(Emitido a las 07.42)

EMILIANO COTELO:
La subasta de nuevos permisos para telefonía móvil venía corriendo desde hace meses, con fecha fijada para este jueves, pero en los últimos días ha visto interponerse una serie de objeciones.

Las primeras llegaron desde el sindicato de los trabajadores de Antel, Sutel, luego se sumaron cuestionamientos desde el Partido Nacional (por ejemplo el del director nacionalista de Antel, Óscar González Álvarez, a quienes escuchábamos ayer a esta hora).

Lo más nuevo es la declaración que adoptó ayer la Mesa Política Nacional del Frente Amplio:

"Ante la proyectada subasta de la tercera banda de telefonía celular, nuestra fuerza política asume el compromiso de respetar en todo su alcance el pronunciamiento ciudadano en el referéndum de diciembre de 1992, y las consecuencias de la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley de Presupuesto de 2001, antecedida de multitudinarias movilizaciones populares en la recolección de firmas".

"Respalda las acciones que la bancada legislativa, así como el sindicato de trabajadores de la empresa pública, emprendan en el sentido de interponer un recurso de amparo.

"En consecuencia, considerará no válidos los actos que el gobierno realice en contradicción con los pronunciamientos y, en caso de ser gobierno, operará en consecuencia".

La resolución fue aprobada por unanimidad, y sobre ella vamos a conversar a continuación con el senador Reinaldo Gargano. ¿Cuál es su análisis de esta subasta?

REINALDO GARGANO:
Vamos a tratar de hacerlo en forma precisa para que la gente comprenda que estamos ante un hecho realmente insólito de parte del gobierno. No de Antel, ¿eh?. A Antel se le impuso desde el Poder Ejecutivo y desde esa cosa especial que crearon que se llama Ursec, ...

EC - Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones.

RG - ...una especie de ente autónomo que manda más que los entes autónomos. Pero tampoco es un ente autónomo: no tiene sus características, sus miembros no son designados con venia del Senado sino a dedazo limpio por el presidente de la República, y es ella la que ha conducido este proceso.

Antel, de acuerdo con su Ley Orgánica de 1974, tiene el monopolio de las telecomunicaciones. En eso estamos todos conformes; no hay discrepancias.

Una ley dictada en 1991, llamada "Ley de Empresas Públicas", a la que nosotros llamamos "Ley de Privatización de las Empresas Públicas", derogó ese monopolio e incluso propició la venta de la mitad del paquete accionario de la propia Antel.

EC - Esos artículos de la Ley de Empresas Públicas fueron derogados en el referéndum de fines de 1992.

RG - Del 13 de diciembre del 92. Fueron derogados expresamente, categóricamente. Eso quedó como hecho no discutido.

Más tarde, Antel continuó haciendo algo que hacía, al borde de la legalidad, que no fue demasiado cuestionada porque no se perdía la propiedad: arrendó una banda a Movicom BellSouth (una filial de la compañía Bell, la gran compañía norteamericana de teléfonos que fundó Graham Bell, uno de los inventores de la telefonía). La banda era otorgada en arrendamiento; no lo puede hacer tampoco, pero no enajenaba la propiedad, y por lo tanto no suscitó tanto el rechazo. Y además, puestos en las mismas condiciones, Ancel (por ser una empresa prestigiosa, bien trabajada, de la cual decían que no iba a poder competir -recuerdo los discursos del doctor Batlle- que iba a desaparecer, etcétera) cumplió en 10 años un magnífico papel, se modernizó, no sólo se puso al frente de la telefonía digital en América y más aún: en cinco años tenía más teléfonos digitales que Suecia, sino que además traspasó en 10 años, de 1992 al 2002, traspasó al tesoro nacional U$S 915 millones de ganancia neta después de inversiones, gastos; después de todo, U$S 915 millones de ganancia neta entregados al tesoro nacional.

EC - Lo que usted está remarcando es que en la competencia a Ancel le fue bien.

RG - Muy bien: le ganó 67 a 33 a Movicom, para expresarlo en las cifras que daba ayer el contador González Álvarez en este mismo programa.

En el año 2001 el gobierno de blancos y colorados introduce dos artículos, 612 y 613, que permiten entregar a privados la telefonía internacional y las bandas de telefonía celular, lo que quedaba en manos del Poder Ejecutivo.

Eso levantó una gran polvareda, porque estábamos borrando con el codo lo que había decidido el 72 por ciento de los uruguayos en 1992, con gran resultado para Antel y para el Estado.

EC - Entonces, el sindicato de Antel con el respaldo del FA llevaron adelante una recolección de firmas para intentar un nuevo referéndum que derogara estas nuevas disposiciones.

RG - Y lo hicimos con mucho éxito, tanto que en muy poco tiempo fueron recogidas las firmas y presentadas.

EC - Y, ante la presentación de las firmas, el Poder Ejecutivo resolvió por sí mismo derogar esos artículos sin necesidad de que se llegara a una consulta popular.

RG - Envió al Parlamento un proyecto de ley para derogar los artículos 612 y 613, para no enfrentar un referéndum. Se materializó la derogación y todo el mundo quedó tranquilo... Aunque en el período en que esas disposiciones estuvieron vigentes, desde la aprobación de la ley de Presupuesto hasta la derogación de esos dos artículos, concedió a privados algunos servicios de larga distancia internacional.

EC - ¿En qué situación se encuentran, para ustedes, esas empresas privadas que están operando en telefonía internacional?

RG - Nosotros decíamos que eso estaba mal hecho, que debía eliminarse, el sindicato de funcionarios interpuso ante el gobierno un recurso para que fuera eliminado. Pero el gobierno sostuvo que, como lo hizo cuando los artículos estaban vigentes, no regía la imposibilidad de conceder a privados; que la imposibilidad comenzaba a regir nuevamente a partir de la derogación.

Lo menciono porque este es un elemento clave en el informe jurídico de los doctores Cassinelli y Mata. El gobierno reconoce que conceder las bandas celulares es ilegal a partir de la derogación de los artículos 612 y 613, y sin embargo Antel las concede con el beneplácito de la Ursec. Hay un informe de la asesoría jurídica que dice que no (lo dijo ayer González Álvarez en este programa), hay un pronunciamiento del doctor Cassinelli que dice que todo esto es inconstitucional, que están violando la Ley Orgánica de Antel...

EC - Que es inconstitucional la subasta.

RG - Que sacar esto a subasta es inconstitucional, es violar la Ley Orgánica de Antel, es romper con la autonomía del ente que tiene el monopolio de las telecomunicaciones.

EC - El resumen es que esto que va a producirse el jueves hubiera sido posible de haberse mantenido vigentes los artículos 612 y 613...

RG - Sí; para eso los pusieron.

EC - ...pero en la medida en que fueron derogados ante la presentación de firmas para llamar a referéndum, es un acto que no tiene sustento jurídico.

RG - Absolutamente ilegal, sin sustento jurídico. Tanto, que motivó un informe de la asesoría jurídica de Antel que, consta en el acta, dice que la resolución de subastar es ilegal.

Además, acá está en juego un área sustancial. Con las tecnologías de nueva generación (en lo que Ancel se puso a la cabeza, colocó en un mes 5.000 teléfonos GSM según dijo ayer González Álvarez), si Ancel se mantiene en la punta a esa distancia seguirá siendo la proveedora del mercado y los oligopolios extranjeros, fundamentalmente este que está ahora intentando apoderarse de la telefonía en Brasil, que controla México y parte del sur de Estados Unidos)...

EC - América Móvil, del empresario mexicano Carlos Slim.

RG - ...creo que hay que dar una batalla contra esto, que es absurdo. Comparto la opinión de este director del Partido Nacional que dice que es una barbaridad hacer esto a cinco meses de terminar el mandato otorgado por la ciudadanía. ¡Están tan apurados vendiendo aeropuertos, carreteras, puertos... todos rápidamente, antes del proceso electoral del 31 de octubre...! Parece una barbaridad; estamos hablando de cosas muy serias, ¿verdad?

EC - Entendidos los argumentos que ahora se incorporan al debate, la pregunta es por qué el planteo se formula 48 horas antes. Esta decisión era conocida hace tiempo, era un proceso que estaba en marcha desde hace meses.

RG - Una corrección. Hace siete días, no 48 horas, yo hice un planteo en el Senado de la República. Lo que ocurre es que a veces los planteos no repercuten correctamente en los medios de comunicación. Pasó inadvertido...

EC - De todos modos, estamos hablando de los últimos días antes de la subasta.

RG - No, no: cuando la subasta fue anunciada, el sindicato dijo que no se podía hacer y yo mantuve contactos con jerarquías de Antel que me informaron del asunto: funcionarios técnicos altamente capacitados. Somos una fuerza política que tiene un millón de votantes, y al lado de cada uruguayo que piensa distinto a nosotros hay uno que piensa igual, que ve lo que pasa en la realidad. Lo comunicamos, lo dijimos.

Pero ocurre que estamos bastante comprimidos. Esta huida hacia delante del gobierno es también una estrategia: la de ahogar a la oposición con una privatización, otra privatización, otra privatización, venta de carreteras, venta del puerto de La Paloma, venta de las arenas negras, venta de lo otro... Entonces vamos al golpe del balde, como la tortuga, saltando para ver cómo podemos parar esta ofensiva desnaturalizada de un gobierno neoconservador que quiere liquidar la vida del país rápidamente.

EC - Y lo hacen con un argumento bastante fuerte, el que está incluido en el último párrafo de la declaración: "El FA considerará no válidos los actos que el gobierno realice en contradicción con los pronunciamientos ... y en caso de ser gobierno operará en consecuencia". Lo que ustedes están diciendo es "Cuidado los que se presenten en esta subasta porque, si ganamos en octubre y asumimos en marzo, vamos a anular los resultados de esta subasta, vamos a anular estas concesiones".

RG - Yo primero quiero hacer lo que voy a hacer ahora, ¿verdad?

EC - Pero ¿es correcta mi interpretación respecto al último párrafo?

RG - Es absolutamente correcta. Pero se lo quiero explicar un poco más para que quede absolutamente claro ante la opinión pública y ante todos. Primero: políticamente en esta semana estamos buscando la interpelación al ministro Guzmán por el caso Peri Valdez. Hay unas llamadas telefónicas tratando de coordinar esto, el vicepresidente está en Estados Unidos... Cuando hicimos el otro día la intervención sobre la subasta de las bandas celulares (estábamos en el tema de la salud reproductiva) pensamos en un planteo muy pragmático interponer un recurso de amparo ante el Poder Judicial porque es tan grave la violación que, como ciudadanos, tenemos derecho a que se nos ampare en la posesión de este bien que es de todos.

EC - Esa es la gestión que se va a hacer en estas horas con el sindicato de Antel.

RG - Cada uno por su lado, con dos trámites paralelos, para ver qué opina la Justicia de esto que es flagrante y para lo cual tiene que convocar a una audiencia en un plazo de tres días. Pero ya coloca el tema en la opinión pública.

Ahora: si pese a todo, pese a la contundencia de los informes de los servicios jurídicos de Antel y demás el Poder Ejecutivo va para adelante en el sentido de privatizar y de entregar la telefonía celular, quien compre en estas condiciones debe saber que hay una fuerza política con mucho peso que, si se ha cometido actos antijurídicos... porque si se hiciera respetando la juridicidad y la Constitución, con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no hay ningún problema; es como le he dicho a usted mismo respecto a la Ley de Caducidad: ¿cómo la vamos a derogar si tiene el aval de la mayoría del pueblo? Acá no: acá se está violando todo para, de apuro, vender, rematar, liquidar, desguazar Antel, y entonces está bien hecha la advertencia por la Mesa Política. Fue reflexionada...

EC - La advertencia es: "Si accedemos al gobierno, cancelamos la concesión que surja del próximo jueves".

RG - Bueno: eso no se puede hacer así; tiene que ir a un trámite jurídico. Se lo llevará a cabo, y lo que debe saber la empresa es que se está involucrando en un acto antijurídico, un acto que rompe con la legalidad uruguaya.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón