(Emitido a las 09.11)

EMILIANO COTELO:
El tema del agua y el saneamiento en Maldonado está realmente complicado. Por un lado Uragua anunció que se va, y por otro Aguas de la Costa se queda; por lo menos esa es su intención y si no la dejan reclamaría una indemnización importante, según ha manifestado en una carta dada a conocer en estas horas.

Un problema que surge a partir de la aprobación de la reforma del agua y una vez que entró en vigor el nuevo texto constitucional, para el cual aún no se avizora una solución aceptable. Estamos viviendo días de gran incertidumbre en esa materia.

Les proponemos conocer la posición de Aguas de la Costa en diálogo con uno de sus directores, ingeniero Francisco Gross, y con el asesor legal de la empresa, doctor Diego Galante.

Para empezar vamos a confirmar algunos datos básicos respecto a de qué se trata esta concesión. Si todo siguiese como está planteado y firmado, la concesión se extendería hasta el año 2018, es decir, 25 años desde la adjudicación, que fue en 1993. El paquete accionario de Aguas de la Costa SA se reparte de esta manera: Aguas de Barcelona (España) tiene el 60 por ciento; STA Ingenieros SRL (Uruguay) tiene un 30 por ciento; y el empresario Niver Benencio (Uruguay) tiene un 10 por ciento.

La concesión de la empresa va desde el arroyo Maldonado al Este, en una franja de...

FRANCISCO GROSS:
...unos 40 quilómetros hasta laguna Garzón, abarcando todos los balnearios: El Tesoro, La Barra, Manantiales, Montoya, El Chorro, Buenos Aires, José Ignacio, La Juanita...

EC - ¿Cuál es el ancho de esa franja?

FG - Del orden de unos cinco quilómetros. Es la mancha urbana que tiene proximidad a la costa como valor urbanístico.

EC - Los usuarios son más de 3.500, entre agua potable y saneamiento.

FG - Exactamente.

EC - ¿De dónde sale el agua que provee Aguas de la Costa?

FG - Son dos subsistemas; el subsistema La Barra, o sea el sector de urbanización entre La Barra y el balneario Buenos Aires, tiene origen en dos fuentes, una es la laguna Blanca y la otra es el arroyo San Carlos, con una tubería de más de 21 quilómetros; el sistema José Ignacio-La Juanita toma aguas de una laguna escondida que se ubica al este de la ruta 6, cercana a la laguna Garzón.

EC - Ustedes han sostenido, tanto públicamente como en una carta que enviaron al presidente de la República con copia al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que en su opinión las concesiones de agua en Maldonado no caen. ¿Cuál es el argumento jurídico detrás de esa posición?

DIEGO GALANTE:
Como está establecido en la comunicación que la empresa envió al Poder Ejecutivo, hay una conceptuación de que el alcance de la reforma constitucional no puede afectar ni afecta los derechos adquiridos válidamente o legítimamente al amparo del contrato de concesión que se firmó hace más de 11 años con el Poder Ejecutivo y en concreto a través de OSE. El argumento central es que la reforma constitucional no hace caer esos contratos vigentes, esas relaciones jurídicas vigentes porque existen derechos adquiridos anteriores que subsisten más allá de la aplicación natural y normal de la reforma constitucional.

EC - Es evidente que este asunto de las consecuencias de la reforma constitucional es algo confuso: hay dos bibliotecas instaladas. Uragua, por ejemplo, y el Poder Ejecutivo desde hace pocos días sostienen directamente lo contrario. ¿Por qué les parece que ocurre esto?

DG - No creo que sea correcto que nos expidamos sobre las posiciones que adoptan otras empresas, el Poder Ejecutivo o quien fuere. Sí es correcto que la empresa transmita y haga pública su posición, en este caso sustentada en informes y análisis jurídicos, sobre el alcance y el impacto de la reforma en su contrato vigente. Desde ese punto de vista es efectivamente cierto que, así como Aguas de la Costa tiene la posición de que no afecta los derechos adquiridos, existe otra posición que entiende que los contratos deben quedar sin efecto. Nosotros entendemos que esa posición no es jurídicamente correcta. Y quiero recordar en ese sentido que hay una controversia que no se suscitó ahora sino antes de que se aprobara la reforma constitucional, cuando, si bien se opinó sobre el alcance, también se dijo -básicamente a través de actores políticos principales- que si entraba en vigencia -como efectivamente ocurrió- no podía afectar los contratos adquiridos...

EC - La alusión es al doctor Tabaré Vázquez y al doctor Jorge Larrañaga, por ejemplo.

DG - Y juristas que sustentaron esa posición. De acuerdo a lo que se informó -tengo conocimiento de que es así- existe un cúmulo muy grande de juristas de distintos partidos y extracciones que sostiene que las concesiones no caen.

EC - Vamos a no empantanarnos en esa discusión jurídica que por lo visto no es sencilla, los oyentes ya saben más o menos en qué términos está planteada. Avancemos: ustedes reclaman al Parlamento que medie en el tema. ¿En qué están pensando? ¿En algo como lo que propuso el Directorio del Partido Nacional (PN) ayer?

DG - Desde el 7 de setiembre de 1993, en que está vigente el contrato de Aguas de la Costa, la empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones que tenía asumidas. En consecuencia nuestro requerimiento no es que el Parlamento intervenga, sino que, en todo caso, se respete ese contrato cumplido permitiendo que subsista como desde nuestro punto de vista está establecido como derecho adquirido.

Pero como en el medio de esta disputa existió una comunicación del Poder Ejecutivo, oficializada el jueves de la semana pasada, habrá que aguardar a conocer el contenido de la misma.

EC - El texto de la resolución del Poder Ejecutivo no se conoce todavía.

DG - Exactamente, no hemos sido notificados ni comunicados como empresa del alcance de esa comunicación, de su contenido, ni siquiera de una decisión oficial notificada.

EC - ¿Cómo piensan responder en caso de que el gobierno finalmente resuelva hacer caer los contratos?

DG - Si bien esa contingencia está estudiada, la empresa entiende que jurídicamente no corresponde pasar a esa instancia hasta que no seamos efectivamente notificados y conozcamos el alcance y los términos en que eso se va a producir.

EC - Pero, por ejemplo, ¿qué van a reclamar en materia de indemnizaciones en esa hipótesis? Se ha hablado de una cifra de 35 millones de dólares; ¿es correcto?

DG - Hay estimaciones sobre las posibles indemnizaciones; sin embargo creo que lo prudente en este momento de incertidumbres y opiniones sobre el tema es establecer claramente, primero, que se va a cumplir el contrato y se seguirá cumpliendo estrictamente, como se cumple desde hace 11 años y, segundo, que una vez conocidos el contenido y el alcance de una eventual notificación que tendrá que hacernos el Poder Ejecutivo, los analizaremos y obraremos en consecuencia de las alternativas que tengamos. Hoy no estamos en un análisis sobre el monto o el contenido de una indemnización.

EC - Ustedes dicen en la carta: "Ponemos en vuestro conocimiento que la empresa efectuará todo lo necesario para lograr no sólo el respeto y cumplimiento integral del contrato de concesión vigente, sino en cualquier caso la reparación integral y absoluta de todos los daños...". Cuando dicen que harán "todo lo necesario", ¿en qué están pensando? ¿Por ejemplo en recurrir a la Justicia como primer escalón?

DG - En Uruguay existen un ordenamiento jurídico y un cúmulo de hechos y obligaciones que tienen todas las partes y de acciones reconocidas a favor de las partes. Desde ese punto de vista hay varios ámbitos donde dilucidar el tema, en vía administrativa, en vía judicial, en vía arbitral, en vía de protección de inversiones...

EC - Llama la atención que la carta destinada al presidente fue enviada con copia al embajador del Reino de España en Uruguay, Fernando Valderrama Pareja. ¿Esto significa que ustedes harán intervenir al gobierno español en caso que las cosas no se resuelvan como sostienen?

FG - Como decía el doctor Galante: veamos cómo acontecen los hechos para proceder en consecuencia. Sin duda en este caso hay un fuerte componente accionario español y hay tratados de protección de inversiones Uruguay - España que son parte de los instrumentos de protección, herramientas que se puede invocar.

EC - Invocar, ¿ante qué organismos: por ejemplo ante tribunales internacionales?

FG - Eventualmente.

***

EC - Queda claro que ustedes van a llevar adelante una larga batalla en pro del mantenimiento del contrato.

DG - Sin duda deseamos, como dice la misiva, proteger nuestros derechos adquiridos y en todo caso, siempre conforme a un Estado de Derecho, manejarnos dentro del marco del contrato vigente, que es el acuerdo de partes y al que nos hemos remitido en once años de práctica operativa.

EC - Llegado el caso de reclamar una indemnización, ¿es cierto que podrían hablar de 35 millones de dólares?

DG - Las estimaciones son muy variadas. Tenemos una oferta en su momento muy transparente, muy abierta, que constituyó la base del negocio, por la que claramente se pueden establecer los flujos de fondos y los componentes de ingreso-egreso para determinar de forma justa la debida asignación de una reparación.

EC - ¿Entonces no desmiente la cifra?

DG - No; los órdenes sin duda pueden ser de ese monto.

EC - Ustedes sostienen haber cumplido cabalmente con sus obligaciones en el contrato de concesión firmado con el gobierno en 1993...

FG - Efectivamente.

EC - ...pero eso está muy discutido en Maldonado o, por lo menos, aquí a Montevideo llegan críticas diversas. Sin entrar aún al capítulo de las tarifas, sólo en el plano de las obras hubo varias denuncias de vecinos de la zona.

Por ejemplo Luis García, quien además integra la Comisión Nacional en Defensa del Agua que impulsó la reforma constitucional, dijo en declaraciones a la prensa: "Aguas de la Costa tendió los caños de saneamiento por las playas de los balnearios, por las playas de José Ignacio, de Manantiales, de La Barra, al extremo de que estos caños de plástico estaban dos metros enterrados por debajo de la superficie de la arena. Cuando soplan vientos fuertes, la sudestada, se rompen los caños de saneamiento y la materia fecal que estaba colectada para sanear los balnearios termina derramándose en nuestros principales balnearios". ¿Qué responden ustedes?

FG - Desmentimos la posición del señor Luis García. Primero, la propia propuesta establecía un proyecto que fue evaluado como el mejor de las tres opciones presentadas en oportunidad de la licitación. La obra fue construida conforme a ese proyecto y está funcionando desde hace once años con óptimos estándares de seguridad. No registramos ningún incumplimiento en once años de servicio.

EC - ¿Pero efectivamente los caños están colocados debajo de la arena, en las playas?

DG - Hay sectores, como existen en la costa de Montevideo; inevitablemente uno no puede ir contra la ley de gravedad. Hay zonas donde la línea de edificación está muy próxima a la arena y hay, como en playa Pocitos, en playa Malvín, en playa Carrasco, colectores totalmente protegidos salvaguardando justamente la calidad del servicio que se presta incluso a aquellos usuarios ubicados más contiguos a la costa del mar. Ese servicio viene operando ininterrumpidamente, sin afectaciones, con total seguridad sanitaria e inclusive con estándares de calidad en términos de protección; por ejemplo para casos de cortes de energía hay equipos generadores de arranque automático, si hay un temporal en José Ignacio un 27 de julio, cae la luz, no hay servicios, pero en esa zona con 300 viviendas hay agua y saneamiento ininterrumpidamente.

EC - También en este plano del impacto ambiental, se los culpa de haber secado la laguna Blanca.

DG - Absurdo y falso. Laguna Blanca goza de muy buena salud, y no lo digo yo: lo dice la Facultad de Ciencias, hay un estudio de la cátedra de Limnología, de más de un año y medio, pormenorizado, hecho a costo de la empresa, de valor de decenas de miles de dólares, que corrobora la plena estabilidad y vigencia de todas las cadenas tróficas, tanto de peces como de fitoplancton y zooplancton. Ese informe, que fue divulgado en su momento con participación de todas las fuerzas vivas de Maldonado, corrobora la plena ambiental de la laguna Blanca. Particularmente -insisto-, en un área especialmente sensible, las obras ejecutadas por Aguas de la Costa han permitido preservar la calidad ambiental de todo este lugar marítimo. Hay que ver la contienda en el resto de Maldonado es: ¿y cuándo se hace el saneamiento? En La Barra y José Ignacio el saneamiento está resuelto por los próximo 20-25 años; hay cero vertimiento, contaminación cero, desde hace diez años.

EC - ¿Pero qué pasó con el agua de la laguna Blanca?

DG - La laguna Blanca desborda agua, tiene excedentes de agua largamente satisfactorios. Sin perjuicio de ello, tenemos una toma complementaria en el arroyo San Carlos para solventar y complementar flujos de agua en períodos de menor pluviometría, de menor hidraulicidad.

EC - Otro de los frentes muy polémicos ha sido el de las tarifas. Los cargos fijos de Aguas de la Costa oscilan entre 800 y 1.200 pesos; son cargos fijos, o sea lo que se paga sin abrir siquiera la canilla. ¿Son precios razonables para una zona como la que ustedes deben servir?

FG - La estructura tarifaria de Aguas de la Costa es diferente y hay que tener la verdad completa para poder apreciar la tarifa en la forma debida. Primero, la tarifa surge de la propia licitación: fue la menor de las presentadas por los tres postulantes. Esto es, hubo un esquema de competencia que permitió llegar a la menor tarifa, la tarifa de eficiencia.

Segundo, el pliego de condiciones establecía que la tarifa debía ser calculada de una manera transparente; esto es, un cargo fijo y un cargo variable, donde el cargo fijo reflejara los costos fijos, es decir inversiones y personal. Si usted va a La Barra un día al año obliga a que existan las instalaciones de producción de agua y personal para que usted tenga disponible el total de oferta de agua. En lugares de demanda estacional esto se vuelve especialmente importante porque el 10 de enero, el día de pico de consumo, están todos los usuarios y usted tiene que tener todas las instalaciones funcionando a pleno...

EC - Pero, usted sabe, Punta del Este y toda su extensión -Punta del Este es un balneario muy amplio- tienen características parecidas en el sentido de la ocupación y sin embargo allí (claro, el contrato con Uragua es posterior) se estableció que los precios debían ser similares a los de OSE. Los precios de Aguas de la Costa no son los de OSE, son mucho más altos.

FG - Déjeme completar el razonamiento. Hay dos factores: primero, economía de escala, nosotros tenemos un servicio de 3.000 viviendas contra 50.000; segundo, aquí hay un servicio de absoluta excelencia ejecutado desde el vamos, tiempo cero la empresa ejecutó los 12 millones de dólares, y si comparamos con Punta del Este, allí está por hacerse el saneamiento, aquí ya existe.

EC - Usted dice que Uragua aprovechó inicialmente toda la infraestructura montada antes por OSE.

FG - No me refiero a Uragua. Yo digo que nuestro contrato implicó invertir en una economía de escala desventajosa en toda la obra en el inicio, es decir construir toda la carretera y el puente antes de cobrar el peaje.

Segundo, nuestra tarifa media. Si usted divide el volumen recaudado por los metros cúbicos de agua está apenas un 30 por ciento arriba de la tarifa media de OSE. Y hemos manifestado que si hay interés en reequilibrar, bajar los costos fijos y subir un poco los variables... Porque nuestro costo variable es infinitamente inferior, un usuario de 25 metros cúbicos paga lo mismo en OSE que en Aguas de la Costa y por caudales superiores a 25 metros cúbicos nuestra tarifa pasa a ser más económica simplemente porque tiene una estructura distinta. De ahí que yo me refiera a tarifas medias. Y somos flexibles, estamos abiertos a atender formas que contribuyan a armonizar nuestro precio con las expectativas de los clientes.

Me quiero referir a un tema muy importante. Sin perjuicio de esa tarifa media que se mencionaba, la empresa per se implementó desde el vamos una tarifa social, o sea que aquellos usuarios de menores recursos, que son prácticamente 300, equivalentes más o menos al 40 por ciento de la población permanente, pagan una tarifa sensiblemente inferior que el resto por la misma calidad de servicio. Con esto quiero contextualizar dos cosas: una tarifa media de eficiencia resultado de una competencia, habiendo cero incertidumbre en cuanto a obras a ejecutar, y no hay dudas de cómo se van a financiar futuras obras porque ya están ejecutadas, por 25 años la zona está libre de contaminación y de demandas de agua insatisfechas. Eso ha permitido un desarrollo urbanístico esplendoroso, muy significativo respecto del resto del área marítima, de la costa balnearia.

EC - ¿Cuál es el alcance de esa tarifa social?

FG - Para calificar esta tarifa: deben ser usuarios permanentes, cuyas viviendas valgan menos de 70.000 dólares -no es un usuario tan "social"- y con ingresos menores a mil dólares documentados. Hemos sido muy flexibles en el sentido de contemplar este tipo de interés. Hay 300 usuarios permanentes; si uno analiza los metros cúbicos que consumen, la tarifa media cae muy por debajo de la media de OSE.

EC - Claro, usted lo dijo al pasar: esa tarifa social abarca solamente al 10 por ciento de los clientes.

FG - 40 por ciento de los usuarios permanentes.

EC - Desde el Maldonado el diputado electo Óscar de los Santos advierte que mucha clase media de San Carlos, que fue la que armó desde sus inicios buena parte de estos balnearios, no puede acceder a esa tarifa diferencial: queda por encima de los topes que ustedes han establecido para adjudicarla y debe moverse con una situación que le resulta insostenible.

FG - Nuevamente le manifiesto: la tarifa media se ubica en el entorno de un 20-30 por ciento sobre la tarifa media de OSE. Creemos que es una tarifa muy competitiva, que -recalco- está muy por debajo de costos de otros servicios, fuera de Aguas de la Costa, de escala similar. Hace diez años que el resto de la sociedad uruguaya no subsidia a sectores de uso veraniego en cuanto a la infraestructura. Son un valor y un activo que de alguna manera han permitido que doña María, de Sayago, no financie a doña Magdalena Pueyrredón, en El Chorro o Manantiales.

EC - Otra crítica que ha recibido la tarifa, por la estructura que usted mismo definía recién en cuanto a cargo fijo y cargo variable, es que es perversa porque los costos variables son muy bajos. Alguien con un baño es tratado igual que alguien que tiene cinco baños, por lo tanto de algún modo hay un beneficio a los grandes consumidores, a los hoteles, que tienen parques, piscinas, en fin.

FG - Hay buena parte de razón. Está planteado desde hace muchos años, porque la propia oferta lo establecía, fórmulas que de alguna manera permitan evitar esa condición perversa del exceso y el desperdicio, el uso excesivo de agua. Nuestra oferta preveía un límite para los consumos; no obstante eso nunca fue implementado, a pesar de que hubo propuestas por nuestra parte en tal sentido. Somos muy optimistas, como lo hemos sido siempre, y hemos hecho propuestas en tal sentido, en cuanto a que existen fórmulas para contemporizar estas situaciones particulares. Y la empresa, en la medida en que su pliego y su contrato la habilitan, en régimen de igualdad para todos los oferentes, que es nuestra obligación, hemos obtenido flexibilidad para muchos usuarios de pequeños departamentos, de manera de contemplar estas situaciones particulares.

EC - Claro, pero, de vuelta, la crítica es que todo se mueve en base a la discrecionalidad de Aguas de la Costa.

FG - No; no actuamos en forma discrecional. En todo momento todas nuestras actuaciones están reguladas y en conocimiento del órgano concedente y de contralor. No tenemos margen para la discrecionalidad, actuamos en función de un contrato que establece criterios muy específicos y de un organismo de control que implica una continua supervisión de las actuaciones. No hay margen para la discrecionalidad.

EC - Para terminar, en cuanto a las inversiones que Aguas de la Costa debe realizar en función del contrato que tiene vigente con el Estado, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto falta?

FG - De hecho, por la propia naturaleza del servicio, el 90 por ciento de la obra fue ejecutado en el año uno. O sea todo lo que han sido obras estructurales, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras, interceptores costeros, pozos de bombeo, todo el sistema comercial y logístico fue ejecutado en el tiempo cero. Hoy por hoy el crecimiento del sistema se debe al crecimiento vegetativo; las capacidades remanentes de los sistemas son suficientes para satisfacer las demandas de los próximos 10-15 años. Hay pequeñas obras complementarias, pero este fue un claro caso de inversiones ejecutadas en una zona que no tenía ningún tipo de servicios en el año cero.

***

EC - Por supuesto que podríamos seguir hablando largo rato, incluso a partir de algunas preguntas que en el transcurso de la entrevista han ido llegando de la audiencia, sobre todo de oyentes del departamento de Maldonado. Pero no faltará la oportunidad porque tengo la impresión de que esta discusión va a ser prolongada.

Simplemente para terminar, y volviendo a la carta que ustedes han dado a conocer, más allá de la argumentación jurídica, ¿por qué quieren seguir operando los servicios de agua potable y saneamiento al este del arroyo Maldonado?

FG - Primero porque es nuestra obligación porque entendemos que el contrato está vigente. Y segundo porque es nuestra vocación, está nuestra alma puesta en la cancha, hemos puesto todos un poquito de nuestro corazón en hacer algo que es de naturaleza de excelencia y manifiesto mi compromiso de total flexibilidad para armonizar todas las condiciones. Condición que la empresa siempre ha puesto para contribuir a que de alguna manera todos los usuarios se vean contemplados debidamente. Incluso el tema tarifario no está lejos, simplemente se necesita una voluntad política de armonizar las sanas expectativas de la empresa en función de un flujo de fondos y los aspectos más logísticos y estructurales de la tarifa, que sin duda tienen posibilidades de ser ajustados.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
Fotos: Caterina Notargiovanni