(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
"Hubo un tercer traslado masivo de desaparecidos desde la República Argentina. Todos ellos fueron asesinados".

El anuncio figuraba en la portada del diario La República, ayer, y se agregaba que en 1978 se realizó otra operación de traslados por tierra, mar y aire desde Argentina, que involucró a 40 uruguayas y uruguayos que figuran como desaparecidos en ese país y en realidad fueron traídos y asesinados aquí en Uruguay.

El artículo da cuenta de la existencia de una operación de cinco traslados de uruguayos desde Argentina entre febrero y agosto de 1978. Los detenidos habrían sido trasladados por lancha, avión y avioneta y ejecutados y enterrados en Uruguay. Los trasladados eran militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el Agrupaciones de Militantes Sociales (AMS), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que fueron secuestrados en Buenos Aires en julio y diciembre de 1977, recluidos primero en los pozos de Quilmes, Banfield y Centro de Operaciones Tácticas (COT-1) Martínez, y torturados por oficiales uruguayos.

En la denuncia penal se señala como indagados a todos los represores de la Armada, la Aviación y el Ejército que operaron en el Fusna (Fusileros Navales), el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), decía el anticipo.

Luego de esa publicación, ayer mismo, el doctor Óscar López Goldaracena presentó una denuncia penal por estos hechos ante el juez Luis Charles, que tiene a su cargo las investigaciones por el caso llamado "segundo vuelo".

El doctor Óscar López Goldaracena es abogado, especializado en derechos humanos, autor del proyecto de Ley de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad.

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Doctor López Goldarecena, ¿usted participó en esta investigación que llevó adelante Roger Rodríguez, de La República?

ÓSCAR LÓPEZ GOLDARACENA:
Sí, con Roger Rodríguez desde hace unos cuantos meses estamos patrocinando esta investigación (en mi caso desde el punto de vista jurídico) con las familias de los desaparecidos (tendría que ir más de un año hacia atrás) y ayer se presentó la denuncia penal.

Querría hacer alguna precisión con relación a la versión periodística. Siempre decimos que en estos temas hay que hablar en tren de hipótesis, "habrían sido trasladados".

EC - Prefiere ponerlo en condicional.

OLG - Sí, como figura en la denuncia penal. Tengo elementos de convicción más que suficientes de los traslados, fundamentalmente del primero, por lancha, en febrero del 78, porque existen testigos que vieron a los desaparecidos uruguayos en los centros clandestinos de detención, y hay otro testigo que vio a estos mismos uruguayos siendo torturados en La Tablada; además testimonios coincidentes en que el traslado habría sido por lancha. Estamos en febrero de 1978, en Carnaval de 1978, para ser más preciso.

Si aplicamos un razonamiento, siguiendo la regla de la experiencia en la valoración de los hechos, concluiríamos que los detenidos desaparecidos en Argentina eran trasladados a Uruguay, fueron trasladados a Uruguay por distintas vías. Esto es muy importante.

EC - Hasta ahora se había hablado mucho de los vuelos, del primero y el segundo vuelos, o sea de dos grupos de prisioneros que fueron traídos en dos aviones a Montevideo, donde quedaron encarcelados y fueron torturados y, por lo visto, también asesinados.

OLG - Exactamente.

EC - En este caso, para simplificar, se habla de un tercer traslado, pero en realidad incluye varias operaciones de traslado.

OLG - Hay un sinnúmero de traslados, el primero que se denuncia en este caso concreto es el de febrero del 78, por lancha. Pero hablando del patrón regular de conducta de la represión, ya en diciembre de 1977 fue detenido acá un ciudadano argentino, secuestrado en el puerto de Colonia y trasladado en helicóptero a Argentina. Esto fue acordado en un cónclave de la época y está reconocido en el informe que la Armada le brinda al presidente de la República.

En el mismo diciembre del 77, un diputado peronista, Jaime Dri, fue detenido, torturado en Uruguay por personal de las Fuerzas Armadas uruguayas y oficiales de la Marina argentina, y trasladado clandestinamente a Argentina en un avión que, por las características que se describen, era una avioneta.

Una ciudadana argentina que estaba con sus hijas, también secuestrada en Uruguay en diciembre de 1977, fue trasladada a Argentina en forma clandestina en una avioneta.

También en febrero de 1978, una uruguaya que va a declarar como testigo en la causa manifiesta que la subieron a un avión que era muy chico, que viajó parada con las manos esposadas, colgada de un gancho: una avioneta.

O sea, hubo un sinnúmero de traslados de ida y de vuelta, y a partir de esto no se puede descartar ningún medio de transporte: lancha, avioneta, helicóptero, avión. En mayo de 1978 se produce un traslado masivo de unos 20 o 21 uruguayos que estaban detenidos en el Pozo de Banfield. Ese traslado, por sus características, debió haber sido en un vuelo (cuando digo en un vuelo me refiero a un avión, no a una avioneta) o en varios lanchones o en varias avionetas, pero la hipótesis es que fue en un vuelo.

Pero si tenemos en cuenta la fecha, 16 de mayo de 1978, una investigación periodística de El Observador de agosto de 2005, del periodista Gabriel Pereira, ya señalaba que había existido un tercer vuelo de la muerte con seis uruguayos, una familia entera, la familia Severo. Y, coincidentemente, en esa misma fecha habría existido este traslado de 21 uruguayos del Pozo de Banfield.

Por un lado la familia Severo, por otro lado el traslado de los 21 uruguayos del Pozo de Banfield, ¿en el mismo avión?, me pregunto. En esa misma época también existió un traslado en avión hacia Argentina de otra familia entera secuestrada el 18 de mayo en Uruguay.

EC - ¿En ese caso también estamos hablando de uruguayos?

OLG - De argentinos que vivían en Uruguay, la familia Logares. El mismo avión iba y venía, una hipótesis absolutamente creíble. O más de uno. Por eso, para ser precisos hablamos de un sinnúmero de traslados.

EC - Un conjunto de traslados que terminarían abarcando a unas 40 personas.

OLG - En esta denuncia sería un total de 40 personas. Porque luego existe otro traslado en junio del 78, y hay un último traslado (de los que se tienen relevados) en el mes de octubre del mismo año. Estamos hablando de familias enteras. Y cuando digo familias enteras me refiero a una pareja con la madre embarazada, muchas veces, que la dejan tener familia o la "aguantan", la dejan en un centro clandestino de detención hasta que tiene familia para secuestrarle el bebé. Por eso en muchos casos se daban esos traslados alternados; el último traslado, el de octubre, es de la última persona, que había tenido familia en agosto, María Artigas de Moyano.

Y el hecho fundamental de que en febrero del 78 hayan sido vistas e identificadas muy claramente tres o cuatro (yo diría cuatro) de las cinco o seis personas traídas en el primer traslado. Se trataría de cinco o seis personas que dos testigos en el Pozo de Banfield señalan, una de ellas puede identificarse ya en las declaraciones de los testigos, porque uno dice "el esposo de fulana y cinco más" fueron trasladados por lancha (porque las hicieron preparar la comida para el viaje a las mujeres que estaban detenidas) y luego esa misma persona es identificada por el testigo de La Tablada. Y otra es vista, con testimonios absolutamente creíbles que en su momento se presentaron ante organismos de derechos humanos.

EC - A partir de esta enumeración y este detalle que usted aporta, a partir de lo que sería un conjunto de traslados que abarcaría a unas 40 personas a lo largo del año 1978 y que se viene a sumar al primero y al segundo vuelo, ¿ya pueden sacar la conclusión de que los desaparecidos uruguayos en Argentina habrían sido, por lo menos en su enorme mayoría, traídos aquí, y que por lo tanto la búsqueda de sus restos tendría que realizarse aquí, y no, como en algún momento se supuso, en Argentina?

OLG - Estoy absolutamente convencido de que esa hipótesis es más que sostenible, en lo personal estoy absolutamente convencido de que es así: la gran mayoría de los uruguayos desaparecidos en Argentina fueron trasladados a Uruguay y la búsqueda debe realizarse en Uruguay.

EC - Esas muertes, ¿habrían sido lisa y llanamente ejecuciones o, como en algunos casos aislados, episodios de tortura? ¿Qué impresión tienen ustedes?

OLG - El episodio de tortura deriva en la muerte con ejecución.

EC - Entiendo lo que dice, pero una cosa es que alguien muera durante la tortura porque le falló el corazón, porque estaba muy debilitado, etcétera, cuando quizás la intención no era matarlo, y otra cosa es que se haya procedido lisa y llanamente a fusilamientos.

OLG - Quienes tienen la respuesta son quienes cometieron esos actos. Yo presumo, con absoluta certeza, que si fueron traslados a Uruguay (siempre en hipótesis), cosa que todos los índices determinarían, fueron muertos en Uruguay. ¿Murieron por muerte natural? Fueron muertos, fueron asesinados, ¿por causa derivada de la tortura?, ¿por un fusilamiento? Lo tienen que decir, es lo que se está reclamando.

EC - ¿Qué se procura con la denuncia presentada ante el juez Luis Charles?

OLG - Indagar sobre lo que sucedió, deslindar las responsabilidades penales y que se disponga la ubicación de los lugares donde se podría excavar en función de los indicios sobre enterramientos, que existen y se brindan, y que por orden judicial se acometan las excavaciones del caso.

EC - ¿Ustedes están convencidos de que estos casos pueden investigarse, de que no caen bajo el amparo de la ley de caducidad?

OLG - No caerían bajo el amparo de la Ley de Caducidad. En primer lugar, es una denuncia formulada contra los mandos y los mandos están excluidos de la Ley de Caducidad. Son hechos que se cometieron en Argentina, hay un supuesto ilícito que abarca extraterritorialmente a Argentina, por lo tanto no sería de aplicación la Ley de Caducidad, si estamos a lo que ha sido la interpretación del Poder Ejecutivo.

EC - Es una investigación en la justicia penal que podría conducir a la identificación y la condena de los culpables, pero por otra parte iría en la búsqueda de los restos de los desaparecidos.

OLG - Sí, y es más, se solicita en forma expresa que se realicen las consultas del caso con el equipo de antropólogos porque se proporcionan sitios que por distintas vías, por distintos testimonios darían con lugares de enterramientos.

EC - ¿Son lugares nuevos, no son lugares donde ya se han realizado excavaciones?

OLG - No, no se han realizado excavaciones. Uno es el establecimiento de La Tablada y el otro es el grupo del Cuerpo de Artillería Antiaéreo Nº 1, solar 34. Testimonios por diversas vías han sido proporcionados al equipo de antropólogos, algunos de ellos han sido puestos a disposición del juzgado a los efectos de aportar los elementos. Es un tema sumamente delicado, por lo que está en juego para las familias. Hasta hace poco tiempo estos desaparecidos debían ser buscados en Argentina, y ahora se abre una hipótesis para indagar e investigar en Uruguay.

EC - ¿Y por qué la denuncia se presenta ante el juez Luis Charles, que viene investigando el segundo vuelo?

OLG - Entiendo que existen elementos de conexión con la causa del segundo vuelo y con las demás causas que está investigando Charles. Nuestro derecho positivo en materia procesal penal establece que cuando elementos probatorios con relación con el delito o con las circunstancias del delito de un expediente pueden aportar a los elementos probatorios de otro delito, de otro supuesto delictivo, se da una conexión procesal. Lo mismo que con relación a los sujetos que están siendo indagados, por ejemplo los que están siendo indagados en la causa del segundo vuelo. En esta denuncia se plantea una coordinación Uruguay-Argentina, pero también una participación de todas las armas, Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Con relación al Ejército, particularmente el OCOA y el SID. Tengamos presente que La Tablada, donde fueron vistos los transportados en febrero del 78, era un centro clandestino de detención dependiente del OCOA, y allí podrían existir o existen indicios de posibles enterramientos. Fue el último lugar donde estuvieron.

EC - ¿Ya ha habido una respuesta del juzgado al escrito que ustedes presentaron ayer?

OLG - No, yo estimo que recién la semana que viene, a partir del martes o el miércoles, podrá haber alguna resolución.

EC - ¿Qué otros pasos piensan dar?

OLG - Seguir investigando. Este es el fruto del trabajo de los familiares durante muchísimos años, es el momento de procesar información que se encuentra en libros, en testimonios, que ya fue brindada ante tribunales extranjeros, como es el caso de la prueba testimonial que se aporta. Aportamos los testimonios de las declaraciones oficiales realizadas en juicios seguidos en la República Argentina pedidas por el propio juzgado, sin perjuicio de poder ubicar a esos testigos, que ya declararon en esos juicios, para que vengan a declarar aquí.

EC - Cabe presumir que van a presentar más denuncias.

OLG - Más denuncias o más pruebas. Es fundamental que todo aquel que tenga un elemento indiciario fundamentalmente con relación a posibles enterramientos lo ponga a disposición de las organizaciones de derechos humanos que con total confidencialidad investigarán todas las pistas.

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EC - La presentación de esta denuncia ocurre muy pocos días antes de que tenga lugar una nueva Marcha del Silencio, la marcha que tradicionalmente se organiza el 20 de mayo. Esta vez será el domingo 20 de mayo la 22ª Marcha del Silencio, convocada por la Organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, con la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado".

La marcha partirá a las 19 horas de Rivera y Jackson y se dirigirá a la plaza Cagancha.

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Edición: Mauricio Erramuspe