(emitido a las 7.51 hs.)

EMILIANO COTELO:
El Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) presentará una denuncia ante el Juzgado de Crimen Organizado para que se investiguen las versiones de prensa según las cuales funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) separados de sus cargos continúan concurriendo a los centros para dar golpizas a los menores internados.

El presidente del INAU, Javier Salsamendi dijo al matutino la diaria que si bien los maltratos son hechos aislados, quieren esclarecer las denuncias ante el Juzgado de Crimen Organizado "por una razón de cristalinidad y transparencia". Explicó además que se presentarán ante esa sede en particular porque los hechos que se han denunciado "involucran a un número determinado de personas, y eso escapa en principio al fuero de la Justicia común".

La novedad se conoció ayer, durante la comparecencia ante el Parlamento del Directorio del Sirpa junto a representantes del INAU y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Habían sido convocados por el diputado nacionalista Pablo Abdala, se buscaba que respondieran sobre el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que hace pocas semanas dio cuenta de torturas, hacinamiento y encierro en instalaciones del Sirpa.

Durante la sesión se informó que a consecuencia de ese documento las autoridades separaron del cargo a seis funcionarios y presentaron dos denuncias penales.

¿Qué dice la oposición?, ¿qué dice quien tuvo la iniciativa? Vamos a conversar con el diputado Pablo Abdala.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué le dejó esta comparecencia de las autoridades del Sirpa y del INAU ayer en la Comisión de Población y Desarrollo Social?

PABLO ABDALA:
Yo le diría que como conclusión la instancia de ayer nos dejó una preocupación importante. Preocupante era y es el informe de la Inddhh, ustedes lo han analizado, alcanza su sola lectura para comprender que las afirmaciones, las observaciones y las denuncias que allí se contienen son realmente graves. La conclusión de la Inddhh es que si no hay una violación sistemática de los derechos humanos en los hogares del INAU por lo menos hay una violación bastante extendida. Se llega a la conclusión de que hay una inobservancia o una violación a los derechos humanos y que tanto desde el punto de vista del tratamiento que reciben los internos, como del hacinamiento, de los niveles de encierro absolutamente exagerados, de la falta de espacios libres, de instancias educativas y recreativas adecuadas. Todo eso define un marco verdaderamente alarmante en once de 17 hogares, por lo menos, que fueron investigados por la Inddhh.

Se suponía que ayer las autoridades íbamos a escuchar una versión que comentaría estas afirmaciones, las relativizaría en lo que correspondiese, las aclararía, las desmentiría. Para eso fueron convocados el Directorio del INAU y el del Sirpa; además en la comparecencia también se hizo presente el ministro Olesker, cosa que me parece muy bien porque es el responsable político ante el Parlamento. Sin embargo escuchamos una larguísima exposición inicial, fue de más de dos horas, que hizo referencia a los más diversos asuntos, a los distintos programas que se desarrollan en el Sirpa, a distintas mejoras -que yo no niego que hayan acontecido en distintos rubros-.

Prácticamente en ninguna ocasión de la larga sesión (que terminó insumiendo cuatro horas de trabajo) hubo una respuesta contundente o tranquilizadora con relación a estas afirmaciones, más allá de esas denuncias que se dijo que se han venido practicando, la instrucción de algunos sumarios, la realización de distintas investigaciones administrativas. Pero fue muy difícil, por no decir imposible, sacar la conclusión de si estas medidas están a tono o son proporcionales con la gravedad de los hechos que se denuncian. Si a nosotros nos dijeran "tomamos estas medidas y con esto se superó, o está bajo control, la situación de castigos físicos", pero lo que advertimos es una actitud permanentemente elusiva de las autoridades, por lo menos en relación al centro de la discusión que es este informe muy contundente y muy sustancioso que hace un mes la Inddhh presentó en el Parlamento.

RA – Parecen haber tomado medidas en el tema, se separaron del cargo a seis funcionarios y se presentaron dos denuncias penales justamente a raíz del informe de la Inddhh.

PA – Exacto, y reitero, yo no digo que eso esté mal, me parece bien. Me preocupa el exceso de cautela, de prudencia o timidez -no sé cómo catalogarlo- de las autoridades.

RA – ¿Por qué?    

PA – El trabajo de la Inddhh insumió un año entero, es muy serio, estuvo hecho con un gran rigor técnico, con la participación incluso de la Universidad de la República, de la Cátedra de Medicina Legal, estamos hablando de un trabajo profundo de investigación. La Inddhh ya estaba en conocimiento de que se habían tomado estas medidas, aún así, cuando la doctora Mirtha Guianze presentó el informe ante la comisión el día 3 de abril nos dijo que independientemente de esas medidas les preocupa muchísimo que haya situaciones de castigos físicos, de apremios, de tratos humillantes, y que no se han superado incluso con las medidas, por lo tanto son actuales.

Las autoridades en el día de ayer no desmintieron eso, entonces a mí me cuesta mucho sacar conclusiones tranquilizadoras con una situación así. Yo no digo que esté mal lo que se hizo, bienvenido, pero no me queda claro si eso realmente ha cambiado la situación.

RA – ¿Pero qué cabría esperar? ¿Otro informe de la Inddhh que observe esta nueva situación a raíz de las separaciones de cargo que se hicieron?

PA – Ahora vamos a evaluar la situación porque nosotros la consideramos bastante grave. Inclusive el informe de la Inddhh es un resumen de varios informes parciales que están condensados en este documento que se nos presentó.

RA – Sí, que se hicieron a lo largo de todo un año.

PA – Todo el 2013. Precisamente con relación al Hogar Ser, uno de los centros más complejos con relación a estas situaciones y donde aparentemente han acontecido los episodios más graves, en una primera parte hay una serie de constataciones. En la segunda parte hay una suerte de informe de avance que es de noviembre de 2013, bastante reciente, y allí se consigna que las recomendaciones que oportunamente formuló la Inddhh -con respecto a varios temas, porque los castigos físicos tal vez sean los más sobresalientes pero no son los únicos que afectan los derechos humanos- no fueron tenidas en cuenta y ni siquiera fueron comunicadas a la dirección del establecimiento.

Yo no fui a la reunión con una presentación preconcebida o sacando conclusiones anticipadas, yo quería escuchar la versión de las autoridades. Pero después de escucharlas y que no levantaran estas observaciones pregunté si esto era así, tal como lo dice la Inddhh en el informe de avance, y francamente no obtuve respuestas, ya no digo convincentes, ni siquiera obtuve respuestas, eso es lo que más nos preocupa de lo que aconteció ayer.

RA – ¿Se discutió el rol de la Inddhh? Porque veía algunas afirmaciones de legisladores del oficialismo apoyando también a esta institución, su independencia, y recordando que todos los partidos políticos apoyaron su creación. Pero por otro lado también se conocieron declaraciones de la senadora Lucía Topolansky que indica que la Inddhh "tiene derecho a hacer todo informe que quiera", pero que con respecto a los maltratos de funcionarios del Sirpa "se equivoca". Planteó, además: "Me gustaría que los miembros de la Inddhh se instalaran en convivencia 15 ó 20 días para que pudieran ver chiquilines que están muy nerviosos porque en el momento de la abstinencia de una droga se ponen muy agresivos. En ese forcejeo es claro que puede haber algún problema".

PA – Mire, ese razonamiento me hace recordar los episodios que se dan cuando la Justicia falla de una forma que al Gobierno no le gusta o no le satisface, entonces la apelación inmediata es criticar. Por supuesto, todo es opinable, pero a partir de un acuerdo político se aprobó la ley de creación de la Inddhh, la 18.446, coincidimos en la forma de integrar su conducción política, a la hora de elegir a sus representantes por el mecanismo que se previó para que la Asamblea General los designara, allí se incluyó este mecanismo de prevención de la tortura que es en el marco del cual la Inddhh actuó con relación al Sirpa. Francamente creo que en este caso se ha hecho un trabajo absolutamente irreprochable desde el punto de vista del rigor técnico y de la seriedad, ayer se puso de manifiesto en la comisión por parte de todos los legisladores de todos los partidos.

Observé en mis colegas del Frente Amplio una enorme desorientación, lo digo con enorme respeto. Por un lado ellos sienten el peso de ser solidarios y de reconocer la seriedad que tiene la Inddhh, pero por otro se enfrentan a la realidad de estas conclusiones que, a mi juicio, golpean en la conciencia del Frente Amplio porque evidentemente esto se trata de una serie de denuncias que demuestran una situación de violación de los derechos humanos que no es marginal. Aparentemente, porque yo ayer pregunté si esto es coyuntural, si es en circunstancias excepcionales, o estamos hablando de aspectos que son estructurales, que están extendidos a lo largo y ancho del INAU, les di varias oportunidades a las autoridades para que nos transmitieran tranquilidad, y nunca hubo aclaraciones categóricas.

RA – ¿En qué quedaron? ¿Van a comparecer nuevamente las autoridades, hará un pedido de informe?

PA – Nosotros vamos a seguir este tema, no lo podemos dar por concluido. Creo que hay responsabilidades políticas muy concretas. El ministro Olesker tiene una enorme responsabilidad política, eso es objetivo, yo no digo que el ministro haya tomado decisiones inadecuadas con relación a estos temas -que en todo caso deben ser administrados por organismos desconcentrados o descentralizados como el INAU o el Sirpa-, pero en última instancia, de acuerdo a nuestro ordenamiento institucional, lo que ocurre en esos organismos termina siendo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. El ministro hizo bien en ir a la comisión pero estuvo prácticamente en silencio. Dejó hablar a las autoridades de los otros organismos, pero sabe que tiene responsabilidades políticas muy concretas que nosotros no descartamos hacer valer.

No pretendemos politizar este tema, mucho menos en un año electoral, pero como han quedado planteadas las cosas, esto justificaría objetivamente que en el Parlamento se constituyera una comisión investigadora. No estoy diciendo que la vayamos a promover, porque quiero ser muy sincero, estamos en un momento político y electoral muy especial y por lo tanto no es fácil ir por ese camino, pero vamos a evaluar las alternativas.

En la comisión ayer legisladores de todos los partidos coincidimos en que vamos a seguir debatiendo el informe y que probablemente en la sesión de la próxima semana el tema se plantee, lo discutamos, lo analicemos con el talante más constructivo, pero me parece que el Parlamento no puede ser indiferente frente a esta situación que ha quedado planteada a raíz del informe por un lado y de las respuestas de las autoridades por otro.

***

Contenidos relacionados: Ruben Villaverde: En el informe del Inddhh quedan más claros "los palos permanentes" al Sirpa que los reconocimientos