Uruguay está 33 en el ranking de países con mayor libertad económica
Un estudio elaborado por la Fundación Hermitage, junto al diario estadounidense The Wall Street, indica que Uruguay se ubica en el puesto numero 33 del ranking mundial de países con mayor libertad económica. En la región, ocupa el segundo lugar solamente superado por Chile.
Se consideraron para el ranking 161 países, publicó el semanario Búsqueda este jueves.
El estudio explicó que el país ofrece seguridad jurídica a los inversores extranjeros los que, además, no están gravados por el impuesto a la renta personal y pueden actuar con "pocas restricciones fuera de los sectores monopolizados por el Estado".
La puntuación número 33, equivalente a la suma global de 10 áreas analizadas, fue de 69,3%, donde el 100% indica la plena libertad económica. Ello hace que Uruguay entre en la calificación "moderadamente libre".
En el 2006, Uruguay ocupaba el puesto 40 del ranking pero, según sus autores, la mejora en la ubicación se debió a cambios metodológicos.
Sectores destacados
El análisis estadounidense indica que en materia de libertades fiscales es donde Uruguay presenta su mayor puntaje con un 91%. También destacó los altos niveles de libertad en inversiones debido a que los extranjeros que deciden traer capitales tienen pocas restricciones fuera de los sectores monopolizados por el Estado.
El documento indicó que se "podría hacer un poco más" en materia de libertad monetaria y del sistema financiero.
La inflación "ligeramente alta" y la relativa "inestabilidad en los precios" explican la mayor parte de la calificación en el área monetaria.
En tanto, se indica que la baja calificación en materia de libertad en el sector financiero uruguayo obedece a la "pesada influencia del gobierno", además de que presenta un "escaso" nivel de créditos bancarios de largo plazo.
La Fundación Hermitage mencionó como aspectos negativos, la existencia de controles en el precio de algunos productos básicos mediante la regulación y por la actividad de numerosas empresas de propiedad estatal en sectores como la energía, productos derivados del petróleo y las telecomunicaciones.