El ejemplo más reciente es el del estado de Colorado, que ha prohibido esta semana el acceso a los servicios públicos, excepto los de emergencia, a los inmigrantes ilegales. La ley de Colorado replica otra aprobada en Georgia en abril y pone de manifiesto que los estados han agarrado la sartén por el mango ante la lentitud del gobierno federal a la hora de dar la estocada final a la ley de reforma migratoria, según informó Univision.com.

"Estamos ayudando a sentar un precedente en el que los estados toman la iniciativa y hacen frente a un problema que el Gobierno federal no resolverá", aseguró Fred Elbel, director de Defend Colorado Now, una organización partidaria de restringir los servicios a los que tienen acceso los inmigrantes.
 
En el mismo sentido, Michele Waslin, del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) la mayor organización defensora de los hispanos en Estados Unidos, está de acuerdo con Elbel en que el gobierno federal "no está actuando", pero no cree que las medidas adoptadas por los estados sean la solución. "Creo que este problema es responsabilidad de Washington", dijo Waslin. Además, señaló que, aunque es entendible que los estados pasen a la acción, lo único que están consiguiendo "es que haya una mayor discriminación y que personas que realmente necesitan los servicios públicos se queden sin ellos".

Para otros activistas lo más preocupante es ver cómo gana terreno "la línea dura" en el acalorado debate migratorio.

Otros estados como Luisiana, Illinois, Wyoming, Idaho o Pensilvania también han endurecido sus políticas migratorias. En total, los gobiernos estatales han dado luz verde a 57 leyes, según la National Conference of State Legislatures, que señala que en muchos casos las normativas establecen multas a las empresas que contratan indocumentados.

Esperando ver si las medidas aprobadas en los últimos meses se llevan realmente a la práctica, su efecto disuasorio se deja notar ya en algunas partes del país. Un ejemplo es el caso de Florida, donde millones de naranjas podrían pudrirse este año en los árboles ante la ausencia de suficientes recolectores, que tradicionalmente han sido inmigrantes.

Allí los agricultores se han quejado en las últimas semanas de sus problemas para encontrar trabajadores, mientras que representantes de la industria señalan que se agravaron en mayo, cuando un gran porcentaje de hispanos pareció abandonar el estado.

En ese sentido, Dave Crumbly, vicepresidente de Natural Growers el tercer mayor procesador de cítricos estadounidense asegura que "la escasez de mano de obra es lo que nos ha atrasado este año". Además, señaló que hubo una estampida de trabajadores de la zona, que huyeron ante el temor a ser deportados.

En tanto, republicanos y demócratas en Washington siguen intercambiándose acusaciones y culpándose mutuamente de la lentitud con la que avanza el proyecto de reforma migratoria. La luz verde a la ley está pendiente de la armonización de las versiones aprobadas respectivamente por el Senado y la Cámara de Representantes, un proceso que podría demorarse dada la proximidad de las elecciones legislativas fijadas para noviembre.