(emitido a las 8.49 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Quienes impulsaban un referéndum para derogar la ley que despenalizó el aborto no lograron su objetivo. La jornada de adhesión que se desarrolló ayer, domingo, convocó apenas al 8,88% de los habilitados para votar cuando, según la Constitución, se necesitaba por lo menos el 25%.

¿Qué lecturas se hacen a partir de este resultado? Más temprano conversábamos con el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, que fue quizás la cara más visible de la campaña procurando una consulta popular sobre esta ley. Vamos ahora al otro lado, vamos a conversar con Lilián Abracinskas, coordinadora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), quizás la institución que jugó más fuerte convocando a que la ciudadanía no compareciera ayer en las urnas.

Lilián Abracinskas es licenciada en Ciencias Biológicas, técnica en Anatomía Patológica.

Ustedes en realidad con respecto a esta ley que ha estado en debate tienen una opinión crítica, la consideran una ley de mínima, que da una respuesta básica a la problemática de la mujer que decide interrumpir el embarazo. De todos modos, en esta coyuntura la respaldaron, además convocaban a no concurrir a votar. Ahora que conocen los números, ¿qué dicen?, ¿cuál es el balance?

LILIÁN ABRACINSKAS:
En realidad lo que nosotros hemos respaldado es la respuesta sanitaria ante la problemática del embarazo no deseado y el aborto clandestino, como son efectivamente los servicios que se instalan con esta ley. Como usted bien dice, con la ley tenemos varios reparos pero esto habrá que corregirlo a futuro, de acuerdo a los contextos políticos y en otro proceso legislativo. Pero ahora lo que necesitábamos era una respuesta a un problema que desde hace muchos años desde la ciudadanía organizada se venía reclamando y que este fue el paso, el que se dio el año pasado, incorporando al Sistema Nacional Integrado de Salud la protección y la garantización (sic) de derechos a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado y que deciden interrumpirlo. Por lo tanto pese a gran parte de los problemas que tiene la ley en su propio contenido con los mecanismos complejos que habilita para poder acceder a la interrupción, por lo menos es un nuevo marco legal que da garantía a los profesionales y fundamentalmente a las mujeres que se enfrentan a este problema.

EC – Entonces, con un resultado como el de ayer, ¿cuál es la lectura?, ¿cuál es la interpretación? Ustedes de hecho, entre comillas, "festejaron".

LA – Sí, honestamente sí festejamos y además usted sabe que esta ha sido históricamente una agenda social, y allí también quedó de alguna manera demostrado cuando todos los candidatos a las próximas elecciones fueron a votar sin tener la temperatura de que este es un reclamo ciudadano construido después de muchísimos años. Y de alguna forma el resultado de ayer da clara cuenta de eso, de la legitimidad del reclamo y de una demanda ciudadana que llevó muchos años construir, porque usted sabe que la práctica del aborto no es reciente, siempre existió pero no se hablaba, se hacía pero no se decía. Costó bastante sacar este tema del oscurantismo, ponerlo sobre el debate público, y realmente incidir para que el sistema político lo asumiese muchas veces sin tener en cuenta a la ciudadanía.

Creo que en el día de ayer la respuesta fue rotunda. Estamos hablando de algo que le impacta a las personas en su cotidianeidad y donde lo que todo el mundo está reclamando son respuestas eficaces para prevenir embarazos no deseados, que es el nudo del problema fundamentalmente.

EC – Romina, otras preguntas.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Ustedes entienden que lo de ayer se puede traducir en una ratificación de los derechos reproductivos de las mujeres?, ¿no puede haber sido un simple desinterés?

LA – Bueno, cuando se apela a este tipo de herramientas uno tiene que entrar en las reglas del juego. Si quienes estaban en contra de esta ley querían derogarla, convocaron a una consulta ciudadana, y la respuesta es tan categórica como la que hubo, por supuesto que después uno puede hacer muchas lecturas, pero lo cierto es que la gente de alguna manera consideró que no se puede seguir dando dilatorias a una necesidad y a un reclamo que lleva tantísimos años demandándose. Después por supuesto que politólogos, cientistas sociales y políticos harán sus análisis, pero la respuesta fue rotunda.

RA – ¿Qué le pareció la reacción de los principales líderes políticos ayer cuando se conocieron estos datos?

LA – No escuché la de todos, escuché la de algunos, y creo que hay una reflexión enorme que tienen que hacer todos los partidos políticos y sus candidatos sobre de qué manera dialogan con la ciudadanía, de qué manera están al tanto de cuáles son los requerimientos y particularmente los requerimientos de más de la mitad de la población, que tuvo que ir construyendo su ciudadanía porque era una ciudadanía recortada como es el caso de las mujeres. Y por otro lado saber que el Uruguay de alguna manera está reclamando volver a ser el país de avanzada, el país que efectivamente da cuenta de que garantiza condiciones para que todas las personas sin discriminaciones ejerzan sus derechos, y que de alguna forma con esta resolución de ayer se pone a la avanzada de la región porque es el primer país de América Latina y del Caribe que modifica una ley y garantiza accesos a servicios de aborto seguro. Me parece que como dirigentes políticos lo tienen que reflexionar. Creo que es importante que no solo se relacionen con la ciudadanía a través del mecanismo de democracia directa sino también en el diálogo con un actor que es fundamental en este país después de la dictadura, que es el movimiento social y la ciudadanía organizada. Por lo tanto me parece que es un aprendizaje y que las propuestas y reclamos de la agenda de las mujeres como agenda social es una de las demandas a los partidos políticos porque están todavía a años luz de poder escuchar, entender e incorporar cómo este tipo de propuestas en realidad contribuye a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

EC – Dos preguntas para finalizar, la primera, ¿usted entiende que el resultado de ayer es un punto final para el debate a propósito de las formas de despenalización del aborto en Uruguay? Se lo pregunto porque una de las comisiones que ha estado detrás del intento de referéndum, la Comisión Pro Derogación de la ley, ha elegido otros caminos y continúa con esos otros caminos. Concretamente, este grupo que encabeza [el edil nacionalista] Carlos Iafigliola, está preparando una impugnación de la ley a ser presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por entender que viola el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué análisis hacen de esa alternativa, la de que pueda terminar habiendo una objeción desde afuera?

LA – No, en cuanto al Pacto de San José de Costa Rica esto ya está laudado, hay antecedentes jurídicos que dan cuenta de que no es un obstáculo para que los países avancen en la legislación del aborto; pero de todas maneras obviamente tienen la libertad de hacerlo.

La experiencia en el mundo indica que este tema no se termina. Hace dos semanas estuve en Estados Unidos, se cumplían 40 años de la ley Roe versus Wade, que legalizó el aborto, y todavía sigue siendo un debate en pugna. Por lo tanto yo lo que espero es que tengamos un plazo suficiente en este país para demostrar que dar políticas públicas, hacer promoción y generar acceso a servicios que den integralidad en la atención de la salud sexual y reproductiva es el mejor tránsito que podemos hacer como país. Después obviamente quien está en contra, y quien no acepta la despenalización del aborto, ni aun cuando corre riesgo la vida de la mujer, como pasa en muchos países de nuestra región, seguirán bregando por ello, porque también para ellos es un asunto de conciencia.

Lo importante es que aprendamos a convivir, que entendamos cuál es el marco legal, que no obliga a nadie a realizar una práctica que no desea, es extremadamente garantizador para que las personas tomen decisiones responsables. Transitemos por este camino, veamos y evaluemos en un tiempo si no ha sido la mejor respuesta; si no lo fue, habrá que mejorarla.

RA – Por último, teniendo en cuenta que para ustedes es una ley mínima que dista mucho de ser la ley ideal que pretendían, ¿cómo van a seguir trabajando ustedes?, ¿qué aspectos de la ley actual entienden que es necesario mejorar o modificar?

LA – En principio para modificar la ley habrá que esperar a un próximo período legislativo y ahí habrá que ver los contextos. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es trabajar en la implementación de la ley, en garantizar que esta ley se implemente para todas las mujeres y para todo el país. Ustedes saben que la objeción de conciencia es un problema que genera obstáculos al acceso porque tenemos departamentos donde hay muy pocos profesionales o no hay ninguno que brinde el servicio.

También habrá que difundir mucho a la población para que sepa que esta es una prestación que está disponible en los sistemas públicos y privados del sistema de salud, y la verdad es que fundamentalmente, yo se los tengo que decir con honestidad, yo en lo que quiero trabajar más que nada es en la promoción de vidas sexuales y vidas reproductivas que sean gratificantes, informadas, autónomas, pero también responsables, para que cada quien se haga cargo de las consecuencias. Por lo tanto hay mucho por hacer, nosotros en este momento como MYSU estamos procesando el análisis de una encuesta de hogares sobre vida sexual y vida reproductiva de los varones, porque ya lo hicimos sobre el de las mujeres y los resultados son preocupantes. Hay que enfatizar las políticas educativas, las políticas sanitarias, tenemos que mejorar el vínculo entre hombres y mujeres porque en demasiados casos está mediado por la violencia y el abuso. O sea que hay mucho para hacer y honestamente todo este proceso de consulta nos retrasó bastante en un plan de trabajo que teníamos de promoción de los servicios y de control de los mismos. Así que en realidad ustedes saben que aprobar una ley o en este caso ratificarla no es el fin del camino, sino que se entra a una nueva fase y es lograr su implementación plena y adecuada, y además promoviendo los controles. Vamos a monitorear mucho el Ministerio de Salud Pública porque todavía hay déficit que deben corregirse.

EC – ¿Por ejemplo qué déficit?

LA – Esto del acceso en todo el país a esa prestación y además que en algunos lugares se está violando la laicidad del Estado, fundamentalmente en servicios públicos, donde los sistemas de valores de los profesionales son impuestos a las personas que se atienden, y esto no debería ser así. Además en muchos casos no está garantizada la confidencialidad del servicio, por lo tanto las personas tienen mucha reticencia de ir si luego la razón de la consulta no se va a mantener confidencial como debería hacerse. Además de capacitación de personal, etcétera.

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Foto: sitio web de MYSU

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