(Emitido a las 7.41)

EMILIANO COTELO:
Hoy es otro de esos días en los que hay una noticia excluyente, una noticia que domina las portadas de todos los matutinos, por ejemplo, si tomamos como referencia a la prensa.

El País: "30 años después procesan a ocho represores de la dictadura". La República: "La justicia puso fin al tiempo de los asesinos. Los primeros ocho terroristas están presos tras 33 años de impunidad". El Observador: "Todos procesados". Últimas Noticias: "Procesados". La Diaria: "Finalmente" (junto a una foto del coronel Gilberto Vázquez cuando salía del juzgado).

En la tarde de ayer se produjo un episodio que bien puede calificarse de "histórico". Ocho personas, incluyendo militares retirados, policías retirados y ex militares, fueron procesados con prisión por la justicia penal uruguaya por su participación en violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura...

Los ocho militares y policías que venían siendo indagados por los casos "Soba/Mechoso/Segundo Vuelo" finalmente fueron procesados en la tarde de ayer por el juez de 9° turno en lo penal, Luis Charles. Pese a que la fiscal Mirtha Guianze había pedido el procesamiento por los tres casos, Charles entendió que sólo podía procesarlos por el primero de ellos, la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba, ya que sólo por ese expediente se había consultado al Poder Ejecutivo y éste lo había declarado excluido del alcance de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo.

El juez entendió que si hubiera hecho lugar a la solicitud de la fiscal, el caso sería pasible de objeciones a nivel de un Tribunal de Apelaciones. Por eso, los militares serán enjuiciados solamente por el "caso Soba".

De todos modos, según afirman algunas versiones de prensa de esta mañana, ahora el juez Charles y la fiscal Guianze se proponen consultar expresamente al Ejecutivo sobre el caso Mechoso y sobre el segundo vuelo.

Los nombres

Los procesamientos dictados por el juez Charles recayeron en ocho de los nombres emblemáticos que desde hace 20 años figuran en las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.

Ellos son los militares retirados José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Luis Maurente, los militares en situación de reforma Ricardo Arab y Gilberto Vázquez y los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima. A todos ellos les imputó los delitos de "privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración" y "asociación para delinquir", tal como había planteado la fiscal Guianze.

El coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, que también debía declarar ayer y que presumiblemente también sería procesado, se suicidó el domingo de noche cuando recibió la notificación de que al día siguiente debía presentarse en el Juzgado.

En cuanto a la situación de Manuel Cordero - actualmente prófugo en Brasil - el juez pidió su captura internacional ya que, según la legislación uruguaya, no puede ser "procesado en ausencia".

La extradición

Algunos de ustedes se preguntarán en qué queda, entonces, el pedido de extradición de la Justicia argentina que pesa sobre todas las personas que fueron procesadas ayer.
Según aclararon ayer diversas fuentes judiciales, el pedido de extradición continuará su trámite en el juzgado correspondiente, a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lechini. De todos modos, si este magistrado decide hacer lugar al requerimiento del vecino país, éste no podrá hacerse efectivo hasta que los militares y policías completen su proceso penal en Uruguay, incluyendo las condenas que eventualmente reciban.

Las penas

¿Y cuáles son las penas que están en juego?

Recordemos que hay dos delitos incluidos en el procesamiento: privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración y asociación para delinquir.

El delito de asociación para delinquir está tipificado en el artículo 150 del Código Penal, que establece una pena mínima de seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría. En algunos casos podrían aplicarse agravantes (elevando la pena de un tercio a la mitad), por ejemplo, por haber constituido banda armada, por la calidad de ex funcionarios policiales de dos de los procesados y para el caso de quienes sean considerados jefes o promotores.

El delito de privación de libertad, en tanto, está previsto en el artículo 281 del Código Penal, donde se estabablece un castigo de un año de prisión a nueve de penitenciaría.

A Cárcel Central por ahora

En el comunicado que la Suprema Corte de Justicia dio a conocer ayer con la información sobre estos procesamientos se incluye una aclaración que vale la pena tener en cuenta. Dice: "A efectos de disipar versiones erróneas acerca del alcance de la resolución del magistrado actuante, corresponde señalar que compete al Poder Ejecutivo decidir acerca del lugar y las condiciones de reclusión de los procesados".

Por ahora se ha dispuesto que permanezcan en Cárcel Central, según resolución inicial del Ministerio del Interior que ha invocado razones de seguridad. Sin embargo, el Ejército viene construyendo una cárcel en un predio perteneciente a la fuerza de tierra, donde se prevé que se aloje a los procesados, una decisión del Poder Ejecutivo que ha despertado su polémica en estos días, incluso dentro del propio partido de gobierno.

Los antecedentes

La denuncia por la desaparición de Soba y Mechoso, fue presentada el pasado 3 de abril de 2006 ante el juez Charles y en primera instancia la fiscal actuante era Elsa Machado, pero al declinar se hizo cargo de la causa la fiscal Mirtha Guianze.

El caso Soba fue excluido del alcance la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo el pasado 24 de mayo, argumentando que el crimen se cometió fuera de las fronteras uruguayas, donde no puede aplicarse la legislación de nuestro país.

Ahora este caso forma parte de una causa unificada junto a la del desaparecido militante tupamaro Washington Barrios, y la investigación del "segundo vuelo" que trasladó a 22 uruguayos detenidos en Argentina hacia nuestro país y que posteriormente, según parece quedar cada vez más confirmado incluso en versiones del propio Ejército, habría terminado con la ejecución de esos prisioneros.

Por otra parte, el pasado 23 de agosto la doctora Gabriela Merialdo, jueza penal de 9º Turno, resolvió declinar competencia en la causa denominada "segundo vuelo de Orletti", y por ende, acceder al pedido del doctor Luis Charles, que termina en la unificación de los tres expedientes.

La defensa en silencio

Los abogados defensores de los militares y policías procesados no harán comentarios hasta que se conozca el contenido del auto de procesamiento dictado por el juez Charles.

El abogado Germán Amondarain, que asesora a la mayor parte de los procesados, había entregado en el juzgado un escrito de 30 páginas en el que rebatía los argumentos de la fiscal Guianze y defendía la inocencia de sus patrocinados.

Estamos en diálogo con Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba Fernández, desaparecido en 1976 y por cuyo caso se produjeron ayer estas decisiones del juez Luis Charles.

***

Sandro, usted tiene 38 años y trabaja en la Intendencia de Montevideo. ¿Cuál fue su reacción ayer? ¿Dónde se encontraba cuando se conoció la resolución del juez?

SANDRO SOBA:
Estuve todo el día en el juzgado, desde las 7.15.

EC – Se suponía que se iban a producir esos procesamientos, se daba como un hecho. Pero ¿qué fue lo primero que pensó cuando se oficializó la decisión?

SS - Se daba como un hecho. Fue un paso que la sociedad tenía que vivir. Había una presión de Argentina con la extradición y tenía que suceder lo que sucedió.

EC - Estamos ante la primera vez que la Justicia Penal uruguaya procesa con prisión a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. No es un dato menor.

SS - Es importantísimo, no quito la importancia que tiene, ayer se empezó a romper la impunidad de este país.

EC - Desde el punto de vista personal, en la medida que lo que se está investigando en esta causa es la desaparición de su padre, ¿qué sentimientos aparecen? ¿En qué momento fue que usted vio por última vez a Adalberto Soba?

SS - Lo vimos cuando estábamos en Orletti, el día que nos iban a trasladar a mi madre, a mí y a mis dos hermanos para Montevideo. Mi madre no iba a salir de Orletti hasta que no viera a mi padre. Fue ahí que lo vimos por última vez.

EC - ¿Estaban todos ustedes en Orletti?

SS - Sí, fuimos trasladados de mi casa a Orletti y ahí permanecimos unos cuantos días.

EC - Fueron trasladados Adalberto Soba, su esposa –o sea, su madre– y los dos hijos.

SS - Sí.

EC - ¿Qué edad tenía usted?

SS - Ocho años.

EC - ¿Cuántos días le tocó permanecer en ese lugar clandestino de reclusión?

SS - La cantidad de días exacta no la tengo, pero se habla de unos cinco días.

EC - ¿En esos días era posible ver a su padre?

SS - No, nosotros estuvimos en la parte de abajo, donde hicieron un cuadrado de auto. Yo lo que vi fue por ser un niño y poder escaparme de ese cuadrado de auto, pude subir donde había varias personas. Y los ruidos y los gritos eran comunes.

EC - ¿De qué manera se dio ese último encuentro con su padre?

SS - A mi madre le dicen que va a ser trasladada a Montevideo, ella exige ver a mi padre, lo traen totalmente torturado, apenas hablaba, lo único que pedía era agua. No sé qué tiempo estuvimos, para mí fue el tiempo más largo de mi vida, no sé en horas cuánto estuvo con nosotros. Sólo pedía agua y apenas hablaba, nos daba consejos a mí y a mi vieja, jamás un rencor por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, sólo tratando de dar una explicación, ayudar a mi vieja y que estudiara para poder salir adelante.

EC - El implícito era que su padre no iba a salir con vida de Orletti.

SS - No lo sabíamos. Cuando salimos de ahí mi madre escucha que él queda para el traslado, que lo iban a dejar ahí abajo porque quedaba para el traslado. La fecha en que viajamos sería el 4 o 5 de octubre, y ahora sale la información que dice que el segundo vuelo habría sido el 5 de octubre.

EC - Usted tiene la impresión de que su padre pudo haber sido uno de los pasajeros del llamado segundo vuelo.

SS - Supongo que sí, no tengo la seguridad, pero la fecha en que nos traen y lo que escuchamos, que quedaba para el traslado; y se habla del 5, que fue la fecha en que nos trajeron, el día antes o en la mañana de ese 5 o del 4. Y después sale la información del segundo vuelo el 5 de octubre. No estoy seguro, uno supone las cosas y trata de armar un poco lo vivido, lo que pasó.

EC - Del testimonio suyo, ¿surgieron nombres? ¿Algunos de los procesados ayer fueron reconocidos por ustedes como responsables de la reclusión, las torturas y el destino final que tuvo su padre, Adalberto Soba?

SS - Fueron identificados Gavazzo y Arab, que fueron los que nos trajeron.

EC - Gavazzo y Arab los trajeron a ustedes en un vuelo común y corriente, un vuelo comercial.

SS - En un vuelo comercial. Viajamos desde Orletti para tomar el avión y a su vez traían a la familia Mechoso, en el aeropuerto se encuentran las dos familias, viajamos juntos para acá.

EC - ¿Qué ocurrió con ustedes cuando llegaron a Montevideo?

SS - Había un operativo en el aeropuerto, nos trasladan. Lo único que recuerdo es una casona algo grande y una rampa en la entrada. Supongo que era la casa de Punta Gorda.

EC - Una casa en Punta Gorda que era utilizada como centro de reclusión clandestino aquí en Montevideo.

SS - Sí, lo único que recuerdo es una rampa, es la foto que me quedó en la memoria, una rampa por la que entramos, doblamos a la derecha y nos metimos directamente. Eso es lo que recuerdo de acá.

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Edición: Mauricio Erramuspe