Según relata hoy una crónica del diario El País, ayer a media mañana Bordaberry compartió, en el patio de Cárcel Central, las dos horas de visita junto a sus nueve hijos y su esposa, Josefina Herrán. A pocos metros del patio, pero en una sala cerrada del subsuelo, Blanco también recibió por primera vez a su familia.

Vestido de sport, con pantalón y campera verde, Bordaberry relató en forma distendida sus primeras horas en prisión, sin dejar traslucir un quebranto anímico. Como si estuviera substraída del lugar en que se encontraban, la familia Bordaberry ubicó los bancos en forma de círculo para tratar de tener un poco de intimidad.

Una vez que se fue la familia, franqueado por los ex policías y oficiales del Ejército procesados por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba, Bordaberry fue ayudado para subir por escalera los cuatro pisos del edificio hasta llegar a su celda, ya que el ascensor está suspendido.

El lugar de reclusión. Esta será una de las cuestiones más discutidas de los próximos días a propósito de este caso, puesto que Bordaberry con 78 años tiene serios problemas de salud.

Fue operado hace 15 días y según señalaron sus abogados sólo le funciona un pulmón, sufre reflujo, por lo que debe dormir sentado y recibe mucha medicación.

Hace instantes hablamos con el ministro de Turismo Pedro Bordaberry, su hijo, quien si bien declinó en hacer declaraciones, informó a Indice 810 que se entregó en Jefatura un certificado con la historia clínica completa de su padre y que recién mañana se van a reunir con los abogados defensores, Gastón Chaves y Diego Viana, para evaluar los pasos a seguir.

Obviamente como ya informó la familia el fallo se va a recurrir, pero no está decidido aún si van a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria. "Vamos a ver si corresponde o no de acuerdo a la ley", afirmó Pedro Bordaberry.

De todas formas, sería difícil obtener este beneficio porque la propia Ley de Humanización del Sistema Carcelario prevé la prisión domiciliaria para mayores de 70 años, pero excluye a los procesados por delitos especialmente agrabados.

Mientras esto ocurre, la jueza Graciela Gatti tomará las últimas declaraciones con relación al otro expediente que involucra al ex dictador, en el que la fiscal Ana Tellechea solicitó el procesamiento de Bordaberry por el delito de atentado a la Constitución.

Por el momento, el ministro del Interior, José Díaz, ha dicho que Bordaberry y Blanco no irán a la cárcel especial que se está construyendo en un predio militar y advirtió que durante el período de prisión provisional el tratamiento para ambos "será igual que para los demás reclusos". De hecho, sólo pueden recibir visitas los días martes, jueves y sábados, y el resto de los días pueden efectuar una llamada telefónica diaria.

Sin pensión. El Banco de Previsión Social suspendió el pago de las pasividades que percibían Bordaberry y Blanco. La decisión fue adoptada el jueves pasado por los servicios administrativos de la institución, el mismo día que la Justicia dictó los procesamientos.

La decisión del organismo está fundada en el artículo 14 del acto constitucional 13, que establece que la jubilación y pensión le será suspendida a quienes sean procesados con pena de penitenciaría. De todas formas, tendrán derecho a percibir sus haberes jubilatorios entre el 1º y 16 de noviembre y sus cónyugues o apoderados podrán reclamar una cuotaparte de la pensión.

La anulación de la Ley de Caducidad. En el marco de la campaña que lleva adelante el PIT-CNT junto con algunas organizaciones en defensa de los Derechos Humanos para anular esta ley, el martes será presentada en el Parlamento una Coordinadora Nacional que trabajará para lograr este objetivo.

Luis Puig, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la central obrera, explicó a Indice 810 que la idea es realizar una campaña a nivel nacional para dar más posibilidades a la Justicia para actuar. "En el país hubo avances notorios en materia de Derechos Humanos pero hay casos muy emblemáticos en esa materia que en la medida en que no sea anulada la ley, no podrán ser analizados en nuestro país. El caso de María Claudia García de Gelman y una enorme cantidad de casos de violaciones a los Derechos Humanos que los mismos organismos internacionales que controlan a nivel interamericano la vigencia y el cumplimiento de los convenios internacionales dicen que la Ley de Caducidad debe ser dejada sin efecto", afirmó Puig.