Este fin de semana cuatro de los seis liberados acamparon, y lo siguen haciendo, frente a las oficinas de la Embajada de EEUU y el gobierno no tiene intención de pedirles que se retiren porque entiende que tienen libertad de movimiento.

Según explicó a El País el canciller Rodolfo Nin Novoa, el Poder Ejecutivo apunta a que estas personas firmen el convenio. "Seguimos atentamente el tema. Tienen que firmar el convenio que tiene vigencia hasta febrero de 2016 y que básicamente les pide que aprendan español para que puedan tener una inserción laboral y que cuiden su salud".

Desde el PIT-CNT, el responsable de Asuntos Internacionales de la central sindical, Fernando Gambera, dijo a El País que en Uruguay la representación local de la agencia de ONU y el Gobierno "son los actores formales".

La central sindical, agregó Gambera, se asesoró con especialistas en "stress post-traumático" para poder ayudar a los refugiados porque se entiende que éstos llegaron a "un país muy lejano en lo idiomático y cultural".