(emitido a las 7.48 hs.)

EMILIANO COTELO:
El control de la inflación se ha vuelto el principal desafío del Gobierno en el frente macroeconómico; es que la inflación de doce meses llegó en febrero a 9,8%. En ese contexto, el ministro de Economía, Mario Bergara, anticipó que se está preparando un conjunto de medidas para tratar de revertir la suba de precios. Concretamente, anunció que el Gobierno hará "sacrificios tributarios" que incluyen renuncias en el cobro de impuestos en tarifas públicas -habló de UTE y de Antel-, reducción de IVA para la importación de frutas y verduras y un aumento del subsidio a la cuota de las mutualistas, entre otras resoluciones.

Se estima que el paquete tendrá un costo de más de 100 millones de dólares anuales.

Por otro lado, el Gobierno entraría en conversaciones con las grandes cadenas de supermercados para buscar acuerdos de precios sobre algunos productos.

El diálogo es con Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte, a propósito de estas novedades.

ROMINA ANDRIOLI:
Para empezar, no sorprende este anuncio de ayer, ¿no? Era algo esperado.

PABLO ROSSELLI:
Totalmente esperado, después de haberse conocido el dato de inflación de febrero y mirando la dinámica que están mostrando los precios, había un riesgo relevante de que la inflación superara el 10%. La evolución de la inflación en los próximos dos o tres meses va a ser muy sensible al comportamiento de las frutas y verduras, que es un componente volátil, y por lo tanto tenemos que reconocer que hay un margen de error en cualquier proyección que es significativo.

Este mes, por ejemplo, parece que las frutas y verduras están bajando, pero sin rebajas de tarifas la probabilidad de que la inflación pasara el 10% en los próximos tres meses era muy elevada, por lo cual estábamos esperando que el Gobierno actuara sobre las tarifas. Todavía no tenemos mucho detalle de las medidas que implementará el Gobierno, pero aparentemente las reducciones de las tarifas de UTE y Antel serían de magnitudes importantes. Y esto tiene una incidencia relevante en el IPC.

En lo que hace a las rebajas de IVA a las importaciones de frutas y hortalizas podría ayudar algo esta medida, pero también depende de cómo se termine trasladando eso a los precios al consumo.

RA – Decías que todavía no tenemos mucha información, pero, ¿de qué magnitud puede ser el impacto de este tipo de medidas?

PR – No tenemos muchos elementos, pero si pensamos sobre todo en el efecto de una reducción de la tarifa eléctrica y de teléfonos, de las magnitudes que podrían ser, con una reducción del IVA o algo por el estilo, es probable que el conjunto de medidas tenga una incidencia de más de 1% en el IPC. Pero tenemos que ver exactamente lo que se termine aprobando.

De todos modos se trata de un efecto transitorio y reversible. Reversible porque en principio estas reducciones de impuestos y las rebajas consiguientes van a ser transitorias, una vez que termine el período de precios rebajados, los precios vuelven a subir y el impacto a la baja se transforma en un impacto al alza.

Pero además de ser reversible es esencialmente transitorio en el sentido de que no cambia, a nuestro juicio, la dinámica inflacionaria. Más aún, el Gobierno está anunciando una medida de carácter transitorio para atacar un problema que, como hemos comentado otras veces -y como comentó Tamara Schandy la semana pasada- no parece transitorio.

Las presiones de inflación son muy persistentes: lo que llamamos la inflación subyacente, que saca frutas y verduras que es volátil y saca los precios administrados, está en 9,5% anual. Los precios llamados "No Transables"; (que responden a oferta y demanda interna) están subiendo 10% anual. Los Precios Transables, productos que se exportan o se importan y van atados al dólar, se han acelerado a niveles de más de 8% anual porque el dólar ha subido en Uruguay, siguiendo de atrás la suba del dólar que estamos viendo en la región y en el mundo. Si el dólar sube y los precios no transables suben 10% anual, y los salarios suben más de 10% anual, es muy difícil visualizar una reducción de la inflación.

En definitiva las medidas actúan sobre el IPC, pero la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios, por lo tanto las medidas atacan el síntoma, no sus causas. Más aun, si vemos cómo se están diseñando las rebajas de tarifas solo llegan al consumidor con menos impuestos, pero que no modifican los costos de las empresas. Entonces, se incrementa en el ingreso disponible de las familias, no se abaratan costos en las empresas, y cabe preguntarse si a mediano plazo eso no genera una mayor demanda con efectos nuevamente sobre la propia dinámica inflacionaria.

RA – Podría decirse entonces que el Gobierno con estas rebajas está comprando algo de tiempo, ¿es así?

PR – Sí, compra algo de tiempo. También comprará algo de tiempo si logra algunos acuerdos de precios con las cadenas de supermercados y con las principales industrias de alimentos, cosa que probablemente termine ocurriendo.

El tema, como decíamos la semana pasada, es para qué se compra tiempo. La inflación es persistente en Uruguay a pesar de que la economía crece ahora a un ritmo más lento que antes. Hace unos años, atribuíamos la inflación a que la economía uruguaya crecía mucho, es verdad que todavía tenemos un mercado de trabajo sólido y que la economía crece, pero la inflación no cede y por el contrario, se está acentuando. Eso, a nuestro juicio, responde a que el gasto público crece a un ritmo fuerte y a que los salarios están subiendo mucho.

Lo hemos comentado varias veces en el programa, con los salarios tenemos dos problemas: uno es que suben en términos reales más rápido de lo que aumenta la productividad en muchos sectores de la economía, pero además están indexados a la inflación pasada. Esto es porque los ajustes de salarios toman el 5% de centro de rango meta de la inflación más el correctivo por la diferencia entre la inflación efectiva y el 5%. Esa indexación nos asegura que los salarios van a seguir subiendo a un ritmo de 10% anual en los próximos doce meses.

A eso se suma una tendencia de suba del dólar en la región y en el mundo, una tendencia que Uruguay debe tratar de acompañar para no perder más competitividad.

Es muy difícil que en esas condiciones baje la inflación. Por supuesto, uno puede pensar en una política monetaria mucho más dura que la que ya tenemos que acompañe este esfuerzo tributario por el lado de la rebaja de tarifas, pero entonces el dólar podría bajar, y es claro que el Gobierno está evitando tomar ese camino porque acentuaría mucho la debilidad que tenemos en materia de competitividad, una debilidad que a esta altura es preocupante.

RA – Entonces, si entiendo bien, lo que están planteando es que el Gobierno compra tiempo con estas medidas pero para ustedes no es suficiente, ¿es así?

PR – Es así, las proyecciones de inflación tienen un margen de error, entonces uno debe ser cauteloso porque por supuesto nos podemos equivocar y a lo mejor en 12 meses la inflación termina bajando mucho más de lo que estamos previendo. Pero a nuestro juicio las presiones de inflación son muy persistentes, es claro que las políticas macroeconómicas se han vuelto muy inconsistentes.

Con esto me refiero a que el Gobierno quiere lograr tres grandes objetivos: mantener un nivel de gasto público alto y subas de salarios en línea con lo que se ha celebrado en los Consejos de Salarios, quiere mantener cierto nivel de competitividad y quiere evitar una inflación mayor. La realidad es que el objetivo de competitividad se está cayendo, estamos caros frente a cualquier referencia y frente a nuestros dos vecinos, y se nos está cayendo el objetivo inflacionario. Más aún, la adopción de medidas tarifarias y la búsqueda de acuerdos de precios, si no vienen de la mano de cambios de fondo en la política económica, pueden acentuar la falta de credibilidad de los agentes en el compromiso del Gobierno con el objetivo de reducir la inflación. No se puede sostener este aumento del gasto público y de los salarios sin poner en riesgo los resultados en materia de competitividad e inflación.

Con estas medidas el Gobierno intenta postergar ese ajuste de las políticas, es un ajuste que va a quedar para el próximo Gobierno. Para lograr una reducción relevante de la inflación, para mantener un contexto de competitividad adecuado, para revertir la caída de competitividad que ya hemos sufrido y para asegurar la continuidad de un proceso saludable de crecimiento económico, nos parece que va a ser necesario que el próximo Gobierno implemente un ajuste relevante en sus políticas macroeconómicas. El gasto público no va a poder subir en términos reales al menos en los primeros dos o tres años de Gobierno, probablemente será necesario algún incremento de impuestos, y se deberán revisar los esquemas de ajustes salariales.

A nuestro juicio, estas medidas se deberían adoptar cuanto antes, pero es obvio que estamos en un año electoral que hace que eso no vaya a ocurrir, pero debería ocurrir, el Gobierno no debería postergar esas decisiones porque incrementa la probabilidad de que tengamos que hacer más tarde un ajuste en las políticas mayor y más costoso, incrementa de alguna manera las chances de que las cosas salgan mal.

Nos debería llamar la atención la magnitud del costo tributario que tendrían estas medidas que se están anunciando en estos días: 100 millones de dólares es mucho dinero, es un costo tributario que se asume solamente para frenar por algunos meses la suba de la inflación. Es un costo fiscal relevante en el que se incurre para postergar medidas de fondo que cada vez parecen más imprescindibles.

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