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La decisión fue tomada a impulso del presidente Donald Trump, dando marcha atrás a una medida aprobada en 2015 por Barack Obama para definir a la red como un "servicio público de libre e igual acceso".

A pesar de haber sido implementada aún, la sola mención de la voluntad en avanzar en ese sentido ha generado una amplio debate a nivel mundial por los impactos que tendría para la propia naturaleza de las red de redes.

Según explicó Varalla, el impacto estará dado en el hecho de cinco de las quince compañías más grandes de internet provienen de Estados Unidos, con lo que una medida de ese tipo podría tener un efecto "cascada" muy importante en todo el mundo y frenar, entre otras cosas, el desarrollo de actividades basadas hasta el momento en la libertad de acceso. "Tiene el potencial para transformar totalmente internet", sostuvo.

Varalla planteó que uno de los posibles escenario sería la segmentación de servicios por parte de los proveedores, que podrían limitar ese acceso en función de lo que pague cada usuario. Por ejemplo, el bloqueo de contenidos o la reducción de la velocidad en función de qué tipo de servicio se contrate, en un esquema similar al que aplican las empresas de televisión por cable.

El especialista advirtió en ese sentido del peligro de la profundización de la división digital que perjudicará a los usuarios que, con pocos recursos, tendrá limitadas sus posiblidades de ingreso a la red.

En Uruguay, el senador Pedro Bordaberry presentó tanto en esta como en la pasada Legislatura un proyecto de ley que garantice la neutralidad de la red del país. Consultado, Varalla sostuvo que el problema, justamente, radica en la centralidad que tiene Estados Unidos en el sistema, por la que sería bastante díficil evitar los efectos de esta medida a nivel local.

Esto significa que las compañías de telecomunicaciones no pueden podían bloquear contenido o reducir la velocidad de Internet para un servicio específico, por ejemplo Spotify, para privilegiar otro como puede ser YouTube. Además, las empresas están prohibidas a darle un trato preferencial a su propio contenido, como puede ser Claro Música, para desfavorecer a sus competidores, como puede ser Spotify.

El cambio votado en Estados Unidos tiene dos grandes consecuencias: La primera es que permite a las empresas proveedoras de Internet prohibir las aplicaciones que no acepten sus condiciones, provocando el bloqueo de contenidos. La segunda, es que les permite enlentecer algunos servicios para priorizar otros.

El abogado Matías Jackson explicó que ahora las empresas pueden empezar a generar paquetes que diferencien el tráfico que llevan, por lo que empresas como Netflix podrían pagar para que sus datos sean más rápidos que el resto.

Otros países de América Latina, como Chile y Brasil, han votado en sus Parlamentos leyes que defienden la neutralidad de la red, por lo que no se ven afectados con esta decisión de Estados Unidos. Chile la votó en 2010, mientras que Brasil lo hizo en 2014. En tanto, la Unión Europea tiene desde el año 2016 un reglamento sobre la neutralidad de la red y en los últimos días anunció que seguirá protegiéndola, pese a la decisión de Estados Unidos.

Uruguay aún no ha tomado una definición sobre este asunto, aunque desde la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) vienen siguiendo con atención la discusión, admitió a Así Nos Va el presidente de Agesic José Clastornik.

Quien sí ha redactado un proyecto de ley, al que nunca se le ha dado trámite parlamentario y que descansa en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, fue el senador Pedro Bordaberry, que primero en el año 2011 y luego en el 2015, presentó el proyecto de "neutralidad en la red y accesibilidad", que consta de 9 artículos y que reconoce el derecho al acceso a la información por medio de redes informáticas. En diálogo con Así nos va, el senador Pedro Bordaberry explicó que el proyecto busca garantizar que todas las personas "puedan ingresar de la misma forma a internet".

El proyecto de ley de Bordaberry señala que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) debe ser quien controle que se cumpla con este derecho y prevé sanciones que van desde un apercibimiento hasta una multa que no podrá exceder las 4.000 Unidades Reajustables. Para Bordaberry, lo que está en juego en esta discusión es garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos.