(Emitido a las 7.45)

EMILIANO COTELO:
"El día 16 de mayo de 2007 una mujer uruguaya fue procesada por ‘delito de aborto’.

Los y las abajo firmantes hemos infringido la ley 9.763, de 1938 haciéndonos un aborto, financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada.

O todas y todos somos delincuentes o esa ley es injusta."

Esta es la carta que aparece publicada desde el jueves pasado en el blog "Nosotras y nosotros también". Una carta que a continuación tiene las firmas de más de 700 personas, entre ellas legisladores, comunicadores, politólogos, políticos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, etcétera.

Una iniciativa poco frecuente, audaz, que llama la atención, que ya ha ido generando debate en estos días y sobre la cual queremos conversar con Rafael Sanseviero, que es uno de sus impulsores.

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Rafael Sanseviero usted tiene 51 años, fue diputado por la lista 1001 entre 1990 y 1995, y en aquel período presentó el primer proyecto de ley de salud sexual y reproductiva.

RAFAEL SANSEVIERO:
Es verdad, no se llamaba así pero de hecho ese era su contenido.

EC - Hoy no está vinculado con ningún grupo político.

RS - No.

EC - ¿Qué actividad desarrolla?

RS - Desarrollo actividades en la sociedad civil y algunas otras vinculadas con organismos o fundaciones internacionales, siempre en el área derechos humanos.

EC - ¿Cómo surgió esta campaña con la idea de esta carta?

RS - Surgió de fuentes múltiples. En lo que me es personal, participo en la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Salud Sexual y Reproductiva, que es un agrupamiento de organizaciones sociales que impulsan la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva que está en el Parlamento. En ese contexto estábamos discutiendo hace dos semanas alguna manera de reaccionar frente a este acontecimiento, frente a este procesamiento. Tuvimos conocimiento de que otras personas y grupos, agrupamientos políticos, personas independientes, muy indignados, buscaban reaccionar. Entonces, nos pusimos en contacto y resolvimos esta línea de acción, iniciar una movilización cuya finalidad explícita es producir una acción ciudadana de amparo hacia las mujeres que abortan, las que van a abortar hoy, las que van a abortar mañana. En los hechos se produjeron dos acontecimientos por parte del Estado, dos actos desde el Estado, que lesionan los derechos de las mujeres en situación de aborto, las mujeres que se encuentran enfrentadas a la necesidad de hacerse un aborto.

Por allí surgió esta idea, que no se agota en lo que estamos haciendo sino que este es el principio.

EC - ¿Ustedes se inspiran en aquella campaña francesa de los inicios de los años setenta cuando aún estaba prohibido el aborto en Francia. A partir de una situación parecida, de una menor y su madre en un juicio por aborto, 343 mujeres iniciaron una petición reconociendo haberse hecho un aborto, entre ellas famosas intelectuales, escritoras y actrices, como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Simone Signoret, Catherine Deneuve?

RS - Sí, algunas y algunos de los impulsores de esto conocemos esas movilizaciones, sin duda. Sin ir más lejos, el 28 de mayo pasado, el lunes de la semana anterior, en Argentina hubo una movilización de esas características, en el Día Mundial de Acción por la Salud de la Mujer. Eso siempre ha estado presente, quienes hace años que trabajamos en esto muchas veces hemos manejado esa posibilidad. Pero en esta ocasión lo que nos inspiró fue la profunda indignación, la profunda sensación de soledad y de desamparo en que sentimos a esa mujer, y el hecho de que dos agencias del Estado, los Servicios de Salud por un lado y la Justicia por otro, hubieran intervenido de un modo tan contrario, en el caso del médico a la ley, y en el caso del juez a la jurisprudencia uruguaya.

EC - ¿Puede analizar las dos situaciones?

RS - Un médico que denuncia a una mujer que lo fue a consultar por una complicación derivada de la interrupción de un embarazo está infringiendo la ley, es pasible de sanción penal. El artículo 3º de la ley 9.763 (esa ley que yo quiero derogar desde hace tantos años, que es la que penaliza el aborto pero que está vigente) dice textualmente: "El médico que intervenga en un aborto o en sus complicaciones deberá dar cuenta del hecho dentro de las 48 horas y sin revelación de nombres al Ministerio de Salud Pública". Esta es la única obligación que tiene un médico en cuanto a informar. Y el "sin revelación de nombres" está puesto porque, precisamente, si bien esta ley tipifica al aborto como un delito, en sus artículos anteriores tiene una serie de exculpaciones que hacen que se procure no escarnecer y que se procese lo menos posible.

Y aquí voy a lo del juez. El artículo 2º de esa misma ley (estoy leyendo el Derecho Positivo uruguayo) dice que "cuando se denunciare un delito de aborto los jueces de instrucción procederán en forma sumaria y verbal. Y si de las indagaciones prácticas llegaran a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho figura entre aquellos que el juez puede eximir totalmente de castigo, mandarán clausurar los procedimientos, siendo su resolución inapelable". Esto es lo que han hecho en la mayoría de los casos los jueces y las juezas uruguayas. Llegamos a una estimación de 33.000 abortos anuales y el número de procesamientos (no de mujeres procesadas, sino de procesamientos) alcanzaba 0,04% a lo largo de décadas, y casi siempre se trataba de procesamientos que surgían porque había habido una muerte, una complicación grave o porque se ponía en juego otro tipo de instancias que tenían que ver con las protecciones policiales a los practicantes de abortos, por ejemplo.

Evidentemente esta doble intervención médico-juez interfiere con la costumbre de la sociedad uruguaya que ha derogado de hecho la ley 9.763.

EC - Por eso ustedes optan por decir "nosotros también lo hicimos o sabemos de situaciones como esta y no las hemos denunciado", se autoinculpan, plantean un desafío.

RS - Sentimos una gran impotencia, entre otras cosas porque el Parlamento hace dos años que tiene un proyecto de ley sobre este tema y no lo discute. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer a esta mujer que ya fue víctima de violación a sus derechos y a todas las otras mujeres uruguayas que se enfrenten a esta situación? Ofrecemos nuestras propias personas, además de exigir nuevamente, como lo haremos, que se discuta y se apruebe la ley de salud sexual y reproductiva, ofrecemos nuestras propias personas en prenda de que la justicia, si decide ahora empezar a actuar, sepa que va a tener que actuar sobre muchas personas.

EC - El encubrimiento implica consecuencias para quien lo practica.

RS - Sí, el artículo 326 del Código Penal establece esa figura para quien ayudara a una mujer a abortar.

EC - Además, en el caso de encubrimiento u omisión de información sobre un delito el artículo 197 del Código Penal prevé un castigo que sea la tercera parte de la mitad de la pena establecida para dicho delito. Ustedes se exponen a consecuencias a partir de esta "confesión". Obviamente va a ser muy difícil que la justicia actúe contra 700 personas, o más, porque la cantidad de firmas sigue aumentando.

RS - Son 848 a esta hora de la mañana.

EC - Ustedes están buscando sensibilizar, volver a activar esta discusión, ¿de qué manera? ¿Qué pretenden exactamente? Porque mientras tanto el presidente de la República se mantiene muy firme en su anuncio de que vetará cualquier ley que incluya la despenalización del aborto.

RS - En ese sentido parece bastante reveladora la afirmación de Bottinelli, hace unos días, en su programa: una minoría, que en este caso cuenta con el respaldo del presidente de la República, se impone a la opinión de la mayoría de los uruguayos. Estamos buscando otras vías de expresión de la opinión de esa mayoría.

EC - La Encuesta Factum que divulgaba el sociólogo Eduardo Bottinelli indicaba que 61% de los encuestados está a favor de una ley que incluya formas de despenalización del aborto.

RS - Y decía Bottinelli que es una situación estructural, que hace muchas décadas que esa es la relación de opinión pública en Uruguay.

EC - ¿Concretamente a qué apuntan ustedes en ese contexto?

RS - En primer lugar, a hacer una acción ciudadana de amparo a las mujeres que necesitan abortar en estos días y mañana. Ese es el primer objetivo, hacer saber a las mujeres uruguayas que estas acciones del Estado encuentran resistencia en ciudadanas y ciudadanos.

En segundo lugar, retomar el curso de exigencia de que la ley de salud sexual y reproductiva sea discutida y aprobada en el Parlamento. Es decir, que los representantes de la ciudadanía actúen como tales y no como mandados por el presidente de la República.

Esos son los dos ejes principales de nuestra movilización.

EC - Esto daría para mucho más, pero le hago una última pregunta a partir de comentarios de los oyentes: ¿cómo se plantan ustedes frente al aborto en sí mismo? Porque uno de los tantos mensajes, de Marita y Fernando, dice: "Acá estamos en contra del aborto pero a favor de su despenalización".

RS - Esa es la situación en la que está muchísima gente, muchísimos de los firmantes y muchísimos de los que están a favor de la ley de salud sexual y reproductiva, de ese 61%. Yo soy investigador en el tema del aborto, estoy a punto de publicar un nuevo libro que fue hecho en el marco de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar sobre la actual situación de la práctica de aborto en Uruguay, y me consta que un número muy importante de personas está, por distintos motivos, en contra del aborto en abstracto pero cuando llega el momento de enfrentar la perspectiva de una maternidad forzada, de un embarazo que encuentra que no puede continuar, recurre al último expediente, que es el aborto. No adelanta demasiado opinar sobre el aborto en abstracto, porque en última instancia cuando llega la situación concreta la mayoría de las veces la opinión que se tuvo a priori no es la que predomina.

El colectivo que está firmando esta carta tiene opiniones tan diversas como personas lo integran, porque esto no es un movimiento que ha elaborado un posicionamiento con relación al aborto. Hemos elaborado un posicionamiento, al igual que sus oyentes, en torno a esta situación, a la necesidad de que sea despenalizado y de que sea regulada su realización desde el sistema de salud. Porque está vigente y en estos días se ha hablado mucho de la ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública, que prescribe la atención pre y posaborto, lo cual es un gran avance en el discurso, porque en la práctica desde 2004 hasta ahora no se han tomado medidas para que esa normativa de salud sea aplicada en todo el territorio nacional ni en todos los centros de asistencia. Además esa normativa deja el momento del aborto fuera del sistema asistencial, y esta señora que fue denunciada y procesada, puede haber sido una persona que haya ido al Pereira Rossell a hacer una consulta preaborto y después fue denunciada por un médico. Hemos avanzado mucho en algunos terrenos con la ordenanza 369, pero este acontecimiento demuestra que no alcanza.

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Edición: Mauricio Erramuspe