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El abuso sexual de niños y adolescentes en la frontera

La explotación sexual de niños y adolescentes es un problema grave y, aunque parezca obvio, hay una naturalización social del problema que impide abordarlo con gran intensidad. Al menos esa es una de las principales constataciones de un estudio realizado por el Instituto de la Niñez y la Adolescencia en tres ciudades fronterizas. Este informe de Santiago Díaz aborda la primera etapa del estudio e indagará el abordaje que planea darle el INAU a esta problemática que golpea y aún más fuerte en la frontera.

La primera etapa de la investigación se trata de algo que se viene llevando adelante en el marco del Mercosur, aunque esta primera etapa es binacional e involucra a tres ciudades gemelas en la frontera entre Brasil y Uruguay.  Es un diagnóstico rápido y participativo en las ciudades de Rivera - Livramento, Bella Unión – Bartra de Cuaraí y Chuy - Chuy.

"Es un diagnóstico que se realiza a partir de 10 ó 12 entrevistas a operadores locales. Es rápido porque se pueden hacer las entrevistas en dos o tres días y es participativo porque tiene en cuenta la opinión de los operadores locales. Claro, no tiene el grado de confiabilidad de una investigación más científica. Lo que tenemos es la sensación térmica de los operadores locales respecto al tema de pornografía, explotación sexual y tráfico. Nosotros llevamos adelante en estas tres ciudades el diagnóstico rápido participativo, que trata de ubicar esa sensación térmica en el mapa de la ciudad. Saber dónde están los servicios sociales de infancia, los de salud, educación las ONG, los organismos del Estado. Dónde están los bolsones de pobreza,  los prostíbulos, dónde están los lugares donde podría generarse mayor facilidad para este problema", explicó el psicólogo Luis Albernaz, coordinador del plan estratégico y asesor del directorio del INAU.

Actualmente hay tres informes, sus respectivos mapas y cierta idea de esta problemática esas ciudades de la frontera. Pero la iniciativa "niña- niño sur" siguió avanzando en una reunión que se realizó hace pocos días en Asunción entre los cuatro países del Mercosur, en la que el BID expresó que apoyaría la financiación del proyecto.

A fines de mayo se va a conocer oficialmente la postura del BID, que pretende que participen en el proyecto global los de Unicef de los diferentes países.

De hecho, el INAU ya hizo un contacto con Unicef de Uruguay, que expresó su deseo de participar en este emprendimiento. También el BID planteó la idea de integrar al proyecto a universidades de los distintos países, lo cual fue muy bien visto por Uruguay, ya que entiende que esta es la mejor manera de darle la "pata científica" que precisa.

Todo está encaminado para que a partir de ese diagnóstico rápido y participativo se pueda generar un estudio más amplio, con mayor rigor científico y con más indicadores confiables.

Todo esto va a dar más y mejores elementos como para trabajar en torno a esta problemática y plasmar un marco común a los cuatro países del Mercosur. Cabe aclarar que Uruguay pretende que se incluya en el estudio a Río Branco, otro ciudad fronteriza con Brasil.

Pero, Alberenaz indicó las principales líneas de acción que, a su juicio, deben tomarse en lo sucesivo para combatir la explotación sexual en la frontera: "Campañas que pongan el tema sobre el tapete. Capacitación del personal, que muchas veces no dispone de las herramientas necesarias. Una vez ubicada la situación, saber también cómo trabajar con los niños, con la comunidad. Y trabajar en coordinación binacional, lo que en estas ciudades es fundamental. No se trata de que el problema pase al otro lado de la frontera, sino de trabajar en ambos lados de forma coordinada".

Albernaz hablaba de poner en el tapete el tema, porque no es un asunto que sea prioridad para la sociedad. Se trata de algo que no se visualiza como un problema y entonces cuesta mucho que se tomen los caminos adecuados para solucionarlo.

En tanto, Estela Goldaracena, quien participó a través del INAC de esta investigación en la ciudad de Rivera, está de acuerdo en que el tema está bastante tapado, aunque cree que últimamente se está tratando de elaborar estrategias públicas para atacarlo: "Y de apoco se está avanzando. Pero te diría que para la masa de la población es un tema que está bastante tapado, salvo para la gente que lo esta viviendo, que tampoco tiene el conocimiento de que la explotación sexual infantil es un delito. Creo que hay empezar por eso y saber que las víctimas no tienen culpa de lo que viven y tienen derecho a exigir sus derechos justamente."

Esta naturalización del problema es una de las principales constataciones que arrojó este diagnóstico, según Albernaz: "Cuando nosotros relevamos los niveles de denuncia de explotación sexual de niños o adolescentes, no encontramos datos. Los organismos que trabajamos con infancia y adolescencia no recibimos denuncias. Es como que la sociedad a `invisibilizado´ este problema, se ha naturalizado, como pasa a veces con el tema del maltrato, se naturaliza una situación y no se la vive como algo que es un problema. Creemos también que existen en los organismos del Estado algunas dificultades para tener operadores que estén atentos a visualizar este problema".

Esto último es muy importante tenerlo en cuenta. De las ciudades de frontera que estamos aludiendo, sólo en Rivera hay una presencia fuerte del INAU, en el resto su presencia es muy colateral, según comentaba Albernaz. Quien, a su vez, ponía el ejemplo de lo que sucedió recientemente en Colonia, donde un episodio de este tipo se prolongó durante 12 años y pasó casi desapercibido: "A nadie le llamaba la atención lo que estaba pasando a la vuelta de la casa, en un pueblo chico en donde todo el mundo se conoce. Y creemos que esto pasa en otros lugares del país. Por naturalización, por dificultades de los organismos, del Estado en visualizar este tipo de situaciones. Eso hace que este fenómeno no sea tan visible".

Para poder captar este tipo de prácticas que parecen escondidas, el directorio INAU piensa abrir en cada una de estas ciudades centros para trabajar con la comunidad y ser la referencia en cuanto a la garantía de derechos. Además, piensa en mejorar la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para detectar e intervenir en forma más eficaz. Al mismo tiempo, se busca fortalecer las redes de infancia locales y de frontera, algo en lo que ya se viene trabajando pero se pretende profundizar. También se considera clave capacitar al personal, ya no sólo para detectar el problema, sino además para manejar las mejores herramientas para atacarlo.

Goldaracena contó sobre el miedo a hacer la denuncia, sobre las fallas a la hora de proteger al denunciante y la falta de preparación para manejar correctamente este tipo de situaciones: "Hay temor y más cuando son ciudades tan pequeñas en donde todos nos conocemos. Pasa porque no se ha logrado instrumentos eficaces de protección a la víctima y a los testigos. Los operadores de la primera línea, por ejemplo la Policía, sistema judicial, la educación... A veces no tienen ajustada, por desconocimiento, la manera de trabajar este tipo de situaciones".

Sergio Pereyra contó un caso que también puede ayudar a explicar las razones de por qué las denuncias son muy pocas: "En Artigas esta semana hubo una situación en la que se hizo una operativa que permitió detener a una serie de personas e intervenir para que una chica de 16 años continuara prostituyéndose. Pero, bueno, tenemos la negativa de esta chica a denunciar. Porque existe el miedo a la amenaza de su familia y de no recaudar más dinero a partir de esa denuncia. Uno intenta por todos los medios convencerla, pero no se puede".

Otras de las medidas fundamentales en estas ciudades de frontera es trabajar en formas conjunta con el país vecino.

La psicóloga Margarita Molina, quien participó de este trabajo en Chuy, nos habló de cómo es la relación con el otro lado de la frontera: "En el caso concreto de la frontera Chuy-Chuy la receptividad ha sido muy buena. Nosotros ya veníamos trabajando, tenemos una red intersintitucional, contra la violencia doméstica y el maltrato, que la integramos los dos países. Y estamos trabajando muy bien conjuntos. Y en la frontera es muy difícil trabajar con las leyes de un lado que son distintos, lo jurídico difiere y si no fuera por esta red no podríamos abordar tantos casos".

Otras conclusiones del estudio son fundamentalmente cualitativas, aunque se hicieron algunas proyecciones cuantitativas de algunos factores. Por ejemplo, cuál es la edad de la víctima en que se empieza a notar el proceso de explotación sexual. En Rivera, ese rango de edad va entre los 10 y 17 años, en Bella Unión entre los 8 y 9 años. En tanto que en el Chuy esa franja va entre los 12 y 13 años.

Por otro lado, algunos lugares de la ciudad son más susceptibles  a este tipo de prácticas, pero también pasa lo mismo con ciertos momentos, en los que hay que estar especialmente atento: "En algunos casos los operadores han asociado un repunte de la explotación sexual a momentos de zafra. Hay una etapa de la zafra de la forestación, en que llegan trabajadores y ese momentos es especialmente complicados. Son trabajadores que llegan de otros lados, que no son del lugar, que vienen por un tiempo acotado y que perfectamente pueden satisfacer sus necesidades sexuales con niños o adolescentes de la zona. No estoy diciendo que esto se da siempre, simplemente digo que tenemos que tener líneas de acción para prevenir estas situaciones", contó Pereyra.

Otro dato relacionado sobre cómo se está viviendo la situación actualmente en la frontera, según Pereyra: "En este momento es más redituable el trabajo de prostitución del lado Uruguay y entonces nos han comentado que vienen muchachas del lado brasileño a prostituírse del lado de Bella Unión. Y también que había prostitución en la carretera, chicos y chicas ofreciéndose, en algunas zonas poco visibles, a cualquier persona".

Otra de las cosas que han constatado también es el cyber café como un factor de riesgo para los niños y adolescentes. Además de ser un gran centro de reunión para esta franja etárea, también se puede convertir en un lugar bastante claro para que los explotadores sexuales contacten a sus víctimas, para la pornografía infantil, pero también para otro tipo de prácticas. Es importante que tanto el niño como el adulto conozcan esta situación para tomar las precauciones del caso y por eso se prevé que las campañas también estén enfocadas a este ámbito.

A esta altura cabe preguntarse si estamos hablando de redes organizadas que se dedican a la explotación sexual o la explotación surge de otro lado. No obstante debemos tener presente que esto es un primer diagnóstico, así que no se puede ser categórico. Está claro que hay redes que se dedican a esto y que las ciudades en cuestión no se salvan, pero tampoco siempre que hay explotación sexual es por esta vía.

El psicólogo Sergio Pereyra, quien fue parte de esta investigación en Bella Unión, contó: "No responden a mafias organizadas, sino que la mayor cantidad de situaciones tienen que ver con apoyos de los adultos responsables. Esta es una situación que nos preocupa mucho, porque eso implica mayores dificultades de intervenir y cortar determinadas situaciones".

Goldaracena también participó en esta investigación, pero en Rivera, y nos contó que habría casos en ciudades como Vichadero o Tranqueras en las que padres prostituyen a sus hijos en su propia casa. Pero son casos que, si bien fueron señalados por algunos operadores locales, no se han podido confirmar y entonces es como que todo sigue quedando muy oculto.

Para Albernaz cuando se da una situación de este tipo, es importante investigar qué participación tuvo el entorno adulto del niño o adolescente: "Qué papel jugó la familia, quién fue el adulto que llevó al menor a esta situación, cómo se sostiene esa situación sin que nadie se dé cuenta o lo denuncie. Y en ese sentido existe el no te metás, el no voy a denunciar porque igual no van a hacer nada o no lo voy a denunciar por que tal vez están metidos en los organismos que deberíamos proteger o garantizar derechos".

La diversidad en cuanto al ingreso del menor en estas situaciones es muy amplia, tan amplia como la diversidad de tipo de intervenciones que deberían aplicar las instituciones encargadas de tales fines.

Según Pereyra no sólo hay una responsabilidad del entorno adulto del niño que legitima este tipo de situaciones, sino también a aquellos adultos que hacen que estas prácticas sean económicamente redituables: "De los potenciales clientes de esas adolescentes o niñas. Me parece que tenemos que darle la responsabilidad a los adultos que asumen este asunto. El uso de la  pornografía infantil a través de internet, contribuye con ella. A veces se hacen algunas fiestas privadas en algún campo, de algunos productores, en la que concurren adolescentes que son explotadas sexualmente. Ahí está la responsabilidad de esos adultos que son clientes de estos menores de edad".

Este no es un fenómeno sólo de la frontera, sino que es algo que se da en todos lados, aunque es cierto que algunas características de la frontera lo potencian.

Edgar Marzarini, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia, explicó que la frontera es un lugar propicio, pero también lo son las ciudades puerto, por ejemplo.

Marzarini mencionó Nueva Palmira y también habló de lo que se puede generar con la zona de Botnia, es decir, todas zonas en donde hay un flujo cargado de personas, trabajo y transporte.
 
Este comité, más allá de la investigación, está preparando un plan de acción nacional. La idea es presentarlo en junio o julio, o sea que además de este trabajo en la frontera, se está haciendo otro con alcance nacional, ya que no es un tema que se pueda localizar sólo en esas tres ciudades gemelas en las que basamos el informe.