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¿Estado civil?¡Concubino!

En 1907 el estado civil de los uruguayos admitía una nueva posibilidad: los divorciados. Exactamente un siglo después, el Parlamento uruguayo está cerca de aprobar –ya tiene los votos- la unión concubinaria. Este nuevo estadio, criticado por algunos sectores, así como ocurrió entonces con el divorcio, incluye la posibilidad de institucionalizar las parejas homosexuales. Para muchos, es darle la cobertura legal a miles de parejas que hoy son pasibles de quedar desprotegidas. Para otros, significa un ataque a la institución familiar. Lo cierto es que aún quedan puntos por resolver. Informe de Leonel García

Lo que entendemos por familia –la base de la sociedad, según el artículo 40 de nuestra Constitución- ha sufrido un cambio en las últimas décadas. No es un fenómeno excluyente de Uruguay. Cuando uno piensa en familia, es hasta natural que lo primero que asocie sea un matrimonio. Pero ya es imposible obviar a los hogares monoparentales  y a las parejas de hecho. Y cuando se dice parejas, no hay que limitarse a un hombre y a una mujer.

Sobre este último caso, en el Parlamento se está estudiando –desde hace tiempo, pero ya estaría en su último tramo- un proyecto de ley sobre uniones concubinarias. A grosso modo, de aprobarse las parejas que ya viven juntas sin casarse, ya tendrían un marco legal que les cobije en materia de derechos y obligaciones, atienda los reclamos sucesorios, de seguridad social, y de cobijo a los hijos. Este proyecto incluye en ese marco legal a las parejas homosexuales. Sería casi como un matrimonio y esto ha provocado una dura polémica.

Un estudio de la demógrafa Wanda Cabella dice que en Uruguay, el 30% de las parejas que conviven y van de 14 a 49 años (se toma en cuenta la edad de la mujer) para 2004 eran uniones consensuales. En 1987, era el 10%. O sea, se triplicó. En ese mismo período de tiempo, la tasa de nupcialidad bajó de 10.2 por mil a 5.5 por mil.

Ese mismo estudio de Cabella indicaba que el porcentaje de uniones consensuales aumentaba mientras más joven era la pareja. Entre 20 y 24 años (recordemos, edad de la mujer) hablamos del 64,1%. En la siguiente franja etaria, entre 25 y 29, seguía siendo más de la mitad, 51,5%. En definitiva,  hablamos de una población importante. Ese porcentaje también creció en personas de alto nivel educativo. El no querer institucionalizar una relación, el creciente número de divorcios y factores económicos llevaron a esta situación.

Una de las parejas que entra en esta clasificación, la de unión consensuada, es la de Gabriela Labarelo (39).

"No estoy en contra del matrimonio, ni Marcelo tampoco. Marcelo volvió de Suecia y cuando empezamos a salir juntos se dio todo tan naturalmente, que el tema del casamiento –que lo hablamos un par de veces- siempre fue postergándose. La legitimación social nunca fue algo que nos preocupase en demasía; o para serte franca, nada", señaló Labarelo.

Marcelo es su compañero desde hace una década. Su postura, la de importarle muy poco la institucionalización de la relación, es numéricamente representativa. La precisión es importante porque este proyecto de ley le daría un marco legal a parejas que puedan demostrar que ya llevan cinco años de convivencia. En julio, el hijo de Marcelo y Gabriela, Tomás, cumplirá cinco años. Entraría en el marco de esta ley, a la que conoce y alaba, pero registrar su pareja como unión concubinaria no parece desvelarla.

"En realidad, hay una especie de doble discurso. Mi hijo tiene padre y madre, con ambos apellidos, así que le corresponden los mismos derecho que un matrimonio civil. No vi esta ley en detalle, pero en realidad no hay grandes modificaciones. Más allá de lo fluctuante de las relaciones humanas, si uno establece un vínculo sobre la base de la firme franqueza, más allá que en un futuro de disuelva, no nos planteamos un escenario hipotético en que nos dividiéramos las cosas, yo que sé. En base a uniones como la mía, esta ley no me aporta ni me quita nada", estableció Marcelo.

Gabriela habla de una base afectiva que está por encima de cualquier ley. Pero los despachos de abogados están llenos de historias de parejas que fueron felicísimas y se tiran con todo a la hora de un divorcio. En una unión de hecho, sin un marco legal de por medio, esta situación puede agravarse.

La muerte de uno de los integrantes de estas uniones consensuadas, sin marco legal, también ha dejado al otro integrante, en muchas situaciones, en una situación de extrema vulnerabilidad (sobre todo a las mujeres). Este fue uno de los argumentos impulsados por sus defensores, cuya cabeza más visible es la senadora Margarita Percovich.

¿Dónde está esta ley ahora? Es una larga historia. Un proyecto de ley de Unión Concubinaria fue desarchivado en 2005. La senadora Percovich le hizo unas modificaciones y lo presentó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que lo aprobó –con algunas modificaciones- en setiembre del año pasado. Ahora, el texto de 21 artículos está desde hace unas tres semanas en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados.

El Frente Amplio, como fuerza mayoritaria, se embarcó en el proyecto, lo que haría pensar –esto es casi un hecho- en que será aprobado. Escuchamos al presidente de la comisión, el diputado de Edgardo Ortuño.

"Eso es lo que me hace a mí ser muy optimismo. Hemos defendido en la bancada el colocar los votos para dar mayoría a los proyectos que suponen ampliar los derechos a los ciudadanos, sobre todo a los sectores no amparados por la legislación actual. Vamos a dar los votos para consagrar la unión concubinaria y garantizar los derechos sucesorios, generar bienes gananciales; y sobre todo, que les correspondan pensiones y beneficios de la seguridad social a los integrantes de la unión concubinaria. Aspiro a que antes de terminar el primer semestre del año, en los próximos dos meses, se apruebe; estamos trabajando duro para eso", sostuvo Ortuño.
 
El diputado mencionó que se piensa que esta ley sea aprobada en este semestre. Sin embargo, pese a que la bancada mayoritaria –y otros sectores no oficialistas- está de acuerdo con el espíritu del proyecto, según pudimos averiguar ese plazo que menciona el legislador tal vez sea un exceso de optimismo.

Hasta ahora recién se han considerado los dos primeros capítulos en la comisión, según dijo Ortuño. El primero de ellos habla del ámbito de aplicación. Esta ley comprendería a quienes puedan probar, testigos mediante a la hora de inscribir la pareja, al menos cinco años en unión concubinaria compartiendo "techo, mesa y lecho", tal cual un matrimonio. Si bien no a nivel legislativo, ese período de tiempo fue motivo de debate a la hora de redactar la ley. Muchos impulsores del proyecto lo consideraron excesivo. ¡Hay matrimonios que han durado menos! La respuesta habría que buscarla en la necesidad de que los espacios se abrieran paulatinamente, bien a la uruguaya. Ortuño.

"Se optó, de acuerdo a quienes trabajaron en el senado la ley, por una situación intermedia. Nos dijeron que en esta primera etapa había que contemplar las situaciones de mayor estabilidad. Porque hay muchas parejas que se conocen, se van a vivir juntos rápidamente, y al poco tiempo se separan. Se entendía que plantear estas situaciones judiciales que pueden derivar en querellas, para relaciones de poco tiempo y estabilidad podían generar más problemas que soluciones  al sistema judicial, en esta primera etapa, insisto, en que la sociedad estará dando un primer paso muy importante, con este reconocimiento", explicó Ortuño.


El segundo artículo es considerado el "corazón" del proyecto. Incluye como uniones concubinarias pasibles de registrarse a aquellas que ya llevan cinco años como se mencionó, estable, exclusiva y permanente, sin estar unidas por el matrimonio, sin importar la orientación sexual de sus miembros. Y esta es la parte más polémica, y mediática, de todo el asunto.


Este es el corazón de la ley. "A la hora de la protección social y el reconocimiento de derechos entre sí, van a tener el mismo alcance, la misma protección, que quienes se casan".

Ortuño indicó que –terminología mediante- en materia de protección y derechos, las parejas que adopten por una unión concubinaria se podrían equiparar a un matrimonio. Tanto, que para su inscripción o disolución se utilizan los procedimientos del Código General del Proceso. Así para parejas heterosexuales como homosexuales.

España, Holanda, Bélgica, cinco provincias canadienses y el estado de Massachussets en Estados Unidos permite el matrimonio homosexual. Recientemente se agregó Sudáfrica. En Buenos Aires está aprobada la unión civil entre homosexuales. México D.F. (que recientemente despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación) aprobó el año pasado las leyes de Sociedades de Convivencia, algo muy parecido a lo que se estudia ahora en el Parlamento uruguayo. Esta Ley de Concubinato le daría un marco legal, derechos y obligaciones, a una pareja homosexual de la misma manera que a una heterosexual. Si se habla de que el concubinato entre personas de distinto sexo, que no por haber aumentado es algo nuevo, puede derivar por falta de protección en dejar en la indigencia a una persona, ni que hablar cuando se trata de una pareja homosexual.

Estamos hablando de una realidad que afectaría a una de cada 10 personas. Desde hace años se maneja a nivel mundial que el 10% de la población se siente atraida hacia otra persona de su mismo sexo.

En Uruguay, ¿la sociedad está preparada para un cambio semejante? Eso le preguntamos a Mauricio Coitiño, miembro del colectivo Ovejas Negras, una agrupación de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales. Esto contestó.

"No me cabe la menor duda, eso cualquier sondeo de opinión lo puede demostrar, acá y en el Mercosur. Y aunque no fuera así, es un compromiso que este país asume como sociedad democrática. Una sociedad democrática no puede tener ciudadanos de primera y segunda categoría. Acá no es un tema si la sociedad está preparada o no, vivimos en una sociedad que reconoce desde la Constitución la igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin exclusiones", respondió Coitiño.

Coitiño, que está en pareja desde hace un año y medio –aún no sería amparado por la ley- señala que la colectividad homosexual ve con buenos ojos este proyecto, aunque lo considera un primer paso.

"Sí, sobre todo por el reconocimiento de derechos. Nos consta que hay parejas que están dispuestas a unirse por esta ley. Pero más allá de eso, es importante que los legisladores hayan tenido la sensatez de haber hecho un proyecto inclusivo que reglamenta a las parejas sin distinción. Para nosotros esto no es menor, es consecuente con una línea que ha tenido el Parlamento uruguayo y los gobiernos de eliminar la discriminación y la desigualdad jurídica de las personas, en línea con la modificación del artículo 149 del código penal donde se incluye como crímenes de incitación al odio la orientación sexual.  Es coherente con la declaración de Noruega firmada por Uruguay que rechaza las violaciones a los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales", agregó.

Coitiño dice que hasta el momento el único recurso al que podía acceder una pareja homosexual que tiene para gestionar un futuro es una sociedad de bienes ante escribano, como una sociedad comercial y no una pareja.

Diego Zas trajo un caso el año pasado cuando este proyecto fue aprobado en el Senado. Es otro antecedente judicial, posiblemente el primero que en Uruguay reconoció a una pareja constituida por homosexuales. Fue el juicio por daño moral que Líber Berriel inició por la muerte en un accidente de tráfico de su pareja, José María Touron, en 1999. El juez terminó fallando en su favor, reconociendo los 20 años de convivencia que tenían. Claro que para ello fueron necesarios cuatro años de idas y venidas por los juzgados.

Esta ley le reconoce y protege a las uniones concubinarias homosexuales al igual que a las heterosexuales. Y esto es algo que ha generado rechazo en algunos legisladores. No es un rechazo hacia los homosexuales en sí, se apresuran en aclarar, sino en esa equiparación de ambas relaciones.

El diputado Gustavo Borsari, herrerista, presentó en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Baja un sustitutivo al artículo 2. Lo que hace es sacar el entreguionado que dice "cualquier sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual".

Por esa postura a Borsari le llegaron elogios y críticas fuertes. En este mismo estudio, el pasado viernes, explicó el porqué de su postura a Asuntos Pendientes.

"Los derechos, en nuestro ordenamiento, ya se pueden obtener. Si hay una pareja homosexual y quiere tener una relación de bienes, perfectamente se puede testar. No veo cuál es la intención de esto. Existe ya el marco legal para transmitir bienes patrimoniales. No veo cuál es la intención de esto. Salvo, que la intención sea legalizar uniones entre personas del mismo sexo, o que este sea el primer paso para un matrimonio homosexual, o para la adopción de niños entre personas unidas y del mismo sexo. Bueno, si ustedes quieren una opinión, yo estoy en contra", dijo Borsari.

Borsari indica que una legalización de las parejas homosexuales merece un debate aparte y no estar incluido en las uniones concubinarias. Sostuvo aquí que el Código Civil está pensado para personas de distinto sexo. Su postura coincide con la que ha tomado la iglesia. De hecho, en este mismo estudio contó que recibió el saludo del nuncio Apostólico en Uruguay: "gracias por defender la familia".

Aunque Uruguay es un estado laico, se sabe que la opinión de la Iglesia influye sobre mucha gente. En la asamblea anual de obispos de Florida a fines del mes pasado, los prelados consideraron que "no es positivo ni aceptable" desdibujar o debilitar la figura del matrimonio como opción familiar. Sobre la legislación de la unión de homosexuales van más allá. El arzobispo Nicolás Cotugno dijo a El Observador, según fue publicado el 30 de abril, que ello está destinado a causar "el oscurecimiento de la percepción de algunos valores morales fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial".

La inclusión de los homosexuales en la ley no es en lo único que está en contra el diputado Borsari. También pidió que la existencia de un matrimonio no disuelto, que no se hayan divorciado, sea otro factor para impedir la unión concubinaria.

A su vez, el diputado Alvaro Alonso, de Desafío Nacional, que no se opone a la legalización de las parejas homosexuales, deberían tener un instituto distinto.

Por la parte del oficialismo, Ortuño no quiere hablar de un más allá que sugería Borsari. Aunque deja entrever que se vendrán debates posteriores, como el matrimonio homosexual o la adopción.

"Yo creo que es un debate abierto, y que está verde en la sociedad uruguaya. Fíjese la conmoción que ha provocado este primer paso, y la polémica que ha generado. Imagínese el debate que podrá llevar situaciones de esa otra naturaleza", manifestó Ortuño.

En el proyecto de ley "desarchivado" de 2005, se hablaba de la posibilidad que las parejas unidas en concubinato adoptaran. Se restringía sólo a las parejas heterosexuales. Hoy, esas alusiones se quitaron del articulado que se debate, tanto en un tipo de parejas como en otras. Pero si esta ley se comenzó a tratar para darle un marco legal a una situación que se da de hecho, recordemos que –como nos lo señaló la senadora Percovich en un breve diálogo que tuvimos- ya se dan casos de hombres y mujeres solteros que adoptan. Pensar en un debate a futuro no es descabellado, y promete ser mucho más candente que éste.


Hasta ahora, cualquier reclamo en lo que sería un resarcimiento al desunirse una pareja no casada se maneja judicialmente bajo las figuras de "enriquecimiento sin causa" y "sociedad de hecho". Si hay un vínculo matrimonial no disuelto anterior, las complicaciones se multiplican y ahí están varios de los mayores señalamientos.

Decíamos al principio que se quería aprobar el proyecto en este semestre. Ese objetivo deseado por la bancada oficialista ya se vislumbra difícil. La senadora Margarita Percovich nos dijo que el proyecto va a volver al Senado. El diputado del Nuevo Espacio, Diego Cánepa, alertó que es necesario un mensaje del Poder Ejecutivo por el tema de las pensiones en caso de fallecimiento para uno de los concubinos. Eso, indicó el diputado oficialista, no estaba bien resuelto. Recién en 10 días habría novedades al respecto.

Otra de las modificaciones refiere a afinar el tema de la coexistencia de un matrimonio no disuelto y un concubinato, sobre todo en lo relativo a los bienes.

"Nosotros en realidad estamos modificando los artículos 5 y 7 del articulado para simplificar alguno de los trámites. En el reconocimiento judicial de la unión concubinaria, estamos estableciendo que en el mismo momento nace una nueva sociedad de bienes entre ambos, y hay un procedimiento para determinar un alcance. En el caso que hubiese un cónyuge anterior, no disuelto el vínculo desde el punto de vista formal, damos un procedimiento específico para que se resuelva en ese momento específico también los aspectos de una nueva sociedad de bienes.  Por lo tanto, nacería una nueva sociedad de bienes y resolvería todas las anteriores. Esto va a clarificar toda la situación, y la única dificultad que existía: la coexistencia de dos regímenes de bienes", aclaró Cánepa,

De darse vía libre para esta modificación, registrar una unión concubinaria da nacimiento a una sociedad de bienes y cerraría las anteriores. A nivel formal, nos dijo Cánepa, sería lo mismo que un divorcio sin serlo. De esta manera, cree el oficialismo, se salvaría algunas de las observaciones que hicieron los diputados opositores.

Hoy vimos que el 30% de las parejas se encuentran dentro de lo que llamaríamos unión consensuada sin casarse. Este nuevo proyecto, 100 años después que comenzara a estudiarse en Uruguay la ley de divorcio, instituiría –en los hechos- un nuevo estado civil que incluiría a los homosexuales. Es optativo, de lo cual podría señalarse que, si hay gente que no se casa por rechazo a las instituciones, tampoco registraría, aún pudiendo, su unión concubinaria. Esto lo reconocen los impulsores de la ley, y el propio Edgardo Ortuño.

"Si usted está viviendo con su novia y no quiere "lola" con la formalidad, no va a tener problema con esta ley. Pero si hoy o mañana están pensando en compartir derechos y una relación en la que lo que se construye en conjunto tenga reconocimiento y se busque un amparo para eso, lo que la ley les va a dar es esa posibilidad", concluyó Ortuño.