(Emitido a las 07.45)

JOSÉ IRAZÁBAL:
Una nueva banda de telefonía celular será subastada este jueves, y no existe unanimidad en el Directorio de Antel. Oscar González Álvarez, director en representación del Partido Nacional, se mostrado públicamente en desacuerdo.

Estamos ahora en comunicación con González Álvarez. ¿Por qué su desacuerdo?

OSCAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ:
No es que no estemos de acuerdo con una nueva banda de telefonía celular o la apertura a la competencia en todos aquellos ámbitos empresariales o comerciales. Lo que hemos manifestado en el Directorio es la conveniencia, la oportunidad y eventualmente la legalidad y el marco jurídico en que debemos manejarnos...

Nosotros somos un operador de telefonía. En última instancia, el que puede adjudicar el espectro radioeléctrico, las bandas de telefonía celular, es el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones). En reiteradas oportunidades hemos manifestado que lo que ha faltado durante estos cuatro años es la definición de un marco jurídico claro de cuál será el régimen de competencia en el que van a operar las empresas privadas y públicas.

En segundo lugar, también hemos cuestionado que no el Poder Ejecutivo no ha tenido; y no es de ahora sino de todo este período, una política de Estado en telecomunicaciones y empresas públicas.

Y por último, a la luz de la derogación de los artículos 612 y 613 de la Carta Orgánica de Antel, nos trae dudas sobre cuál es el marco jurídico aplicable en esta oportunidad porque también en algunos casos se manifestó que se retrotraía a la aplicación de la vieja Carta Orgánica de 1974. El Directorio (lo hicimos la semana pasada pero ya se venía hablando desde mucho antes) solicitó a los servicios jurídicos un informe sobre la legalidad de la subasta, sobre cuál es el marco jurídico en que puede moverse Antel en la eventual apertura a un tercer o cuarto operador, y qué acciones puede ejercer frente a algún acto del Poder Ejecutivo que le pudiera causar un perjuicio. Y además, por supuesto, se pedía a Ancel un informe sobre el impacto económico que podría causar el ingreso de un tercer o un cuarto operador en el mercado. Eso fue lo que se solicitó para resolver luego como empresa operadora de telecomunicaciones, con todos los instrumentos y herramientas necesarias, pero el Directorio no lo votó: salió negativo por dos a uno, considerándose que esa información no era necesaria.

JI - ¿Puede el mercado uruguayo sustentar la operativa de un tercer o cuarto operador de telefonía celular?

OGA - Uno de los informes que pedíamos a Ancel era si ese impacto favorecería al usuario, si nos favorecería a nosotros, si disminuiría las tarifas. Pero quedamos sin saberlo porque el Directorio no lo aprobó al no votarlo el presidente, ingeniero Gabriel Gurméndez, y el vicepresidente Simón Erlichman.

JI - ¿Qué porcentaje del mercado tiene hoy Ancel?

OGA - Tiene el 67% del mercado de las telecomunicaciones. Hay unos 500 mil celulares en todo el país; Ancel tiene unos 350 a 360 mil y el resto son de Movicom.

JI - Usted argumentó en el Directorio que cuando se va a otorgar una nueva banda "debería ser por decisión del Estado y no por impulso externo".

OGA - Esa fue una apreciación que hicimos... Recordemos que las subastas de telefonía celular ya fueron frustradas en dos oportunidades: cuando el Poder Ejecutivo resolvió hacerlas no hubo oferentes, no hubo interesados. Se había depreciado en su momento, y también hubo oposición del sistema en general, algunos sectores políticos, algunas opiniones... En este caso en particular, lo que yo decía era que todo el mundo dice que se está "abriendo una subasta", pero nadie dice "una subasta abierta", sino que de alguna forma se dice que es América Móvil la entrante en esta oportunidad. Creo que las políticas del Estado deben surgir desde adentro del Estado y proyectarse, y no a pedido. La globalización es un elemento importante en cualquier definición, más en un país tan pequeño como el nuestro...

JI - América Móvil es una empresa mexicana perteneciente al empresario Carlos Slim, y se asegura que sus representantes están ya en Montevideo.

OGA - Exactamente. Me parece bien que entre un tercero o cuarto operador; nosotros somos aperturistas a la competencia. Pero me parece que esas otras definiciones que mencionaba... A veces uno dice ¿por qué tiene que ser justamente a impulso externo y no por decisión del gobierno?

Pero lo peor del caso, creo yo, es que estamos a dos meses de las elecciones internas, a cinco meses de la elección de un nuevo gobierno, que podrá ratificar o modificar las conductas a seguir en relación a las empresas públicas...

JI - ¿Cuál es la característica de la adjudicación que se va a hacer este próximo jueves; qué tipo de contrato va a ligar al Estado con esta empresa, América Móvil, a la que ya se asume como ganadora?

OGA - Se hace una subasta para que todos los eventuales interesados puedan presentarse a comprar distintos segmentos del espectro en la banda de 1.800 megaciclos. Se otorga una concesión por un tiempo que puede ser 10 o 15 años para operar en ese espectro. Los operadores entrantes podrán instalar nuevos sistemas y nuevas redes de telefonía o interconectarse a Antel o a otro operador que esté actuando hoy en telefonía.

La proyección que se les otorga es una concesión para permanecer mucho tiempo en el mercado, y pienso que a esa decisión debería tomarla un gobierno entrante, y no uno que está cerrando su gestión como es este del doctor Batlle. Más cuando encontramos en los últimos días opiniones sobre distintos temas. Por ejemplo, el ministro Villar manifestó el viernes que a las decisiones de fondo en el tema del supergás no debería tomarlas este gobierno sino el próximo; el Parlamento envió una minuta al ministro Cáceres diciéndole que no debería tomar decisiones en el tema portuario en este gobierno sino dejarlas para el próximo; también el Poder Ejecutivo y el Directorio de Pluna en relación a la modificación del paquete accionario...

Creo que Antel es un tema demasiado sensible para los uruguayos, expresada popular y políticamente en reiteradas oportunidades...

JI - ¿Cuál fue el argumento de los directores que votaron por llevar a cabo este jueves esa subasta?

OGA - Que no era competencia de Antel opinar sobre este tema, que en última instancia ya estaban dadas las condiciones...

JI - Esta decisión ¿vino directamente del Poder Ejecutivo?

OGA - La competencia y los cometidos del Estado los tiene el Poder Ejecutivo para subastar el espectro radioléctrico o las bandas de telefonía celular, asesorado por la Ursec. En este caso, Antel es un operador de derecho público aunque podría ser privado, y como tal una decisión del Poder Ejecutivo, como cualquier acto administrativo, le puede causar agravios. Por eso pura y exclusivamente fue que solicitamos los informes necesarios, como cualquier administrador, para saber cómo actuar en consecuencia, si lo que hace el Poder Ejecutivo está en el marco jurídico adecuado, y respecto a la oportunidad lo íbamos a resolver nosotros.

La decisión siempre está en manos del Poder Ejecutivo y no de Antel: lo que ésta hace es informarse para defender sus intereses, que fue lo que solicité.

JI - Se manifiesta que la Ursec precalificó a las dos empresas interesadas en participar: America Móvil controlada por Slim y Telefónica Móviles Uruguay SA, propiedad de Telefónica de España.

OGA - Es cierto. Si vemos cómo va evolucionando el mercado y cómo evoluciona la estrategia, Telefónica acaba de adquirir lo que hoy es Movicom. Lo digo porque es información que ha publicado la prensa. Es decir que por lo tanto ya tiene participación en el mercado uruguayo de telefonía celular, o sea que entraría sobre la base de lo que ya opera en el mercado. Y, por supuesto, esta empresa mexicana que es de sumo poder.

Nosotros no estamos en contra de eso, pero decimos en primer lugar que no fue una decisión del Estado uruguayo, como estrategia para abrir a la competencia, sino que (también fue informado por la prensa) vino el operador de América Móvil, el señor Slim, y dijo "Si ustedes abren yo me presento con estas características", y vino Telefónica y dijo "Si ustedes abren yo me presento con estas características"... Es decir que me da a entender que las políticas del Estado en empresas públicas, telecomunicaciones y apertura a la competencia no son decisiones del gobierno sino que vienen a impulso externo. No digo que esté bien o que esté mal: digo que me parece que las políticas las resuelven los Estados y nos externos.

JI - Según informó el diario El País, Ancel se está ajustando el cinturón, se está preparando para una competencia con un paquete de medidas que incluyen una rebaja del 15% en el costo de las llamadas.

OGA - Sí; recordemos que este escenario de apertura a la competencia, se viene conversando desde hace más de tres años, desde que ingresé al Directorio de Antel en 2001. Se da como un hecho y siempre hemos tomado decisiones estratégicas sobre eso, que por supuesto apoyé e impulsé. En el tema de telefonía móvil creo que había dos elementos medulares: uno el cambio comercial y el otro el cambio tecnológico. En lo tecnológico, Antel hizo una inversión de casi 18 millones de dólares para transformarse en el estándar GSM...

JI - Según datos primarios, Antel había colocado unos 5.000 aparatos.

OGA - Estamos superando los 5.000 aparatos en menos de un mes, y hay una proyección importante para los próximos meses.

JI - Esta primera etapa abarcaba sólo a la zona sur del país. ¿Se va a ampliar?

OGA - Largamos en diciembre pasado en la zona turística, en abril en el sur, y está proyectado que en agosto esté todo el país en lo que hoy está cubierto por la cobertura TDMA, pero en diciembre ampliaríamos a sectores que no están cubiertos por telefonía móvil. Por lo tanto, la situación estratégica de Antel está cubierta desde el punto de vista tecnológico.

Desde el punto de vista tarifario, es otro de los temas que nunca han sido resueltos. ¿Las empresas públicas son recaudadores fiscales indirectas o son verdaderas prestadoras de servicios, con tarifas acordes a su costo? Si seguimos transfiriendo casi el 20% de nuestros ingresos a Rentas Generales, no hay empresa del Estado que pueda competir con ninguno. Son decisiones que el Estado debió tomar previamente a un llamado para la apertura de la competencia.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón