EN PERSPECTIVA
Viernes 26.03.04, 09.08.

EMILIANO COTELO:

La Cámara de Representantes volverá a discutir la semana próxima los
informes de las cuatro fuerzas políticas que participaron en href="http://historico.espectador.com/_dyn/warehouse/globalAdmin/headlines/edit.php?url=http://historico.espectador.com/perspectiva/per2002-09-19-1.htm"
target=_blank>la comisión investigadora sobre href="http://historico.espectador.com/_dyn/warehouse/globalAdmin/headlines/edit.php?url=http://historico.espectador.com/principal/especiales/feriadobancario/miercoles31.htm"
target=_blank>la crisis del sistema bancario del año
2002. Se espera que de este análisis surjan, entre otras cosas,
recomendaciones para legislar sobre el funcionamiento de la plaza financiera.
Además se da como un hecho que los antecedentes van a ser derivados a la
Justicia penal.

Pero otro de los procedimientos que también surgen de
este trabajo de la comisión investigadora y que ha llamado la atención es la
decisión del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), que anunció que si
accede al gobierno nacional a partir de marzo de 2005 iniciará demandas
patrimoniales contra las autoridades económicas de la administración Batlle que
impulsaron medidas para frenar la corrida bancaria y paliar la crisis financiera
del año 2002.

Eso fue comunicado por la bancada del EP el jueves 18
durante una sesión de la Cámara en la que se debatieron esos informes, sesión
que quedó inconclusa a raíz del fallecimiento del diputado colorado Ángel
Fachinetti, del Foro Batllista.

Vamos a dialogar con la diputada Silvana
Charlone, del Espacio 90, EP-FA. ¿El EP-FA llega a estas sesiones ya en acuerdo
con el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI)?



SILVANA CHARLONE:
Vamos a presentar en la sesión en la que se
diriman finalmente estos temas nuestro proyecto de resolución, en el cual se
marcan con claridad las responsabilidades que entendemos caben al presidente de
la República, al ex ministro Bensión, al Directorio del Banco Central (BCU) y a
la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Le pedimos a la Cámara que se
declare que el presidente de la República incurrió en violación grave de la
Constitución, por lo cual sería pertinente la aplicación del artículo 93 de la
Carta, que implica la posibilidad de realizarle juicio político.

Por otro lado estamos remitiendo todos los antecedentes a la Justicia penal, y a la vez hacemos una serie de recomendaciones, en algunos casos de tipo legislativo, en otros administrativas, sobre determinadas cosas que entendemos que sería necesario hacer para mejorar el sistema financiero.

EC - Eso es lo que establece, a muy grandes rasgos, el informe del EP-FA.

SC - Exactamente.


EC - ¿En cuáles de esos puntos hay acuerdo con otras bancadas?


SC - Excepto en el caso del Partido Colorado (PC), todos los proyectos de resolución, tanto el del PI como el del PN, remiten los antecedentes a la Justicia penal; o sea que ese sería un punto de acuerdo.


Se está trabajando en otra moción que también tendría un acuerdo primario... El problema es que como cada partido identifica distintos niveles de responsabilidad, si se ponen a votar los proyectos de los partidos no saldría
nada, entonces para que la Cámara tenga un pronunciamiento, si es que eso es lo
que queremos, hay que llegar a alguna moción que sea un mínimo común de los que
eventualmente tenemos puntos de acuerdo. Entonces, le decía, otro punto en el
que se está trabajando es href="http://historico.espectador.com/_dyn/warehouse/globalAdmin/headlines/edit.php?url=http://historico.espectador.com/principal/documentos/comision_bancos_ferbecchino.doc"
target=_blank>la responsabilidad que le cupo al Directorio
del BCU en lo actuado; allí se especifican distintas conductas, entre
las cuales está que prestó asistencia financiera al Banco Comercial (BC) y al
Banco Montevideo (BM) en contravención de las normas vigentes y de la Carta
Orgánica del BCU. O sea que la Cámara estaría declarando la responsabilidad
administrativa del Directorio del BCU en los hechos.

EC - ¿De todo el
Directorio del BCU de la época?


SC - Sí, sí; es genérico.



EC - Porque según algunas versiones de prensa que vi se haría una
distinción entre la conducta del presidente de la época, contador César
Rodríguez Batlle, la vicepresidenta Eva Holtz, también del PC, y por otro lado
la contadora Rosario Medero, integrante del PN.


SC - El tiempo es
dinámico y esto no ha terminado. En lo que yo he visto redactado esas
distinciones no estaban planteadas.


EC - O sea que se responsabiliza
de manera pareja a Rodríguez Batlle, Eva Holtz y Rosario Medero.


SC
- Y por otro lado hay –para mí acá la Cámara se queda muy corta– una
adjudicación de responsabilidad política al ex ministro de Economía, el contador
Bensión, se censura la estrategia que utilizó para paliar o para tratar de
enfrentar la crisis. Nosotros decimos que en esto se quedan muy cortos porque en
realidad todas las medidas que tomó el contador Bensión están avaladas en
resoluciones del presidente de la República, quien las conocía; el propio
contador Bensión nos ha dicho en la investigadora que todo había sido informado
y acordado con el doctor Jorge Batlle. Entonces, responsabilizar a Bensión –que
tuvo buena parte de la responsabilidad— pero sin responsabilizar al doctor Jorge
Batlle, es como decir: "la Cámara se anima a llegar hasta acá y no da el paso
siguiente", cuando todos sabemos que obviamente no fue el contador Bensión quien
dispuso de 522 millones de dólares por sí y ante sí, ni quien él solo quien
firmó el contrato de capitalización del BC con los bancos extranjeros, por lo
cual ahora nos están demandando, sino que todo esto fue aprobado, conversado y
obviamente fue la decisión que tomaron el presidente de la República y el
ministro de Economía. <CHOPPER>EC - ¿Por eso es que ustedes –aquí acotamos el
razonamiento al FA-EP– entienden que habría que llegar al juicio político al
presidente Batlle?


SC - Nosotros entendemos que la conducta del
presidente de la República ameritaría que se llegara al juicio político porque
violó la Constitución.


EC - ¿A qué violación de la Constitución
alude?


SC - Unas cuantas, que podemos puntualizar. En principio
(esto está perfectamente y muy prolijamente fundado en un informe que nos
hiciera llegar a la comisión investigadora el doctor Gonzalo Aguirre; también
hemos consultado al doctor Korzeniak y naturalmente a nuestros asesores) se
asoció al Estado uruguayo con privados en una sociedad de propiedad mixta sin
autorización parlamentaria, pasando por arriba del artículo 188 de la
Constitución que requiere la aprobación del Parlamento. Es un contrato secreto,
sobre el cual cuando el Parlamento pidió información le fue negada.



EC - Estamos hablando del contrato a partir del cual el Estado
capitalizó al viejo BC y pasó a integrar el paquete accionario.


SC –
Exactamente, y cuyas acciones en definitiva después nunca llegaron a ser
emitidas por otros motivos.

Pero el Estado además, sin estar autorizado
constitucionalmente a realizar asistencia financiera, el presidente de la
República se comprometió a mantenerlo abierto en condiciones de liquidez y
solvencia por un plazo de 11 años, y de aportar todo el capital necesario para
eliminar cualquier patrimonio negativo. Esto también está fuera de sus
potestades.

Se comprometió a que el BCU no demandara a los bancos
accionistas, transgrediendo la autonomía del BCU.

O sea, hay una enorme
serie de puntos que resultan del contrato, por lo que decimos con total claridad
que el presidente de la República, que aprobó este contrato, actuó fuera de sus
competencias.


EC - Por esas razones la izquierda entiende que habría
que llevar adelante un juicio político al presidente de la República, pero para
eso no cuenta con los votos suficientes.


SC - No cuenta con los
votos. Además se dispusieron 488 millones de dólares para hacer asistencia
financiera sin competencia constitucional, sin que el Parlamento estuviera
enterado, sin que el Tribunal de Cuentas estuviera enterado. De todo esto nos
fuimos enterando a posteriori y justamente en el marco de los procedimientos de
la comisión investigadora.


EC - Esa instancia del juicio político no
tendría andamiento.


SC - No tendría los votos.


EC - Pero
usted estaba repasando en qué puntos sí habría mayoría, se podría lograr un
entendimiento entre el EP-FA, el PN y el PI; me gustaría que los retomáramos
ahora. Con respecto al ministro de Economía y Finanzas de la época, el contador
Alberto Bensión, lo que se señala es su responsabilidad política por la
estrategia seguida.


SC - Exactamente, se le atribuye responsabilidad
política.


EC - ¿Qué significa eso en términos prácticos?



SC - El ministro hizo las cosas mal, tomó decisiones inadecuadas,
pero eso no tiene consecuencias, porque la forma de responsabilizar
políticamente a un ministro es interpelarlo, censurarlo, pero el contador
Bensión ya no está al frente del ministerio, Entonces, de alguna manera, se
están cargando todas las tintas de lo que pasó en alguien cuya responsabilidad
no puede ser exigida. No obstante se está admitiendo, el Parlamento está
diciendo que acá se hicieron las cosas mal; pero por eso yo decía que nos
quedamos cortos, porque todos sabemos que no fue solamente el contador
Bensión. 

EC - Usted está señalando ¿que está faltando valentía en
los demás partidos políticos para proceder a responsabilizar políticamente a
quien sí podría ser llamado a responsabilidad por el Parlamento, que es el
presidente de la República?


SC - Yo tengo mi opinión, indudablemente
habría que llegar al presidente de la República, pero por qué los demás partidos
llegan hasta ahí, no lo puedo contestar.


EC - En cuanto al
Directorio del BCU de la época, Rodríguez Batlle, Eva Holtz, Rosario Medero,
usted decía que hay acuerdo entre el EP, el PN y el PI en adjudicarles
responsabilidad administrativa...


SC - Exactamente.


EC -
...por una serie de decisiones. Usted mencionaba algunas al comienzo; recordemos
cuáles son.


SC - Fundamentalmente está el tema de la asistencia
financiera que se dio al BC y al BM; se plantea el tema de la fusión de los
bancos Montevideo y Caja Obrera. Se plantea el tema de cargos diferidos que se
votaron para el Banco de Crédito, planes de readecuación donde está visto que se
pretendía que figurara con un patrimonio positivo en la exposición, cuando en
realidad claramente tenía patrimonio negativo.


EC - Esos son algunos
de los puntos.


SC - Son algunos de los puntos marcados en la
resolución que, como le decía, todavía no se votó; y las cosas hasta que no se
votan... La vida política es muy dinámica, así que vamos a ver cómo termina la
sesión cuando se realice.


EC - Yo le preguntaba si se iba a hacer un
tratamiento diferencial dentro del Directorio de la época, porque en el caso
concreto de la asistencia al viejo BC todos escuchamos declaraciones que formuló
en los medios de comunicación y en el propio Parlamento la contadora Rosario
Medero, dejando salvada su responsabilidad o señalando que ella se había opuesto
a que se continuara asistiendo a esa institución en aquellas condiciones, puesto
que ya se habían transgredido los límites legales vigentes, etcétera.



SC - Indudablemente, la resolución plantea la responsabilidad de los
directores del BCU en forma genérica. Luego cada uno realizará sus descargos
ante la Justicia.

Indudablemente la contadora Medero tuvo una actitud
absolutamente distinta del resto del Directorio en una serie de oportunidades,
realmente tuvo una guerra en el Directorio para que no se votara asistencia al
BC, diciendo permanentemente que el patrimonio era negativo; tuvo una guerra
para que no se votaran cargos diferidos donde, ella misma nos decía, era
evidente que se estaban maquillando los balances, que esas resoluciones del
Directorio estaban "activando defraudaciones", así se lo dijo a la comisión
investigadora.

Pero en el BM, donde había elementos –el BCU tenía toda
la información aplicando las normas técnicas, el patrimonio también daba
negativo en febrero– la asistencia fue votada por unanimidad en el Directorio.



EC - ¿Qué implica esto de adjudicar responsabilidad administrativa a
los integrantes del BCU de esa época?


SC - Varias cosas; por un lado
la Cámara aprueba una declaración que no tiene fuerza de ley. Pero es una
declaración y, por ejemplo, los directores del BCU, de acuerdo a la Carta
Orgánica de ese organismo, pueden ser demandados y son solidariamente
responsables por las resoluciones que hayan tomado en contravención a las leyes,
a los reglamentos y a la Constitución, entonces se podría adjudicar
responsabilidad administrativa, si seguimos el razonamiento de alguna manera ese
es uno de los caminos.


EC - ¿Van a ser demandados penal y
civilmente?


SC - Nosotros entendemos que deberían ser demandados
civilmente.


EC - Usted iba a agregar algo más.


SC -
También se le están dando indicios fuertes a la Justicia penal, porque si se
está diciendo que actuaron fuera de competencia o transgrediendo las normas
legales, desde el punto de vista penal esto configura una serie de figuras
delictivas o de ilícitos.


EC - ¿Ustedes ya tienen la tipificación?



SC - Naturalmente hemos pedido asesoramiento, pero desde el momento
en que se pasa genéricamente los antecedentes a la Justicia preferimos no entrar
en tipificaciones.


EC - Vayamos a lo que quizás suene más fuerte de
todo lo que el EP ha anunciado, además de que reclama un juicio político al
presidente de la República, que todo indica que no va a poder concretarse; en
cambio sí podría concretarse, si el EP gana las elecciones, este otro anuncio:
que iniciará demandas patrimoniales contra las autoridades económicas de la
época. ¿De qué se trata?


SC - Es algo que uno entiende que todo
gobierno debería hacer para cuidar sus intereses y para resarcirse cuando hay
daños patrimoniales; está previsto en la Constitución en los artículos 24 y 25,
como también en la Carta Orgánica del BCU.

Si el Estado es demandado y tiene que pagar, puede resarcirse en los funcionarios que tomaron las decisiones con culpa. Así está establecido en la Constitución. Aquí hay una cantidad de demandas contra el Estado, contra el BCU, por daños; y seguramente no tenemos todo el panorama, seguramente va a haber más. Entonces, si hay responsabilidad administrativa del BCU, si tomaron medidas que no debían haber tomado, si no
tomaron las medidas adecuadas, si el BM fue vaciado en la cara del BCU, con el
BCU dentro, si en plena supervisión intensiva se le fueron para TCB (Trade