De esta forma Sarkozy ha endurecido la legislación de residencia después de que grupos de jóvenes en barrios marginales, muchos de ellos de familias inmigrantes, protagonizaran hace unos meses una oleada de disturbios que conmocionó Francia.

En medio de la creciente polémica y la movilización de asociaciones ante posibles expulsiones, Sarkozy remitió a mediados de junio una circular a los prefectos en la que detallaba los criterios para otorgar permisos de residencia. Entre ellos figura que uno de los padres resida en Francia desde hace al menos dos años, que algún hijo esté escolarizado desde al menos uno, que el menor carezca de lazos con el país de origen de sus progenitores y que las familias hayan demostrado una verdadera voluntad de integración en la sociedad francesa, demostrada con el dominio del idioma y la ausencia de problemas con la Justicia, según publicó Infoinmigrantes.com.

Ante esto, miles de familias se agolpan ante las prefecturas francesas para solicitar su regularización ante el hueco legal que se ha abierto para el caso de los que tengan hijos escolarizados. En su comparecencia, Sarkozy dijo que se esperan hasta 20.000 peticiones de permisos de residencia por parte de inmigrantes ilegales y que de ellas se otorgarán aproximadamente un 30%, unas 6.000. El resto serán rechazadas, señaló. Y agregó: "al contrario de lo que algunos piensan, no habrá una 'caza de niños', sino que quienes no cumplan nuestros criterios tendrán que irse voluntariamente o serán forzados a hacerlo".

Según datos oficiales, en Francia viven aproximadamente unos 4.500.000 de inmigrantes, y el Ministerio del Interior estima que hay entre 200.000 y 400.000 extranjeros ilegales en el país.