(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"El Frente Amplio descarta la idea de Mujica sobre producción estatal de marihuana"

Ese es el título principal esta mañana en El Observador y también en el encabezamiento de la página 3. La nota dice que "pese a que la producción estatal de marihuana era una de las intenciones iniciales del presidente José Mujica, el Frente Amplio ‘afinarᒠla redacción del proyecto de ley que busca regularizar el mercado de cannabis para neutralizar la participación del Estado y dejar claro que este no será productor de la hierba. Con la modificación en la redacción del texto, el oficialismo procurará asegurar los votos dentro de su propia fuerza política y además irá en busca de apoyos blancos y colorados, en particular de los diputados Luis Lacalle Pou (de Aire Fresco, Partido Nacional) y Fernando Amado (de Vamos Uruguay, Partido Colorado), quienes durante la legislatura habían presentado iniciativas favorables al autocultivo. En la redacción se buscará dejar claro que el rol del Estado será fiscalizar y controlar el mercado de marihuana, pero no producir, según definió ayer la bancada de legisladores frenteamplistas que viene tratando este asunto".

La nota ingresa después en otros detalles, pero nos interesa conocer exactamente cómo fue el enfoque. Para eso estamos en contacto con el diputado Julio Banco (Partido Socialista, Frente Amplio).

ROMINA ANDRIOLI:
¿Por qué finalmente van ahora por eliminar del proyecto de marihuana la parte de la producción por el Estado, que era uno de los aspectos centrales que manejaba el Gobierno cuando envió la iniciativa?

JULIO BANGO:
Una precisión inicial: yo regresé hoy a las dos de la mañana de una gira por Treinta y Tres con la Comisión de Vivienda, que me toca presidir este año. Estuvimos todo el día trabajando allá, y por lo tanto no participé en esta reunión que tenían programada los compañeros de la bancada del FA que estamos trabajando estos temas, diputados y senadores. No obstante algo puedo decir, porque para esta nota de El Observador a la que se aludía fui consultado hace unos días.

Lo que estábamos conversando con los compañeros era lo siguiente. El proyecto, así como está escrito, prevé la posibilidad, en el marco de la regulación de toda la cadena (producción, distribución, expendio, etcétera) de marihuana, de otorgamiento de licencias en los distintos puntos. En una nota con Emiliano el año pasado decíamos que el cálculo inicial del área que había que plantar daba no más de 15 hectáreas, y la idea era otorgar licencias para plantar. Y en ese otorgamiento de licencias para plantar –como también para el expendio o para la distribución o el acopio, etcétera–, que es el mecanismo privilegiado que se utiliza en el proyecto de ley, quedaba abierta la posibilidad –en la medida en que no se decía– de que esas licencias fueran usufructuadas por el propio Estado tanto para la producción como para la distribución y el expendio.

RA - El artículo 2 del proyecto inicial decía: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto ley n.º 14294, del 31 de octubre de 1974, y sus leyes modificativas, el Estado directamente o a través de las instituciones a las cuales otorga el mandato legal, asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados, conforme lo dispuesto en la presente ley y en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación".

¿Cómo quedaría ahora? Solo se eliminaría la parte de la potestad del Estado para la producción, no para otorgar licencias y permisos a otros.

JB - El Estado ejerce el monopolio de la regulación y el control, pero no entraría en el camino de la ejecución, se deslindaría la posibilidad que se abría de que fuera quien ejecutara. Quedaría claramente establecido que el Estado tendría el monopolio de la regulación y el control y que el otorgamiento de las licencias podría ser a privados. En lo personal creo que esto es consistente con la evolución que fuimos haciendo mientras íbamos armando el proyecto de ley del año pasado con los compañeros con los que trabajamos.

Analizamos, por ejemplo, la experiencia del estado de California, donde hay producción y venta de marihuana para uso estrictamente medicinal. Por la escala de población, el modelo de implementación es muy asimilable y muy similar al que podríamos tener eventualmente en Uruguay. La utilización de tecnologías y mecanismos de seguridad que ofrece el esquema que se armó en California nos alentaba a pensar, en virtud de la escala de producción que debiera tenerse aquí, que perfectamente era posible pensar en otorgar la licencia a cuatro, cinco o diez privados que pudieran producir, con condiciones de seguridad fijadas y controladas por el Estado, el total del cannabis que se requeriría para el consumo actual de la población, teniendo en cuenta siempre que la política es promover la reducción del consumo abusivo y dañino de la sustancia. O sea, no estamos con una expectativa de producir para que el mercado crezca, este no es un negocio clásico, sino que producimos lo necesario para un mercado actual, y a la vez implementamos políticas que apuntan a bajar el consumo abusivo de marihuana.

EC - ¿Cuánto incide en este cambio, en este giro que está teniendo la redacción del texto, el problema que el propio FA tiene en su bancada para lograr la mayoría? Hay por lo menos un par de legisladores que habían manifestado sus reservas o directamente rechazo al proyecto tal cual venía. Pienso en el diputado Darío Pérez, de la Liga Federal Frenteamplista, que no iba a votar, o en Doreen Ibarra, que había dicho "estoy en contra, pero si termina habiendo un mandato, voto". Está esa dificultad, el proyecto en definitiva no iba a salir.
    
JB - Por supuesto que eso incide. Estamos en una realidad política. Doreen planteaba que lo haría por disciplina. A nosotros no nos interesa, en particular a quien habla y a los socialistas, imponer la disciplina partidaria, siempre hay espacio para conversar, dialogar e intentar buscar la síntesis. Esa es la historia del FA en muchos temas, desde su conformación para adelante. Y en el caso de Darío, con quien estuvimos ayer en Treinta y Tres durante todo el día, él también tenía –y tiene– una postura crítica hacia el proyecto, hay que seguir conversando. Esta es una de las puntas que nos pueden permitir tener los 50 votos, que es esencial para la aprobación del proyecto. Más allá de que no descarto la posibilidad de que voten algunos legisladores más.

EC - ¿Lo han hablado ya con Lacalle Pou, con Amado?

JB - Sí, conversé el año pasado informalmente con Lacalle Pou y me parece que queda claro que no va a apoyar este proyecto. No sé si va a haber alguien del Partido Nacional que lo apoye, yo tendería a pensar que no, pero no quiero hacer especulaciones, no quiero hablar por los demás.

RA - ¿Tampoco con estas modificaciones?

JB - No creo. Sí creo que se podría votar el autocultivo, porque muchos legisladores se expidieron a favor del autocultivo, por lo tanto en un desglose del proyecto, como se hace usualmente en el Parlamento...

RA - Pero ¿se puede volver a esa idea exclusivamente, a lo que estaba previsto antes, para lo que sí se había logrado un consenso mayor, un apoyo mayor?

JB - No estamos pensando en volver a esa hipótesis. Pero si alguien está de acuerdo –razonemos lógicamente– en intentar resolver el problema y apoya el autocultivo, hay que saber que en un contexto de 25.000 consumidores abusivos de marihuana, que consumen diariamente marihuana, solo 1.000, 2.000, pongamos 5.000 personas van a llevar adelante el autocultivo. No todas las personas tienen la cultura de plantar lo que van a consumir; es más, en general es lo contrario. Entonces habría por lo menos 20.000 personas que quedarían por fuera de esta posibilidad, y por lo tanto la eficacia de la política, de los objetivos sanitarios de reducción del daño y enfrentamiento del narcotráfico que persiguen, sería mucho menor. Por tanto creo que para alguien con cabeza abierta, que está a favor del autocultivo, tener una posibilidad de regulación que vaya al universo total de los consumidores abusivos puede ser una mejor solución. Por eso no me parece que sea la solución acotar el cultivo a 2.000 o 3.000 personas.

EC - Usted dice que por ejemplo Amado o Lacalle Pou podrían llegar a votar algunos artículos del proyecto, los que habilitan el autocultivo.

JB - Claro, de hecho ya se han expedido a favor de eso. Por lo tanto no me parece una cuestión imposible que lo votaran en una clásica discusión parlamentaria en la que un partido vota en contra un proyecto en general y después vota algunos artículos. Pero no quiero hablar por ellos, no me corresponde.

RA - ¿Han hablado esto último, el hecho de que el Estado quede fuera de la producción, con el Poder Ejecutivo? ¿Se cumplen igual las expectativas que tenía el Gobierno cuando envió esta iniciativa?

JB - No sé qué pasó en esta reunión, por lo general nos acompaña gente del Ejecutivo, pero con franqueza no te sé decir porque no estuve. Pero por supuesto que con la gente de la Secretaría de Drogas hemos hablado informalmente que esa es una variante posible. Porque acá el quid de la cuestión nunca estuvo en que el Estado plante marihuana, el quid de la cuestión siempre estuvo en cómo lograr las condiciones de seguridad, y ahí aparece la intervención del Estado para asegurarnos los objetivos de reducción del daño y de separar el mercado de marihuana del de las otras drogas duras en toda la cadena. Y nos parecía que la intervención del Estado en la regulación y el control es absolutamente necesaria e imperiosa, pero no es ni imperiosa ni necesaria para la producción, la elaboración y la distribución.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Foto: archivo