(emitido a las 9.02 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
Hasta ayer el Antel Arena era un proyecto, ahora ya es un emprendimiento.

Con los votos del oficialismo, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó ayer el convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y Antel, dando vía libre así a la construcción del estadio multifuncional que el ente propone instalar en el lugar donde se encontraba el Cilindro Municipal. Sin embargo, la oposición anunció ayer mismo que va a presentar ante la Cámara de Representantes un recurso contra el decreto que aprueba el convenio, que podría tener efecto suspensivo.

Después de que Antel anunciara su intención de llevar a cabo esta iniciativa, en En Perspectiva hemos buscado conocer las opiniones de todos los involucrados. Ya hemos escuchado aquí a la presidenta del ente, Carolina Cosse, al prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez; también entrevistamos a Francisco Vernazza, sociólogo y publicista, quien explicó sus argumentos en contra del Antel Arena.

Ahora, para conocer la opinión de parte de la oposición, vamos a conversar con el doctor Martín Bueno, abogado, edil del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, coordinador de la bancada de esa fuerza política en la JDM.

Para empezar, en términos bien generales, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto presentado por Antel?

MARTÍN BUENO:
Básicamente estamos contentos con que el Cilindro se vaya a hacer. Es algo bueno para Montevideo, va a revitalizar una zona, y en sí mismo debía hacerse. El problema es que no puede ser que se haga a costa de todo y pasando por encima de todo. Eso fue lo que nos pasó, en la sesión de ayer decíamos que el oficialismo hizo todo para que no votemos este proyecto, hizo todos los deberes para que el proyecto sea absolutamente invotable.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Por qué dice eso?

Básicamente porque el proceso por el cual el oficialismo llevó adelante el Antel Arena estuvo enmarcado en primer lugar por una reserva absoluta; los ediles nos enteramos por la prensa. El día que se anunció el Antel Arena me llamaban por teléfono y me preguntaban "¿qué ese tema del Antel Arena?", y no sabíamos qué contestar, los ediles nos enteramos por la prensa.

El proyecto entra a Comisión de Legislación y dos horas antes del ingreso la coordinadora de bancada del Frente Amplio (FA) nos informa que se vota el mismo día, a tapa cerrada. No se le permitió a la JDM estudiar, analizar, proponer, conversar, nada, no hubo ningún diálogo entre los partidos, porque la decisión del FA fue "esto se vota a tapa cerrada". Y eso en un contexto de que sabíamos que hay unos cuestionamientos de constitucionalidad y legalidad muy importantes.

RA - De todas formas, el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, nos decía que en estos pocos días hubo dos comparencias de la intendenta en la Junta para explicar los detalles del proyecto y aclarar todas las dudas que ustedes pudieran tener.

MB - La primera comparencia fue parte del tour cronograma mediático que hizo la intendenta Olivera.

RA - Porque esa iniciativa fue pedida por ella.

MB - Exactamente, la intendenta nos avisa el día anterior que va a ir a la Junta, va con hora de ingreso y hora de salida, se quedó tres horas y no dio para nada, fue parte de la presentación del proyecto. Está bien que lo haga, nosotros con mucho gusto la recibimos, pero no podemos decir que la primera comparecencia de la intendenta a la Junta fue parte de un proceso de explicación; fue más bien parte de la presentación ante la prensa del proyecto, que obviamente tenía que ir a la JDM, con el desplante a todos los ediles. Me animo a decir que incluso varios del oficialismo se enteraron por la prensa.

AA - Eso es una parte de su cuestionamiento, quizás aspectos de forma. Pero el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, cuando estuvo aquí en En Perspectiva dijo que el proyecto que presentó Antel es mucho mejor que el que la Intendencia habría podido construir por su cuenta. ¿Qué opinión le merece esa parte de la argumentación?

MB - No tengo dudas, el prosecretario tiene razón. La Intendencia por su cuenta no puede realizar absolutamente nada, por dos motivos: tiene todos sus fondos comprometidos, no tiene dinero, y por otro lado tiene una absoluta falta de gestión, por lo cual no puede gestionar absolutamente nada, mucho menos la construcción de un estadio.

AA - ¿Está de acuerdo en que esto no debía hacerse con los fondos de la Intendencia, que debía irse por el lado de iniciativas privadas, en todo caso?

MB - La Intendencia no tiene dinero para hacerlo, eso es claro. Había una alternativa que era: que la intendenta aporte fondos de la IMM, un tercero gestione esos fondos y quizás Antel podía aportar en la figura del esponsoreo. Antel podía haber sido el espónsor de este estadio, hacer aportes junto con la Intendencia y que de allí saliera este emprendimiento. Había otras maneras mucho más razonables de encontrarle una vuelta a esto que esta de que el propio Antel se ponga a construir y gestionar un estadio.

RA - Usted mencionaba la alternativa de que construyera un privado. Teniendo en cuenta que distintas iniciativas de privados fracasaron, ¿había que seguir insistiendo por ese lado? Aparentemente el proyecto no resultaba atractivo para un privado, y aquel para quien resultó atractivo no pudo cumplir con los requisitos.

MB - Es correcto, la Intendencia tuvo que declarar desierto el llamado por la falta de cumplimiento de la capacidad financiera de la empresa que se presentó.

RA - Estamos hablando del proyecto de Odetur.

MB - Correcto. Creemos que si la Intendencia creía que esto era la prioridad política número uno pudo haber encontrado otros caminos para no hacer lo que se está haciendo, que es tomar una decisión que pasa por encima de todo, pasa por encima de la Constitución, pasa por encima de todas las costumbres y culturas de institucionalidad a efectos de que salga sí o sí. Creemos que esto se pudo haber hecho de un modo diferente, a tal punto que tenemos la obligación de elevarlo a la Cámara de Representantes para que alguien lo estudie.

AA - Antes de ir a ese nuevo paso que han anunciado, ¿no le parece que si se seguía insistiendo por el lado de los privados por otros caminos se habrían generado más demoras todavía para lograr eso que usted mismo ha reconocido que Montevideo precisa, ese centro de espectáculos?

MB - Es probable, por eso le digo que se pudo haber buscado otros caminos para hacer esto mismo de manera diferente, no entregarle el estadio directamente a un servicio descentralizado que claramente no tiene facultades para hacerlo. Se lo damos a cambio de que me hagan el estadio, me lo gestionen y hagan de ello un negocio.

RA - La alternativa para usted pasaba por fondos de la Intendencia, fondos de Antel como patrocinador y un tercero que hiciera la construcción.

MB - Exactamente. Antel se debió haber limitado, si queremos cumplir con la Constitución y con la ley, a ser un patrocinador, y cuánto vale ese patrocinio, eso en todo caso es discutible, y será más discutible aún si Antel debe gastar o no en ese patrocinio. Esto es muy diferente, todos los informes jurídicos de que Antel puede hacer esto se fundan en que es una acción de marketing.

RA - También argumentan que es una necesidad para desarrollar las telecomunicaciones, por la capacidad de generar contenidos que tendría el Antel Arena.

MB - Es correcto. Todos los informes jurídicos que tenemos sobre la mesa, los presentados por la IMM y por la JDM, por su asesor letrado, que es un funcionario político, todos se fundamentan en la necesidad de mercadeo y de marketing de Antel. Y la propia Antel, a través de su presidenta, ha manifestado que esto es un negocio en sí mismo. Esto va mucho más allá de una acción de marketing. El sentido común no resiste que construir un estadio, llamar a licitación, tener obreros, gestionar y organizar espectáculos deportivos y musicales sea una acción de marketing. Va mucho más allá. La acción de marketing podía ser perfectamente esponsorear, pagar un precio a cambio de que el estadio lleve mi nombre. Se ponen ejemplos de estadios en el mundo que son de telefónicas, pero nadie sabe de qué se está hablando, nadie sabe si estos estadios son propiedad de esas empresas, si los construyeron, los alquilaron o los esponsorean simplemente, cómo se administran. Nadie sabe. Vemos cualquier estadio por el mundo que tiene el logo, la marca de una compañía de telecomunicaciones y ya decimos que es igual a esto de Antel.

RA - De todas formas, Antel argumenta que sí tiene estudios jurídicos propios que la respaldan desde el punto de vista legal de la iniciativa, y dicen "no vamos a meternos en un negocio de este tipo sabiendo que hay un riesgo desde ese punto de vista".

MB - Creo que las necesidades políticas primaron. Claramente la situación de la IMM es muy compleja, hay descontento de la ciudadanía y del propio FA con las características de la administración frentista, la situación es muy compleja, y el Cilindro fue el ícono del desastre. Entonces creemos que acá hubo una necesidad política muy fuerte que apuró a que se tomaran estas decisiones de esta manera, en absoluta reserva. No sé si estos informes jurídicos de los servicios de Antel son públicos, al menos tenemos públicos los de la IM, que analizan y fundamentan toda la capacidad de Antel para hacer esto en la necesidad de marketing. Pero creemos que esto es mucho más que hacer marketing, y básicamente no resiste el sentido común. Ese es uno de los aspectos del convenio, está explicado en el texto.

RA - También se hace mucho énfasis en lo social, en el desarrollo de ese barrio, en el emblema del Cilindro para una ciudad como Montevideo.

MB - Estamos absolutamente de acuerdo. Pero está claro que lo social no está dentro de los cometidos de Antel.

AA - ¿La JDM puede evaluar si Antel está legalmente facultada para construir este estadio? ¿Le corresponde a la Junta?

MB - Sí, formalmente la JDM no debería entrometerse en si Antel debe o no gastar dinero en esto. Eso no es asunto nuestro, es asunto del Parlamento nacional. Pero a nosotros nos llega un convenio para ratificar con los votos de la JDM y en ese convenio la cocontratante es Antel, entonces nosotros estamos obligados a hacer el control de legalidad y de constitucionalidad del cocontratante. En ese aspecto la JDM sí tiene competencia.

RA - ¿Con qué aspectos del convenio discrepa?

MB - El convenio en sí mismo, entrando al fondo y ya por fuera del aspecto sustancial, que es la capacidad de Antel para realizar esto, tiene tres puntos que a nuestro criterio son muy groseros. El primero de ellos se refiere a la renuncia que hace la Intendencia a realizar determinados controles, en el punto 3.6 del convenio se dice que si en 30 días la IMM no entrega los permisos para realizar las obras, se entenderán como otorgados. La IMM tiene 30 días para entregar todos los permisos para realizar un polideportivo con capacidad para miles de personas, y si en 30 días no lo hace estos se entenderán como otorgados. Esto claramente es algo que la Intendencia no puede hacer, la Intendencia no puede renunciar a su facultad de contralor. Acá estamos hablando de permisos de construcción, de urbanística, de vialidad, un montón de cosas.

AA - Que llevan más tiempo.

MB - Por supuesto, si usted va a construir una casa de una planta le lleva por lo menos cinco o seis meses, y acá estamos hablando de un polideportivo. Luego hay otra observación grosera, dice que si los indicadores urbanísticos –me refiero a si pueden hacer 10 pisos, 5 pisos, el grado de ocupación del suelo, etcétera– no se condicen con el proyecto, la IMM los autorizará. O sea que si el proyecto que termina ganando no coincide con los indicadores urbanísticos, la IMM igualmente va a autorizarlo. De vuelta, la Intendencia no tiene facultades para hacer eso, eso debe venir a la JDM, se debe hacer una excepción cualificada, hay todo un procedimiento.

Y el tercer punto, que también es grueso, es que se establece la facultad de Antel de subcontratar. Y claramente –está en el Tocaf a texto expreso– cuando se hace este tipo de contratos entre organismos estatales en los que se exoneran los procesos de licitación y se puede contratar directamente, no se puede subcontratar, está prohibido a texto expreso.

Luego hay una cláusula de confidencialidad que nos deja dudas, no sabemos hasta qué punto puede haber una cláusula de confidencialidad y a qué se refiere.

RA - ¿Por qué les deja dudas la cláusula de confidencialidad? Antel y la Intendencia argumentan que Antel hizo esa solicitud porque es una empresa en competencia, justifica por ahí el hecho de no poder divulgar cierta información que podría beneficiar a la competencia.

MB - Entiendo esa posición de Antel, pero también hay que entender que cuando estamos hablando de un proyecto de millones de dólares hecho con fondos públicos, en el que participa la IM, una cláusula de confidencialidad debe ser analizada al detalle. El gran error que comete el FA es hacer esto a tapa cerrada, en un proyecto exprés, sin analizar ni estudiar nada. Ese es el problema fundamental que tenemos arriba de la mesa, no hubo discusión política, no hubo negociación, no se habló de nada. Capaz que la cláusula de confidencialidad podía estar, pero ¿cuál es el alcance?, ¿a qué información se refiere? Sería bueno que se detalle.

Y luego el convenio. Ustedes lo deben tener. Dice muy poco, no sabemos cuál es el alcance de las obras, cuál es el costo, está la famosa palabra "podrá", podrán construir un montón de cosas o una sola o ninguna. Es un convenio que tiene muy poco contenido.

AA - En cualquier caso, el acuerdo ya fue aprobado por la Junta. Sin embargo ustedes anunciaron ayer que van a presentar un recurso ante la Cámara de Representantes, se abre otro camino ahí. ¿Cuál es ese trámite que van a llevar adelante?

MB - Es un trámite que está previsto en el artículo 303 de la Constitución, que básicamente establece que los decretos de las juntas departamentales que sean contrarios a la Constitución podrán ser apelados por un tercio de la junta departamental a la Cámara de Representados. Acá tenemos indicios fuertes de que el proyecto no es constitucional, pero sobre todo tenemos el trámite exprés que se dio. Ambos hechos nos obligan a apelar ante la Cámara de Representantes, porque debe haber alguna instancia en la que esto se analice con seriedad.

AA - ¿Cuándo se presenta? Porque después el propio texto de la ley dice que para presentar este recurso se precisa un tercio del total de miembros de la junta departamental, y a su vez la Cámara de Diputados tiene 30 días para expedirse. ¿Cuándo van a presentar la iniciativa?

MB - Una vez que se promulgue el decreto, tenemos un plazo de 15 días para presentar el recurso. El decreto fue aprobado ayer, y calculo que la intendenta Ana Olivera lo va a promulgar esta misma semana o la semana que viene.

AA - ¿Qué efectos calculan ustedes que puede tener ese trámite? Por ejemplo, se habla de que podría suspenderse la vigencia del decreto mientras se discuta en el Parlamento.

MB - Sí, eso es clarísimo, la Constitución lo marca a texto expreso. Estos recursos no tienen efecto suspensivo, salvo cuando se trata de aumento de rentas, de impuestos, y cuando lo presentan los ciudadanos. Ese recurso puede ser presentado o por 1.000 ciudadanos o por un tercio de la Junta Departamental.

RA - Y ahí llegan con el respaldo necesario.

MB - Exactamente. No hay duda de que esto tiene efecto suspensivo.

RA - ¿Han hablado con los diputados de la oposición sobre cuál puede ser el trámite en el Parlamento de este proyecto?

MB - El sentido común de la política uruguaya nos diría que el oficialismo va a negar este recurso.

RA - Tiene mayoría en ambas cámaras. ¿Qué expectativa tienen entonces? ¿Cuál puede ser la salida para que se revierta esta decisión y no se lleve a cabo este convenio?

MB - Nuestra expectativa es que se pueda discutir, hablar y conversar sobre este proyecto. Con este recurso planteamos una nueva instancia en la que haya legisladores que puedan estudiarlo, analizarlo y quizás negociar a nivel de Cámara de Representantes. Nosotros nos sentimos absolutamente atropellados por el modo en que se llevó adelante esto. Entonces básicamente lo que queremos decirle al oficialismo es que no estamos pintados, estamos para hacer nuestro trabajo, vamos a comisiones, estudiamos, trabajamos. Incluso en la primera licitación para el Cilindro se trabajó muchísimo, se trabajaron meses con el Ejecutivo y al final el Partido Colorado apoyó. Creemos que acá hubo un prejuzgamiento del oficialismo muy grande, hubo un apuro muy grande, pero hoy el tiempo que pretendió ganar haciendo todo a tapa cerrada se termina perdiendo por otros medios.

RA - Si se conversa, si se discute lo suficiente, ¿podrían llegar a apoyarlo en algún caso?

MB - A mí en particular –lo he dicho en la JDM– me parecía que había que hacer el Cilindro. Pero no de esta manera. Hace unos momentos preguntaba si había otra hipótesis: la IMM puede conseguir algunos fondos para hacer este proyecto, y si Antel puede esponsorear y hay alguna otra empresa a la que quizás también le interese esponsorear, se podría armar una figura jurídica, por ejemplo el fideicomiso, que está tan de moda. Del mismo modo que la Intendencia hace un fideicomiso para Tevé Ciudad, podría hacer un fideicomiso para el Cilindro, inyectarle dinero de diferentes lados, con diferentes empresas públicas o privadas y canalizarlo. Creo que había maneras de hacer esto bien.

AA - Por otro lado, hoy el diario El País informa que, paralelamente a todo este movimiento, de forma individual el abogado Juan Carlos Borges, integrante del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, presentó en Antel un recurso de petición, al amparo de lo dispuesto por la ley 18381, de transparencia, para conocer el sustento jurídico de este convenio. Esta iniciativa va por un carril completamente aparte de todo lo que se está discutiendo en el ámbito de la Junta, no tiene ninguna incidencia en la movida que están haciendo ustedes.

MB - No, nosotros nos enteramos por la prensa también. Nos parece que es la actitud de un ciudadano que quiere saber por qué se hace esto, y me parece bien. Es más, si le entregan el informe, que por favor nos lo remita.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: Twitter de Martín Bueno

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