(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
El segundo intento frustrado de la Justicia por ingresar a la planta textil de Dancotex, para retirar máquinas y materia prima, fue abortado el miércoles pasado después de que el ministro del Interior, José Díaz, solicitó expresamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Hipólito Rodríguez Caorsi, la postergación de la medida.

Fue un pedido del ministro del Interior, según aclaró ayer un comunicado emitido por la SCJ, que también afirma que esta por sí misma nunca pidió la suspensión de la orden, como había consignado la jueza laboral Nanci Corrales en su expediente. Lo único que hizo la SCJ fue trasmitirle a la jueza Corrales la solicitud de prórroga que venía del Poder Ejecutivo.

Conocida esta novedad, el Directorio del Partido Nacional (PN) decidió ayer pedirle al presidente Vázquez que remueva al ministro del Interior, José Díaz, por entender que al intervenir en una decisión del Poder Judicial está por fuera de la Constitución y afecta el Estado de Derecho.

Estamos en diálogo con el senador Jorge Larrañaga, presidente del Directorio del PN.

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Senador Larrañaga, ustedes convocaron ayer a una conferencia de prensa en la que usted habló como presidente del Directorio, ¿es así?

JORGE LARRAÑAGA:
Efectivamente, como presidente del Directorio. Entendemos que esta situación realmente configura una abierta violación de la Constitución nacional, del principio de separación de poderes, afecta la independencia del Poder Judicial, constituye una gestión poco menos que inédita de un ministro del Interior que por segunda vez, en lugar de ser un auxiliar de la Justicia, como lo prevé la normativa jurídico-legal, termina configurando un desconocimiento a la aplicación de un fallo judicial.

Entendemos que es algo muy grave y que el presidente de la República debe proceder. No es posible una intromisión de esta naturaleza, de estas características de un ministro del Interior en el debido cumplimiento de un fallo judicial. No vale ahora expresar que necesitaba tiempo para implementar la medida, la medida se había dispuesto para el viernes 2 de julio. Como es de público conocimiento no se cumplió. Después se fijó sin noticia de las partes, para asegurar el cumplimiento de la misma, para el viernes 9, y el miércoles el ministro del Interior termina llevando adelante esta gestión que no puede ser aceptada.

EC - Hoy en el diario El Observador aparecen declaraciones del presidente de la SCJ, Hipólito Rodríguez Caorsi, que relata cómo fue el contacto con el Ministerio del Interior (MI). Rodríguez Caorsi dijo que el ministro Díaz le comunicó que no tenía el tiempo suficiente para preparar de manera correcta el cumplimiento de la medida dispuesta por la jueza Corrales, pero que si la jueza lo ordenaba la Policía cumpliría el retiro de la maquinaria. Otras razones que Díaz le expresó a Rodríguez Caorsi fueron que esa semana debía viajar al exterior y que el Ministerio de Trabajo estaba buscando una solución al conflicto laboral. El presidente de la SCJ destacó que el ministro Díaz se comportó como un caballero, se pronunció en términos correctos y fue absolutamente transparente.

En ese sentido Rodríguez Caorsi dijo que el ministro estuvo totalmente de acuerdo con que quedara registrado en el expediente judicial su solicitud de prorrogar la medida una semana, cosa que la jueza no hizo en el expediente.

¿Qué agregan estos elementos a su análisis?

JL - Nada, porque es inadmisible la gestión del ministro del Interior, no procede, no corresponde expresar que el tema se estaba discutiendo en la Justicia laboral, porque ya había un fallo judicial que había que acatar y había que cumplir. Esto supone una intromisión, esto aclara más; yo no tenía conocimiento de los detalles de esa conversación, pero esto reafirma más la intromisión del ministro del Interior en otro poder del Estado, esto avasalla el principio de separación de poderes. Más allá de las condiciones de caballerosidad del ministro del Interior cuando se dirigió a la SCJ. Bueno sería que encima de todo esto tuviera una actitud diferente.

Este ministro del Interior no es custodio de la seguridad pública, no es custodio de la seguridad en las cárceles ni es custodio de la debida aplicación del orden jurídico en nuestro país. Por lo tanto, el presidente de la República debe promover su remoción, no es posible aceptar esto, porque si recurrimos al expediente de cuestionamientos o conversaciones, por más amables que sean, para aplazar fallos judiciales, para no cumplirlos, para no llevarlos a cabo, entramos en el desconocimiento de la norma jurídica y terminamos en cualquier cosa.

EC - Una última novedad que aporta la nota de El Observador viene con comentarios de Miguel Migliónico, asesor del ministro Díaz. De paso hago la aclaración de que En Perspectiva ha procurado desde ayer entrevistar al ministro Díaz, pero hasta ahora estas gestiones no han tenido éxito, por eso recurro a estas declaraciones de Migliónico, asesor del ministro.

Migliónico dijo que "el comunicado de la SCJ trasunta un problema interno entre la jueza y el Poder Judicial y no involucra para nada el MI". No obstante, preguntado acerca de si el MI actuará en caso de que la justicia solicite con claridad el retiro de la maquinaria, Migliónico fue tajante: "Tenemos que cumplir con el mandato, de eso no hay dudas, tragaremos sapos y culebras pero el mandato judicial el MI lo hará cumplir, de eso no tenga dudas".

JL - Este señor, más allá de lo que diga, no puede negar que existió una solicitud de prórroga del cumplimiento de la medida formulada por el ministro del Interior. Esto está fuera de la Constitución y fuera de la ley, no es problema de tragarse un sapo más o una culebra más, el problema es cumplir la ley, acatar los fallos judiciales, y en este caso el MI contribuyó a la no aplicación, al no acatamiento de un fallo judicial. Nos parece gravísima esta situación, nos parece un camino inédito y peligroso que afecta el Estado de Derecho en nuestro país.

EC - El Directorio del PN analizó estas y otras situaciones vinculadas con el Poder Judicial el lunes, manifestó preocupación por la existencia de presiones sobre el accionar de la justicia y gestionó dos reuniones, una con la SCJ y otra con el propio presidente Tabaré Vázquez. ¿Están confirmadas ya las audiencias?

JL - Están confirmadas las dos audiencias, hoy a la hora 13 nos vamos a reunir con la SCJ y ayer Presidencia de la República confirmó a Secretaría del Directorio que nos vamos a reunir con el señor presidente Vázquez el sábado a las 10 en la residencia de Suárez.

EC - ¿Cómo queda la Justicia en el análisis que hace su partido? Porque entiendo las críticas que se formulan al MI; ¿y el comportamiento judicial?

JL - Nosotros no entramos a analizar el comportamiento judicial.

EC - Porque hoy se van a reunir con la SCJ...

JL - El Poder Judicial cuenta y debe contar con todo el respaldo del país, esta ha sido una tradición nacional y nosotros vamos a reafirmarle el respaldo como una colectividad política más del sistema político uruguayo al Poder Judicial. Quien está afectando la independencia del Poder Judicial con este tipo de gestiones inéditas e insólitas es el Poder Ejecutivo a través del ministro del Interior.

EC - ¿No hay nada objetable en el accionar de la Justicia?

JL - Yo no sé el trámite dentro de la Justicia, no tengo los detalles del expediente, lo que está comprobado es la intromisión del ministro del Interior en este procedimiento. El ministro del Interior debe limitarse a enviar los efectivos policiales que corresponden para asegurar el cumplimiento de la medida. Y el ministro del Interior no lo hizo, esto es de extrema gravedad.

Porque además hay que agregar otras situaciones, la ocupación en Bella Unión, cuando el MI y la Policía convencieron a los dueños de una empresa de que dejaran su propiedad para que entraran ocupantes gremiales. Entramos en un camino que el país nunca recorrió, salvo en situaciones excepcionales.

EC - Se lo pregunto porque en la primera fecha en la que estaba previsto retirar maquinaria de Dancotex fue la jueza en lo laboral quien decidió que no se recurriera a la Policía para evitar una situación tensa y eventualmente de violencia que podía darse con los manifestantes que se encontraban ocupando la planta.

JL - ¿Qué van a hacer la pobre jueza y el alguacil que va con una libretita y un lápiz a cumplir la medida judicial si ven una enorme cantidad de ciudadanos, de personas dispuestas a oponerse al cumplimiento de esa medida? No estoy al tanto de los detalles, habrá dispuesto la suspensión provisional de esa medida, pero cuando la fijó por segunda vez para el viernes 9, le avisó con antelación al MI y el ministro se dirige a la SCJ para reclamarle, varios días antes, que no puede cumplir con la medida porque el procedimiento es demasiado complicado. ¡¿En dónde estamos, dónde estamos?! Es gravísima esta situación. El presidente debe ahorrarle al país una discusión sobre estos extremos y remover al ministro.

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Edición: Mauricio Erramuspe