(Emitido a las 8.46)

EMILIANO COTELO:
En cuanto a la inserción internacional del país, esta semana presenta algunos mojones importantes. Mañana va a conocerse el fallo del tribunal de La Haya sobre los cortes de ruta en los puentes con la República Argentina y sobre fines de la semana estará en Montevideo el enviado del rey de España, que se está encargando de intentar facilitar el diálogo entre los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires.

A esos dos hechos y a los ecos de la Cumbre del Mercosur, tan floja, en Río de Janeiro la semana pasada, se le añadirá en estos días nada menos que el TIFA.

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EC - "Uruguay, Estados Unidos y el TIFA. TLC, el regreso." Ese fue el título de una nota del semanario Brecha que el viernes pasado puso sobre la mesa el debate que se ha venido insinuando en estos días dentro del Frente Amplio (FA) sobre este documento que se va a firmar en los próximos días.

En el artículo, firmado por Gonzalo Silva, se dice:

"Sobre fines de la semana próxima (el día todavía no se sabe con exactitud), los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos firmarán un acuerdo marco sobre comercio e inversión conocido como TIFA por su sigla en inglés. A esos efectos, el lunes o martes arribará a Montevideo el subdirector de la oficina del representante comercial de la administración estadounidense, John Veroneau.

BRECHA accedió al documento de tres carillas y un anexo que sellará el acuerdo.

El texto (que fuentes del gobierno indicaron podría tener pequeñas variaciones de redacción en su formato final) manifiesta la voluntad de las partes para mejorar el intercambio comercial y trabajar con la intención de eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias que lo dificultan. Señala, además, la preocupación conjunta para dar buen fin a la Ronda de Doha de la OMC.
También reconoce, como una condicionante del acuerdo, la calidad de Uruguay de miembro pleno del Mercosur.
Pero el dato fundamental es que en el anexo reintroduce todos los temas que forman parte de un TLC. El 28 de setiembre pasado el presidente Tabaré Vázquez descartó oficialmente la firma de un tratado de ese tipo, en parte porque Estados Unidos pretendió imponer un formato análogo al firmado con Perú, que contenía los mismos ítems que ahora aparecen en el anexo del TIFA con Uruguay.
Según la información brindada a BRECHA, el anexo del TIFA a firmar con Uruguay es casi idéntico al suscrito con Tailandia y muy similar al convenido con Bahrein. En ambos casos se llegó luego a un TLC.
En esta redacción del TIFA reaparecen, entre otras, cuestiones como la discusión sobre la propiedad intelectual, las compras del Estado, las comunicaciones y el comercio de servicios, puntos que el Ministerio de Economía no se negaba a incluir en un acuerdo con Estados Unidos pero que encontraban fuertes resistencias dentro del Frente Amplio y en distintos sectores sociales. Consultado por BRECHA, el economista José Manuel Quijano opinó que, de mantenerse esos puntos en la versión final del TIFA, "la estrategia del gobierno uruguayo se estaría inclinando claramente" hacia la suscripción de un TLC.

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En una nota aparte, vamos a detenernos en el debate político en tono a esta cuestión. Vamos a conocer los cuestionamientos que algunos sectores del propio FA están planteando en estas horas, en particular en la Mesa Política de la coalición de izquierdas.

Pero antes vamos a pasar en limpio lo que la producción de En Perspectiva averiguó a propósito de estos trascendidos de prensa.

Andrés Gil, jefe de producción, ¿de qué manera tratamos de avanzar a partir del artículo de Brecha del viernes?

ANDRÉS GIL:
A propósito de estos trascendidos de prensa y la preocupación de algunos dirigentes del FA, intentamos contactarnos con autoridades de gobierno, en particular con aquellas más cercanas a este proceso de negociación con Estados Unidos.

Según una de las fuentes consultadas, es cierto que el TIFA –tal como está redactado hasta el momento– incluye un "programa de trabajo" para seguir avanzando en la profundización de las relaciones comerciales con Estados Unidos, aunque esto no significa de ningún modo que la "estación final" de ese proceso sea necesariamente un TLC.

De hecho, estas fuentes decían: "No escuché a nadie decir que estaba en contra de profundizar las relaciones comerciales con Estados Unidos, así que no entiendo por dónde viene la preocupación".

Las fuentes insistieron en que el TIFA es un marco de negociación, un formato abierto que permite avanzar hacia donde la voluntad política de los gobiernos en cuestión lo vaya permitiendo. "Lo importante es que no se ponen trabas, quedan todas las puertas abiertas."

En cuanto a la similitud extrema de este TIFA con algunos acuerdos del mismo tipo firmados por Estados Unidos con países asiáticos que después avanzaron hacia un TLC...

EC - En la nota se señalan los casos concretos de Tailandia y Bahrein.

AG - Las fuentes confirmaron que el de Uruguay se parece mucho a esos TIFA. De todos modos –agregaron– se parece a todos los TIFA firmados por Estados Unidos con países asiáticos. Algunos de estos países avanzaron hacia un TLC, pero muchos otros no, se quedaron en el TIFA. Es decir, desde el gobierno se entiende que esta similitud no es un dato trascendente a la hora de proyectar el futuro institucional de la relación comercial entre Estados Unidos y Uruguay.

EC - ¿Qué otras consideraciones escuchaste?

AG - Por último, las fuentes comentaron que, más allá de la temperatura política del tema en Uruguay, hay que considerar que ahora el escenario cambió en Estados Unidos y que eso condiciona mucho el margen de maniobra en el diseño de acuerdos comerciales con aquel país.

De hecho, el 1 de julio vence el fast track y ahora es un Congreso de mayoría demócrata el que debe analizar su continuidad. Según estas fuentes, se estaría abriendo un escenario diferente. Entienden que de las negociaciones entre demócratas y republicanos podría surgir un "nuevo fast track". No se estaría extendiendo el actual que termina el 1 de julio pero habría margen para que surja uno nuevo, que terminaría condicionando el tipo de TLC que la Casa Blanca estaría en condiciones de promover sin que puedan ser modificados por el Congreso.

EC - O sea que podría terminar existiendo un fast track versión demócrata.

AG - Por ahí viene la cosa.

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EMILIANO COTELO:
Todo esto que veníamos comentando refiere al caso puntual de las relaciones comerciales entre Uruguay y Estados Unidos ante la firma del TIFA, el acuerdo marco de comercio e inversiones entre los dos países.

Pero evidentemente hay un elemento nuevo que hay que incorporar a este análisis: el cambio en las relaciones de poder dentro del Congreso de Estados Unidos, porque ahora mandan los demócratas.

Esto es importante. En especial teniendo en cuenta que el 1 de julio vence el fast track con el que hasta ahora se ha venido manejando la Casa Blanca para avanzar en estas negociaciones comerciales bilaterales.

¿Qué puede pasar con esta autorización especial? ¿Cómo puede incidir esto en el tipo de TLC que de ahora en adelante Estados Unidos puede llegar a pretender firmar con países como el nuestro?

EC - Para empezar, ¿podemos dar una definición bien breve de qué es el fast track?

ANDRÉS GIL:
El fast track es lo que en términos técnicos se conoce como Autoridad de Promoción Comercial, TPA por su sigla en inglés. Se trata de una ley de promoción del comercio que autoriza al gobierno de Estados Unidos a negociar tratados comerciales a nivel multilateral, regional o bilateral que –y esto es lo más importante– no pueden ser enmendados por el Congreso estadounidense al momento de su ratificación. Es una especie de autolimitación del Congreso, que se permite únicamente aprobar o rechazar estos acuerdos, no modificarlos, dentro de plazos estrictos. La idea es dotar de mayor ejecutividad a estos procesos.

EC - Y hoy todavía está vigente un modelo de fast track...

AG - La TPA actual fue aprobada por el Congreso anterior a principios de agosto de 2002 y vencía en julio de 2005. En 2005, a pedido del presidente Bush, el Congreso otorgó una extensión por dos años más, por lo que este fast track estará expirando el próximo 1 de julio.

Todo esto, por supuesto, votado por un Congreso en el que los republicanos todavía tenían mayoría.

EC - Pero ahora la cosa cambió. Desde enero, las relaciones de poder en del Congreso de Estados Unidos son otras distintas de las que recién mencionabas. En este nuevo escenario se oscurece un poco el pronóstico sobre lo que va a pasar a partir del 1 de julio.

AG - Lo concreto es que el nuevo Congreso, el que asumió este mes con mayoría demócrata, ha dicho que no va a debatir en el corto plazo temas comerciales. Por lo menos no durante el primer trimestre de este año. Lo que está claro es que una vez que se ponga sobre la mesa la discusión a propósito del fast track. La probabilidad de que se vote una extensión del modelo actual, del modelo republicano, es mínima, por no decir nula.

EC - Eso parece evidente. Una de las principales banderas de los demócratas en la campaña para la elección parlamentaria fue justamente la defensa de los intereses de los trabajadores estadounidenses, con el argumento de que ese sector ha sufrido mucho con la apertura comercial que impulsaron los republicanos.

AG - Es cierto. De todos modos, una versión que cobra cada vez más fuerza en Washington es la posibilidad de que de la negociación entre demócratas y republicanos surja una nueva versión de fast track, una modalidad que debería permitir el desarrollo por la vía rápida de negociaciones comerciales que incluyeran algunos elementos que el esquema actual no considera, como ciertos estándares laborales y cuestiones de tipo ambiental, de extrema importancia para el partido de los Clinton.

EC - Los TLC que el Congreso habilitaría al Ejecutivo estadounidense a firmar, sin necesidad de que pasen por la consideración de los parlamentarios, pasarían a tener otro giro. Serían algo más respetuosos de estas cuestiones que son tan caras a los demócratas: los temas laborales y las cuestiones de tipo ambiental. ¿Ya hay demócratas que hayan señalado esto públicamente?

AG - Sí, para entender un poco mejor la filosofía demócrata en estos temas, propongo repasar lo que dijo por estas horas el representante por el estado de California Javier Becerra, quien además es asesor de la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, la poderosa Nancy Pelosi.

Decía Becerra: "Entendemos que necesitamos tratar a nuestros vecinos con mucha dignidad y cumplir estos tratados. Pero no como están, no como están escritos". Y agregaba: "En este momento, lo que tenemos es que sólo unos pocos se beneficiarían si se implementaran los textos tal como están. El comercio es bueno, pero el beneficio tiene que ser para todos".

EC - Bastante explícito este representante demócrata sobre los tratados que ya están en proceso de negociación...

AG - Y hay algo que escribió hace pocos días en The Wall Street Journal el titular del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, que si bien es demócrata no pertenece al sector dominante del partido, es decir, no está en una posición tan dura contra la apertura comercial. En ese artículo Baucus pidió la renovación de     la vía rápida, pero agregó que este mecanismo debe mejorarse cuando sea renovado, "con mejores precauciones laborales y ambientales y otras medidas que tengan el objetivo de reducir el déficit comercial estadounidense y ayudar a los trabajadores que perdieron sus empleos debido al comercio".

EC - Lo concreto es que hay que acostumbrarse a que, de ahora en adelante cuando hablemos de un TLC con Estados Unidos vamos a estar hablando de algo diferente de lo que veníamos manejando hasta ahora. Es decir, se vienen los TLC versión demócrata.

AG - Algo así. Va a haber cambios importantes. Habrá que ver qué aceptación tiene esta nueva versión por parte de quienes hasta ahora habían apoyado estas iniciativas y, más importante aún, de quienes se han opuesto a ellas sistemáticamente.

EC - Me quedé pensando, ¿qué va a pasar entonces con los TLC que se han venido negociando hasta el momento y que ya estaban casi prontos? Concretamente, ¿qué va a pasar con los TLC de Perú y de Colombia, por ejemplo?

AG - Evidentemente, según se maneja en la prensa y comentaron algunas fuentes, van a tener que renegociar algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, las autoridades colombianas ya están analizando cómo incorporar esas nuevas exigencias de los demócratas en las cartas anexas para tratar de evitar tener que modificar un tratado que ya fue presentado ante el Congreso colombiano.

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EC - Este nuevo modelo de fast track versión demócrata que puede venir a partir del resultado de las últimas elecciones parlamentarias, ¿permitiría que un eventual TLC Uruguay-Estados Unidos fuera más potable para los sectores del FA que hoy rechazan esa posibilidad?

AG - La incorporación de estos elementos de carácter laboral y en materia de protección ambiental son temas que a la izquierda uruguaya le interesan. Hay que ver en qué medida la incorporación de esos temas, por ejemplo, en el frente laboral - con el apoyo importante que siempre tuvieron los demócratas de los sindicalistas estadounidenses - no termina siendo un arma de doble filo; es decir, hay que ver en qué medida la protección de los trabajadores estadounidenses no termina transformando este tipo de acuerdos en algo aún peor para los socios comerciales.

EC – Se trata de una pregunta gigantesca, la dejo formulada para ir pensándola entre todos.

AG - Por lo menos cambia el escenario y lleva a la reflexión, al menos a abrir un compás de espera para ver cómo se resuelve esto en el Congreso y qué cambios puede traer en la eventual negociación de un TLC.