Según el director de Ordenamiento Territorial, Roberto Villarmarzo, hay una convicción en el gobierno para "planificar la gestión del territorio".

Avanza proyecto de ordenamiento territorial

La planificación de la gestión territorial es un concepto muy manejado pero poco aplicado. Tanto que se multiplicaron fraccionamientos inconvenientes o fenómenos como el de Ciudad de la Costa que luego es muy caro regularizar. Según el director de Ordenamiento Territorial, Roberto Villarmarzo, hay una convicción en el gobierno de "que es necesario planificar la gestión del territorio".

(Emitido a las 9.05)

EMILIANO COTELO:
Las inundaciones nos han tenido a todos muy preocupados últimamente. Pero en estos temas no podemos limitarnos a reaccionar sólo después que los problemas ocurren. El Estado puede actuar con anticipación. Hay margen para prevenir y evitar buena parte de estos dramas.

Otro tanto podría decirse de los asentamientos ilegales que crecen como hongos y que extienden brutalmente las ciudades mientras dentro de ellas quedan barrios vacíos que tienen toda la infraestructura montada.

Y también podríamos incluir en la lista los conflictos generados por la implantación de las plantas de celulosa en Fray Bentos y en Conchillas, o por la fábrica de Isusa en Pueblo Agraciada, en Soriano.

¿Qué debe hacer el Estado? ¿Tiene sentido salir como un bombero a regularizar esos desarrollos una vez que son un hecho consumado? ¿No sería más lógico intervenir antes, regulando sensatamente el uso de los suelos? ¿Va a cambiar algo con la ley de ordenamiento territorial que está a estudio del Parlamento?

En los próximos minutos vamos a tratar de avanzar en esta asignatura pendiente en entrevista con el arquitecto Roberto Villarmarzo, titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

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Arquitecto Villarmarzo, antes de ir a algunos de los temas que estos días han estado en el tapete, sería bueno explicar qué se entiende por "ordenamiento territorial". Es un concepto del que se habla bastante, pero no sé si entendemos con precisión qué es.

ROBERTO VILLARMARZO:
El concepto ha venido evolucionando, hay todavía algunas diferencias de concepción, pero básicamente es pasar de una visión de la gestión, en este caso del territorio, a demanda de los agentes a una gestión planificada, con capacidad de prevención de lo que va a suceder, con una capacidad prospectiva planificando el futuro.

EC - El texto que está a estudio del parlamento habla de "ordenamiento y desarrollo territorial sostenible", parece un concepto un poquito más complejo.

RV - Se plantea que el ordenamiento no es simplemente establecer reglas de juego para que los agentes del mercado actúen en el territorio, sino tener una actitud proactiva para impulsar el desarrollo. Ese desarrollo en nuestro país tiene que ser necesariamente ambientalmente sustentable, así lo ha definido Uruguay.

EC - ¿Quiénes son, actualmente, los responsables del ordenamiento territorial en el caso de Uruguay?

RV - En el caso de Uruguay básicamente son los gobiernos departamentales, la competencia principal en el ordenamiento del territorio, en la gestión del territorio es de los gobiernos departamentales. El Estado, el gobierno nacional tiene algunas competencias concurrentes que ha ejercido tan limitadamente como los gobiernos departamentales.

EC - ¿Cuál es el balance de lo que se ha hecho hasta ahora en materia de ordenamiento territorial?

RV - En la planificación del territorio, como en otros aspectos de la planificación, ha habido escasísima actuación. En general nuestro país cuando la crisis del modelo batllista, a fines de los años cincuenta, de sustitución de importaciones, de la base de la capacidad agroexportadora, enfrentó esa crisis con dos alternativas, una fue la expresada por el plan de la CIDE, un intento de planificación con una concepción desarrollista propia de esos años, y por otro lado la que triunfó (a pesar de que aparentemente había triunfado la primera con la creación del Banco Central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la presidencia del líder de la CIDE en el Banco Central, el contador Iglesias) a partir de las reformas instrumentadas por los gobiernos, la tesis de la gestión a demanda, la gestión con base en la sensibilidad del gobernante y ante la demanda de los agentes en el mercado, según la sensibilidad del gobernante, favoreciendo a unos u otros u optando por determinadas acciones públicas o admitiendo o no acciones privadas.

EC - Con la complicación adicional de la superposición de papeles entre los gobiernos municipales y el Poder Ejecutivo.

RV - Eso es normal y es una concurrencia de competencias pero con responsabilidades diferentes. Estrictamente no tendría por qué haber complicaciones si hay acuerdos como legislación que establezcan cuáles son las funciones, las responsabilidades de cada uno con mayor precisión.

EC - ¿Qué marca la experiencia uruguaya?

RV - Como ninguno de los dos niveles de gobierno intentó planificar, no ha habido conflictos en ese terreno. Ha habido conflictos por discrepancias no en los objetivos y la previsión sino porque ha habido sensibilidades diferentes ante la demanda, entonces uno dice que sí y el otro dice que no, pero no porque tengan planes distintos explícitos y conocidos por la población.

EC - ¿Desde cuándo existe el MVOTMA?

RV - Fue creado en el año 90. La ley de creación le da al ministerio la responsabilidad de generar planes nacionales de ordenamiento del territorio que, excepto una consultoría que se hizo en los años 96 y 97, nunca intentó.

EC - Eso iba a preguntarle, desde que se creó el ministerio y por lo tanto la DINOT, ¿qué avances hubo?

RV - Esa consultoría, de muy buen nivel técnico pero que quedó en eso, como una primera base para la formulación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial. En este período de gobierno estamos trabajando para enviar este año al Parlamento las primeras directrices nacionales en ese sentido.

EC - Hace pocos días discutíamos en una tertulia sobre las inundaciones, este fenómeno recurrente que cada tanto tenemos que enfrentar en Uruguay, este fenómeno que provoca dramas humanos, que provoca daños económicos, que provoca gastos para la sociedad y para el Estado, y cuando charlábamos sobre ese tema varios integrantes de la mesa reclamaban políticas activas del Estado para prevenir, para mitigar de antemano, en la medida de lo posible, las consecuencias de este tipo de catástrofes.

Y usted coincidía con ese planteo, nos enviaba un correo electrónico en el que decía que no solamente hay que actuar y lamentarse después de que ocurren situaciones como la de estos días, sino que "hay que angustiarse antes... y actuar antes". Ya que estamos hablando de ordenamiento territorial, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se puede actuar antes en un tema como las inundaciones?

RV - Tenemos un convenio con la Intendencia de Treinta y Tres, empezando un proceso para planificar la ciudad, por primera vez en la historia, pero nos llegó antes el desastre, no nos dio tiempo. El caso de Treinta y Tres es bien paradigmático.

EC - ¿Por qué?

RV - En el año 59 hubo una inundación que llegó a niveles sorprendentemente altos, a niveles históricos, pero desde el año 46 había una ley en Uruguay, la ley de centros poblados (que el año pasado cumplió 60 años), que dice que no se puede fraccionar ni construir a menos de 50 centímetros por encima de la inundación más alta conocida. Si esa ley se hubiera cumplido, si se hubieran hecho procesos de planificación en la ciudad de Treinta y Tres que hicieran cumplir la ley, básicamente no habría habido problemas.

EC - ¿De cuándo es esa ley?

RV - La ley de centros poblados es del 46 y establece la prohibición de fraccionar y construir. Es una medida no de protección de la naturaleza ni del ambiente sino de protección de la propiedad, para que a nadie le vendan un terreno inundable.

Aún no tenemos mediciones definitivas de la inundación de este año, este fin de semana se estaba mitiendo. Pero las que tenemos hablan de que la inundación de este año superó en 45 centímetros a la del 59. O sea que si se hubiera cumplido la ley del 46, conocida la inundación del 59, no tendría que haber habido nadie afectado en Treinta y Tres este año.

EC - Es un buen ejemplo, eso es ordenamiento territorial.

RV - Eso es ordenamiento territorial, en el caso de los niveles de inundación, que son bien conocidos. Evidentemente hay otras realidades, como la de Mercedes, una ciudad que ha tenido procesos de planificación territorial en el pasado, con algunas ordenanzas, donde hay una convivencia tolerada con ciertos niveles de inundación.

EC - Es un caso distinto el de Mercedes. Uno tiende a pensar que las construcciones que se implantan en zonas inundables son más bien ilegales, irregulares, pero en el caso de la ciudad de Mercedes hay en buena parte de su rambla residencias de alto valor, clubes de remeros, etcétera, funcionando en zonas directamente peligrosas. ¿Entonces?

RV - Esa convivencia, que es posible, sobre todo con ciertos niveles de ingresos, simplemente precisa un sistema de alerta temprana y convivir con la inundación. Eso pasa con algunos clubes en Paysandú, pasa en la costa de Salto, hay instalaciones de uso de temporada que no se pueden hacer muy lejos del río porque pierden el sentido, entonces tiene que haber sistemas de alerta y tomar las previsiones en el tipo de edificación que se coloca en planta alta y en planta baja. Es una situación peculiar.

En el caso de Durazno la inundación fue varios metros mayor que la del 59, o sea que el razonamiento para Treinta y Tres no es válido para Durazno, allí hay que tomar medidas para el futuro, porque está cambiando el clima en el mundo y en la región, ya hay mediciones en nuestro país que apuntan a consecuencias del cambio climático concretas.

Importa destacar que en el caso de Treinta y Tres prácticamente no hay fraccionamientos o loteos ilegales, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuando hizo el último censo de asentamientos irregulares no pudo localizar ninguno en Treinta y Tres. En Treinta y Tres ha habido una política de los gobiernos municipales, de las intendencias anteriores, de otorgar título a todas las zonas precarias.

EC - ¿Cómo se entiende eso?

RV - Se hicieron loteos con agrimensores, muchas veces con agrimensores de la misma Intendencia, y se les entregó documentación a las familias, entonces, como el relevamiento del INE toma como base la falta de autorización del propietario para estar, y en el caso de Treinta y Tres la tienen, esos casos no figuran en los registros. Es una cosa bien sorprendente porque uno va a Treinta y Tres y la apariencia no es diferente de la de otras ciudades de nuestro país desde el punto de vista de la precariedad urbana, es un fenómeno provocado por las políticas de los gobiernos departamentales. Algo parecido pasó en los últimos años del anterior período de gobierno en la ciudad de Salto, se autorizaron, con permiso municipal, loteos en lugares donde nunca se debieron haber autorizado.

EC - En resumen, concentrándonos en el problema de las inundaciones, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del ordenamiento territorial?

RV - Lo que se puede hacer desde ese punto de vista, en lo que estamos trabajando en varios lugares, es determinar áreas posibles para la urbanización y áreas fuera de plan, según la terminología de la ley, en las cuales hay que revertir la situación de ocupación con vivienda. Obviamente, cuando estos fenómenos se agarran a tiempo, antes de que sucedan las cosas, es más fácil, luego en las tres etapas que tiene la atención de riesgo, la prevención de catástrofe, hay una, que es la que estamos viviendo, la de atender la emergencia en el momento, y otra que es la recuperación posterior. Cuando suceden cosas como lo de Treinta y Tres, que son enormes extensiones que están afectadas por inundaciones, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo enorme que tiene que ver con cómo se hace. No hay que decir "no va a volver a ocurrir", como pasó en el 59. Yo conozco universitarios que decían que el período de recurrencia de inundaciones como la del 59 iba a ser de mil años, y a menos de 50 años tuvimos la misma situación.

EC - Se necesita un plan de ordenamiento territorial para cada una de esas ciudades.

RV - Exacto. En el caso de Mercedes estamos en las etapas finales de elaboración de ese plan. Plan que tiene que ser proactivo, no alcanza con que esté aprobado por la Junta Departamental, se deben iniciar acciones para revertir los casos más riesgosos.

EC - Desde la audiencia nos preguntan cómo influyen algunos factores. Federico, de Salto, pregunta cómo influyen las represas en las inundaciones. Y en el caso de Durazno otros oyentes dicen que la causa es la tala de los montes, no el cambio climático. Otro oyente pregunta cómo influyen el talado del monte galería y la falta de dragado de los ríos. ¿Qué dice usted? ¿Y cómo se relaciona esto con el ordenamiento territorial?

RV - Hay que verlo en cada situación concreta. En las inundaciones regulares que suceden todos los años, con esos niveles de crecida, los factores de acciones humanas inmediatas tienen su influencia, pero en una inundación como la que sufrimos hace 20 días eso se minimiza porque fue de una entidad muy superior, no había manejo de represa que lo lograra evitar. En el caso de Treinta y Tres aguas arriba hay muy baja actuación humana entre las nacientes del Olimar y sus afluentes, en la Cuchilla Grande, sobre ruta 7, hasta la ciudad de Treinta y Tres ha sido bastante escasa la acción humana, en todo caso hay algo de forestación por la Sierra del Tigre, no de deforestación.

No es esa situación en el caso de Mercedes, los volúmenes de lluvia habrían dado para llenar varias veces lagos como el de Palmar o el de Baygorria, en este caso particular no es así. Evidentemente en muchas de las actuaciones que se hacen se cometen errores, a veces por desconocimiento, a veces por ambición desmedida y se tensa la relación con la naturaleza.

EC - Las preguntas son interesantes porque podría ocurrir que existiendo planes de ordenamiento territorial, después influencias de este tipo de factores que acaban de mencionar los oyentes determinen que los mismos no sirvan para nada.

RV - El ordenamiento territorial no es sólo para las ciudades, es uno de los temas más difíciles, en eso venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería. Participamos en la recalificación de suelos de uso forestal tratando de determinar condiciones, dónde se puede y dónde no se puede forestar, también en función del arrastre de terrenos y del manejo de los cuerpos de agua, que es uno de los elementos fuertes a tener en cuenta.

Lo mismo en el caso de los cultivos, en el plan para la microrregión de Mercedes, en cuya elaboración estamos apoyando a la Intendencia de Soriano, uno de los temas son los modelos de siembra en las cuencas, en las proximidades de la ciudad de Soriano, porque ya hay conocimiento de algunas consecuencias de ciertos modelos no sólo forestales, también agrícolas.

EC - Se está trabajando en ordenamiento territorial.

RV - Se está trabajando con intensidad, no hay mucha capacidad instalada en el país, no hay técnicos de brazos cruzados esperando que los llamen, uno de los temas es que simultáneamente tenemos que generar capacidades, especializar gente. Estamos haciendo publicaciones, convenios con la Universidad de la República, estamos tratando de aumentar las capacidades en el país, porque en general en los gobiernos departamentales y en el gobierno nacional hay una convicción de que es necesario planificar la gestión del territorio.

EC - ¿Ya hay consenso, hay buen ambiente en el Poder Ejecutivo y en la relación con los gobiernos departamentales para avanzar en esta dirección?

RV - Sin duda. Obviamente no se puede esperar que se hagan estos procesos, hay que seguir adelante, pero hay una convicción muy fuerte de que es necesario (el proyecto de ley enviado al Parlamento lo demuestra) para tener más instrumentos jurídicos para poder actuar.

EC - En el correo electrónico que usted envió a raíz de aquella tertulia de hace pocos días agregaba, después de comentar el tema de las inundaciones: "También hay otras situaciones que merecerían esta misma atención, no sólo inundaciones y sequías. Cómo, por dar un ejemplo fuerte, las localizaciones de actividades que generan conflictos que frecuentemente detrás de lo ambiental en realidad esconden verdaderos conflictos territoriales". La alusión era bastante clara a ejemplos como los de Botnia y ENCE o, saliendo de las plantas de celulosa, el de la planta de Isuza, en Pueblo Agraciada, en Soriano.

RV - O la fábrica de jabón a la vuelta de mi casa.

EC - Cada oyente podrá poner otros ejemplos.

RV - Exacto.

EC - ¿Esto también es ordenamiento territorial?

RV - Exactamente, el territorio es un espacio geográfico con relación a un grupo humano que lo habita, el territorio implica la ocupación, en este caso por los uruguayos y los extranjeros que lo habitan. En esa concepción del territorio el conflicto es territorial, a veces vemos sólo lo ambiental pero hay un conflicto por el uso del territorio, por el manejo de ese territorio. La capacidad de prevención tampoco es infinita y puede haber planes que se equivoquen, están hechos por seres humanos. Pero con un plan siempre estamos en mejores condiciones, porque en un plan se debe y se puede estudiar la capacidad de carga para determinados usos, la capacidad de carga para una urbanización balnearia sin deteriorar el ambiente, sin perder el recurso, que es lo que atrae el turismo, cómo se construir en una playa sin que se pierda la playa. En eso hay muchos ejemplos de incapacidad de prevención en el pasado, además de ambición desmedida.

En el caso de instalaciones industriales lo mismo, cuántos efluentes puede recibir un cuerpo de agua, la capacidad de carga de efluentes para determinar la escala del emprendimiento, por ejemplo.

EC - Queda claro que hay una relación muy íntima entre ordenamiento territorial y ambiente.

RV - Sin duda, por eso la ley tiene el apelativo "sostenible".

EC - Si vamos al ejemplo de las plantas de celulosa, la conclusión que hay que sacar, lo que deduzco de sus planteos es que cuando aparecieron los proyectos, primero el de ENCE y después el de Botnia, no había un plan de ordenamiento territorial en función del cual analizar esas aplicaciones.

RV - Exactamente. El convenio entre el ministerio y la Intendencia de Río Negro se firmó en febrero del año 2005, nosotros encontramos el convenio recién firmado y estamos trabajando en las últimas etapas en apoyo a la Intendencia de Río Negro, en un equipo mixto, con técnicos municipales y del ministerio, en la elaboración del plan. Estamos llegando a las últimas etapas y Fray Bentos y la microrregión, el Rincón de las Gallinas, van a tener un plan.

EC - Todavía no lo tiene, ni siquiera en este momento lo tiene.

RV - No.

EC - ¿Entonces cómo se examinó la presentación del proyecto de ENCE, que fue el primero que llegó, y luego el de Botnia? ¿Cómo se consideró en particular el hecho de que a tan pocos kilómetros de distancia se pretendieran instalar dos plantas de celulosa de dimensiones tan importantes?

RV - Se analizó como se analizan los proyectos desde el punto de vista ambiental, estudiando sus impactos, la capacidad de recepción de esos emprendimientos, y luego las medidas de control y de investigación necesarias. El caso tan sonado del impacto acumulativo, si podía haber dos plantas o una sola, que trepó a los titulares durante un tiempo, es un ejemplo de cómo se analiza un emprendimiento desde el punto de vista ambiental. El ordenamiento territorial analiza a priori la capacidad de carga de un territorio.

EC - Si hubiera existido un plan de ordenamiento territorial para Fray Bentos y su zona aledaña, ¿qué habría cambiado?

RV - Seguramente se habría determinado la capacidad de carga desde el punto de vista territorial y seguramente (ahora no es fácil decirlo) no se podría haber hecho dos emprendimientos de ese tamaño sin otras medidas en el territorio.

EC - ¿Qué tipo de limitaciones habría establecido el plan de ordenamiento territorial?

RV - Limitaciones al movimiento de carga, limitaciones al vertimiento de efluentes y la toma de agua del río.

EC - Recuerdo a los directivos de ENCE, cuando resolvieron trasladar la planta finalmente a Conchillas, en el departamento de Colonia, sosteniendo que uno de los inconvenientes que entendían que se iba a dar era que iba a ser muy difícil la circulación de la cantidad de camiones, que iban a tener que utilizar la infraestructura de esa zona tan pequeña de las afueras de Fray Bentos.

RV - Ese es el tipo de consecuencias que se pueden mitigar, se pueden tomar medidas de modificación de la infraestructura vial para solucionarlo. En la nueva localización de ENCE, seguramente, dadas las características de las rutas que existen en esa zona, va a haber que tomar medidas de modificación de la infraestructura vial, a menos que se confirme, efectivamente, que la mayor parte del tráfico de mercancías va a ser por el río, en barcazas.

EC - Hablando de ENCE, que teóricamente ahora va a estar en Conchillas, ¿hay en Colonia un plan de ordenamiento territorial?

RV - No.

EC - Ese proyecto también termina sorprendiendo a un departamento y una zona que no están preparados para examinar, para estudiar posibilidades como esta.

RV - Exacto. Colonia tiene algunas ordenanzas urbanas, tiene plan para la ciudad de Colonia y en este momento está trabajando en el plan para Carmelo y esa zona, no para la zona de Punta Pereira y Conchillas, donde rápidamente los técnicos, según nos informaron, están trabajando pero prácticamente sobre los hechos.

EC - Otro ejemplo que yo manejaba en la introducción, los asentamientos ilegales. ¿En qué medida serían otra cosa de haber existido buenos planes de ordenamiento territorial en nuestro país?

RV - En la medida en que los planes sean acompañados por actuaciones para su implementación, por un lado con oferta de acceso a suelo en áreas consolidadas y por otro lado con medidas de control territorial, con medidas de policía territorial. Hoy las intendencias tienen limitadas facultades pero en el proyecto de ley que está a consideración del Parlamento se les amplían a efectos de que cuenten con capacidad para controlar el uso del territorio.

EC - Ahí está añadiendo un factor que no es menor: el plan de ordenamiento territorial en sí no alcanza, después hay que hacerlo cumplir.

RV - Hay que hacerlo cumplir, hay que tener acciones en el territorio, acciones evitando cosas y acciones promoviendo cosas, o en otras direcciones. Por ejemplo la densificación de nuestros centros poblados, en Montevideo tenemos 220.000 padrones urbanos y en Canelones 196.000 (ahora que terminó el trabajo de Catastro tenemos la cifra exacta), en el área metropolitana tenemos 500.000 padrones urbanos. En cualquier ciudad del mundo con 500.000 padrones viven más de 5 millones de habitantes, no precisamos más cantidad de padrones, hay que usarlos mejor. Esa es una de las dificultades de nuestro país, tenemos bajísimas densidades en la utilización de la trama fraccionada de los centros poblados, somos de los países con densidades urbanas más bajas del mundo.

EC - ¿Cómo observa el hecho de que se esté optando por regularizar los asentamientos ya existentes?

RV - Hay situaciones en que es perfectamente viable la localización. Desde hace ya muchos años la inmensa mayoría de los asentamientos irregulares no son ocupaciones espontáneas y de a poquito sino que nacen de una planificación ilegal, muchas veces con participación de profesionales universitarios, entonces desde el punto de vista geométrico son muy regulares. No es difícil regularizarlos, a veces realojando a alguna familia que se instaló en zonas muy bajas, cerca de cañadas o en partes bajas.

EC - Pero por más que el asentamiento tenga predios de dimensiones correctas y por más que estén trazadas las calles, etcétera, a la ciudad un asentamiento como ese, aceptado y regularizado, le cuesta. Porque hay que extender los servicios hasta un lugar que hasta ahora no los tenía, hay que llevar transporte colectivo, electricidad, saneamiento, gas, etcétera, cuando hay otras zonas dentro de la ciudad que ya los tienen pero se van vaciando. Entonces, ¿es razonable regularizar?

RV - No es razonable en todos los casos. Hasta la fecha los criterios para determinar cuáles se regularizan y cuáles no han sido muy exigentes en ese sentido, en el sentido de los costos para la ciudad. Lo que yo describía para Treinta y Tres es un caso extremo, pero en nuestro país ha sido moneda corriente que los terrenos sean fraccionados sin la mínima incorporación de infraestructura, sin luz, sin agua. Se fracciona legalmente incluso, y los costos para la sociedad son también elevadísimos en las zonas legalmente fraccionadas. En el caso de Ciudad de la Costa va a ser carísimo para la sociedad lo que en su momento fue un muy buen negocio para los fraccionadores, sin las mínimas infraestructuras urbanas se fraccionaron decenas de miles de padrones.

EC - Se está avanzando en la confección de planes de ordenamiento territorial, se está coordinando entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, ¿qué puede cambiar ahora, si esta ley que está a consideración del Parlamento se aprueba?

RV - Lo más importante es que se van a generar algunas herramientas que facilitan la acción, sobre todo de los gobiernos departamentales, para revertir algunos de estos procesos y volver a densificar las áreas centrales. Se apunta a generar recursos incluso para poder hacerlo, con manejo de los instrumentos que tiene la moderna técnica urbanística.

EC - ¿Qué importancia tiene la creación del Comité Nacional de Desarrollo Territorial?

RV - Sobre todo de coordinación de las políticas públicas y de las obras públicas con los planes departamentales. Esa es la función principal, no sólo instrumentar los planes nacionales sino después coordinar las acciones, en particular de la obra pública, que queda sujeta a los planes departamentales. Es en el Comité Nacional que se instrumentan las posibles discrepancias entre el plan nacional y los planes departamentales.

EC - ¿En qué punto se encuentra el análisis en el Parlamento? ¿Avanza, sale este proyecto?

RV - Sí, entró por el Senado, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial primero recibió muchas visitas a fines del año pasado y principios de este año, y ya hace algunas sesiones que está votando capítulo por capítulo, ya votó los dos primeros con algunos ajustes mínimos de redacción en el texto. O sea que en las próximas semanas va a pasar al plenario del Senado.

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Edición: Mauricio Erramuspe