(Emitido a las 8.52)

EMILIANO COTELO:
Si les digo que Uruguay es el tercer país de toda América Latina con más personas presas con relación a su población, ¿me creen? Esto significa, por ejemplo, que estamos peor que países con tasas de criminalidad mucho más altas, como Brasil o Colombia.

Superpoblación: uno de los tantos problemas de nuestras cárceles. No es ninguna novedad y aunque el tema no ha estado en el tapete últimamente, eso no significa que la situación esté mejorando; más bien parece que ocurre lo contrario.

Les propongo ocuparnos hoy de la situación en las cárceles uruguayas, primero con el diagnóstico más reciente y después tratando de buscar soluciones posibles, conociendo cómo se ha venido manejando este tipo de problemas en otros países de América Latina.

Con ese fin, vamos a conversar con la doctora María Noel Rodríguez, abogada, asesora del Ministerio del Interior (MI) en Política Criminal y Temas Penitenciarios, y con Elías Carranza, criminólogo, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), con sede en Costa Rica.

***

Para empezar, doctora Rodríguez, ¿cómo hay que leer el dato que yo daba recién en la introducción: somos el tercer país de América Latina en la relación presos-población, tenemos concretamente 216 presos cada 100.000 habitantes?

MARÍA NOEL RODRÍGUEZ:
Ahora somos el cuarto, Brasil ha superado la tasa de prisionización de Uruguay, pero es un dato que nos preocupa, nos alarma. Toda lectura del sistema penitenciario nacional tiene que hacerse en clave de una situación regional.

Uruguay presenta una tasa extremadamente alta de prisionización, que no responde a la situación delictiva ni criminal del país. Básicamente las tasas de prisionización aumentan por dos o tres factores. En primer lugar por el crecimiento demográfico de los países, de las sociedades, que no es el caso nuestro porque Uruguay tiene una muy baja tasa de crecimiento demográfico. En segundo lugar, por el incremento de los índices delictivos, lo que puede ser una explicación pero no la única o no nos satisface del todo. Y, en tercer lugar, por un mayor uso de la pena de prisión y por el endurecimiento de las políticas criminales.

Si en Uruguay en 1988 teníamos 2.000 presos y a partir de ese momento el incremento empieza a ser muy preocupante, y el incremento mayor se da a partir de 1995, con la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana y las posteriores leyes de urgencia, esta tasa tan alta de reclusos, que hoy llega a un índice de 216 con una población de 7.200 reclusos, fundamentalmente responde al mayor uso de la pena privativa de libertad. Tenemos que leer la situación del sistema y la reforma carcelaria sin olvidar este dato.

Por supuesto que tenemos un déficit importante de plazas, lo estamos atendiendo, pretendemos entre este año y el próximo incrementar el número de plazas para tener una mayor paridad entre capacidad y población reclusa, pero también tenemos que buscar medidas dentro de la política criminal que nos permitan tener una tasa de prisionización adecuada a nuestra realidad criminal.

EC - Queda claro que tenemos dos problemas juntos, una alta tasa de prisionización, una alta tasa de presos por habitante, y además tenemos hacinamiento en las cárceles. Porque podríamos tener muchos presos pero albergados en cárceles cómodas, en las que estuvieran en buenas condiciones, entre otras cosas para su eventual reeducación. Pero tenemos las dos cosas, además de muchos presos, poco espacio en las cárceles.

Para seguir avanzando, me gustaría que nos dijera qué ha pasado con la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que fue una apuesta muy fuerte de este gobierno, que generó un debate muy duro, que recibió críticas de todo tipo, que muchos tildaron de ley de descongestionamiento del sistema carcelario. Esa ley dio salida anticipada a más de 800 presos. ¿Qué pasó a esta altura? ¿Esas salidas ya fueron compensadas por ingresos?

MNR - Le agradezco la pregunta, es nuestro interés informarle a la opinión pública cuál ha sido el desarrollo de esta ley, a la que apostamos y seguimos apostando, confiamos sobre todo en las instituciones permanentes de la misma. Como recordábamos al momento de la discusión de la ley, una parte de la misma consagraba una serie de medidas liberatorias en forma excepcional, se liberaron 800 personas, de las cuales reincidió aproximadamente un 23%, lo que es un porcentaje sensiblemente inferior a la tasa de reincidencia que tenemos en Uruguay, que ronda el 55%. Esas liberaciones se realizaron, llegamos a bajar la población reclusa a 6.100 personas.

EC - ¿Cuándo comenzó a producirse la liberación de presos?

MNR - Fundamentalmente a partir del mes de octubre de 2005, la ley se aprobó en setiembre, y en octubre y noviembre se produjo la mayor caída, porque las liberaciones se hicieron en forma paulatina y progresiva.

EC - Ya pasó un año y medio.

MNR - Exactamente. Llegamos al pico más bajo con 6.200 reclusos, y a partir de ese momento la población empezó a incrementarse nuevamente, hoy estamos en 7.000. Desde la oposición se nos ha dicho que para nada sirvió la ley si estamos otra vez en 7.000. Quiero recordarles que si no hubieran sido liberadas 800 personas, hoy tendríamos no 7.000 sino 8.000.

Pero la parte más importante de la ley no eran las liberaciones anticipadas sino el resto de las instituciones o institutos que creaba. En ese sentido, apostábamos muchísimo a la redención de la pena por trabajo y por estudio, redención que fue reglamentada el año pasado por el decreto 225 y que está en ejecución.

EC - Está en ejecución pero no ha producido resultados, por lo menos no resultados notorios.

MNR - ¿Cómo que no? Hay gente liberada por aplicación de la redención de la pena.

EC - ¿Qué dicen los números?

MNR - Al 31 de diciembre, 34 personas lograron la libertad por aplicación de la redención de la pena. Hoy en todas las cárceles del país están funcionando las Juntas Asesoras, que son los organismos que trabajan en la asignación de las plazas laborales y de estudio. Hay un número altísimo de personas redimiendo pena, tanto en establecimientos del interior como en establecimientos de la Dirección Nacional de Cárceles, con un apoyo enorme por parte de los organismos de enseñanza. Tenemos 43 maestros a nivel nacional, una cifra que nuestro sistema no conocía. Hay proyectos laborales en curso presentados por los propios reclusos, se apuesta también a la creación de cooperativas de trabajo y sociales. La redención es una realidad que hay que ir instrumentando e implementado paulatinamente.

Los arrestos domiciliarios son una realidad, estamos haciendo una recolección de información con relación al número de arrestos domiciliarios sea por razones de salud, de edad o en casos de mujeres embarazadas.

Esas normas están en funcionamiento, están operando, ese es el eje de humanización del sistema al que apostamos.

También están en funcionamiento las dos comisiones que creó la ley, una para la reforma del Código Penal presidida por el doctor Cairoli y otra para la reforma del Proceso Penal presidida por el doctor Presa, las dos se están reuniendo en forma sistemática en el MI, ya se han comunicado los avances. Este año esperamos contar con un anteproyecto para el Código Penal y un anteproyecto para el Proceso Penal, que son las medidas de fondo que tenemos que tomar, porque no hay reforma carcelaria posible si no se coordina con los otros segmentos del sistema penal.

EC - Volviendo al problema de la tasa de prisionización en Uruguay y del hacinamiento, evaluando el efecto de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario usted decía que la tasa de reincidencia de los presos liberados fue relativamente baja, de 23%, entonces no parece estar allí la clave principal de este nuevo empuje en la cantidad de presos. Ha empezado a funcionar el sistema de redención de la pena, algún efecto ha producido, ¿dónde está entonces la causa? ¿Por qué tenemos hoy 7.200 presos, el mismo número que había antes de la entrada en vigor de esta ley? ¿Cuáles son las razones principales?

MNR - A partir del análisis que estamos haciendo, entendemos que quizás se esté utilizando en forma extensiva o excesiva la pena privativa de libertad.

EC - ¿Qué quiere decir eso exactamente?

MNR - Tenemos una ley de penas alternativas quizás perfectible, también en eso estamos trabajando, y hay una serie de delitos y de situaciones que podrían ser manejados sin necesidad de aplicar la pena privativa de libertad como principal respuesta del Estado ante un hecho delictivo. En ese sentido apostamos a las penas alternativas.

EC - ¿Cómo incide el hecho de que en Uruguay el procesamiento implique casi automáticamente prisión? ¿Eso también cuenta?

MNR - Absolutamente, por eso apostamos a la reforma del Código del Proceso Penal, e insistimos en que cualquier reforma, cualquier mejoramiento del sistema carcelario, si no se coordina con todos los segmentos del sistema penal va decididamente hacia el fracaso, porque el MI no puede modificar o revertir esta situación y estos índices de prisionización. Podemos mejorar la infraestructura carcelaria para bajar los índices de hacinamiento, en este período de gobierno se amplió en 1.000 plazas la capacidad del sistema penitenciario, pero por otra parte debemos articular con los otros segmentos del sistema penal para tener tasas más razonables en nuestra realidad.

EC - ¿En qué establecimientos se están dando los principales problemas de hacinamiento?

MNR - En el interior del país fundamentalmente en Rivera y en Maldonado. En Rivera tenemos previsto (ya hay conformada una comisión departamental de apoyo a la nueva cárcel departamental) sacar la cárcel del centro de la ciudad, que está a la par de la Jefatura en la principal manzana de la capital, y ubicarla en un predio suburbano para solucionar la situación de la que hoy es la cárcel más hacinada del país.

En segundo lugar en Maldonado, que ha tenido un crecimiento muy elevado de la población reclusa, se va a crear un nuevo módulo que permita descongestionar y con un poco más de seguridad porque Maldonado tiene una situación delictiva y un perfil delictivo bastante complejos.

Y, por supuesto, el establecimiento de Santiago Vázquez (Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, Compen), que tiene capacidad para 1.450 personas y hoy supera las 3.000. Estamos viendo la posibilidad no sólo de refaccionar los módulos que tenemos sino también de crear nuevos, como estaba previsto en el proyecto original de 1985.

EC - ¿Cómo incide en esa situación, en el caso del Compen, el problema de la pasta base? Según lo que he leído, es un factor que pesa de manera fuerte, hay una población de entre 18 y 20 años muy numerosa que termina allí debido a su adicción a la droga.

MNR - Absolutamente. Este es uno de los puntos que hay que trabajar no sólo con la respuesta punitiva y de privación de libertad, porque más que delincuentes son muchachos adictos que debido a su adicción cometen su primer delito. Tenemos un grupo muy importante de jóvenes de 18 años, primarios, de familias trabajadoras, que por la adicción han cometido su primer delito. Estamos trabajando con la Junta Nacional de Drogas (JND) buscando alternativas en conjunto porque, evidentemente, la situación y el tratamiento de personas adictas exceden absolutamente lo que el MI puede hacer, porque fundamentalmente tiene una función de seguridad y de rehabilitación. Por eso la necesidad de articular con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y con la JND.

***

EC - Incorporamos a la entrevista al criminólogo Elías Carranza, que está de visita en nuestro país.

***

Doctor Carranza, ¿qué análisis hace usted de estos datos que manejaba recién la doctora Rodríguez respecto del sistema carcelario uruguayo?

ELÍAS CARRANZA:
Que corresponden perfectamente a la realidad de la región, desde México hasta Argentina y Chile, incluyendo a los países del Caribe de habla inglesa, hay un gran crecimiento de las poblaciones penitenciarias, con gran hacinamiento. El único país que no tiene hacinamiento en este momento es Costa Rica y hasta hace poco tampoco tenía Dominica, pero ambos están con las poblaciones al 100%.

EC - ¿Hay una tendencia general en cuanto a las razones o cada país tiene las suyas y Uruguay es un caso especial?

ECa - Ambas cosas, no podría ser casualidad que en todos los países las poblaciones se hayan vuelto más asesinas, ladronas, delincuentes, corruptas. Hay razones estructurales. Y también hay el folclore, las particularidades de cada país.

Entre las razones estructurales está la inequidad de la distribución del ingreso. Hay trabajos publicados por nuestro Instituto y también por el Banco Mundial (BM) que muestran cómo la inequidad de la distribución del ingreso tiene una correlación directa con el aumento del delito. Y es sabido, porque ha sido muy publicado por Cepal y difundido, que la distribución del ingreso en América Latina es incluso más inequitativa que la del África subsahariana, y desde 1980 para acá prácticamente todos los países, entre ellos Uruguay, abrieron la brecha de la distribución del ingreso. Argentina y Costa Rica están entre los que más ampliaron la inequidad.

EC - ¿Cuáles son sus comentarios a propósito de las otras causas que mencionaba recién la doctora María Noel Rodríguez para el caso uruguayo?

ECa - Podemos hablar del delito y de la gente presa.

EC - Tenemos 216 presos cada 100.000 habitantes, estamos entre el tercero y el cuarto lugar en América Latina. O sea, muy mal "rankeados", somos de los que tenemos una peor tasa de prisionización. ¿Entonces?

ECa - La cosa tiene dos lecturas. Estamos mal rankeados en el caso de Uruguay; otra interpretación sería que está muy bien rankeado, porque si hay delitos y hay muchísimos presos, la justicia está funcionando. Pero esta última interpretación pone en duda que sólo se pueda resolver con justicia penal. Por eso tiene que haber justicia penal eficaz, eficiente, transparente, pareja y sobre todo severa para los casos de criminalidad trasnacional organizada, de corrupción y de violencia, y muchas alternativas para los otros delitos.

EC - Muchas alternativas de penas para los otros delitos. Por ejemplo, ¿cuáles?

ECa - Los delitos que no impliquen violencia contra las personas, uso de armas y grave daño social, como muchos delitos de criminalidad económica, que aunque no tienen una violencia sobre las personas generan un gravísimo daño. Eso es a considerar por cada sociedad.

EC - ¿Qué otro tipo de penas se podría implementar para esos delitos?

ECa - Trabajo en la comunidad, prisión de fin de semana, multas, restitución a la víctima; soluciones alternativas no sólo a la pena sino a la justicia penal, conciliación con el ofensor; y en algunos casos directamente desestimación por parte del Ministerio Público, lo que se llama principio de oportunidad, en una situación en que hay delitos de mayor importancia tal vez uno pueda desechar algunos casos menores.

Con lo de las razones estructurales quiero enfatizar que además de esa justicia penal tiene que haber justicia social, lineamientos que reduzcan la brecha entre los países, ya que la distancia entre los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos más que se duplicó en los últimos 40 años, según la información del BM, y reducir la distancia en el ingreso al interior de nuestros países, que según Cepal, ha venido en la línea contraria, agravándose.

***

EC - Empezábamos a hablar de alternativas, de instrumentos que se utilizan en otros países del mundo, en particular en América Latina, para combatir estas altas tasas de prisionización. Usted mencionaba las penas alternativas y hablaba de la necesidad de medidas de fondo que apuntaran a una mejor distribución del ingreso. ¿Qué más? ¿Qué dice la experiencia latinoamericana?

ECa - Dice que no sólo hay muchos presos. Por lo pronto cabe notar que en los últimos 15 años los países han duplicado sus tasas de presos, muchísimo más los números absolutos, pero donde antes se encerraba a 90 personas por 100.000 hoy se encierra a 180. Y varios incluso la han triplicado, con lo cual han multiplicado el número de presos, que están a la espera de sentencia, es gente que está por las dudas, que es lo que supone la prisión preventiva.

En el caso de Uruguay el país mejoró un poco la situación, Uruguay tenía más presos sin condena hace unos años, pero aún hoy es bastante alta la cifra, alrededor de 63% de presos a la espera de sentencia. El país que tiene el porcentaje más bajo de presos sin condena en la región es Costa Rica, que tiene alrededor del 20%. Es lógico que al haber habido un crecimiento tan grande de las poblaciones penitenciarias en general en los países de la región haya mucha gente presa desde hace poco tiempo y en la medida que va entrando es gente sin sentencia. Con lo cual la gente que está por las dudas (muchos van a salir absueltos o sobreseídos) es mucha, y eso es un grave problema.

EC - Doctora María Noel Rodríguez, ¿cómo se está trabajando en Uruguay en estas dos cuestiones que veníamos comentando con el doctor Carranza? ¿Cómo se está trabajando en el terreno de las penas alternativas y cómo se está trabajando en la alta tasa de presos a la espera de una condena, en prisión preventiva?

MNR - Con relación a las penas alternativas, que sigue siendo una fuerte apuesta para redimensionar nuestra población reclusa, tenemos un proyecto de ley que estamos trabajando a la interna del MI tomando como base la actual ley de penas sustitutivas.

EC - Una ley de diciembre de 2003, la 17.726.

MNR - Exactamente, esa ley necesitaría algunos ajustes a los efectos de que no sea tan complejo para un magistrado aplicar la pena alternativa. Estamos trabajando con la misma dinámica que trabajamos para la Ley de Humanización, estamos consultando a los defensores, a los jueces, a los propios organismos del MI, al Patronato, que sería un elemento fundamental por el seguimiento que realizaría en las penas alternativas. La intención es presentar el proyecto de ley al Parlamento para que sea considerado.

Por otra parte Uruguay tiene la vergüenza de ser el único país de América Latina que todavía no ha podido reformar su proceso penal, seguimos teniendo un proceso inquisitivo, con falta de garantías, absolutamente obsoleto para los tiempos que corren. Por eso apostamos a que la comisión presidida por el profesor Presa e integrada por todos los operadores del sistema presente un anteproyecto que sea aprobado (no como ha pasado con proyectos anteriores), de ese modo tener un proceso que permita evitar lo que decía el doctor Carranza, tener gente por las dudas, y así disminuir el número de presos sin condena, que es uno de los temas que generan mayor ansiedad en la población reclusa.

Aprovecho para pasar un avisito: estamos trabajando en el COMPEN con una mesa de reclusos, todos los módulos han elegido en forma secreta, reservada, sus delegados, se formó una mesa que integran representantes de varios ministerios y de varios organismos públicos a los efectos de abordar la problemática en un ejercicio de ciudadanía por parte de las personas privadas de libertad. Obviamente, uno de los temas que más preocupan a la población reclusa es el que hace a su causa, a la incertidumbre, a la lentitud, a qué pasa con su libertad anticipada, a la necesidad de estar informados. Apostamos a que esta comisión pueda lograr un anteproyecto que sea finalmente aprobado.

EC - Hemos estado hablando de la alta tasa de prisionización, de la mala ubicación de nuestro país en el ranking latinoamericano en cuanto a la cantidad de presos por habitante, pero también destacamos que en el caso uruguayo el problema es doble, porque además no tenemos suficientes plazas en las cárceles para albergar a esa cantidad de reclusos, con lo que los problemas se potencian porque es muy difícil pensar en la reconversión del preso, en la educación, en la transformación para mejor. Al revés, lo más probable es que salga peor de lo que entró.

Por supuesto que lo primero que se necesita para enfrentar esta otra parte del problema, el hacinamiento, es plata, pero ¿de qué manera otros países han encontrado soluciones? ¿Cómo se trabaja en otros países este problema del hacinamiento?

ECa - Ningún país de la región se salva de construir al menos un poco. En el caso de Uruguay hay una densidad penitenciaria de 147%, lo que significa que donde debe haber 100 hay 147. Por lo tanto habría que encontrar una ubicación adecuada para la tercera parte de la población, lo que no es poco.

Ahora bien, tampoco hay que construir y encerrar en demasía. Ambas cosas debe hacer Uruguay, por un lado construir porque los que están dentro tienen derecho a estar como seres humanos y no hacinados, y por otro lado no continuar creciendo la tasa de encierro, con lo cual hay que aplicar las alternativas, hay que reformar el Código del Procedimiento. Hay que hacer ambas cosas, porque da para pensar si los uruguayos se habrán vuelto tanto más criminales que hace diez años.

EC - Pero para enfrentar la situación actual y la que se prevé en lo inmediato en cuanto a hacinamiento se necesitan fondos, se necesitan recursos, en general los países de la región no son ricos y tienen que elegir dónde poner el dinero del Estado. Acá cuesta mucho convencer a la población de que hay que poner más dinero para construir más cárceles y a su vez después invertir para que los servicios carcelarios sean mejores. ¿Cómo se resuelve este dilema? ¿Alguien ha encontrado una solución?

ECa - Tenemos el ejemplo de un país de medianos ingresos de la región, el que tiene el ingreso mejor repartido, que es Costa Rica, que lo ha resuelto. Se puede hacer, hay que distribuir adecuadamente en la sociedad los recursos. Y tenemos también el ejemplo de otro país, uno de los dos países de más bajos ingresos de América Latina, que es Nicaragua, que también tiene un sistema penitenciario con poco hacinamiento, sin ninguna violencia al interior, sin armas, con suficiente personal, porque también tiene que haber una relación numérica adecuada de funcionarios.

EC - Claro, no es solamente construir cárceles, además hay que dotarlas de personal y de servicios. ¿Cuál ha sido el secreto en esos ejemplos que usted menciona? ¿Cómo se ha podido llevar adelante eso?

ECa - En el caso de Costa Rica viene así desde hace 30 años aproximadamente, cuando se hizo una gran reforma penitenciaria, y en el caso de Nicaragua viene desde hace 25 años, de la época del gobierno sandinista. Los criminólogos serios norteamericanos y por supuesto los europeos y de América del Norte se sorprenden cuando ven un sistema que funciona de la manera que le digo. Tiene mucha transparencia, eso es importante para reducir la violencia al interior de los penales.

EC - ¿Qué quiere decir transparencia?

ECa - Que se sepa lo que pasa dentro, que la gente pueda entrar. No que se escapen los que no se deben escapar, pero por su naturaleza las cárceles son instituciones cerradas en las que no se sabe lo que pasa.

EC - Doctora Rodríguez, ¿cómo se está encarando en Uruguay este problema de los recursos necesarios para hacer crecer y mejorar la calidad del sistema penitenciario?

MNR - Esta administración ha hecho un gran esfuerzo en la ley presupuestal y en la última Rendición de Cuentas, aumentando los rubros para inversión, para gastos de funcionamiento y creando casi 500 vacantes para el sistema penitenciario. Para los que estamos desde hace tiempo vinculados al sistema es algo histórico, no recordamos que haya habido un incremento de personal tan grande.

EC - ¿De qué porcentaje fue el incremento?

MNR - No le podría dar el porcentaje, pero es un incremento muy importante para el sistema carcelario, de casi 500 cargos entre ejecutivos, técnicos y administrativos, lo que va a permitir mejorar la relación entre funcionarios y personas privadas de libertad. Y un incremento de inversiones que nos va a permitir este año terminar las obras del Penal de Libertad (el celdario está siendo refaccionado, lo que va a implicar 800 nuevas plazas), terminar la cárcel de San José en la localidad de Soler son 100 nuevas plazas, mejorar y ampliar la enfermería del Compen a los efectos de dar mayores soluciones a la problemática sanitaria, comenzar a trabajar en la nueva cárcel de Rivera, sacándola del centro de la ciudad, y seguir apostando a las granjas-chacras que se están desarrollando en el interior del país para descongestionar algunos establecimientos en los que no hay tanto hacinamiento pero que igual necesitan un afloje en su población reclusa.
 
EC - Las granjas-chacras entre otras cosas permiten que los reclusos trabajen.

MNR - Absolutamente. La experiencia ha sido más que exitosa, el nivel de fugas es prácticamente nulo y los resultados son excelentes.

EC - ¿Qué pasa con la idea de cárceles privadas que se ha probado en algunos países latinoamericanos?

MNR - Suscribo lo que decía recién la doctora Rodríguez. Conozco al director de prisiones, Julián Rodríguez, al comisionado de derechos Humanos, doctor Decio, a la doctora Rodríguez, en general a la gente que está en la cabeza del sistema, y creo que está haciendo las cosas bien. No se van a poder hacer en seis meses pero están haciendo las cosas bien, tanto en cuanto a personal (se han asignado 500 nuevas plazas que hay que cubrir) como en materia de refacciones.

Hoy vamos a tratar el tema cárceles privadas en dos sesiones especiales del taller. Tenemos el total convencimiento, a partir de la información que tenemos (que es de primera mano de todos los países del mundo, porque estamos trabajando en esto con un centro de la Universidad de Greenwich en Inglaterra, que tiene la mejor información), de que en nuestra región las cárceles privadas son un gravísimo error.

EC - Chile ha avanzado en esa materia.

ECa - Ha avanzado en lo que ellos llaman semiprivatización o partenariado, el Estado se hace cargo de una parte de la cosa y las empresas privadas de otra parte. Es un experimento que acaba de comenzar, todavía no puede ser evaluado, se iban a construir diez prisiones, están muy atrasados y hay tres que empezaron a funcionar hace menos de un año. Han invertido grandes recursos en eso, pero por una serie de razones que tendríamos que explicar la situación se va a agravar en general en los países de la región si instauran cárceles privadas.

EC - ¿Cómo se analiza ese ejemplo aquí en Uruguay?

MNR - Partimos de la premisa de que la ejecución de la pena privativa de libertad es competencia exclusiva del Estado, por eso lo que se entiende por privatización carcelaria es un concepto y una práctica que no compartimos. Sí nos pareció importante por las dificultades presupuestales, por lo que implica distribuir y priorizar determinadas áreas dentro del presupuesto...

EC - La privatización de una cárcel permitiría que la inversión, por lo menos la inicial, corriera por cuenta de la empresa que se hiciera cargo de ese establecimiento.

MNR - Pero también la ejecución, la seguridad, la rehabilitación, y entendemos que el Estado no puede delegar una competencia tan importante y tan esencial en manos de privados. Sí nos parece importante analizar modalidades como la concesión de obra pública, como el leasing, tercerizar en manos de privados la construcción y eventualmente el mantenimiento edilicio, que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema. Lo que hace a los programas de rehabilitación, a la seguridad, eso va a seguir siendo competencia del Estado, va a seguir siendo una función exclusivamente pública, pero en lo que hace a la construcción y mantenimiento estamos abiertos a analizar el tema.

EC - ¿Algún ejemplo concreto de alguna de las obras que están pendientes que pueda llevarse adelante por estos mecanismos?

MNR - Eventualmente finalizar el proyecto original del Compen creando los módulos que nunca se terminaron de construir, esa podría ser una alternativa. En cuanto a la situación de Chile, por invitación de algunos legisladores de la oposición que nos han planteado el tema, estamos firmando en pocos días un convenio entre nuestro MI y el Ministerio de Justicia chileno para analizar la experiencia chilena, para ver los pros y las contras, para ver si este tipo de modalidad encaja en nuestro derecho nacional o si es necesario hacer algún ajuste de la legislación vigente.

--------------
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Guzman Gordillo