(emitido a las 8.55 hs.)

EMILIANO COTELO:
No es una novedad que la relación entre Uruguay y Argentina atraviesa un momento complejo. Con vaivenes, hace años que el vínculo es tenso. Pero desde que en octubre pasado el Gobierno uruguayo autorizó a la empresa UPM a que aumentara su producción anual de pasta de celulosa la cosa se entreveró un poco más. Sobre todo, con una nueva serie de medidas que adoptó el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández que afectan distintos intereses de nuestro país.

Una de las más destacadas, quizás, es la que ha generado inconvenientes en puertos uruguayos, en particular en el puerto de Montevideo. El Gobierno argentino resolvió prohibir que mercaderías de ese origen hicieran trasbordo en puertos que no fueran de su jurisdicción o que no tengan "acuerdos de transporte marítimo de cargas" con Argentina.

Como Uruguay no ha firmado ese tipo de acuerdos, la mercadería que sale de puertos argentinos no puede pasar por los nuestros, afectando seriamente la actividad de la capital.

A propósito de este asunto, el senador Ope Pasquet, del Partido Colorado (PC), impulsó ayer en la Comisión Permanente un llamado en régimen de comisión general a dos ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y el de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. La solicitud fue aprobada por unanimidad, como varias otras que fueron presentadas ayer cuando se ponía en marcha la Comisión Permanente en este año 2014.
    
Charlamos con el senador Ope Pasquet.

En primer lugar, quiero preguntarle lo que más temprano le preguntaba a su colega el senador Luis Alberto Lacalle, que realizó tres convocatorias a ministros. Mi duda era: ¿por qué se produce esta serie de iniciativas de la oposición?, ¿por qué terminan siendo llamados ocho ministros del gabinete del presidente José Mujica ahora, en el comienzo del 2014?

OPE PASQUET:
Porque la Comisión Permanente tiene por cometido fundamental controlar al Poder Ejecutivo mientras dura el receso parlamentario. Y como hay varios temas de suma importancia que están planteados, varios temas que están en la agenda y acerca de los cuales el gobierno ha actuado, tiene que actuar o esperamos que actúe en las próximas semanas, es natural que la Comisión Permanente convoque a los ministros respectivos para recibir información, sobre todo para saber qué se está haciendo.

EC - Usted ya tiene unos cuantos años en el Parlamento. ¿Recuerda otros veranos en los que se haya esta cantidad de convocatorias?

OP - Francamente no recuerdo. Pero no me parece que esto tenga que verse como una anomalía o una distorsión. No se distorsiona nada –insisto– porque la Comisión Permanente no legisla.

EC - La sospecha que aparece en el oficialismo es que estamos ante una ofensiva de origen electoral: en año electoral como es este, la oposición elige poner en el "banquillo de los acusados"; a varios secretarios de Estado para generar los debates correspondientes que vayan alimentando la campaña.

OP - Los debates tienen por finalidad aportar información al conocimiento público. Y los últimos hechos de notoriedad –me refiero al caso Pluna– demuestran que no están de más las convocatorias al Parlamento para reclamar que los ministros informen, ¡mire de las cosas que nos enteramos cuando van los ministros y cuentan las cosas! Eso es materia para que no solamente la opinión pública forme su opinión propia sobre los hechos, sino para que la Justicia actúe. Entonces creo que está bien que el Parlamento cumpla su función de control, que en esta época cumple por medio de la Comisión Permanente. Y como hay temas que están pendientes, que se están dilucidando en estos días, me parece que tenemos que actuar. Yo en la media hora previa de ayer, por ejemplo, reclamé que se dé a publicidad el contrato que se va a firmar con Aratirí.

EC - Aparte del llamado a dos ministros, usted planteó esta otra inquietud.

OP - Claro, porque si no es en la Comisión Permanente, ¿dónde lo hacemos? El ámbito natural es ese. Me preocupa que un contrato importante en la vida del país, cuyos efectos van a durar muchos años, que va a dejar una marca en la vida del país, se va a firmar sin que se haya expedido la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente), como tendría que hacerlo. Me preocupa que ese contrato no se conozca antes de la firma, nos vamos a enterar de sus cláusulas después de que se firme. Es el orden contrario a lo que me parece que es el orden del buen sentido. Primero habría que difundirlo, recibir comentarios, observaciones, propuestas, lo que fuere, y con esos elementos el Gobierno hará después lo que tenga que hacer y asumirá las responsabilidades del caso. Pero lo van a firmar sin que la oposición lo conozca. Tanto que se habla a veces de políticas de Estado, acá van a firmar un contrato muy importante para la vida del país y nosotros tenemos que esperar que algún diario lo publique algún día.

EC - Ayer hubo una conferencia de prensa del Movimiento Uruguay Libre, que se opone a la minería de gran porte, donde se reclamó por lo que se sabe va a ocurrir, la firma del contrato de inversión entre el Poder Ejecutivo y Aratirí. Se sostuvo que en las condiciones actuales ese contrato violaría la Constitución e incluso la propia ley que se votó hace pocos meses para regular este tipo de actividad. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico?

OP - Yo no conozco ni siquiera el borrador, así que no quiero aventurar un juicio. Pero me parece que son razones más que suficientes para que el texto que se piensa firmar se dé a publicidad. Me podrán decir que hay alguna cláusula de confidencialidad para amparar los secretos comerciales o tecnológicos de la empresa, pero no puede invocarse confidencialidad alguna para sustraer del conocimiento público cláusulas que se refieran, por ejemplo, a la protección del ambiente. Si van a hacer esto antes de que la Dinama se expida, ¿qué dice el contrato en materia de protección del ambiente? ¿A qué se obliga la empresa? ¿A qué se obliga el Estado uruguayo? En materia fiscal ¿qué exoneraciones se le van a conceder a esta gente? Son cosas que tenemos derecho a saber, lo que estamos reclamando es que eso se haga público.

EC - Usted hizo esta exposición en la media hora previa. ¿Y qué seguimiento va a darle al tema? Acá no hay ningún ministro citado.

OP - No, pero entre los citados está el ministro Kreimerman, por otro tema, y esa ocasión servirá para preguntarle sobre esto, sin perjuicio de que insistamos con estos instrumentos. El tema está instalado en la opinión pública, hay ciudadanos que están juntando firmas para oponerse a la megaminería, a proyectos de cielo abierto, etcétera. El Gobierno no puede ignorar esta situación. Creo que merecemos una respuesta por sí o por no; después veremos qué hacemos. Pero el Gobierno no puede ignorar que tanto la sociedad civil como el Parlamento le están reclamando, por lo menos, que dé a conocer el contrato que piensa firmar.

EC - Volvamos a su planteo para que el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Obras Públicas comparezcan en régimen de comisión general. Concretamente, ¿qué es lo que quiere saber en esa ocasión?

OP - Quiero saber qué se está haciendo en esta materia. Qué se ha hecho, si se ha realizado alguna gestión, si hay alguna gestión en trámite cuál es, y concretamente en qué términos se está planteando la negociación indispensable.

EC - O sea, qué está haciendo Uruguay para que Argentina levante esa medida que afecta al puerto de Montevideo.

OP - Exactamente, porque esas medidas afectan muy seriamente al puerto de Montevideo, como otras que se han tomado con relación a las barcazas que circulan por la hidrovía van a afectar a Nueva Palmira. Entonces queremos saber en qué términos está planteada la cuestión. Todo esto se ha manejado con enorme reserva, nosotros hemos contribuido de algún modo a esa reserva, porque nos pareció que por razones de prudencia y responsabilidad no convenía agitar un tema que es enormemente delicado y sensible para la vida económica del país.

EC - Sí, no solo es un tema delicado y sensible, sino que además ya sabemos que estas negociaciones con Argentina, por medidas que aplica el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, son muy complicadas. ¿Está bien hacerlas informando a la opinión pública al mismo tiempo?

OP - Por supuesto que no pretendemos que se informe el detalle, por eso hemos guardado silencio hasta ahora. Pero me parece que ha llegado el tiempo de plantear las grandes líneas que se estén manejando. Va a haber –o hay ya, no lo sabemos– una negociación con Argentina; Uruguay piensa firmar ¿qué?, ¿un tratado de transporte de cargas del Mercosur del año 2005, ese que todavía está pendiente la aprobación de nuestro país y que muchas veces dijimos que no firmaríamos? ¿O estamos pensando en un acuerdo bilateral con Argentina solamente? ¿Se están manejando contraprestaciones ajenas al tráfico marítimo? Porque en algún momento se habló de que iba a entrar en juego el suministro de energía, lo que después fue desmentido. En otro momento se dijo que Uruguay estaría dispuesto a retacear la autorización para el funcionamiento normal de UPM, cosa que después se disolvió y no se dijo más nada.

Si no hay información oficial crecen los rumores, circulan las versiones oficiosas y nada de eso es bueno. Entonces pensamos que una información oficial precisa y concreta nos permitirá saber dónde estamos en un tema muy delicado y sensible, que va a tener repercusiones, porque si disminuye la actividad del puerto de Montevideo eso va a impactar en el nivel de actividad laboral. Se dijo que iban a pasar trabajadores al seguro de paro en algunas de las empresas que trabajan en el puerto; si eso sucede supongo que habrá repercusiones en el plano sindical. Queremos saber qué está pensando el Gobierno con respecto a este tema.

EC - ¿Qué información tiene sobre el impacto que hasta ahora ha tenido esta medida en el puerto de Montevideo y qué ha pasado en cuanto al empleo?

OP - Por lo que sé, hasta este momento no ha habido repercusiones en el empleo, pero las versiones que me llegan –que no son más que eso, versiones, y por eso reclamo información oficial– me dicen que si esto sigue así va a disminuir el movimiento portuario y va a pasar gente al seguro de paro.

EC - En particular en la terminal especializada en contenedores, TCP, se había mencionado la posibilidad de envíos al seguro de paro en cantidades importantes.

OP - Allí se había mencionado. Insisto, son versiones que circulan, no tengo información fehaciente, por eso la pido al Gobierno.

EC - Con respecto a las negociaciones, usted preguntaba si una de las líneas de esta conversación con Argentina pasa por que Uruguay termine firmando algún acuerdo de transporte marítimo de cargas.

OP - Si vamos a firmar un acuerdo, ¿qué obligaciones asumimos?

EC - ¿Ha estado de acuerdo en la posición que hasta ahora ha sostenido Uruguay de no firmar ese acuerdo que le ofrecía el Mercosur?

OP - No me he planteado específicamente el tema porque no estaba en la agenda ni del Gobierno ni del Parlamento, era un tema que venía del año 2005, Uruguay no firmaba y allí seguíamos. Lo que ocurre es que, según se nos ha dicho en estos meses de la aplicación de estas medidas argentinas, a Uruguay en ese Grupo Técnico del Mercosur se le reclamó una y otra vez desde el 2005 hasta ahora que planteara su posición, que propusiera alguna variante que permitiera llegar a alguna clase de acuerdo, y una y otra vez nuestro país se rehusó a hacerlo y simplemente apostó al mantenimiento del statu quo: Uruguay fuera del acuerdo.

EC - El argumento principal por el cual se había rechazado la posibilidad de firmar el acuerdo era que tal cual se lo proponía iba a beneficiar a los países grandes del Mercosur, que son los que tienen flotas marítimas propias, Uruguay prácticamente no la tiene.

OP - Sí, eso pudo ser un buen argumento en el año 2005 para no firmar. Pero a medida que fueron pasando los años y se sumaban los reclamos de llegar a alguna clase de acuerdo, parecía necesario buscar alguna fórmula de entendimiento, alguna contrapropuesta, porque si no en algún momento podía pasar lo que efectivamente pasó.

No me propongo hacer cuestión de este punto. En este llamado en régimen de comisión general quiero que me digan en qué estamos, porque si no hay información circulan los rumores. Se dice que quien va a encarar el tema va a ser el presidente de la República cuando hable con Cristina Fernández, pero vemos que la cumbre del Mercosur se posterga para finales de enero. Por otro lado nadie dice que estén hablando los cancilleres, por lo visto ya no hay más diálogo entre Almagro y Timerman. Hay versiones que dicen que el que está negociando es el subsecretario Porto con su par argentino y que también hay una línea abierta entre el embajador Pomi y Capitanich, el jefe de Gabinete.

Son versiones que circulan. Mientras tanto el tiempo pasa y el tiempo nos va a afectar, porque si las líneas marítimas dejan de hacer escala en Montevideo con la frecuencia con la que actualmente lo hacen vamos a sentir el impacto, no solamente en el puerto, sino también en nuestro comercio de exportación. Los fletes para los exportadores van a aumentar, porque si son menos los barcos que llegan va a haber menos oferta de transporte, menos bodega, para exportar nuestra producción. Eso lo vamos a sentir.

El tiempo va transcurriendo en contra de nosotros, no podemos esperar esto indefinidamente. Entonces quiero saber qué se está haciendo, con qué perspectiva de tiempo. De nada de esto se habla, y no es un tema para dejarlo stand by esperando que alguna vez alguien se acuerde, porque si no, cuando llegue el impacto de los hechos nos vamos a lamentar. Me parece oportuno reclamar definiciones ahora.

EC - Mencionó al pasar que hace algunos días circuló una versión –que después fue desmentida por el propio presidente Mujica– según la cual en esa negociación Uruguay iba a brindar el suministro de energía eléctrica a Argentina –que en las últimas semanas ha sido muy importante debido a las necesidades que tuvo ese país– para que se destrabara la medida que afecta a puertos uruguayos. Eso quedó por el camino, al menos según lo que Mujica indicó. Pero usted, su partido eventualmente, ¿entienden que hay que incluir algún factor de ese tipo en las negociaciones? ¿Hay que incluir la posibilidad de que Uruguay restrinja de alguna manera su colaboración con Argentina en algún terreno?

OP - En particular meter el tema energía en esto me parecería un disparate.

EC - Le parece un disparate.

OP - Me parecería francamente un disparate. Pero la versión circuló. Circula cada versión sobre distintos temas… Como uno a esta altura ya está curado de espanto, quiere que le digan fehacientemente qué se va a hacer. Circularon también versiones acerca de que se podrían afectar las autorizaciones a UPM, ya que eso habría sido el factor desencadenante de las medidas argentinas. Eso también me parecería un disparate. Entonces en vez de especular acerca de lo que quizás sea pero no sabemos si es o no, lo razonable es que vayan los ministros e informen. Nadie piensa en sesiones maratónicas que duren 10 o 12 horas, pero una cuestión sensata de decir "estamos haciendo esto, esperamos que esto quede resuelto o encaminado más o menos en tal plazo, el mensaje a los exportadores, a la gente que trabaja en el puerto, a los trabajadores del puerto, es el siguiente";. Me parece que eso es lo razonable y no mantener esta gran incertidumbre, mientras se espera que alguna vez, algún día, en algún aeropuerto se crucen Mujica y Cristina Fernández y ver si arreglan esto. No es una expectativa acorde con la seriedad y la importancia del problema.

EC - Más temprano el senador Lacalle, cuando le preguntaba a propósito de todas estas convocatorias de ministros al Parlamento, desdramatizaba la situación y señalaba que en definitiva estamos hablando de la agenda de trabajo que la Comisión Permanente se está fijando para los dos meses durante los cuales va a operar. En ese contexto, suponiendo que usted esté de acuerdo en verlo así, me queda la duda de si se le va a poner alguna fecha específica al llamado que usted mismo promovió, teniendo en cuenta los asuntos delicados que están de por medio y esos perjuicios que ya están notándose en puertos uruguayos. ¿En qué fecha tiene que ser la presencia de los ministros?

OP - El mecanismo tradicional es que la presidencia del cuerpo parlamentario, en este caso la Comisión Permanente, coordina con los ministros en función de sus agendas, que sabemos que son complicadas -la del canciller lo es especialmente, porque tiene que viajar mucho-. Pero supongo que en la próxima sesión de la Comisión Permanente, el presidente, que es el senador Agazzi, nos propondrá un calendario que habrá elaborado en consulta con los ministros convocados.

EC - ¿Para usted este llamado tiene que ser de urgencia?

OP - No es una urgencia de hoy para mañana o la semana que viene, pero creo que tendría que sustanciarse en el correr de este mes de enero.

EC - ¿Cuándo es la próxima sesión de la Comisión Permanente?

OP - Aún no está convocada, pero será seguramente la semana que viene.

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Transcripción: María Lila Ltaif