Los presos de Guantánamo "no tendrán un policía arriba de ellos" durante su estancia en el país, insistió Bonomi en declaraciones recogidas por el diario El País.

El anuncio de la llegada de los presos generó cierta inquietud en la numerosa comunidad judía uruguaya, que expresó sus dudas a la embajadora de EE.UU en Uruguay, Julissa Reynoso.

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Precisamente, el presidente del Comité Israelita de Uruguay, Sergio Gorzy fue convocado por el secretario de Presidencia Homero Guerrero para recibir información sobre el caso de los refugiados de Guantánamo.

Según dijo Gorzy, el interés del Comité era saber los "nombres y algún dato más y saber si realmente son tan inocentes" antes de que lleguen al país.

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"Si esa persona fue apresada en un campo de entrenamiento de terroristas, cuyo objetivo explícito es cualquier institución judía en el lugar del mundo que sea. Si es esa persona, que me imagino que después de 12 años de ser maltratada puede estar un poco más enojada, me gustaría tener el dato", indicó Gorzy antes de la reunión.

A la salida de la reunión, Gorzy señaló a la prensa que el Gobierno transmitió "tranquilidad" y le aseguró que los presos que llegarían a Uruguay han recibido una "larga evaluación" y son de "baja peligrosidad".

Por su parte, la Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay emitió un comunicado en el que brindaba su apoyo a la decisión de Mujica y se ofrecía para brindar apoyo a los presos cuando lleguen al país.

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"Expresamos nuestra disposición como colectivo organizado a ser apoyo y sostén de dichos ciudadanos cuando arriben a nuestro país y estaremos a su disposición para que su estadía sea lo más agradable posible, puedan sobreponerse a la traumática experiencia vivida y rehacer satisfactoriamente sus vidas", dijo la organización en su comunicado.

Mientras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos del Uruguay expresó su reconocimiento al "gesto humanitario" del Gobierno para liberar a los presos de Guantánamo, cuyo retorno a sus países de origen pondría también peligro a sus vidas, si bien alertó que su llegada como refugiados no puede llevar implícita el cumplimiento de "una pena por la que nunca fueron juzgados".

"Uruguay tiene una larga y rica tradición democrática de ofrecer acogida a personas de los más diversos orígenes en calidad de refugiados, asilados o en condiciones legales que le permitan desarrollar una vida digna y evitar la consumación de más daños irreparables", recordó la institución.