(Emitido a las 9.06)

JOSÉ IRAZÁBAL:
¿Cuánto acceso tenemos los uruguayos a las tecnologías de la información? ¿Cuán capacitados estamos para poder utilizarlas? Durante la campaña electoral el gobierno de Tabaré Vázquez impulsó los pilares de la sociedad de la información y la democratización del acceso a las nuevas tecnologías, sin embargo, inmerso en otras emergencias, el desarrollo de políticas en ese sentido ha permanecido rezagado. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasos debe dar el gobierno para desarrollar las tecnologías de la información y el acceso a ellas?

Para responder esa y otras preguntas estamos recibiendo esta mañana al asesor en temas de sociedad de la información de la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología (Dinacyt), Roberto Elizalde, quien elaboró un primer diagnóstico para empezar a trabajar en este campo.

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Elizalde, vamos a empezar por aclarar una expresión que mucho se usa pero poco se conoce: "sociedad de la información".

ROBERTO ELIZALDE:
Antes de hacer esa aclaración quería decir que esto fue una investigación que me encargó la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (Fesur) y que tenía como horizonte qué se ha avanzado en los primeros seis, ocho meses del gobierno respecto del tema sociedad de la información.

"Sociedad de la información" es un término que tiene muchas formas de entenderse, pero básicamente es una sociedad en la cual el peso del tráfico de la información empieza a ser más grande o más importante que el de algunos bienes materiales. Hay un proceso que tuvo su pico a partir de la revolución industrial y hasta bien entrado el Siglo XX, en el cual la cantidad, por ejemplo, de toneladas exportadas, movidas, ese tipo de cosas, era una medida del crecimiento de una sociedad. Hoy lo que se negocia o lo que puede dar mayor cantidad de ingresos es algo intangible como es el conocimiento, la información y la transferencia de servicios a través de este tipo de cosas. Entonces una sociedad que tiene un peso importante en el tráfico de información, de conocimiento, puede ser considerada como avanzando hacia esa sociedad de la información. Tiene que ver con un paradigma de sociedad en la cual este tipo de bienes y servicios es el predominante.

JI – Implica tener una sociedad capacitada para utilizar las nuevas tecnologías, para crear contenidos para ellas y contar con una cantidad de técnicos suficientes como para darles soporte.

RE – Es fundamental, primero, que le sirva a alguien. Podríamos tener una idea más elitista o más empresarial de decir: "Se puede radicar un núcleo de negocios", entonces podemos exportar software, servicios, ese tipo de cosas, pero no va a haber una evolución hacia la propia sociedad. O puede ser un sistema mucho más integrado en el cual los diferentes componentes de la sociedad, sea como consumidores, como productores, como técnicos que participan en el sistema económico generado por el conocimiento, estén vinculados con el tráfico de la información. Obviamente esta última es una propuesta más democrática porque todos están participando en el sistema.

JI – Acabás de concluir el mes pasado un documento de 35 páginas en el que se analizan los intentos de Uruguay de incorporar en sus políticas la sociedad de la información y el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo nos encontramos en la materia?

RE – Uruguay tenía a instancias del presidente Jorge Batlle un Comité Nacional para la Sociedad de la Información, un organismo ejecutor que era Uruguay en Red, que se encargaba de llevar adelante las estrategias que ese comité planteaba, y eso estaba en el seno de la Prosecretaría de la Presidencia de la República, o sea muy cerca del Poder Ejecutivo. Pero a partir de 2002, con la crisis, a partir de la crisis política a raíz de eso, hubo muchos cambios de cabezas y liderazgos en Uruguay en Red y finalmente terminamos el período con un Uruguay en Red descabezado, sin estrategia, la estrategia desapareció, desaparecieron los ejecutores, se desarticuló absolutamente el área. El gobierno que llega encuentra una oficina vacía, con una persona o dos, un mantenimiento de un sitio web, pero como estrategia desarticulado. Incluso en el último informe anual de 2004 de Uruguay en Red dice que Uruguay carece de estrategia.

Hasta el momento de hoy Uruguay sigue careciendo de estrategia, a pesar de que en el período que va de marzo a noviembre-diciembre Uruguay siguió participando en foros internacionales, siguió asumiendo compromisos internacionales respecto de la necesidad de tener una estrategia, de cerrar la brecha digital –otro concepto que podemos explicar a qué se refiere–. A partir del presupuesto nacional empieza a haber los primeros signos alentadores de un cambio en esto.

JI – ¿Cuáles son esos signos alentadores?

RE – A instancias de algunos senadores –tengo presente al senador Rubio pero posiblemente haya otros– se incluyó en la ley de presupuesto un artículo creando una agencia para el gobierno electrónico, que de alguna manera toca una parte del tema sociedad de la información, pero también se le asignaron a esa agencia –que todavía no está conformada y no se sabe cuándo va a empezar a funcionar– todos los atributos que tenían Uruguay en Red y el Comité Nacional para Sociedad de la Información. Eso quiere decir que va a haber un organismo especial que va a tener a su cargo esa tarea.

JI – Antes de entrar en otros detalles de cómo se ha movido el gobierno en este tema desde la asunción de Vázquez, en términos generales, ¿cuál es la situación de Uruguay si la comparamos con otros países de la región?

RE – Uruguay tuvo una situación privilegiada o importante en el contexto latinoamericano posiblemente hasta cerca de 2002, tenía una estrategia, tenía un organismo a cargo, tenía un alto nivel de alfabetización digital –que tiene que ver con lo de la brecha digital–, tenía buenos técnicos, tenía una infraestructura eficiente y tenía algunos servicios que empezaban a darse que en aquel momento eran pioneros en América Latina.

JI - ¿Por ejemplo?

RE – Servicios de gobierno electrónico, dar la posibilidad a los ciudadanos no sólo de enterarse y saber qué es lo que está haciendo cada una de las reparticiones del Estado sino conocer los detalles administrativos, los sueldos, la cantidad de personal, a qué se dedica cada uno, pero también la posibilidad de bajar formularios, agilitar un poco la tarea de gobierno a través de esto. En ese tipo de cosas Uruguay estaba bastante adelantado hasta 2002, a partir de la crisis perdió el liderazgo en la mayor parte de los indicadores, fue superado ampliamente por Chile. Eso sobre todo en temas de cantidad de acceso, en la calidad de los servicios gubernamentales; realmente Chile ha avanzado muchísimo; hay otros países de la región, como Brasil y México, que también han avanzado mucho, y Uruguay ha quedado rezagado.

JI – Me estás diciendo de los servicios que se instrumentan desde el gobierno; estamos hablando desde pagos de facturas, consultas, hasta el propio contralor de la actividad de la administración pública.

RE – Por un lado al carecer de estrategia no hay la conciencia de que eso es importante o que tiene que ser un mandato democrático. Estaba en los postulados del partido de gobierno actual, el Frente Amplio, el acceso a la información como un derecho y promover este tipo de tecnologías. De todas maneras, al no haber alguien que esté empujando para esto, queda liberado a cada uno de los organismos públicos si tiene página web o no, con qué características, qué tipo de servicios da. Hay algunas que son meramente testimoniales, diciendo "acá estamos y estos son nuestros teléfonos".

JI – Tarjeta de presentación, nada más.

RE – Hay una etapa, efectivamente, en el gobierno electrónico que es de presencia, como una placa.

JI – No damos nada pero estamos acá: "le dejamos el teléfono por si nos precisa..."

RE – "Si nos precisa, acá están nuestra dirección y nuestro teléfono, llame". Después empieza a haber mayores posibilidades de interacción con los ciudadanos, hasta llegar a la posibilidad de hacer transacciones, esto es una etapa superior. Hay algunas islas avanzadas en Uruguay, pienso en la DGI, la OPP tiene un sistema de compras del Estado, un sitio donde se reúne toda la información.

JI – Y algunos servicios, como UTE y Antel, que permiten bajar facturas.

RE – Y la Intendencia de Montevideo. Pero también nos topamos con problemas graves incluso de cultura. Lo que hace la Intendencia respecto de la partida de nacimiento es un ejemplo claro de las trabas que están en otros lugares. La Intendencia tiene toda la tecnología, la pone a disposición, pero el Registro Civil, que podría hacer el mismo servicio, no lo hace porque una parte de los proventos de ese tipo de papeleo iba para los funcionarios y no se llegó a un acuerdo. Por otro lado, al faltar bancarización o sistemas confiables de tarjetas que todo el mundo culturalmente considere seguros, los pagos se tienen que hacer a través de medios tradicionales, entonces uno le escribe a la Intendencia un correo electrónico, la Intendencia le manda un recibo que uno puede imprimir en su casa, lo paga en un Abitab...

JI – Siempre se muere en el papel.

RE – En el papel y en la cuestión física, habría una cosa que podría ser que me den en un lugar un papel que yo puedo imprimir directamente y eso me sirve como certificado, pero tenemos varios pasos intermedios que son innecesarios, directamente uno podría acceder a ese tipo de cosas más rápidamente.

JI – Al asumir, Tabaré Vázquez anunció que crearía un grupo de asesoramiento en tecnologías de la información y la comunicación; se conformó un Grupo Honorario de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (GATI) con el cometido de asesorar a la Presidencia de la República en el área de tecnologías de la información, de las comunicaciones y de la educación. ¿Qué avances concretos han salido de ese grupo?

RE – Eso fue una promesa del presidente que se cumplió inmediatamente, una semana después de haber asumido el gobierno estaba integrado este grupo de altísimo nivel, en general es gente con experiencia en la industria, sobre todo. Ese grupo preparó algunas propuestas que tienen que ver la informatización del aparato del Estado, el acceso al gobierno electrónico y se ha venido conjugando esto. Ese grupo en realidad trabajó asesorando directamente al presidente pero sin un brazo ejecutor, eso fue lo que ha llevado ahora a la posibilidad de que exista un brazo ejecutor en algún momento, lo que une ese alto nivel político y alta influencia en órbita de la Presidencia de la República y después lo que es la capacidad de ejecución en el aparato del Estado, que es una cosa bastante diferente y más complicada.

JI – Grandes líneas quedaron trazadas.

RE – Quedaron trazadas, sí. El tema, incluso el nombre Agencia para el Gobierno Electrónico es una sugerencia del grupo. Allí no se toman todos los temas de sociedad de la información, falta una cosa que evidentemente el grupo no podía dar, que son las opiniones de diversos sectores de la sociedad, tanto el sector productivo, los empresarios, como la academia, como los usuarios, como los organismos públicos.

JI – Qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan del gobierno.

RE – Qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan, qué es lo que pueden dar, porque son servicios que crean sinergias que mejoran la economía, la eficiencia y algunos otros derechos, como el derecho a la información, respecto de lo cual Uruguay no tiene ninguna ley pero forma parte del concepto "sociedad de la información".

JI – Según el estudio que tú hiciste, ¿qué pasos deberían darse para alcanzar estos cometidos, estas grandes líneas que están trazadas?

RE – Lo primero es conformar un órgano de conducción, y si es posible que ese órgano esté atento a las voces de la sociedad: empresarios, académicos, usuarios. Es un modelo que en la cumbre que terminó en Túnez en diciembre –una cumbre que tuvo dos fases, dos años en hacerse– sobre sociedad de la información se llevó a la práctica, el "multistakeholder", o sea la participación de múltiples actores interesados en cada una de estas temáticas; es un avance importante en la democratización de algunas de las prácticas de las cumbres, se le da la voz efectiva a diferentes organizaciones.

Uruguay debería seguir ese ejemplo, tener un oído atento porque es verdaderamente una interacción que beneficia a todos. Y después efectivamente empezar una reforma del Estado que tome en cuenta los cambios culturales que esto produce. Si yo pongo el sueldo que percibe un funcionario del Estado, eso genera cambios, a veces rispidez, temor, incluso hay gente que no quiere que se conozca su sueldo, aunque es un sueldo público que paga el Estado, que pagamos todos. Pero también genera necesidades de eficiencia, si yo me comprometo en un sitio web a tener la información actualizada, la tengo que tener, tengo que disponer de gente que lo haga; si dispongo una ley que habilite el derecho al acceso a la información de la gente, también la tengo que dar. Son cambios lentos, son cambios culturales, por eso el tema de la sociedad de la información no se implanta por decreto o con una resolución de un momento.

JI – Pensaba en lo que ha sido la cultura, la relación de los uruguayos con las oficinas públicas; arranca de una base bastante endeble. ¿Cuál es el rol del Estado en la incorporación de tecnologías?

RE – En Uruguay el Estado es el principal comprador de todo, de casi todo; es el principal comprador de petróleo, el principal comprador de servicios informáticos, el principal comprador de computadoras. El Estado puede usar su poder de compra para estimular el desarrollo de determinadas industrias, en este caso la industria del software; no me queda claro si conviene tener una industria de hardware, o sea de máquinas efectivamente.

JI – Ha habido alguna experiencia.

RE – O integrarse, de repente, a una cadena; hay que sacar el lápiz, hacer las cuentas y ver si conviene o no. Por ejemplo, si el Estado adopta un modelo que establece que la mayor parte de los trámites se puede hacer a través de la pantalla...

JI - ...lo está incentivando.

RE - ...lo está incentivando y está poniendo en desventaja a las empresas privadas que no se ponen a tiro con eso. La fuerza de arrastre que tiene el poder del Estado es muy grande.

No quiero dejar pasar el tema de la brecha digital, el Estado tiene la responsabilidad de educar a los ciudadanos para que puedan utilizar esto.

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JI – Brecha digital; desde que comenzamos a conversar apareció como un tema que tenías en la agenda con mucha fuerza. ¿Por qué?

RE – Porque es una de esas cosas de principios, verdaderamente de principios. ¿Qué puede suceder con la sociedad de la información? La sociedad de la información va muy rápido, los cambios son muy vertiginosos, y la ventana o la puerta de acceso a la tecnología no es barata para todo el mundo, no todo el mundo tiene una computadora en su casa, distamos muchísimo de tener eso; no toda la gente tiene una conexión de banda ancha con un precio estable que le permita acceder. Entonces se corre el riesgo de que uno avance muchísimo en la democratización del acceso a la información y resulte una democratización virtual pero no real porque mucha gente no accede.

Siempre la distancia que separa a los que saben de los que no saben, a los que pueden de los que no pueden tiene que ser atacada, incluso por cuestiones comerciales. Evidentemente a las empresas les conviene que la mayor cantidad de gente posible pueda utilizar estos servicios porque son más baratos, más eficientes; al Estado le conviene también, porque se ahorran papeleos, trámites, viajes de la gente. Implica tener una estrategia educativa básicamente.

JI – En Uruguay se celebra que llega una computadora a una escuela.

RE – Sí; mi hija tiene 9 años, va a una escuela pública, en la escuela pública hay computadoras pero están encerradas en un cuarto con rejas que se abre cuando hay clase de informática. Es como si tuviéramos una clase de pizarrón, entonces se da la clase a los niños y después se dice: "Vamos a la clase de pizarrón y vamos a escribir sobre el pizarrón".

JI – Es un fenómeno psicológico, tener enrejadas a las computadoras.

RE – Claro, aparte separadas del ámbito educativo normal, que es el salón. Yo entiendo que hay problemas de seguridad, de robos, de ese tipo de cosas, pero eso genera un distanciamiento, ir a la clase de informática es como un instrumento extra, cuando en realidad debería ser: "A ver, ¿quién busca dónde queda Afganistán?", y que utilicen la máquina para hacerlo o que busquen datos históricos en ella, que se la utilice integrada dentro del proceso educativo.

Entonces es muy fuerte la participación de ANEP en esto, hay un convenio entre Antel y ANEP que ha permitido que Uruguay mantenga el nivel posiblemente más alto de América Latina de escuelas conectadas, pero después de 2003, 2004, el mantenimiento que le puede dar ANEP a todo ese sistema de escuelas conectadas es bajísimo, creo que tiene dos o tres personas en todo el país para hacerse cargo del mantenimiento. Muchas veces se rompe un transformador o se desenchufa una conexión y nadie sabe cómo conectarlo y pasa meses sin usarse.

JI – Tengo algunas cifras que hablan de lo que estábamos charlando. Según cifras de Antel, en el país se sigue usando el acceso discado principalmente, ha crecido el acceso a través de cibercafés y el de banda ancha doméstica. A principios de 2005 había 30.000 conexiones, cerramos el año con 50.000; el acceso total de la población a Internet es cercano al 18 por ciento y se considera uno de los más altos de América Latina.

RE – Efectivamente. En Estados Unidos el 50 por ciento de los hogares tiene acceso a banda ancha directamente desde su casa; Uruguay ha hecho en este año un avance enorme y es evidente la decisión de la presidenta de Antel –tuve oportunidad de conversar con ella en el contexto de esta investigación– de popularizar esta tecnología, con todos estos proyectos de venta por giga, o sea por cantidad de carga que uno baja o sube a o desde su computadora, o por cantidad de tiempo de conexión a precios mucho más accesibles que los que existían antes. Antes existía una tarifa plana de 1.278 pesos y hoy por 490 una persona que no trabaja con eso puede utilizarlo.

JI – Sigue siendo caro, igual.

RE – Sigue siendo caro, pero la duplicación de la velocidad de acceso a ADSL ya nos deja en una situación parecida a la de Chile. Hay que tomar en cuenta dos cosas, la depreciación del dólar que actúa en contra si uno lo mide en internacionales, ¿cuántos cuesta un ADSL de 512 k en Uruguay y Chile? Al duplicar la velocidad manteniendo el precio estamos en precios relativamente razonables. No quiere decir que no sea caro ni que mucha gente por 500 pesos por mes extra no lo haga, tomando en cuenta que algún tipo de servicio de cable en el interior puede costar menos y que a veces es una alternativa: "¿qué querés, cable o Internet?" Dicho en lenguaje sencillo: muchas veces es cable e Internet, las dos cosas, va sumando y se hace difícil el acceso.

JI – Había una discusión, que creo que nunca llegó a cuajar en algo concreto, sobre el tema de tener otro tipo de servicios a través de la red de cable, por ejemplo. Hubo un llamado y quedó por el camino.

RE – Ahí entra Ursec. Hoy el envío de datos se puede hacer a través de la red telefónica, que es el medio más extendido, posiblemente el más seguro, y es una red que llega a casi todos lados del mundo; se puede hacer a través del satélite, que siempre se conecta después con la red telefónica; pero también se han hecho experimentos de envío a través de la red de energía eléctrica o inalámbrica. Hay tecnologías múltiples para llegar, pero se podrían dar a una casa a través de un solo cable los servicios de televisión de abonados, de telefonía y de acceso a Internet, pero eso es por lo menos un terremoto en los planes de negocios de muchas empresas. En el caso concreto de Uruguay, la empresa Antel, que es una de las principales financiadoras del presupuesto nacional, que como es propiedad de los uruguayos le da su excedente al país, ha sufrido a lo largo del tiempo un montón de impactos –no digo que esté bien o mal– en su estrategia de negocios.

La telefonía internacional, que era el segmento más interesante, lo que se llamaba la crema del negocio, pasó a ser de libre competencia. Ahora la crema del negocio puede ser el acceso a ADSL, entonces si el gobierno le permite al operador de cable hacer ese tipo de cosas, le debería permitir a Antel dar ese servicio, dar televisión por cable. Son todas posibilidades técnicas que hoy existen y que no significarían ninguna dificultad; simplemente hay que ser muy cautos en cómo se implementan estas políticas porque pueden provocar un disturbio mayor que el beneficio que se pensaba dar.

JI – De lo que estás diciendo surge una presión muy fuerte y pasos estratégicos fundamentales del Estado mismo en este tema.

RE – Pienso que ese llamado va a llegar, que en un momento va a llegar una red convergente. Hay que evitar duplicación de esfuerzos en el país, en muchos países del mundo ha pasado que hay lo que se llama backbones, las líneas troncales más anchas, duplicadas, multiplicadas, o sea hay capacidad ociosa que después del boom, de la burbuja del punto.com quedó disponible. Uruguay no puede darse el lujo de derrochar sus esfuerzos, tiene que concertar una política, una estrategia común entre los operadores públicos y privados, ponerse de acuerdo y llevarlo adelante. Tampoco podemos quedarnos atrás en el progreso de las posibilidades técnicas. Otro tema que es un destrozo para los sistemas de negocios pero algo imparable es la voz sobre IP, la telefonía a través de Internet. Esto destruye el negocio de las llamadas internacionales, entonces, ¿qué pasa con las empresas que viven de eso? Posiblemente yo como ciudadano no tenga que ocuparme del destino de las empresas, pero seguramente el gobierno quiera ocuparse del destino de su empresa estrella, que es Antel, y ver cómo se integra por la función social que cumple, porque de repente no hay ninguna otra que dé servicios de telefonía rural, como los puede dar Antel o Ruralcel, entonces supongo que la idea es ser precavidos al tiempo de no negarse al progreso inevitable. Considero que el monopolio, incluso de la telefonía fija doméstica desapareció, ya no existe, está consagrado algo que técnicamente es indefendible porque no se puede llevar a la práctica, no se puede controlar.

JI – Me gustaría que me marcaras dos o tres pasos fundamentales que te parezca se deben dar si se quiere retomar ese proyecto de una sociedad que tenga acceso a la tecnología, que pueda aprovecharla para su negocio, para su negocio.

RE – Lo primero que tiene que haber es un ámbito de discusión de estrategias que integre la mayor cantidad de actores posible, eso es el centro. Segundo, tiene que haber una decisión del Poder Ejecutivo básicamente, de lo más alto posible, que apunte a un cambio de cultura en el aparato del Estado. El aparato del Estado no está acostumbrado a la transparencia, a la agilidad, a abrirse a los ciudadanos como el centro del asunto, muchas veces se piensa para adentro: lo que entró por la puerta del ministerio, del ente es nuestro, nosotros lo manejamos y después devolvemos lo que tenemos que devolver.

JI – Y asumir las responsabilidades...

RE - ... asumir la responsabilidad por los errores, por las cosas que se hicieron mal, por los cálculos o las expectativas, si uno tiene: "este fue nuestro presupuesto proyectado hace cinco años y esto fue lo que ejecutamos". Es algo que permite a los ciudadanos medir qué bien o qué mal se gobernó. Ese tipo de cosas tiene que venir de un liderazgo muy fuerte, tiene que haber una convicción de que eso es una herramienta democratizadora para los uruguayos. Y después tiene que haber una estrategia que combine los intereses de las empresas, de las empresas de software de Uruguay, que son una industria muy importante, de los distribuidores, de los agentes privados de cable y otros tipos de servicios que se puedan dar, con las necesidades del público.

JI – Sobre la industria del software no dijimos prácticamente nada. ¿Cómo la ves?

RE – Tengo un ejemplo concreto: cuando Uruguay estuvo haciendo la prueba de la tercera generación de telefonía y Antel durante seis meses preparó todo para este tipo de telefonía con servicios extra, hubiera sido fundamental llamar a la industria de contenidos, a la industria del entretenimiento uruguaya, que existe también un poco dispersa, a los productores de contenido y decirles: en tal año, en tal fecha vamos a largar este tipo de servicios; o si bien vamos a tener los servicios que compramos –el tiempo, por ejemplo– de compañías extranjeras, o hay una compañía uruguaya que los provee. Hay una oportunidad de negocios, entonces llenar de contenidos uruguayos servicios que se van a dar a través de Internet, de teléfonos celulares o ese tipo de cosas, es coordinar la industria con un negocio que sabemos que va a existir, y en vez de permitir que otros llenen ese espacio promover que lo llenen empresas uruguayas. Es una forma de darle valor al trabajo uruguayo.

JI – Tenemos un montón de llamadas. En casa de herrero, cuchillo de palo, no hablamos del tema comunicaciones; un montón de oyentes que nos ha estado mandando preguntas y las hemos estado cubriendo, simplemente quería trasladarte una de Luis, del Parque Batlle, que se refiere a esto último: "Mucho se ha hablado en nuestro país de la existencia de un polo tecnológico en materia de software a partir de los buenos números que presentaba el sector, pero en función del diagnóstico –que has realizado tú–, ¿en Uruguay existe realmente ese polo, o más bien lo que hay es un grupo reducido de empresas exitosas en el área pero sin mayor interrelación?".

RE – La industria de software es exitosa, se creó y se crió sin ningún tipo de apoyo estatal y ha sido muy exitosa, pero ha sido éxitos afuera básicamente, paradójicamente los bancos uruguayos no compran sistemas bancarios creados por empresas de software uruguayas porque les piden como requisito que hayan operado con una empresa con más de 10 mil empleados, ese tipo de cosas, que son para cubrirse, evidentemente, "si yo le pido a una empresa de tipo internacional, si falla algo, a mí que tomé la decisión no me va a pasar nada". Eso impide que algunas empresas uruguayas que tienen excelentes productos que venden a otros lados, funcionen en el propio Estado.

Hay una cierta interrelación, hay algunos programas o productos, como Genexus que es toda una tecnología que sirve para que otros se suban a caballo de ella y funcione, que permiten una interrelación fuerte entre diferentes empresas que tienen intereses comunes. Pero más que nada lo que funciona son microempresas que venden sus servicios o sus productos en el exterior, últimamente se han concentrado más en servicios, hay un interés en vender más productos, tipo software concreto, más la implementación, más los servicios a eso.

JI – Tendrían que estar en esa mesa de la que hablabas hoy.

RE – Otra cosa de la que no hablamos es el Centro de Ensayos de Software que se hizo. Toda industria de software necesita, para garantizar la calidad de los productos, que se les hagan todos los tests posibles, bajo todas las condiciones; Uruguay todavía no tiene un nombre reconocido mundialmente en cuanto a calidad de software y tiene que dar eso. Entonces se creó ese centro, que es una suma de los esfuerzos de toda la industria más la Universidad de la República –la Facultad de Ingeniería especificamente- que da ese servicio que es muy caro pero al hacerlo entre todos –porque una empresa puede4 necesitarlo una o dos veces por año con un nuevo productos- pero todas las empresas si se juntan y lo hacen permanentemente se le está dando uso. Sirve para formación –esto es lo que decía de las sinergias– de los técnicos de la Universidad de la República y les sirve a las empresas como prueba de garantía. Son esfuerzos de coordinación de políticas, de ver cómo la industria, más allá de las empresas, que son microempresas, sumando, puede tener mucho más fuerza.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Alexandra Hahn