las condiciones de vida".