Caso Gelman: OEA podría recomendar "remover los obstáculos" para juzgar
Uruguay debe responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la decisión de archivar el caso Gelman. Ese organismo puede recomendar "una posición política diferente" (como apoyar la nulidad de la Ley de Caducidad). "No queda bien visto que el Estado haga oídos sordos", dijo José Luis González, abogado de la familia Gelman. Y adelantó que el caso puede pasar a la Corte Interamericana, de donde puede surgir una resolución obligatoria para el país.
(Emitido a las 7.38)
EMILIANO COTELO:
El caso Gelman vuelve al tapete.
Como sucede de tanto en tanto, el caso del secuestro y la desaparición de María Claudia García de Gelman volvió a los primeros lugares de la agenda informativa. Esta vez el regreso fue a dos puntas.
Por un lado, el coronel aviador retirado José Uruguay Araújo Umpiérrez fue detenido en arresto administrativo a raíz de un pedido de captura con fines de extradición proveniente de la Justicia argentina. Araújo Umpiérrez es señalado como el coordinador del segundo vuelo de la muerte, en el que habrían sido trasladados unos 20 uruguayos detenidos y desaparecidos desde Argentina a Uruguay.
Por otro lado, el caso Gelman fue noticia nuevamente a raíz de las declaraciones que formuló ayer el abogado de la familia Gelman, doctor José Luis González, hablando con algunas agencias de noticias internacionales.
González recordó que dentro de un mes el Estado uruguayo tendrá que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el archivo judicial del caso. Y en este marco incluso advirtió que la Comisión Interamericana podría reclamar la nulidad de la Ley de Caducidad.
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EC - Estamos en diálogo con el doctor José Luis González.
¿Por qué se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA?
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ:
Porque cuando se procuró investigar acá en Uruguay la muerte y la desaparición de María Claudia no fue posible avanzar en el esclarecimiento del crimen, a raíz de las instancias judiciales con intervención de fiscalías, tribunales y la Suprema Corte de Justicia.
EC - Este caso había sido considerado incluido en la Ley de Caducidad durante el gobierno del doctor Jorge Batlle.
JLG - Correcto.
EC Luego, cuando asume el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el propio presidente, el 1º de marzo, en el acto que se realiza en el Palacio Legislativo en el que anuncia los primeros lineamientos de su gestión, ubica este caso fuera del alcance de la Ley de Caducidad. Sin embargo, luego la investigación judicial no pudo prosperar a raíz de la decisión del fiscal Enrique Möller, quien entendió que el asunto estaba resuelto con la primera decisión del doctor Jorge Batlle.
JLG Correcto. La interpretación del fiscal Enrique Möller es que la primera decisión ya había determinado la cosa juzgada. Para traducirlo en términos sencillos, que no se podía cambiar la decisión que ya había adoptado un gobierno anterior, el del doctor Jorge Batlle. Eso dio lugar al debate jurídico con el juez Mirabal. Y terminó resolviendo el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que le dio la razón al fiscal Möller; entendiendo que si el fiscal no iba a solicitar ninguna responsabilidad, el juez no tenía otro remedio que terminar archivando el expediente.
EC - ¿Fue después de esas instancias que usted -en nombre de la familia Gelman- decide recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
JLG - Sí.
EC - Entonces es un reclamo, ¿contra quién? ¿contra el gobierno? ¿Contra el Poder Ejecutivo? ¿Contra el Poder Judicial? ¿Contra quién está dirigida esta apelación?
JLG - Contra el Estado uruguayo.
EC - Contra el Estado uruguayo en términos generales.
JLG - Contra el Estado uruguayo. Una cosa es el gobierno y otra es el Estado. Los gobiernos pasan. Esto es contra el Estado uruguayo, que es el que ha suscripto, el que ha firmado una convención, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos como ha firmado otros tratados y otras convenciones, a partir de lo cual se compromete al ejercicio de determinadas garantías y determinados derechos a los ciudadanos. Entre ellos está el poder recurrir a la Justicia en casos que atenten contra los derechos individuales, en este caso contra la vida, y el amparo de la administración de Justicia. Situación que en el caso concreto no se da, porque se ha pedido el amparo, la protección de la administración de Justicia a través de la investigación y no se ha podido llegar más allá de unas primeras instancias. En ese sentido, el Estado uruguayo viola aquello a lo que se ha comprometido a través de la firma de la convención.
EC - Pero está de por medio la Ley de Caducidad. ¿Entonces?
JLG Precisamente. Lo que ocurre es que el Estado se obliga a amparar los derechos humanos más allá de esta ley. Tan es así que hay un antecedente de 1992 de la propia Comisión Interamericana que considera incompatible la Ley de Caducidad con la firma de la convención. Lo que habría que resolver en definitiva es qué es lo que vale más, si la firma de la convención o la Ley de Caducidad. Como esta situación aún no se ha zanjado, ahora se solicita a la Comisión Interamericana, de cara a esta nueva situación aberrante de que no se ha permitido llegar más allá de las primeras instancias, que recomiende al Estado uruguayo que remueva los obstáculos. ¿Cómo se podrían remover los obstáculos? Por ejemplo, el Estado uruguayo podría adoptar una posición política diferente de la que ha adoptado hasta el momento.
EC - Pero posición política ya adoptó el presidente Vázquez cuando dijo "para mí este caso no está abarcado por la Ley de Caducidad". Sin embargo, después hubo actuaciones judiciales que determinaron que seguía vigente el primer pronunciamiento en esa materia, el del doctor Jorge Batlle. Entonces, ¿qué se puede hacer en materia política para que la investigación penal del caso Gelman continúe?
JLG - Por ejemplo, apoyar la nulidad de la ley; cosa que el gobierno hasta el momento no ha hecho.
EC - Usted dice "por ejemplo", pero no hay otra. Mientras siga vigente la Ley de Caducidad este caso no tiene forma de investigarse, según lo que la propia Justicia terminó resolviendo en la instancia de apelación.
JLG - Correcto. Justamente por eso se acude a una instancia internacional: para que intervenga y ponga de manifiesto las contradicciones entre un compromiso internacional asumido y lo que está ocurriendo en la interna del país.
EC - ¿Usted dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA podría llegar a recomendar la anulación de la Ley de Caducidad?
JLG No. Digo que la comisión podría recomendarle a Uruguay remover los obstáculos que impiden el juzgamiento de personas. Y dentro de ese concepto, Uruguay podría asumir el papel de decir "en virtud de la recomendación de un organismo internacional, apoyamos la nulidad". Es un ejemplo.
EC - ¿Usted sabe que eso va a ocurrir o es simplemente una hipótesis que maneja?
JLG - Es una hipótesis. No puedo asegurar lo que va a ocurrir. Pero trabajo con un importante grado de probabilidad de que eso ocurra.
EC - ¿Cuánto demoraría una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
JLG - La resolución estaría en los próximos meses. Quizás en los primeros meses del año próximo. Cuando se presenta una reclamación ante la comisión, esta inmediatamente después de darle el visto bueno, la traslada al país contra el cual se ha denunciado. Esto ocurrió concretamente con fecha 22 de junio de 2006. A partir de ese momento, el país denunciado tiene 60 días para responder, con una prórroga de 30 días. Cuando responde el país, normalmente se cita a una audiencia en Washington. Las audiencias están previstas en dos períodos del año: en el mes de febrero y en el mes de octubre. Posiblemente los plazos den para convocar a la audiencia en el mes de octubre. Allí concurren un representante del Estado y los interesados de la parte denunciante a los efectos de aclarar situaciones o responder las preguntas que la Comisión entienda pertinentes. Si no se llegara a algún acuerdo en esa instancia, en los meses siguientes hay un pronunciamiento de la Comisión. Por eso le decía a fines de este año o principios del próximo. Es un plazo estimativo.
EC - Supongamos que el pronunciamiento es del estilo del que usted estaba anticipando recién: una recomendación al Estado de que remueva los obstáculos que impiden investigar penalmente el caso del secuestro y la desaparición de María Claudia García de Gelman. Estaríamos hablando de una recomendación. Ese fue el término que usted empleó.
JLG - Sí.
EC - Por lo tanto, ¿qué valor tendría ese laudo?
JLG - Un valor relativo desde el punto de vista práctico, pero importante desde el punto de vista del Derecho Internacional. Porque cuando un organismo recomienda, no es bien visto que el Estado haga oídos sordos. Pero supongamos la hipótesis de que Uruguay no quiera o aduzca razones de orden interno o de orden político para no poder remover los obstáculos. A partir de allí, el caso podría dar un paso más y pasar de la comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la situación es distinta, porque las resoluciones de la Corte tienen carácter vinculante obligatorio para el país.
EC - De todos modos. Ahora hay que esperar lo que responda el Estado uruguayo en este plazo de 60 días que tiene para allanar las consultas que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la primera etapa.
JLG - Una precisión: en realidad más que allanar consultas es responder a la denuncia que se ha presentado.
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EC - También relacionado con el caso Gelman, se conoció ayer el arresto en Uruguay del coronel aviador retirado José Uruguay Araújo Umpiérrez, a quien se señala como coordinador en los años de la dictadura del llamado segundo vuelo de la muerte, en el que habrían sido trasladados a Montevideo 20 uruguayos detenidos y desaparecidos, que a su vez habían sido capturados en Argentina. Araújo Umpiérrez es detenido a pedido de la Justicia argentina para proceder a los trámites de extradición. Y Argentina quiere investigarlo justamente por su vinculación con el caso Gelman.
¿Usted sabía que este nombre también estaba en danza?
JLG - No, francamente no.
EC - ¿Para usted fue una sorpresa?
JLG - Sí, fue así.
EC - Pero sí conocía las denuncias que había a propósito de Araújo Umpiérrez.
JLG - No.
EC - ¿Cómo ve esta nueva faceta? Estábamos hablando de reclamos que la familia Gelman hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el caso no puede investigarse penalmente en Uruguay. Pero mientras tanto está siendo investigado en Argentina.
JLG - Sí, pero son cosas distintas, jurisdicciones diferentes. Argentina, la jurisdicción argentina tiene todo el derecho a investigar los hechos que acontecieron en su territorio y a solicitar las extradiciones en todos los casos que corresponda a derecho. Pero a su vez nosotros, en Uruguay, tenemos derecho a exigir y a insistir para que nuestra Justicia investigue hechos cometidos en nuestro territorio. Sin perjuicio de valorar y responder a las solicitudes de los países extranjeros, de las justicias extranjeras...Avanzamos por nuestro lado en tratar de que los casos se juzguen acá. No es una cuestión de quién llega primero sino de ejercer los derechos que cada uno tiene.
EC - O sea que teóricamente, según el planteo que ustedes hacen, el caso tendría que estar siendo investigado por las dos justicias. ¿No habría allí una superposición?
JLG - No, las dos justicias pueden y deben investigar los delitos cometidos en cada uno de los territorios. A veces se dan estas situaciones en las que una persona o tres o cuatro, pero pongamos una ha cometido el mismo delito en los dos territorios o haya comenzado a cometerlo en uno y terminado de cometerlo en otro. En ese caso cada Estado determinará la responsabilidad que corresponde a su territorio, en este caso uruguayo y argentino, y será competencia de cada juez en su territorio.
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