(Emitido a las 07.35)

EMILIANO COTELO:
Esta noticia es portada hoy en el semanario Búsqueda: "El presidente Jorge Batlle emitió ayer miércoles una resolución por la cual ordenó que el Estado absorba, de forma pronta y adecuada, todas las concesiones y empresas de agua potable y saneamiento que estén siendo operadas por privados. Por intermedio de un documento que firmó en la Base Aérea Nº 1 minutos antes de partir hacia Costa Rica, donde asistirá desde mañana viernes a la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Batlle activó formalmente los mecanismos para que el 14 empresas privadas que se desenvuelven en el sector de agua potable y saneamiento sean absorbidas por el Estado, tal como lo determina, desde el punto de vista del gobierno, la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre, que entró en vigencia el viernes 12 de noviembre".

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Vamos a dialogar con el doctor Leonardo Costa, prosecretario de la Presidencia de la República. ¿Ahora sí hay que entender que, con la resolución que firmó ayer el doctor Batlle, se oficializa la interpretación del Poder Ejecutivo sobre el alcance de la reforma?

LEONARDO COSTA:
Sí; en días anteriores ya se había manifestado en forma clara y contundente que esta era la posición que entendía el Poder Ejecutivo surgía del texto constitucional aprobado en forma mayoritaria por la ciudadanía el día 31.

EC - Se lo pregunto porque hubo varios cambios, algunos de ellos sorpresivos en esta materia. El lunes de la semana pasada nosotros entrevistábamos al doctor Óscar Brum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que decía que el Poder Ejecutivo iba a convocar a juristas para ir definiendo una posición en esa materia; sin embargo el jueves al mediodía ya salió la opinión, que era la de que las concesiones caían.

LC - Correcto...

EC - No se llegó a convocar a los juristas.

LC - No; le digo más: cuando se habló del tema, integrantes de alguna fuerza política dijeron que no era necesario, que esta era una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y así se entendió. Es también el corolario de la decisión natural de la ciudadanía; y por otro lado es una responsabilidad que había que tomar lo antes posible, interpretarla a nuestro juicio es lo que manda y dice la Constitución.

EC - Se lo pregunto porque el doctor Brum en aquella entrevista dijo que había dos bibliotecas, y que justamente había que estudiar el tema para optar por una de ellas.

LC - Naturalmente. Los abogados a veces nos caracterizamos por tratar de buscarle la quinta pata a la mesa, que tiene cuatro.

EC - Lo otro que pasó fue que, después de que el jueves se anunció cuál era el criterio del Ejecutivo comenzaron a correr los días y no aparecía la resolución que formalizara ese punto de vista.

LC - Correcto. Era básicamente un trámite burocrático y administrativo.

EC - Esto implica que ahora empiezan a darse... ¿qué pasos?

LC - Hay que empezar a analizar; no todas las concesiones están en la misma condición desde el punto de vista de la propia actitud de los concesionarios...

EC - Sí; Uragua quiere irse y Aguas de la Costa no.

LC - Exactamente, no todas se encuentran en el mismo grado de cumplimiento. Ese es el estudio que tenemos que hacer de nuestra parte, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los efectos jurídicos y económicos se van a ir viendo hacia el futuro, tenemos que hacer esta transición en forma adecuada evitando que los efectos sean más perjudiciales que los propios de la reforma.

EC - ¿Puede ser un poco más explícito en ese sentido?

LC - Lo que quiero decirle es que en esto tenemos que tomar la decisión de principio y luego ir analizando caso a caso cuál es la situación de cada una de esas concesiones, de manera tal de evitar que decisiones de nuestra parte puedan agravar la situación posterior jurídica y financiera del Estado.

EC - A ver: las concesiones caen todas, según el criterio del Poder Ejecutivo, pero la diferencia entre un caso y otro, entre una empresa y otra podría estar, por ejemplo, en el monto de las indemnizaciones.

LC - En el grado de cumplimiento.

EC - Estaría en función del grado de cumplimiento.

LC - Exactamente. Especialmente en el caso de Uragua ya con anterioridad a la propia posibilidad de que la reforma fuese aprobada habían existido dificultades por cumplimiento del contrato. Esas son las cosas que tenemos que ir viendo con el tiempo adecuado, buscando todos los estudios técnicos y jurídicos que avalen que la decisión no le acarree al país costos adicionales al que le trae la reforma.

EC - Pasando en limpio: en el caso de Uragua esto quiere decir que la indemnización a pagar por parte del Estado -si es que hay que pagar- seguramente va a ser menor a la que la empresa va a reclamar.

LC - Eso es lo que justamente tenemos que estudiar de modo de estar adecuadamente preparados, tanto jurídica como técnicamente, para evitar, en el caso de que una u otra parte tenga razón, que el Estado se encuentre en peores condiciones. Eso es lo que estoy diciendo.

EC - Lo otro que se supo ayer fue que ante el proyecto de ley interpretativa de la reforma constitucional que promueve el Partido Nacional (PN), un proyecto que justamente va por la biblioteca opuesta a la del gobierno porque establece...

LC - No sólo a la del gobierno -le aclaro-: va en contra de las bibliotecas de Cassinelli y Korzeniak, de la Comisión pro Referéndum, del propio sindicato que propuso todo esto... y creo que de unos cuantos juristas más.

EC - Sí, se han acumulado puntos de vista a favor de la posición de que las concesiones caen. Pero el PN, que también tiene sus expertos, entre ellos por ejemplo, por mencionar uno, el doctor Juan Andrés Ramírez, sostiene que las concesiones no caen, y por eso promueve un proyecto de ley interpretativa que, si sale, será vetado por el Poder Ejecutivo. Esta fue la otra novedad del día de ayer, cuando 24 horas antes había trascendido -creo que dicho por usted mismo- que no, que si el proyecto salía el Poder Ejecutivo lo iba a dejar.

LC - Sí; fue una opinión personal. Después de discutido el tema con el presidente se entendió que en virtud de que el proyecto, habiéndolo conocido, es notoriamente inconstitucional, la decisión, de ser aprobado, debe ser el veto por razones de legalidad.

EC - ¿Puede ser más detallado?

LC - Sí, el texto constitucional es bastante claro en la medida en que dice dos cosas. En un inciso dice que todas aquellas concesiones que contraríen los principios que se establecen en el artículo 47, en los literales a) a d), deben caer en forma inmediata; y en el tercer inciso dice que todos los servicios de agua potable y saneamiento serán prestados por el Estado.

La interpretación que nosotros hacemos del "serán prestados por el Estado" y del inciso 1 es que es imperativo, es de aplicación inmediata, no es un problema de retroactividad sino de aplicación inmediata de la Constitución. Tanto es así, la prueba del nueve de que todo esto es así, que la letra transitoria posterior habla justamente de cómo tienen que ser las indemnizaciones. Mal puede hablarse de indemnizaciones si no se está hablando de que las concesiones van a caer. El texto no deja lugar a dudas.

Y aun más, toda la campaña de recolección de firmas fue hecha en ese sentido, incluso toda la campaña electoral. Como se recordará, el Partido Independiente presentó una propuesta tratando de aprobar un nuevo texto de ley constitucional a ser sometido a la soberanía, junto con el que luego resultó aprobado, que iba justamente en la dirección de que las concesiones no iban a caer. Ese texto por diversas razones, entre ellas porque el propio PN no lo apoyó, no fue aprobado. Es una demostración más de que el texto hoy vigente tenía por efecto y por sentido el que le estoy diciendo.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón