El proyecto fue presentado en 2005, cuando España se disponía a lanzar una operación de regularización masiva que incomodó a más de uno de sus vecinos europeos, descontentos con las posibles repercusiones en sus propios flujos migratorios.

Actualmente los Estados miembros mantienen competencias importantes en inmigración y sus decisiones tienen consecuencias en sus vecinos del espacio Schengen, sin fronteras interiores.

Para evitar este tipo de tensiones y coordinar mejor las políticas de asilo e inmigración, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo por la que cada Estado debe comunicar a los demás los textos de las medidas nacionales que prevea adoptar en estos ámbitos y que puedan tener un impacto en los demás países o en la Unión Europea en general, según Terra.

La transmisión se haría a través de una red segura de internet en una de las lenguas de la Unión Europea distinta de la del país emisor.

Se prevé un proceso interactivo en virtud del cual el destinatario podría responder o solicitar más datos en unos plazos fijados de antemano.