(emitido a las 9.04 Hs.)

EMILIANO COTELO:
¿Quien trafica drogas debe tener el mismo castigo que un asesino?

Eso es lo que propone un proyecto del diputado de Vamos Uruguay (VU) Gustavo Cersósimo que está siendo firmado por otros legisladores de su sector y que será presentado en breve en el Parlamento.

Hace un tiempo el entonces senador Eleuterio Fernández Huidobro había sugerido una idea similar, pero limitada al tráfico de pasta base. Y más recientemente se habló de esta posibilidad también en la proclama del acto del 1º de mayo organizado por el PIT-CNT. Sin embargo, esas iniciativas no habían visto hasta ahora su concreción; hasta ahora no se había planteado nada formalmente en el Poder Legislativo.

¿Por qué un diputado colorado da este paso en este momento? ¿Cuánto puede contribuir al combate a la inseguridad?

Vamos a charlarlo con el doctor Gustavo Cersósimo, diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado.

¿Cuál es su razonamiento? ¿Por qué propone la equiparación de la pena de los delitos de tráfico de drogas con la pena prevista para homicidio?

GUSTAVO CERSÓSIMO:
Porque así es visto por la sociedad y por el común de la gente, también por los especialistas: que el narcotraficante, con el envenenamiento que produce en nuestra gente, en la juventud, con las actitudes delictivas que genera en quienes están en ese negocio, es igual a un asesino, porque lleva paulatinamente, afectando su salud, a que pierda la vida o a cometer homicidios. Hay una figura en el Código Penal –que no es solo la figura del homicida simple– que dice relación con la determinación o ayuda al suicidio, y entre las descripciones que hace de la figura delictiva está la del suministro de estupefacientes. Por lo tanto esa similitud en el accionar o en el bien jurídico protegido y las consecuencias nos hace ver a todos que desde el punto de vista de una política criminológica se lo asimile a la sanción, a la pena que se le atribuye a un homicida. Ese es básicamente el razonamiento y ese es el punto concreto de nuestro proyecto de ley. Está ampliamente desarrollado en la exposición de motivos.

EC - A partir de lo que usted señalaba recién, me parece interesante cotejar con lo que en su momento, hace relativamente poco tiempo, señalaba el ahora ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Hay muchos puntos de contacto, él escribió algunas columnas en la prensa, cuando era senador aún, pronunciándose a favor de equiparar el tráfico de pasta base con el homicidio. Pero hablaba solo de la pasta base, y apoyaba su planteo en el daño irreversible que produce esa droga en la persona que la consume, llevándola además a destrozar a su familia y seguramente también a incurrir en hechos de violencia para obtener dinero con el cual seguir drogándose. En definitiva, Fernández sostenía que la pasta base ni siquiera es una droga, que es en realidad un veneno y, por tanto, quien la comercializa puede y debe ser asimilado a un asesino. Estamos hablando de algo con muchos puntos de contacto, ¿no?

GC - Sin duda.

EC - Pero aquel planteo se refería solo a la pasta base.

GC - Correcto; nosotros estábamos pensando en lo mismo; cuando el objeto material de la conducta delictiva es la marihuana queda con la sanción que ya tenía.

EC - Sí, la marihuana es la única excepción que usted hace. Pero para el tráfico de todas las otras drogas usted propone el aumento de la penalización.

GC - Claro, porque las otras son las más dañinas. Estamos pensando en la pasta base y en la cocaína. Porque es muy difícil hacer distinciones y variar las tablas de los convenios internacionales que establecen las distintas sustancias que están tenidas en cuenta en la descripción delictiva. Por lo tanto, para hacerlo bien simple, porque las normas penales si no son claras y fáciles de comprender y están explicadas sencillamente y responden a identificaciones como esta que estamos haciendo entre el narco y el asesino, el narco y el homicida, no cumplen su función. Coincidimos en eso con Fernández Huidobro, pero él nunca presentó el proyecto de ley.

Si me permite un segundo, quiero hacer una aclaración, porque ha habido ya algunos trascendidos de prensa sobre las autorías de estos proyectos. Le cuento lo que yo he visto. La idea del combate al tráfico de estupefacientes es de 1974, está en el decreto ley 14.294 de octubre del 74. Ese es el origen y por lo tanto ahí comienzan a sancionarse todas estas figuras delictivas. Luego, en el 98 hay una ley que modifica la penalización, en el 2001 hay otra ley que toca el tema, siempre sobre la base de la ley del 74. En la campaña política del PC, en el discurso de Pedro Bordaberry, se adelantó esto en el año 2009, la asimilación de los narcotraficantes a los asesinos. Y el diputado Lacalle y los diputados Sabini y Núñez tienen también proyectos de ley, el de Lacalle de 2010 y el de Sabini y Núñez de 2011, referidos a esta misma ley, pero haciendo hincapié y con el motivo fundamental de la despenalización de la marihuana, del cultivo y la cosecha de la marihuana.

EC - Sí, esa es otra cosa completamente distinta.

GC - Pero por ejemplo el de Lacalle agrega el aumento de las penas de todas estas figuras delictivas llevándolas tanto en su mínimo como en su máximo a penitenciaría y con otra penalidad incluso en el máximo.

EC - Es cierto, el proyecto de Lacalle Pou, que era mirado sobre todo por lo que incluía en cuanto a despenalización del autoconsumo, de todos modos incluía también esta otra parte.

GC - Incluía esta otra parte en el sentido de eliminar para todos los casos, sin distinción, aun en los delitos menos trascendentes o colaterales al más grave de todos que es el 32, que es el de las organizaciones y el del financiamiento del narcotráfico, o sea los zares de la droga, que es la figura delictiva. En ese caso nosotros también proponemos el mínimo de penitenciaría para impedir que disfruten de la libertad provisional y solo obtengan la libertad una vez cumplida la totalidad de la pena que les imponga el juez al final del proceso. Esas son las distinciones. Pero además ha hablado el senador Larrañaga, con quien hemos estado en contacto para darle para adelante a este proyecto, y la proclama del PIT-CNT del 1º de mayo también nos llevó a pensar que este es un concepto de exposición en política criminológica que es bueno traducir en ley, y nuestro proyecto hace específicamente referencia a tratar de equiparar el narco con el homicida.

EC - El proyecto se refiere a varios delitos, no solo a lo que podemos denominar tráfico de drogas, no solo la pena a establecer para quien comercializa droga.

GC - Correcto, a todas las figuras delictivas, que son varias, hay varios "verbos nucleares", como les llaman los técnicos, en el decreto ley 14.294 del 74. Nos referimos a todas. Y no tocamos a las que tienen una sanción incluso superior a la del homicida, porque la idea era por lo menos equipararlo con el homicida. Y mantenemos –como fue reclamado técnicamente por toda la doctrina con unanimidad, en el caso de nuestro partido por la doctora Adela Reta en su momento– que para esos otros delitos no es conveniente, en un Estado de derecho democrático y liberal y en un sistema penal como el nuestro, eliminar la posibilidad de la excarcelación provisional, que es un incidente que se tramita durante el proceso para darles la libertad provisional a estos delincuentes. Pero indudablemente eso está a criterio del juez. No en cuanto a los grandes capitalistas o zares de la droga, a los que en nuestro proyecto se les pone un mínimo de penitenciaría para que no se beneficien, dada la entidad ontológica del delito, de la libertad provisional y cumplan la totalidad de la pena, que es lo que quiere la sociedad, tenerlos el mayor tiempo posible fuera de la sociedad para que no sigan actuando desde el punto de vista delictivo.

EC - Pero entonces, ¿a cuáles de los delitos se les eliminaría la posibilidad de la libertad provisional?

GC - Solamente al del artículo 32, es decir, las organizaciones de narcos, el más grave de todos, el que está más sancionado en estas disposiciones penales. Para ese delito el límite superior de la pena es incluso mayor que para el homicida; es de 18 años, ya viene así desde el año 74. Y proponemos entre dos y 18 años de penitenciaría, para que dentro de esos márgenes el juez establezca la pena que corresponda en cada caso concreto. Pero no puede gozar de la libertad provisional, sino que obtendrá la libertad una vez que cumpla la totalidad de la pena. Para los demás delitos dejamos la posibilidad del beneficio, el mínimo es de prisión, no cambiamos eso. Eso está acorde con las disposiciones técnicas.

EC - Pero concretamente, ¿qué pasa con una señora que tiene una boca de pasta base en su casa? ¿Con qué tipo de delito se la va a procesar y por lo tanto con qué tipo de pena?

GC - Depende de en cuál la ubiquen el juez y el fiscal, en qué situación se ubica dentro de todas las posibilidades, que son muchas. Pero esas no son penadas por el artículo 32. Si encuadra en organización o financiación de esos delitos indudablemente va a ir al 32 y no va a gozar del beneficio de excarcelación provisional.

EC - ¿Qué efectos espera que tenga una ley como esta que está sugiriendo?

GC - Es una ley que contribuye a dar un mensaje a la Justicia, a los jueces y a los fiscales, para que enmarquen más severamente este tipo de actividad, este negocio que además arroja gran inseguridad a toda la sociedad, porque es un provocador de actividades delictivas, de ajustes de cuentas, en fin, de rapiñas, de venganzas, todo lo que está en torno al negocio del narcotráfico. Pensamos que con estas manifestaciones que se han hecho a lo largo de todos estos años y la identidad de pensamiento de todos estos actores políticos va a prosperar la sanción de un proyecto como este, que va a dar como resultado mayores armas a la Justicia y a la policía para que puedan erradicar de la sociedad por el mayor tiempo posible a estos delincuentes. Acá no hay pena de privación de libertad en forma perpetua ni pena de muerte, eso está totalmente descartado, porque a veces cuando entra la desesperación y el temor se exigen soluciones extremas, pero es una contribución a una mejor distribución en la política criminológica de nuestro sistema jurídico.

EC - Teniendo en cuenta que, según lo que usted mismo explicaba, este endurecimiento de las penas está referido a los grandes responsables del narcotráfico, ¿le parece que puede ser algo efectivo, le parece que el mensaje de que van a tener una tipificación tal que no les va a permitir la libertad provisional es suficientemente fuerte para disuadir a ese tipo de personajes?

GC - Sí, y no es como usted lo plantea. Se modifican todas las figuras delictivas subiendo el límite máximo, que estaba por debajo del que tiene el delito de homicidio, se lo iguala al del homicidio. Todas estas figuras, inclusive la de las grandes organizaciones, en la legislatura actual tienen mínimo de prisión, por lo tanto se benefician con la libertad provisional. Nosotros cambiamos eso en el caso del artículo 32, de las grandes organizaciones. A los otros delitos les subimos las penas al límite máximo y mantuvimos el mínimo de prisión a los efectos de que el juez tenga un margen amplio para considerar, entre otras cosas, por ejemplo, la utilización de drogas menos nocivas como la marihuana, en el objeto de la conducta delictiva, y otros elementos como la participación menos importante de una persona en la actividad delictiva.

EC - Claro, pero hay oyentes, como Enrique de La Teja, que preguntan: "¿Entonces en su proyecto el que tiene una boca de venta de pasta base no termina siendo un homicida?".

GC - Sí, a todas las figuras vinculadas a este negocio se las asimila a la del homicida. Tiene, sí, quédese tranquilo. ¿Usted tiene el proyecto ahí?

EC - Sí.

GC - Vio que a todas las figuras delictivas se les aumenta la pena. Tendríamos que tener las normas anteriores, el decreto ley 14.294 y la ley 17.016, que son los que modificaron las sanciones. Nosotros en todos ellos aumentamos el límite de penitenciaría, el máximo. El homicidio tiene mínimo de prisión, entonces la equiparación fue exacta con la figura del homicida, el narco con el homicida, que está previsto en el Código Penal. La más grave de todas, que tiene sanción superior a la del homicida, en la legislación actual tiene solo pena de prisión, por tanto la cambiamos para que tampoco las organizaciones de narcos puedan beneficiarse de la libertad provisional durante el proceso. No sé si fui claro.

EC - Sí, ahora creo que quedó un poco más claro, más allá de que los oyentes van a poder acceder al texto y leerlo completo.

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EC - Paralelamente se conoció la intención del senador Luis Alberto Heber, del Herrerismo, Partido Nacional, de presentar un proyecto de ley para encargarles a las Fuerzas Armadas el combate al narcotráfico. ¿Cómo ve una iniciativa de este otro tipo?

GC - Deberíamos estudiarla, porque en el ámbito del combate interno a la delincuencia las Fuerzas Armadas no están preparadas ni tienen un marco legal que les permita esa actividad. Es una decisión con mucho contenido político, por lo cual me gustaría hablar esto previamente con mi bancada, pero pensamos que el Ministerio del Interior tiene que encargarse de todas esas acciones en el ámbito interno, en nuestro país, y a nivel internacional, en que los ejércitos contribuyen, puede tener algunos aspectos muy específicos, pero muy específicos, determinados en un nuevo marco normativo. No hemos visto la ley, por lo tanto esperaremos a que se presente para poder opinar a ver si está dentro de estos parámetros. Pero consideramos que lo de las Fuerzas Armadas debe estar más estrictamente vinculado a tareas específicas, como esta que están desarrollando hoy de colaborar con el tema de seguridad en las cárceles, para lo que específicamente mediante una ley y una normativa reglamentaria se determinan con toda precisión no solo la función, el objetivo de su actuación, sino los límites y las distintas responsabilidades que caben en cada caso. Pero la idea es digna de estudio, porque también es un clamor popular.

EC - Y sobre su proyecto, ¿cuál es el trámite que viene ahora?

GC - Ayer lo firmaron todos los miembros de la bancada, quedaron dos diputados del interior que lo suscribirán ahora en la mañana y ya se presenta, ya está finiquitado y firmado. Se presenta hoy.

EC - ¿Sabe qué trámite va a tener, qué velocidad va a tener la consideración en el Parlamento, a la luz de lo que ha conversado con colegas suyos de otros partidos?

GC - Sinceramente conversé con el senador Larrañaga, como había hecho referencia a este tema intercambiamos alguna información, pero no me dio una respuesta. El trámite ahora se presenta en la cámara y la cámara lo deriva a la comisión respectiva, que en este caso va a ser la Comisión de Constitución, que integramos, y por lo tanto allí lo conversaremos. La idea también es acercárselo personalmente a distintos actores políticos, incluidos del Poder Ejecutivo y parlamentarios colegas de otras bancadas, hablar personalmente con ellos a partir de hoy, para darle el trámite y el apoyo que pensamos debería tener, ya que hay tantas coincidencias de distintos sectores de la actividad política.

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Transcripción: María Lila Ltaif