(emitido a las 9.07 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La megaminería y la explotación del petróleo y el gasque pueda haber en nuestro país implican posibilidades enormes para el desarrollo. Pero también generan reparos ambientales muy fuertes. Más allá de la acción de los grupos activistas, los gobiernos locales están cobrando cada vez mayor protagonismo en este debate.

En la Junta Departamental de Tacuarembó se aprobaron esta madrugada dos proyectos, uno que prohíbe en su territorio la explotación minera a cielo abierto, y otro que declara al departamento libre de la técnica extractiva conocida como "fracking".

Tacuarembó no es el primer departamento que reivindica su potestad para tomar definiciones en materia ambiental, más allá de lo que sostienen las leyes nacionales. Hay antecedentes en Lavalleja y en Paysandú.

Para conocer más de esta iniciativa, estamos en comunicación con el autor de uno de estos proyectos, el edil Aldo Rous, de Alianza Nacional, Partido Nacional.

Cuéntenos para empezar qué se votó en la Junta Departamental. Eran dos textos paralelos.

ALDO ROUS:
Sí, dos textos paralelos. Uno contra el método de minería a cielo abierto y otro contra el método del fracking o fractura hidráulica para extraer gas de esquito, lutita o shales, como lo llaman.

EC - ¿Qué historia tienen esas dos resoluciones?

AR - Las resoluciones se gestaron... puedo decirlo con propiedad porque participé de una gira por el presupuesto quinquenal, escuchando a la gente, qué era lo que quería que estuviera en el presupuesto del gobierno departamental de Tacuarembó. Cuando llegamos a Toscas de Caraguatá nos encontramos con una veintena de productores preocupados por los experimentos mineros. Ahí es cuando tomo contacto con el tema.

EC - ¿Cuándo fue eso?

AR - Fue en 2010 o 2011, cuando iniciamos esa gira para votar el presupuesto quinquenal. Los productores me avisan que bajaron del catastro minero un experimento que tenía como 100 hojas de todo el departamento de Tacuarembó. Tomo contacto con eso, entonces se empieza a llamar la atención, se empieza a trabajar, a ver cómo venía el panorama. En mi caso particular se inicia por un lado porque veo que Ancap tenía pedidas más de 400.000 hectáreas en el departamento de Tacuarembó y no decía para qué. Otras empresas, Pedro Grullo SA y otros nombres raros de empresas todas sociedades anónimas, que no se sabe si eran capitales nacionales o extranjeros, no se sabía nada, decían para diamante, hierro, cobre, níquel, una cantidad de cosas. Y Ancap no decía nada.

Entonces hago un pedido de informe a través de la Junta, y un día de la secretaría del gerente de Exploración y Producción de Ancap me informan que el doctor Héctor De Santa Ana quería venir a Tacuarembó y me piden que le organizara una especie de charla o algo. Se hizo, lo presenté en los medios de comunicación acá en Tacuarembó. Cosa que no necesitaba, porque por el solo hecho de ser un gerente de una empresa pública se presentaba solo, pero tomé la iniciativa del caso ya que yo era uno de los que le preguntábamos cómo era la pelota.

Ahí me entrega un informe en mano sobre lo que le pedía. El informe hablaba de que había posibilidades de extraer hidrocarburos, y se habló de los hidrocarburos no convencionales. En ese mismo informe decía que en las perforaciones de exploración no se había practicado el fracking y que tenía permiso de la Dinama. Ahí se inserta el tema del fracking y uno empieza a estudiar más a fondo todo esto.

EC - ¿Qué fue lo que lo preocupó del concepto del fracking?

AR - Empecé a buscar lo que era el fracking, fractura hidráulica. Entré a internet y veo que países como Francia, Bulgaria, Luxemburgo y una cantidad de países europeos hoy tienen moratoria contra el fracking, y todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Después por internet voy a un documental en YouTube que cualquier ciudadano puede bajar y veo el caso Gas Land. Me llamó la atención, digo ¿qué garantía tenemos nosotros de que estos gauchos, ya sea de Ancap o de Schuepbach, que firmó un contrato a 30 años con la empresa Ancap...? Cuando firman un contrato a tan largo plazo... Digo acá hay gato encerrado, como decimos en el interior, acá hay un cangrejo debajo de la piedra, vamos a descubrir cuál es la pelota.

EC - ¿Por qué sería malo el fracking en el caso de Tacuarembó?

AR - Porque acá estamos arriba del acuífero Guaraní, una zona de recarga. Si usted le practica un pozo de hasta dos kilómetros de profundidad vertical y pozos laterales y hace una inyección de agua con arena y productos químicos... Las empresas no dicen cuál es la cantidad de productos químicos para fracturar la roca, usted no me puede decir, ellos no me dieron la certeza y no le están dando al pueblo uruguayo la certeza de dónde termina esa fractura, no sabemos si hay riesgo sísmico, si hay escapes de gas y pasa al acuífero Guaraní. Explíqueme eso.

Ante esa posibilidad, como recurso de amparo, se tomó la iniciativa de presentar un anteproyecto para decirle no a la técnica del fracking. Yo no le prohíbo al Estado uruguayo, tampoco Tacuarembó, que saque el gas, pero decimos no a la técnica del fracking.

EC - De todos modos, por ahora eso no está en los planes de Ancap.

AR - Eh... Estamos hablando de política, ¿no? Así como el señor presidente de la República –con todo respeto lo digo– dice una cosa y mañana dice otra, esto es lo mismo. Porque entro a la página de Bolt Express, y ahí el ministro Kreimerman asegura que el Uruguay tiene 383.000 millones de metros cúbicos de gas equisto. Que hay estudios hechos con algunos institutos de geología, más que nada con los Estados Unidos, porque esto está en la Iniciativa Global de Gas de Esquisto, un programa que largó Barack Obama con Alianza de Energía y Clima para las Américas.

Entonces el gerente de Exploración y Producción dijo acá, como en Paysandú, donde también se votó contra la técnica del fracking –yo estuve en esa sesión, como público–, que ni interés tuvieron en practicar la técnica del fracking. Pero no es problema del gerente ni problema de Ancap, Ancap firma un contrato de 30 años con Schuepbach, una empresa que por lo que se ve en internet se dedica a la extracción de gas de esquisto, no practica otro tipo de extracción de hidrocarburos. Y en ese contrato se establece que cuando hay un diferendo... Vamos a suponer que mañana Schuepbach quiere sacar el gas de esquisto que hay en Piedra Sola y en Peralta y Ancap dice que no; ese diferendo no se soluciona en el país, se soluciona en un tribunal internacional.

EC - Entonces esta iniciativa fue personal suya.

AR - Déjeme redondear el asunto. Con esas cosas Ancap vendió la mitad de su soberanía, ese es el tema, eso está en el contrato. Yo tengo el contrato, lo conseguí y lo leí, no me pueden decir que esto no es verdad. Sucede lo mismo que en el juicio que tiene Uruguay con Philips Morris, es a nivel internacional. Entonces estamos todos regalados, ese es el tema. Fue una iniciativa mía. Porque Tacuarembó está dividido en dos partes, en la parte de Caraguatá los productores se reunieron, consiguieron firmas con cantidad de personas...

EC - Entonces esta iniciativa la redacta usted. ¿Tiene algún movimiento de recolección de firmas alrededor?

AR - No.

EC - Es un planteo suyo. Llega a la Junta y ¿cómo fue el resultado ayer?

AR - El Partido Nacional (PN) vota las dos mociones, contra la minería a cielo abierto y contra el método del fracking.

EC - ¿Cuál fue el resultado?

AR - El Frente Amplio (FA) en contra.

EC - El resultado fue: PN apoyando estas mociones, FA en contra...

AR - Y el Partido Colorado (PC) también apoyando nuestra moción.

EC - Vayamos a la otra moción, a la que declara a Tacuarembó libre de megaminería metalífera a cielo abierto. ¿Esa qué historia tiene?

AR - Esa tiene una historia mucho más fuerte. Se reunieron los productores, fueron sensibilizando a la gente, se armó una comisión que integra el señor obispo. Se le puso "Tacuarembó por el Agua y la Vida" y salieron a recolectar firmas para una iniciativa popular de hacer una ordenanza en la cual dijera Tacuarembó libre de megaminería metalífera. La Ley Orgánica Municipal establece que con el 4% de los habilitados para votar se puede hacer una ordenanza. El potencial de esas 13.000 firmas era que si la Junta no trataba el tema en 60 días se convocaba al intendente para que llamara a plebiscito.

Pero acá pasó otro hecho político que considero bastante raro. La Junta Departamental le pidió a la Corte Electoral que validara las firmas –no que se expresara–, y la Corte Electoral, con su mayoría de ministros frenteamplistas, tomó la decisión de no dar lugar a las firmas, a pesar de que estaban validadas por la Comisión de Asuntos Políticos de la Corte Electoral, porque era un plebiscito contra una ley nacional. Craso error.

EC - Sí, tengo aquí declaraciones que hizo el ministro de la Corte Electoral Gustavo Silveira, quien señaló al diario El País: "La mayoría de la Corte entendió que está habilitado el derecho de iniciativa departamental, pero un gobierno departamental no tiene facultades para dictar un decreto como el que promovía esa iniciativa. No son facultades que estén dentro de las potestades del gobierno departamental, según la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Minería". Y agregó: "El proyecto de decreto no podía ser objeto de una aprobación ni aun a través de un referéndum, porque excedía las potestades de un gobierno departamental".

AR - Lamentablemente yo pienso lo contrario. Conozco toda esa historia, tengo también la resolución de la Corte Electoral. Excedió sus facultades, esas son facultades de la Suprema Corte de Justicia, no de la Corte Electoral. Que me perdone el señor ministro, es así. Como en todas las cosas de la vida, hay dos bibliotecas, una a favor y otra en contra.

Entonces eso tuvo como resultado que el edil Fabricio Herrera, herrerista, que integraba la Comisión Tacuarembó por el Agua y la Vida, presentó el anteproyecto en nombre de la comisión. Y ese fue el anteproyecto que se votó.

EC - No se utilizó el mecanismo de la iniciativa popular porque se trancó por esta disposición de la Corte Electoral...

AR - ... por una decisión de la Corte Electoral, que está siendo impugnada en este momento.

EC - ... y se fue directamente a votar el texto de la Junta.

AR - Exactamente.

EC - Eso es lo que ocurrió anoche.

AR - Eso es lo que ocurrió anoche.

EC - Esto que recién estábamos recordando abre el debate a propósito de si tiene algún sentido que un gobierno departamental vote las resoluciones que votó. Me gustaría que lo viéramos después de la pausa.

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EC - Son varios los gobiernos locales que reivindican sus potestades para regular la explotación de los recursos naturales presentes en sus territorios, incluso más allá de lo que sostienen las leyes nacionales.

Ahora nos estamos deteniendo en el caso más reciente, el de la Junta Departamental de Tacuarembó, que anoche votó por mayoría, con votos blancos y colorados, la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la aplicación del fracking como técnica extractiva en los suelos del departamento.

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EC - Estamos conversando con Aldo Rous, edil de Alianza Nacional (AN), PN en Tacuarembó, que fue el autor de uno de los textos que se votaron anoche, el relativo al fracking.

Yo le preguntaba qué argumentos manejan ustedes, cómo defienden la potestad que tiene un Gobierno departamental para legislar en estas materias en temas que por otro lado son regulados por leyes nacionales.

AR - Usted sabe que a veces se hacen loas de lo que hizo el Gobierno frenteamplista, de la Ley de Ordenamiento Territorial votada en el 2008, y he aquí que nosotros tenemos un decreto departamental del año 2004 para el que fue contratado como técnico nada menos que el doctor en Ordenamiento Territorial –el único que hay en el país– Pablo Ligrone. Esa ordenanza establece en su capítulo 3, Patrimonio ambiental, artículo 7, que son de interés departamental y patrimonial ambiental el agua y el suelo. ¡Pavada de caramelo!

Esas son cosas que lo ayudan a uno. Pero yo voy a ir más allá, es cierto que andan con ese problema jurídico, de una ley nacional y las potestades de los gobiernos departamentales. Usted sabe que ahí en Montevideo, en Punta Yegua, un señor X pidió la extracción de arena, que también es algo que tiene que pedir en Dinamige porque la arena se considera un mineral. Y la Intendencia de Montevideo (IM), tenía una ordenanza en la cual se excluía ese lugar de la extracción de arena, y le dijo que no. Este señor se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) –tengo a ojos vistas la sentencia: número 547, ficha 1204– y recurre. Aparte de los fundamentos jurídicos y para no hacerlo extenso, el TCA le da la razón a la IM.

Dice que se asiste a una situación de "competencia concurrente" en la cual las personas quedan simultáneamente sujetas a ambos órdenes de disposiciones jurídicas. O sea que se debe cumplir tanto con la exigencia que el Estado central fije dentro de sus competencias, pero también con aquellas que en su ámbito competencial determine el gobierno departamental. Dice: "... porque como se ha señalado por Casinelli Muñoz, citado por Diego Silva Forné, en ‘Gobiernos departamentales y política de edificación’ –libro tanto, página tanto–, la relación entre acto legislativo, ley y decreto departamental no es de subordinación sino de distribución por materia". ¡Pavada de caramelo!

Si usted toma en cuenta esa sentencia jurídica, por analogía nos da potestades de legislar nuestras competencias, nuestros usos del suelo.

EC - Pero usted sabe que cuando se produjo la votación en la Junta Departamental de Lavalleja de un decreto que le ordena al gobierno departamental incluir en sus directrices la prohibición de la explotación metalífera a cielo abierto en zonas rurales apareció en la prensa el debate a propósito del marco jurídico. Y por ejemplo el doctor Ruben Correa Freitas, un experto en derecho constitucional –que no es precisamente frenteamplista, al contrario, ha integrado Gobiernos colorados–, dijo: "Los gobiernos departamentales no tienen competencia para regular la minería. Eso le corresponde al Gobierno nacional. Es definitivo, no queda ninguna duda". Y hubo otros expertos que señalaron lo mismo.

AR - Sí. Esos son temas jurídicos en los cuales yo opino lo que leo. Yo soy un político, no soy doctor en leyes, pero me baso en esas cosas. En la Junta Departamental nosotros somos elegidos por partidos políticos, entonces es una decisión política; lo jurídico lo vemos después. Me parece que ante este avasallamiento... Porque acá se trata del clima de confianza, imagínese que hoy con plata de todos los uruguayos el Gobierno nacional está pagando estudios para demostrarle al Gobierno argentino que UPM no contamina... El PN se retira de la multipartidaria por dos o tres aspectos fundamentales. Uno por la parte impositiva, que toda esta gente extractiva va a dejar poco dinero, casi nada, está exonerada de una cantidad de impuestos. Y a su vez porque se le exigió al partido de Gobierno un ordenamiento territorial minero que no quiso votar. Y además exigencias de compañías internacionales con respecto al ambiente. Hoy en distintos programas radiales y en la prensa escrita, salió el director de la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) diciendo que está sujeto a presiones por el Poder Ejecutivo. Cuando un directivo de esa magnitud, que se debe expresar con total credibilidad y sin apremios, dice que está sujeto a eso, no me da garantías de que los certificados de impacto ambiental no sean coaccionados. Creo que tengo todo el derecho del mundo a preservar el agua y la vida y desconfiar de estas actitudes del gobierno que no le hacen nada bien. Pero no solo el director Rucks habla de esto, los funcionarios de la Dinama también han dicho públicamente que están sujetos a presiones. Está en el caso de la regasificadora, la laguna Garzón, y podemos seguir enumerando una cantidad de cosas, la Dinama hoy no tiene los fundamentos necesarios para controlar todos estos megaemprendimientos.

EC - De la audiencia llegan preguntas, comentarios. Guillermo de Paysandú pregunta: "¿Es casualidad que justo sean departamentos donde la Intendencia está a cargo de AN aquellos en los que se vota en contra de la megaminería y el fracking?".

AR - ¡No, no, nada que ver! (se ríe). A pesar de ser un asunto político y que se vota políticamente, porque evidentemente en las coordinaciones de bancada están las bancadas del PN, FA y PC, y se llega a los acuerdos correspondientes. Votamos para preservar nuestro derecho de defendernos de una cosa que hoy científicamente está siendo rechazada en el mundo. Por algo Europa –y no es como diría el presidente que somos una manga de nabos (se ríe), como es muy capaz de decir en cualquier momento– puso ciertos reparos ante la técnica del fracking. Además muchos países han dejado de practicar la minería a cielo abierto por ser altamente contaminante. Entonces creo que debemos hacer un derecho legal, constitucional y normal sin mucha alharaca de decir "no a tal cosa".

EC - ¿Y qué pasa ahora después de la votación de anoche? ¿Cuáles son los próximos pasos, ahí en Tacuarembó y eventualmente en coordinación con otros departamentos?

AR - Por ahora coordinación con otros departamentos no hay, al menos de mi parte. Sinceramente estamos expectantes, porque sabemos que ayer en el diario El País salió una carta abierta al intendente Rivera en la cual una cantidad de productores le exigían ciertas cosas contra la megaminería. Todos conocemos el caso de Orosur en Minas de Corrales, que hasta desviaron el arroyo Corrales. Son grandes consumidoras de agua dulce, nos están desprotegiendo todo.

Yo vivo a 40 kilómetros de Minas de Corrales. El otro día fui con mi señora, usted va y mira las montañas de piedra que hay, parecen montañas naturales, y los pozos de relave. Yo les preguntaría a algunos de estos ministros si son capaces de tomar el agua de ese relave que dicen que no contamina. Yo creo que no se animarían. Un agua certificada delante del público y delante de mí y de todo el mundo. A ver si se animan a tomar un vaso de esa agua cuando utilizan arsénico y cantidad de productos químicos para sacar el oro.

EC - Usted dice que no están coordinando con movilizaciones de otros departamentos.

AR - No, pero estamos atentos a las noticias.

EC - ¿Qué se viene dentro de Tacuarembó?

AR - Por ahora, disfrutar de esta decisión de la Junta Departamental de Tacuarembó. En este momento se están viendo las directrices departamentales del Plan de Ordenamiento Territorial de Tacuarembó. El intendente ahora tiene la decisión de vetarlas o incluirlas dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.

EC - Falta el pronunciamiento del intendente ahora.

AR – Claro. Si las pone, correrán las audiencias públicas necesarias, y una vez terminado el Plan de Ordenamiento Territorial, vuelve nuevamente a la Junta y ahí se vota definitivamente.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: flickr.com/photos/www_ukberri_net/