Entrevistas

Barbani: no hubo ninguna persecución política contra la familia Peirano

Para Alicia Barbani, querellante contra Juan Peirano, la persecución política es "una excusa". "800 millones de dólares que se robaron de Argentina, Paraguay y Uruguay no es una persecución política", afirmó. Dijo que el expediente enviado a Estados Unidos para pedir la extradición agrega nuevas pruebas de "la maniobra de esta familia para poder desviar dineros a sus intereses".

(Emitido a las 9.16)

EMILIANO COTELO:
Ayer se produjo un avance hacia la extradición a nuestro país de Juan Peirano Basso.

Juan Peirano acumula ya seis meses de arresto en Miami y ayer la Corte Federal de la Florida hizo lugar al pedido de extradición elevado por la justicia uruguaya.

De todos modos, de por medio estará la eventual apelación de su defensa, en un proceso que, según el doctor Víctor Della Valle, podría llevar entre seis meses y un año. Della Valle, que es uno de los demandantes, explicó también que en la decisión del juez jugaron un papel muy importante las "8.000 firmas del pueblo uruguayo que pedían la extradición".

En ese punto coincidió otra de las querellantes, Alicia Barbani, quien incluso destacó una de las firmas por sobre el resto.

(Audio)

"ALICIA BARBANI:
El hecho de haber llevado 8.000 firmas pesó muchísimo en la extradición y quiero destacar algo muy importante –porque ahora sí tengo permiso para decirlo–, que entre las 8.000 firmas se contaba con la firma de un ministro de Estado que se solidarizó con nuestro tema, que fue el ministro Rossi; él fue una de las personas que firmaron solicitando al gobierno de Estados Unidos la extradición de Juan Peirano".

Vamos a conversar con la escribana Alicia Barbani.

***

Escribana Barbani, primero que nada, ¿a qué ahorristas representa usted?

ALICIA BARBANI:
Yo soy damnificada del Banco Montevideo, y en consideración a que soy damnificada me defiendo a mí misma y a las 1.200 personas que están en la misma situación que yo.

EC - ¿Ahorrista del Banco Montevideo (BM) o del Trade & Commerce Bank (TCB)?

AB - Ahorristas del BM cuyos dineros fueron al TCB sin nuestro conocimiento ni nuestro consentimiento.

EC - Recordemos que Juan Peirano es requerido para investigarlo por las maniobras financieras que llevaron a la quiebra al Grupo Velox. Concretamente se pretende que responda ante la justicia uruguaya por los delitos de insolvencia societaria fraudulenta, malversación, apropiación indebida y estafa. ¿Son esos exactamente?

AB - Sí, estafa y la infracción del artículo 76 de la ley 2.230. Y tengo entendido que también está el tema de la asociación para delinquir.

EC - Efectivamente, tenía la impresión de que faltaba alguno.

AB - Sí.

EC - Se han agregado delitos, según lo que recién destacaba como algo anómalo el doctor Diego Camaño.

AB - No es que se hayan agregado delitos. Yo no soy abogada, pero después de tanto tiempo entiendo un poco de qué se trata. Se agregaron tantas pruebas y tanta documentación a la causa de los Peirano y a todo el fraude que perpetraron que eso da origen a que se les tipifiquen otros delitos.

EC - ¿Ustedes entienden que jugaron un papel importante en ese agregado de pruebas?

AB - Sí, por supuesto. Hemos ayudado muchísimo a las distintas autoridades de nuestro país, al Poder Judicial, al Poder Legislativo cuando se formó la comisión investigadora, proporcionándoles una cantidad de documentos que servían como prueba para demostrar la estafa que habían llevado a cabo dentro del BM. Hay una cantidad de peritajes que se agregaron a los distintos juicios civiles y en el juicio penal también, que son elementos probatorios muy importantes para esta causa.

EC - Cuando habla de peritajes, ¿puede mencionar algún ejemplo?

AB - Ha habido uno muy importante realizado por un perito a solicitud del juez Eguren y del fiscal Ubiría, que no sé por qué no se había agregado en su oportunidad al expediente correspondiente. Ahí se hace un análisis muy profundo, son más de 70 hojas. Pero en uno de los capítulos el perito dice que de un total de operaciones en el BM de 127 millones de dólares aproximadamente, 53 millones se habían ido sin consentimiento ni conocimiento de los ahorristas, y detalla la maniobra que se llevaba por parte de esta familia para poder desviar los dineros a sus intereses, porque no iba a ningún lugar que no fueran sus propias empresas.

EC - ¿Qué importancia le adjudican ustedes a este fallo de ayer del juez Bandstra en la Florida?

AB - Sobre todo es un triunfo de nuestra justicia. En el resumen que hace el tribunal dice que hay pruebas suficientes para determinar que opera la extradición, que los requisitos se han hecho de una forma debida y que se han satisfecho como requerimiento para que opere. Y además tiene que ser extraditado porque hay órdenes y consideraciones que ameritan que Juan Peirano deba comparecer ante la justicia uruguaya, conforme a la ley, para contestar sobre las cargas criminales que se le imputan, la insolvencia corporativa fraudulenta, la malversación, estafa, infracción.

EC - Esto no está resuelto ni mucho menos, la defensa tiene todavía dos instancias de apelación posibles e incluso una tercera ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

AB - Sí, pero tenemos toda la esperanza, los elementos están dados, la jueza Gatti hizo un excelente informe, así lo manifestó el fiscal Luis Pérez en Estados Unidos cuando nosotros comparecimos con el doctor Della Valle, e indudablemente hay un tratado entre Estados Unidos y la República Oriental del Uruguay, que está vigente desde 1973, y no veo por qué se tenga que dar una cosa distinta.

EC - Ustedes destacaron especialmente cómo habrían incidido en esta decisión de la Corte Federal de la Florida de ayer las 8.000 firmas que presentaron. ¿Cómo se entiende que un grupo de firmas, por mayor cantidad que incluya, termine incidiendo en la decisión de un juez en Estados Unidos?

AB - Aquí luchamos muchísimo para que Juan Peirano se presentara, por una cuestión de respeto hacia el pueblo uruguayo. Porque si él dice que no cometió ningún delito, ¿por qué está prófugo? ¿Por qué no vino al sepelio de su padre? Hay una cantidad de cosas. Tuvo todo el tiempo del mundo para arreglar los negocios de la familia y no devolver lo que le robaron a todo Uruguay, pero ese es otro tema.

Nosotros luchamos mucho, cuando tuvimos que ir a Estados Unidos con el doctor Della Valle también le solicitamos la solidaridad... creo que es un sentimiento, un clamor popular que este hombre se presente ante la justicia. Recogimos algunas firmas. No es que hayan incidido, lo que nos explicaba el fiscal es que en Estados Unidos se protegen mucho los derechos de los ciudadanos, se protege mucho lo que establece la Constitución, las normas internacionales, cuando hay convenios, etcétera. Entonces voy yo a Estados Unidos y explico toda la situación que se viene dando en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, 53 meses es mucho tiempo para poder recuperar los ahorros. El doctor Della Valle presentó pruebas importantes y yo comenté todo lo que había pasado en mi país, todos los problemas que hubo a raíz de esta estafa, todas las pérdidas humanas, y que muy humildemente presentaba 8.000 firmas que había tenido tiempo de recabar en nuestro país solicitando la extradición de Juan Peirano.

EC - ¿Ustedes tienen información que permita confirmar que esas firmas tuvieron incidencia?

AB - No es que hayan tenido incidencia, nosotros decimos que el fraude fue tan grande, que se había hecho por segunda vez en la historia de nuestro país y que indudablemente esta persona tenía que venir a la justicia uruguaya a responder. No sé si tuvieron incidencia o no, tienen que haberla tenido porque es un tema muy grande, perjudicó a un país...

EC - ¿Quiénes son los firmantes? ¿Son todos damnificados?

AB - No, no, tendría que haber tenido tiempo porque estoy segura de que no eran 8.000, seguro que si yo hubiera tenido más tiempo habrían sido 200.000, 300.000 firmas.

EC - Usted destacó especialmente que entre ellas estaba la firma del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

AB - Es verdad.

EC - ¿Por qué fue importante esa firma? Supongo que no firmó como ministro, firmó como ciudadano.

AB - Como ciudadano y como una de las personas que más trabajaron en todo nuestro tema. Él intervino en la comisión investigadora, que ahora está en la Junta Anticorrupción, que se va a expedir en los próximos días. Es una de las personas que quieren que se haga justicia respecto de nuestro tema, fue muy estudioso de todo este asunto, a él también se le proporcionaron muchos elementos y está solidarizado con nuestro tema, indudablemente, desde hace mucho tiempo. Nosotros le agradecemos muchísimo que lo haya hecho, creo que es un sentimiento que tiene hacia nosotros muy sano.

EC - Hay otra lectura posible de la importancia de esa firma. Se lo consulto teniendo en cuenta las denuncias reiteradas que han hecho abogados de los hermanos Peirano Basso en cuanto a que este es un caso político y no jurídico. ¿No se puede entender esa firma como parte de las presiones que los abogados denuncian?

AB - No, no, bajo ningún concepto. Ellos argumentan eso, es un argumento del que se valen como una excusa, pero no tiene nada que ver. No hubo ninguna persecución política, 800 millones de dólares que se robaron de Argentina, Paraguay y Uruguay no es una persecución política, por favor.

EC - Entre otras cosas ellos argumentan...

AB - ...que hay una persecución política.

EC - No sólo eso, sino que desde el gobierno hubo pronunciamientos a favor del mantenimiento en prisión. Y han estado cuestionando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA los plazos que vienen dándose en este caso, el hecho de que cuatro años y pico después del procesamiento aún sigan en la cárcel sin tener una sentencia. ¿Cómo analiza ese tipo de argumentos que llevan a los abogados defensores de los hermanos Peirano Basso a sostener que no están dándose las garantías del debido proceso, y les hacen temer que no se darían tampoco en el caso de que Juan Peirano viniera a Uruguay extraditado?

AB - Por favor, este es un país generoso en el que siempre se han dado todas las garantías correspondientes, la justicia ha sido un hito en la historia de Uruguay. Son argumentos de los que se valen desde el primer momento. Pero yo le pregunto a la familia Peirano dónde está el dinero que se llevaron de Uruguay, ellos siguen argumentando ese tema, que da mucho para hablar. Y además el doctor Della Valle siempre explicó que el 70% de la población carcelaria está en igual situación que los Peirano, sin haberse dictado sentencia. En este caso porque son los Peirano, yo respeto mucho más de pronto a las otras personas que no tienen el mismo poder adquisitivo para pagar abogados y presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a los propios Peirano.

EC - ¿Por qué cuando le consultaba por este tema de los plazos de prisión usted lanzaba la pregunta de dónde está el dinero que desapareció cuando la quiebra del Grupo Velox? ¿Por qué relacionaba una cosa con la otra?

AB - Porque la relaciono, la tengo que relacionar porque hubo un fraude muy grande en perjuicio no sólo de ahorristas sino en perjuicio de un país. Si están presos es porque cometieron un delito, nadie está preso porque sí.

EC - En este momento están procesados, no han sido condenados, no se ha probado la comisión de los delitos, hasta ahora hay semiplena prueba.

AB - Por supuesto, y tengo entendido que el fiscal ya ha hecho una acusación formal. No entiendo cuál es su pregunta.

EC - Parecía que usted estaba reclamando que apareciera el dinero, podía deducirse que si aparecía el dinero las cosas cambiaban.

AB - No, no pueden cambiar nunca, después de 54 meses esto no tiene ningún tipo de cambio. Si aparece Juan Peirano y la justicia tiene la habilidad para saber dónde fue a parar el dinero, será competencia de la justicia, no mía, yo no voy a tomarle declaración. Si está requerido tiene que presentarse y tratar de ver qué es lo que pasó con el BM y todo el dinero que faltó.

EC - Ayer en sus declaraciones cuando conoció este fallo de la Corte Federal de la Florida, usted le reclamó al gobierno un mayor apoyo del Estado para los ahorristas, argumentando que estos, ustedes, han hecho su aporte para avanzar en este camino en los últimos 52 meses y que ahora le toca al Estado poner lo suyo. ¿A qué aludía concretamente?

AB - No sé si usted sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 2 de noviembre de 2006 nos comunicó que de conformidad con el artículo 37 de su reglamento había sido admitida nuestra petición denunciando al Estado uruguayo por la violación del derecho de propiedad. En esa comunicación que nos hacen una de las cosas que nos solicita el secretario ejecutivo es que le diéramos una respuesta, que ofreciéramos a la mayor brevedad posible tratar de llegar a una solución amistosa, cosa que hicimos en forma inmediata.

EC - Solución amistosa para recuperación de los ahorros.

AB - Claro, llegar a una solución amistosa con el Estado uruguayo, porque la Comisión consideró que nosotros habíamos agotado todos los mecanismos internos establecidos por el Estado cuando acudimos a la comisión especial creada por el artículo 31 de la ley 17.613. Como hay un organismo internacional tratando de llegar a un buen fin, solicitan a los ahorristas, a los que demandamos y al Estado uruguayo tratar de llegar a una solución amistosa en todo este tema.

EC - ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra?

AB - Varias y muchas, es lo que estamos esperando, porque hemos demostrado de una forma muy exhaustiva que fuimos ahorristas del BM y tenemos que tener las mismas posibilidades que tuvieron 22 personas de las 1.470 que nos presentamos ante el Banco Central del Uruguay con los mismos documentos que teníamos nosotros, que se nos dé la calidad de ahorristas.

EC - Usted sigue refiriéndose al caso concreto de aquellos cuyos dineros fueron a parar al TCB de las Islas Caimán.

AB - Lo diferencio nuevamente, creo que quedó muy claro a lo largo de todos estos años, hubo dos clases de depositantes, los que fueron directamente al TCB y los que depositamos en el BM. Eso está muy claro desde un primer momento, lo hemos demostrado, hay pruebas más que suficientes para corroborarlo, así que esperamos ser contemplados en ese artículo 31 de una ley que ya nos amparaba desde diciembre de 2002.

EC - Es en torno a estos casos que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se solicita que exista un acuerdo entre el Estado y los ahorristas.

AB - Sí, en estos casos.

EC - ¿Cuál es la situación del conjunto de los ahorristas del Banco Montevideo-Caja Obrera?

AB - Les dieron calidad de ahorristas, se les pagó hasta 100.000 dólares y entraron en el fondo de recuperación.

EC - ¿Ustedes están solicitando ese mismo status?

AB - Exactamente, estamos solicitando ese mismo status.

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Edición: Mauricio Erramuspe