(emitido a las 9.00 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Todos hemos escuchado historias terribles acerca de jóvenes que delinquen, incluso dentro de sus hogares, solo para conseguir algo de dinero que les permita comprar una dosis de pasta base.

Hace ya algunos años que lamentablemente situaciones de ese tipo se repiten y, aunque parezca increíble, cada tanto se conocen casos de padres que terminan matando a sus propios hijos adictos porque no saben cómo manejarlos.

En distintos ámbitos se habla de la necesidad de "combatir el flagelo" de la pasta base, pero hasta ahora da la impresión de que ninguna solución ha sido suficiente.

Hace algunos días el diputado frenteamplista Víctor Semproni (Espacio 609) anunció un proyecto de ley que habilita la asistencia sanitaria compulsiva de los adictos, llegando incluso a la internación obligatoria. Esta iniciativa generó una nueva polémica, que se agregó a la que provocaron en los últimos meses las opiniones del presidente José  Mujica en esta materia.

Estuvimos discutiendo el tema en la Tertulia el lunes pasado, por eso vale la pena ahora conocer en detalle en qué consiste la propuesta, en diálogo con el diputado Víctor Semproni.

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EC - ¿Qué tiene que ver su planteo con la idea que el presidente José Mujica ha venido manejando desde la campaña electoral y que volvió a esgrimir hace poco? Por ejemplo, en una entrevista con el semanario Búsqueda a principios de este mes Mujica dijo: "A los adictos hay que sacarlos de (su ambiente), tenerlos un poco aislados y que se cansen". Además, sugirió que se les podría "dar instrucción militar" o "mandarlos al campo".

VÍCTOR SEMPRONI:
En primer lugar quiero aclarar que la preocupación de Mujica en este tema es de larga data, ya en su campaña hacia las internas de junio habló de este tema como una gran preocupación. Mujica tiene la gran virtud de saber interpretar claramente el sentimiento, las necesidades, la expresión de la gente, y hace esos planteos porque advierte que este tema hoy es preocupante porque está destruyendo a la sociedad y si no lo encaramos en serio estamos corriendo gravísimos riesgos porque el problema de las adicciones está generando un escenario y una sociedad que hacen agua por diferentes carriles. Incluso el tema de la seguridad tiene una relación con esto.

Tú en el copete de la nota manejabas el tema de la situación lamentable de la familia que tiene el adicto dentro y tiene que sufrir determinadas consecuencias. Y yo me permitiría decir que si bien esto es gravísimo, todavía existe algo peor, porque cuando el adicto dentro de la casa maltrata a sus familiares y hasta genera hechos de sangre –en los tres meses y medio de este año ya van siete– eso es gravísimo, pero es más grave todavía que cuando tiene que conseguir el dinero entre en la red de distribución a los efectos de financiar la estimulación para el cumplimiento de su adicción, lo que hace que tenga un efecto multiplicador de su adicción.

EC - Entonces su preocupación es la misma del presidente Mujica; ¿la solución va en la línea de Mujica? ¿Usted presenta este proyecto a instancias de los planteos que ha hecho Mujica?

VS - No, voy a reseñarle cómo surge nuestro trabajo en esto. Yo tuve la necesidad política de constituir un grupo político nuevo dentro del Espacio, que se llama Congreso Frenteamplista, en el año 2008, y nos preguntamos: ¿cuáles son los temas políticos y las necesidades que la sociedad tiene hoy?, ¿por dónde debemos empezar? Y en el debate en la interna del grupo se llegó a la conclusión de que el camino era declararles la guerra a la pasta base y a todo tipo de adicción. Nos pusimos a trabajar, nombramos un equipo de compañeros –estoy hablando de un año y medio atrás– que empezó a contactar con organizaciones de familiares, con equipos técnicos, con organizaciones, instituciones o ONG que trabajan en la recuperación, a los efectos de relevar la realidad que estábamos viviendo y ver por dónde había que empezar a atacar.

A partir de ocho o nueve meses de trabajo nos enteramos de que había un grupo de familiares, con los que ya se había hablado, que estaban preocupados por esto, que estaban trabajando y que tenían la intención de armar un proyecto, que ya lo estaban redactando. Ahí pusimos dos compañeros nuestros más un psicólogo para que trabajara con ellos, y se conformó este proyecto que tenemos hoy sobre la mesa. El objetivo de los familiares cuando elaboraron el proyecto con la colaboración y el apoyo nuestros era que el tema se empezara a debatir en la sociedad uruguaya, porque este es un tema que no tiene color partidario, que obliga a todos los partidos y a la dirigencia a encararlo en serio y con políticas de largo plazo, políticas de Estado, pensando en los 20 o 30 años futuros, no en el hoy.

EC - ¿En qué drogas se está pensando concretamente en el proyecto? Porque usted recién hablaba de la pasta base, yo también hablé de la pasta base en la introducción, pero el texto del articulado es bastante más genérico.

VS - Es bastante más genérico.

EC - ¿Qué adicciones abarca?

VS - Como bien dije, tenemos que desarrollar políticas de Estado de largo plazo para todos los temas de adicciones. Pero hablamos de decretarles la guerra a la pasta base y todo tipo de adicciones porque lo fundamental y lo prioritario hoy es el tema de la pasta base.

EC - El artículo 1 del proyecto dice: "Decláranse de interés general todos los aspectos concernientes a las adicciones, muy especialmente los relativos al consumo problemático de sustancias psicoactivas legales o ilegales".

Estamos hablando de sustancias psicoactivas legales o ilegales en general. Y luego se especifica: "Se reputa tal aquel que afecta alguna o más de las siguientes áreas; salud física o psicológica, relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos, etc.), relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio, etc.) y/o la ley".

VS - Cuando caen en lo penal, porque violentan normas legales.

EC - ¿Un texto de este alcance llega a contemplar el consumo problemático de alcohol?

VS - Habría que seguir con el artículo 2, ahí se establecen los derechos del adicto.

EC - Pero en teoría abarca el alcoholismo.

VS - Por supuesto, estamos hablando de todo tipo de adicciones, y está bien definido "aquellas que afectan la salud física, psicológica, la familia, la pareja, los amigos". El alcoholismo es una de las que hoy están encaradas, porque al menos existe la espirometría y se prohíbe manejar con determinado grado de alcohol, pero no quiere decir que no tengamos que encararlo. Porque no alcanza con la espirometría a los conductores, ¿o no tenemos casos de parejas que llegan a la casa y generan un hecho de sangre a partir de que vienen alcoholizadas? O no de sangre, simplemente maltrato producto de eso. También hay que encararlo, pero tal vez no haya que empezar por ahí. Hoy hay que empezar por el tema de la pasta base, pero como estamos hablando de políticas de Estado de largo plazo tenemos que preverlo todo.

EC - Es interesante el artículo 2, quizás inesperado en función de la información que había circulado sobre este proyecto. El artículo 2 del texto establece los "derechos básicos de todo adicto".

VS - Exacto, lo primero es establecer los derechos del adicto. Si miramos el proyecto, primero vamos a ver cuáles son los derechos del adicto, vamos  a establecer cuáles son los caminos a transitar para que él entienda que es un enfermo y tiene que recuperarse, y después vamos a defender los intereses de la sociedad, empezando por la familia. Ahí apunta el proyecto.

Yo normalmente escucho en los reportajes periodísticos que los políticos tenemos la costumbre de echarles la culpa a los medios de comunicación en cuanto a la mala información que llevan a la gente. En este tema –y en otros que yo he planteado recordemos la instrucción para la defensa, cuando todo el mundo hablaba de servicio militar y nunca hablé de eso– todo el mundo discutió internación compulsiva sí, internación compulsiva no; y yo le pregunto a algún oyente si escuchó que el proyecto empezaba por defender el derecho de los adictos, hablaba de la organización de ellos y de la protección para encarar incluso como núcleo su recuperación. Eso no se dijo. Tampoco se dice que el proyecto prevé recursos para empezar por la prevención que vamos a tener que destinar, porque hoy no se destinan recursos para esto, salvo los que da Salud Pública, que son limitadísimos. El proyecto es completo.

Y quiero hacer otra aclaración. Cuando un legislador –y yo tengo tres legislaturas– va a presentar un proyecto tiene clara conciencia de que ese texto no va a ser el que se va a votar, porque va a sufrir un montón de modificaciones –bienvenidas sean– producto del debate, los aportes, las críticas, las exclusiones. Pone el tema sobre la mesa, establece pautas claras, y a partir de eso se debate y se ve adónde se llega.

EC - El artículo 2 establece:

"Son derechos básicos de todo adicto, así como de su respectivo núcleo familiar y/o afectivo o de referencia:
a) El derecho a la salud y la integridad física y/o moral.
b) El acceso a un tratamiento no discriminatorio en cualquier ámbito, público o privado [...].
c) El derecho a organizarse en asociaciones representativas de sus intereses [...].
d) El derecho a la información, educación y divulgación de todas las adicciones [...].
e) El acceso a procedimientos ágiles y eficaces, tanto a nivel judicial como administrativo. [...]
f) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales".

En el artículo siguiente el proyecto declara que toda adicción será reputada como enfermedad. ¿Por qué se da ese paso?

VS - Porque este tipo de alteraciones que producen las adicciones señaladas generan un estado psicológico de la persona que supone la necesidad de ser atendida, de ser tratada. Yo recibí hace unas horas, a partir de que el proyecto se divulgó, una información enviada por el doctor Antonio Aguirre, director de la Inspección General del Psicópata, donde decía que ya la ley nº 9.581, en su artículo 41, prevé que en el caso de alguien que esté afectado por una enfermedad psiquiátrica con la firma de dos psiquiatras que constaten la enfermedad se lo puede internar en forma compulsiva sin ningún trámite judicial. En este proyecto lo planteamos en última instancia, cuando los equipos multidisciplinarios del ministerio hayan agotado el camino para entender que la persona es una enferma que hay que tratar, cuando hayan indicado tratamiento y esta se resiste, se puede recurrir a la vía judicial. Y en esa vía judicial al adicto se le pone abogado defensor, se le marcan peritajes técnicos; vamos a no caer en la tontería de que alguien se quiere sacar a un familiar de encima, va al juez y lo hace internar.

EC - Vamos al nudo del asunto, al núcleo del proyecto, que es el artículo 4, al cual usted se estaba refiriendo. Dice el comienzo del artículo 4:

"Si se tratase de persona adicta mayor de edad, cuyo consumo revista la calidad de problemático de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la presente ley, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva del mismo. La asistencia podrá extenderse hasta la internación inclusive, y tendrán legitimación activa para formular la petición: el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, las asociaciones de adictos y/o familiares y/o su núcleo afectivo y/o familiar, o cualquier interesado".

Vamos a detenernos en esta novedad, porque ¿es una novedad? ¿Qué implica como cambio con respecto a la normativa existente?

VS - En primer lugar, en el proyecto separamos el tratamiento a los menores del tratamiento a los mayores.

EC - Este proyecto no habla de los menores, no se refiere para nada a los menores.

VS - Para nada, porque justamente, ya en la legislatura pasada, en agosto, yo presenté un proyecto por el cual se modifica el artículo 122 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que marca y establece que para que un menor sea tratado tiene que consentir el tratamiento, lo que me parece un disparate. En esa modificación se establece que los padres ante la situación, constatada por el médico, decidan aplicarle el tratamiento, quiera o no, lo que me parece sumamente lógico.

EC - Ese es otro proyecto.

VS - Ese ya está en cámara, ya ingresó y se va a debatir en algún momento. Por eso en este apuntamos a los mayores. Me parece meridianamente claro que rebate y demuestra que todo el debate que se dio sobre internación compulsiva sí o no fue un verdadero disparate, y no era producto de los medios sino de las declaraciones de los dirigentes políticos, empezando por muchos de mi propio sector partidario; no estamos hablando de internación, estamos hablando de asistencia sanitaria compulsiva. Dice que "podrá esta llegar hasta la internación inclusive", porque entendemos que el camino correcto es la persuasión, no agarrarlo, levantarlo de la calle, meterlo en un lugar y decirle "rehabilitate". El presidente dio una opinión, yo la respeto, de repente lo que él plantea podría llegar a ser un camino, pero no está conjugado con lo que hicimos nosotros.

EC - El presidente habla de sacarlos de su ambiente, tenerlos un poco aislados, que se cansen, incluso se les podría dar instrucción militar, incluso se los podría mandar al campo. ¿Eso es compatible con lo que está previsto en este proyecto?

VS - Tal vez en alguna situación muy extrema, pero no es el espíritu del proyecto, el proyecto apunta a otra cosa.

EC - El espíritu y el texto apuntan en principio a la asistencia sanitaria, pero compulsiva.

VS - Sí, a la asistencia sanitaria compulsiva, como hacemos con un tuberculoso o con cualquiera con una enfermedad contagiosa, con la propia gripe últimamente, o cuando obligamos a los niños a estar vacunados para ir a la escuela, nadie puede decir "yo lo mando pero no lo vacuno", si no tienen el certificado de vacuna no entran.

EC - Entonces, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva de esta persona cuyo consumo resulte problemático. Para eso hay distintos actores que pueden tomar la iniciativa, ya los mencionamos, puede ser la familia, pero pueden ser también asociaciones de adictos.

VS - Primero está el Ministerio de Salud Pública (MSP). El Ministerio Público, es decir los jueces, ante un reclamo de alguien, porque la adicción puede haber afectado lo legal y caer en lo penal, entonces el Ministerio Público demanda eso, dice "acá hay que hacer tal cosa".

EC - Pero no necesariamente tiene que haber un problema penal de por medio.

VS - No necesariamente, por supuesto. Cuando estamos hablando de a quiénes se les encomienda el formular la petición, hablamos del Ministerio Público cuando puede haber intervenido en razón de un delito cometido.

EC - Si no, lo puede hacer el MSP...

VS - ...el MSP, el Ministerio del Interior, las asociaciones de adictos y/o familiares. Estamos propiciando la integración de los adictos a organizaciones. Entonces cuando una organización dice "con este fulano ya no queda otro camino, hay que resolverle el problema que tiene para ayudarlo", no para limitar su derecho y su libertad, sino para proteger a la sociedad y a la familia en función de las consecuencias de la adicción, a ese señor hay que darle asistencia quiera o no.

EC - ¿Cómo se compatibiliza ese artículo con el hecho de que en Uruguay el consumo es libre, no hay una sanción penal para el consumo?

VS - No hay una sanción penal para el consumo. En la medida en que el que consume no genere todas estas situaciones que comprometan la familia, el centro de trabajo, el barrio, la sociedad, podemos admitir que consuma. Porque impedir que consuma sería entrar a limitar el derecho a hacerlo. En el caso del cigarrillo, por ejemplo, el decreto del Poder Ejecutivo no prohíbe fumar, prohíbe hacerlo en determinados lugares. Ese podría ser el camino.

EC - Si estamos ante un caso como este, de una persona mayor con consumo problemático de sustancias psicoativas, puede ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva. Esto se canaliza a través de la Justicia.

VS - Primero del MSP, primero de los equipos multidisciplinarios que el MSP tendrá que crear, porque una de las objeciones es dónde los internamos, quién los trata; acá se obliga a todas las sociedades médicas, estatales y privadas a tener centros de asistencia especializados para esto.

Yo ayer hablaba con un diputado que conoce bastante bien los temas de la salud, el diputado Magurno, y me decía "nosotros no tenemos"; si no lo tienen lo van a tener que generar.

EC - Ahí se refiere a una mutualista en concreto, la Asociación Española.

VS - Pero él hablaba en general del sistema mutual, decía "nosotros no tenemos". No lo tiene nadie, y nosotros sabemos que cuando llega una persona a Salud Pública o a una mutualista la podrán atender si el estado es muy grave en función de la adicción, de repente 24 horas, dos días, tres días. Otra virtud de este proyecto –a mi juicio y con todo respeto por las opiniones contradictorias– es que dice "los tratamientos no tienen que tener límite temporal", porque hoy lo tienen, las internaciones en los centros que las dan llegan al término de un período de tres meses y de ahí mandan la persona de vuelta, la reintegran al lugar de donde procede, y lamentablemente ahí se da la gran posibilidad de recaída. Habrá que ver cuánto supone un tratamiento en el tiempo. Pueden ser tres meses, puede ser un año, puede ser un año y medio.

EC - Estamos hablando de tratamiento, asistencia sanitaria, eventualmente internación compulsiva, pero siempre en este plano de la asistencia sanitaria. Porque el término "internación" en estos asuntos a veces se interpreta como internación carcelaria. Esto no es una medida de prisión.

VS - En el espíritu del proyecto está la generación de centros asistenciales especializados, el proyecto habla también de generar o crear un espacio dentro de la Justicia con especialistas destinados a manejar el tema de las adicciones. Pero como parte de la Justicia, justicia especializada. Para resolver otro de los problemas, que es la paga de los técnicos que tengan que determinar los grados de atención que necesita una persona. Cuando uno dice internar, ¿qué estamos pensando?, ¿meterla en la comisaría, en un cuartel? No, internar en una mutualista, en un centro asistencial, en aquello que se vaya generando para tratar la salud de una persona que está enferma.

EC - Puede ocurrir que esa clínica tenga que estar dotada de elementos de seguridad, porque puede darse el caso de que sea un adicto violento, que quiera escaparse, etcétera. Puede terminar siendo una clínica con rejas, pero no estamos hablando de una medida que implique la privación de libertad. La medida que se dispone en estos artículos del proyecto no es la privación de libertad.

VS - De ninguna manera, es la necesidad de ser tratado. Y clínicas con rejas, alcanza con ir por la calle Millán para encontrarnos con el hospital Vilardebó, que es un centro asistencial donde existen rejas y gente que está detrás de las rejas.

***

EC - Interviene la Justicia en este trámite, pero estamos hablando de la justicia de familia, no de la justicia penal, no es que se procese al adicto.

VS - Es la justicia de familia, que además para operar tiene que contar con la firma letrada obligatoria acompañada de certificado médico que acredite la adicción. No va a intervenir porque alguien denuncie a otro, tiene que haber una constatación médica de que esa persona está enferma.

EC - ¿Cómo ha observado las reacciones que se han producido ante la divulgación de su proyecto? Por ejemplo, ¿qué ha conversado con Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de la Droga (JND)? Cuando se dio a conocer este proyecto Romani dijo "es una burrada científica".

VS - Es una opinión sobre un proyecto, todo el mundo tiene derecho a opinar en este país donde existen plenas libertades.

EC - ¿Le entregó el proyecto a Romani?

VS - No. Cuando uno trabaja con un grupo multidisciplinario en el que hay una asociación de familiares que tiene más de 200 integrantes, el grupo viene, pide que empiece el trámite en el Parlamento, pide copia; nosotros emprolijamos el texto, lo firmamos y ellos lo llevan, yo no tengo ningún control de adónde llega, llegó a todos lados. Por eso no llegó primero a la JND, pero en la presentación que hicimos en el Ateneo de Montevideo el jueves pasado quedó claro que el primer lugar adonde íbamos a ir con el proyecto era la JND, que ha realizado un excelente trabajo, que tal vez haya que multiplicar por 20 o por 30, pero ha hecho cosas muy importantes que no se habían hecho antes en el país. Esto hay que reconocerlo; dijimos "primero a la JND".

También planteamos la necesidad de una visita al Portal Amarillo a los efectos de recabar todo lo que ahí se hace, que también es sumamente interesante, pero que es perfectible y tal vez sea bueno conocerlo para ver si no amerita cierta mejora para que sea cada vez mejor. Y también hemos planteado, y lo pensamos hacer, un gran debate público en el propio Palacio Legislativo, abierto, en el que toda organización o persona o institución vinculadas a este tema puedan participar y dar su opinión.

EC - Le comento lo que dijo en la Tertulia de este lunes el doctor Leonardo Costa, que también presidió la JND en el período de gobierno del doctor Jorge Batlle. Decía el doctor Costa: "En el mundo solo hay resultado cuando hay una participación voluntaria de la persona, el entorno familiar y social".

VS - Totalmente de acuerdo, es lo mejor. Pero ayer –yo no lo vi– me anunciaron que en un canal de televisión, en un informativo, se leyó la carta de una madre que denunciaba estar encerrada en su pieza producto de la agresión permanente de su hijo que la quería robar o golpear a los efectos de lograr dinero. En estas situaciones, vamos y le preguntamos al muchacho si se quiere recuperar y si se quiere internar. Y si nos dice que no, ¿qué hacemos? Le decimos a la madre que siga encerrada para que no le pase nada. La ley, las normas que rigen en la sociedad tienen que proteger a todos los sectores vinculados, y este proyecto también trata de defender a ese sector agredido por la droga indirectamente, que es el que tiene en su seno, sea familia, sea lugar de trabajo, sea centro de estudio, sea barrio, a la persona adicta que le está generando problemas, porque acá también se califica de problemática la que hay que tratar, no cualquier tipo de adicción. Alguien decía "pero si yo llego de trabajar y me quiero fumar un porro en mi casa, ¿quién me lo puede prohibir?". No, señor, dele para adelante, si usted entiende que le va a hacer bien yo no le voy a decir que no lo haga. Es como el que fuma, si me pregunta le digo "te estás matando, pero si querés fumar dale para adelante, seguí fumando". Lo aconsejable sería que no lo hiciera, pero yo no le voy a imponer la prohibición de fumar.

EC - Otra pregunta que surgía en la Tertulia del lunes, creo que también del doctor Leonardo Costa, era a propósito de si es viable un proyecto de este tipo por el lado de los costos que implica para el Estado y para las mutualistas, porque en caso de que el adicto sea socio de una mutualista el proyecto prevé que sea la mutualista la que se haga cargo del tratamiento sanitario compulsivo y la eventual internación. El diario El País publicó el fin de semana datos a propósito del INAU: el INAU contrata alojamiento, enfermería, medicación, alimentación y talleres para menores adictos que brinda la clínica API. No es un servicio barato, hace dos años el organismo abonaba más de 28.000 pesos por mes por cada interno. A partir de un número como este, el doctor Costa se preguntaba: ¿y entonces?

VS - Entonces la sociedad tendrá que elegir si quiere ser afectada en la dimensión que hoy está o tendrá que destinar recursos a encarar el tema para disminuir los costos que la situación actual le genera. Voy a poner un ejemplo muy concretito con otro tema que es contundente en cuanto a lo que quiero decir. Cuando hablamos de una esquina en la que hay accidentes, decimos "acá hay que poner semáforos", pero llegamos a la conclusión de que cuesta 150.000 dólares –una cifra cualquiera– una batería de semáforos, y decimos "es un costo brutal, es horrible, hay que invertir, no podemos". ¿Alguien calculó cuánto le cuestan a la sociedad las muertes, los accidentes, las invalideces, los destrozos en los vehículos que produce esa esquina por no tener semáforo?

EC - De todos modos, en su proyecto hay fórmulas de financiamiento previstas.

VS - Exacto. No decimos "hay que hacerlo", decimos incluso de dónde hay que sacar los recursos. Estamos viendo todo lo que se incauta producto de la droga –y no estamos hablando de la droga incautada, como alguien me dijo planteando una solución que había que venderla, porque ¿a quién se la vendemos?–, de todos los bienes, de la infraestructura o la logística que tienen las organizaciones que son incautadas, avionetas, vehículos, propiedades. El proyecto prevé que un 60% de la comercialización de eso, del remate de eso, se destine a la prevención primero y a cubrir todo lo que hay que generar: los centros de asistencia, las estructuras en Salud Pública, la asistencia a las mutualistas para que brinden la asistencia que el proyecto reclama.

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EC - Su proyecto no es el único que se ha presentado en esta materia; ¿qué va a pasar con las distintas iniciativas que hay en el Parlamento?

VS - El Parlamento ya tomó una decisión al respecto.

EC - Se creó una comisión especial de 13 miembros en la Cámara de Representantes que en un plazo de seis meses deberá elaborar un informe sobre adicciones, sus consecuencias, impactos en la sociedad y proponer acciones concretas por consenso.

VS - Exacto. Una pequeñísima rectificación: el Parlamento decidió integrar una comisión, pero todavía no la nominó. Ya perdimos un mes, porque ayer fue la última sesión de abril, y las primeras de mayo se van a postergar para después del 9. Quiere decir que la integración de la comisión, los nombres, va a ser después del 10 de mayo. Hemos perdido otro mes, esa es mi preocupación. En la presentación de esto me comprometí con los familiares que allí estaban –y era muy numerosa la concurrencia– a dar todo mi esfuerzo no a que este proyecto sea aprobado, sino a que de todos los proyectos que existen en el Parlamento –que hay de diputados blancos y diputados de cualquier signo político– lleguemos a la conclusión que queremos: un proyecto que marque política de Estado de largo plazo, no para esta administración sino para la que viene, la otra y la siguiente, para encarar un tema que está destruyendo a la sociedad uruguaya.

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Transcripción: María Lila Ltaif