La Tablada, 17 de mayo de 2007

A la opinión pública:

1. Nos dirigimos a ustedes, cuando ha tomado estado público que la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de la OEA declaró que la privación de nuestra libertad, desde hace cuatro años, nueve meses y diez días, es injusta e ilegítima.

2. No fuimos los causantes de la crisis de 2002, sino otras víctimas más de ella, como tantos compatriotas la sufrieron. Asumimos la responsabilidad si es que cometimos errores, pero no admitimos que se nos acuse de delincuentes.

3. En el momento de la crisis empeñamos nuestro patrimonio personal y familiar, y mientras estuvimos a cargo de los bancos Montevideo y Caja Obrera, hicimos todo cuanto estaba a nuestro alcance para cumplir con sus compromisos.

4. Al ser desplazados de la dirección de ambos bancos por una arbitraria, ilegal e inoportuna intervención del Banco Central, se destruyó la confianza y el valor de esas instituciones y, como resultado de ello, de todo el Grupo Velox, con las consecuencias conocidas en perjuicio de los ahorristas damnificados y de nosotros mismos.

5. En el quebranto económico hemos sufrido la injuria y la calumnia, y hemos perdido años de libertad. Pero tenemos paz en la conciencia, sabiendo que hicimos todo lo posible para no perjudicar voluntariamente a nadie.

6. Hubiéramos querido que las cosas fueran de otro modo, pero no pudimos evitar lo sucedido. La crisis inédita que entonces vivió la Argentina, sumada a los errores de la administración bancaria oficial uruguaya, arrastró a nuestro sistema financiero y bancario a uno de los momentos más trágicos de la historia económica y social de nuestro país. Y nos tocó estar en el medio de ese temporal. La intervención con desplazamiento de autoridades, ordenada por el Banco Central, en nuestro caso fue determinante para acelerar la corrida en el Banco Montevideo y profundizar la crisis, usándose nuestro nombre para justificar un desastre que no causamos.

7. Por estas razones, el 15 de junio de 2006 iniciamos un juicio al Banco Central del Uruguay por la intervención del Banco Montevideo. Queremos destinar el resultado del juicio para pagar a los ahorristas e inversores que no han cobrado o han cobrado parte de sus ahorros.

8. En estos cinco años hemos conocido en la cárcel a centenares de uruguayos que, sin posibilidad de defenderse, sufren iguales o más injustas reclusiones a causa de nuestro anacrónico proceso penal. Esto ha sido doloroso en extremo.

9. La resolución de la OEA trasciende nuestro caso: alcanza a las instituciones republicanas que, en última instancia, deben garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de cada ciudadano. Esperamos que ese dictamen contribuya a mejorar el sistema judicial y la calidad de vida democrática que todos los uruguayos valoramos y merecemos.

Jorge Peirano Basso
Dante Peirano Basso
José Peirano Basso