El pasado 14 de diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) tomaba la decisión de poner fin a las regulaciones que amparaban la internet como un servicio público y que fueron aprobadas en 2015 bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

Ahora, seis meses más tarde, la institución con mayoría republicana oficializó la entrada en efecto del nuevo reglamento, que ha generado un amplio rechazado desde múltiples sectores, pero que cumple con una aspiración de los políticos conservadores que ha sido continua en los últimos años.

Entre quienes se han opuesto a la caída de la norma abanderada personalmente por Obama se encuentran los demócratas, organizaciones defensoras de los derechos civiles, compañías tecnológicas como Twitter, empresas generadoras de contenido y hasta algunas voces republicanas.

En este nuevo entorno, las empresas proveedoras de internet (ISP) pueden bloquear o ralentizar el acceso a determinadas plataformas sin importar cuál sea su contenido: por ejemplo, portales de emisión de vídeo como Netflix o medios de comunicación.

Sin embargo, el principal temor de sus detractores no es el hecho de que la libertad de expresión y la pluralidad pueda verse coartada, sino la revolución del modelo de negocio que puede implicar la caída de la neutralidad de la red en el sector.

De este modo, los defensores de los derechos del consumidor creen que los nuevos permisos podrían derivar en un contexto en el que las ISP ofrezcan paquetes de servicios con distintas velocidades de carga (privando del acceso a algunos portales) e incluso vetar o primar los servicios de plataformas como Netflix o unos medios de comunicación sobre otros.

En un vídeo difundido  por la FCC, su director, el republicano Ajit Pai, incidió en que los proveedores de internet que violen las normas de competencia se enfrentarán a la agencia federal y aseguró que las nuevas normas garantizan un mayor desarrollo del sector.

El afán de los oponentes a la nueva norma alcanzó su cumbre con la activación de la CRA, un mecanismo del Congreso dirigido a revertir decisiones de agencias federales que fue puesto en marcha por los senadores demócratas -en minoría, con 49 de los 100 escaños- y que logró seducir a tres republicanos para salvar el primer paso del proceso.

Pero los progresistas no han conseguido ejecutar el segundo eslabón de la difícil empresa, que consistía en que la Cámara de Representantes, de abrumadora mayoría republicana, apoyase revertir la decisión de la FCC, algo que finalmente no se ha producido.

En el ámbito judicial destacó la demanda redactada por una coalición de 22 fiscales generales estatales, que pidieron al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revisar la decisión de la FCC, que consideraron "arbitraria, caprichosa y un abuso".

En los últimos meses, múltiples estados, con el de Washington a la cabeza, han elaborado leyes y órdenes ejecutivas que amparan la llamada neutralidad de red, forzando a los proveedores que quieran tener contratos con las instituciones regionales cumplir con esos requisitos.

Brent Skorup, experto en Política Tecnológica de la Universidad George Mason, augura el registro de nuevas demandas y normas a nivel estatal como rechazo a la regulación ahora aplicada.

"Espero pocos cambios en el futuro inmediato para los consumidores, pero las ISP (...) continuarán experimentando e invirtiendo en nuevos servicios", aseguró a Efe el investigador, quien comulga con la visión de la FCC.

Desde la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), avanzaron hoy en su cuenta de Twitter que la entrada en efecto no será el fin de las reivindicaciones: "No nos privará de volver a la carga", subrayaron.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no desechó la opción de culminar la CRA y resaltó que la regulación supone "dar luz verde a las grandes ISP para imponer mayores pagos por servicios de internet a la clase media, los pequeños negocios, las escuelas, la EE.UU. rural y las comunidades de color". 

EFE