Tanto el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, manifestaron durante la conferencia de prensa del viernes 2 de mayo, su expectativa de que en el correr del próximo año haya un crecimiento del mercado legal no sólo por precio sino también por la calidad del producto.

Según las estimaciones del Gobierno entre fines de noviembre y principios de diciembre se comenzará la dispensación en farmacias, dentro de este mercado regulado del cannabis.

Ambos jerarcas manifestaron su convencimiento de que el "mercado visible" permitirá mejorar las políticas públicas de salud e irá socavando la base económica del mercado ilegal.

En este contexto, el registro tanto para los consumidores como para los productores y clubes cannábicos es uno de los ejes centrales de la nueva política. Los estudios realizados por la Junta Nacional de Drogas (JND) concluyeron en determinar que la huella dactilar es la mejor forma para identificar al usuario.

En este sentido, informaron que la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) creó un software específico para controlar el stock del producto; la producción y las variedades; y la realización del registro se efectivizará  en los locales del correo uruguayo.

Allí se registrará a los usuarios mediante la toma de la huella dactilar que generará un algoritmo único. Los datos se mantendrán en estricta reserva según las normas vigentes.

Cuando el usuario concurra a las farmacias habilitadas a comprar el producto, se verificará con la huella que la persona está registrada y que no haya adquirido ya el volumen permitido de 40 gramos mensuales.

En otro orden, los jerarcas también informaron que el Estado cobrará un canon fijo y otro variable, previsto en el otorgamiento de las licencias cuyo producido se destinará a financiar las campañas de prevención contra el consumo.

Calzada acotó que, en función del volumen estimado de consumo, que es de entre 18 y 22 toneladas anuales, se necesitará un máximo de 10 hectáreas para cubrir este universo de usuarios.

Tanto Cánepa como Calzada manifestaron a la prensa, que las Fuerzas Armadas no intervendrán en ninguna parte de esta cadena, pero si habrá en el lugar físico de producción seguridad del Estado que estará integrado al costo que se pagará por las licencias.

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